Para los integrantes del movimiento #YoSoy132 y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es claro que los 14 jóvenes retenidos por los disturbios del sábado 1 –13 hombres y una mujer– son la “cuota política” que el Estado se arroga ante la falta de elementos para demostrar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ataques a la paz pública, expresión propuesta en 2002 por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Por eso insisten en que se derogue el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal que tipifica ese delito, equiparable al de disolución social, de infausta memoria. Y sostienen: “El culpable aquí es el Estado”
El delito de ataques a la paz pública en pandilla que mantiene en la cárcel a 14 de los jóvenes que se manifestaron el sábado 1 es equiparable al de disolución social que se aplicó a los estudiantes del movimiento de 1968 y culminó el 2 de octubre de ese año con la matanza de decenas de ellos en la Plaza de las Tres Culturas.
Este aspecto le pesa “políticamente” a la juez 47 de lo Penal, Patricia Mora Brito, pues según el razonamiento que aparece en los expedientes de los otros 55 detenidos –quienes tuvieron que ser puestos en libertad porque los partes de policía eran genéricos, imprecisos y contradictorios– es similar al de los autos de los otros 14 que aún están en prisión.
Para integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Mora Brito “se contradice en su propia resolución”, por lo que, arguyen, los 14 que se quedaron presos son una “cuota política”.
Los litigantes promueven, a través del movimiento #YoSoy132, la desaparición del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, que a la letra dice:
“Artículo 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.”
El jueves 14, abogados de la ANAD entregaron a Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la propuesta de iniciativa para derogar ese artículo.
David Peña, afiliado a la asociación y a la Liga de Abogados 1 de Diciembre, explica que el citado artículo data de 2002, cuando el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, modificó el código. En la exposición de motivos se hacía referencia a los antecedentes de este tipo penal.
La iniciativa de 2002
El 30 de abril de ese año, la ALDF aprobó la redacción del artículo 362 en el cual se hablaba de terrorismo. El 16 de junio siguiente los legisladores enviaron la iniciativa a López Obrador para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Sin embargo, dos días después, López Obrador devolvió el proyecto de decreto con algunas observaciones, entre ellas propuso sustituir la palabra “terrorismo” por “ataques a la paz pública”. La moción fue aceptada por la ALDF el 27 de junio y se publicó en la Gaceta Oficial el 16 de julio posterior.
De acuerdo con los abogados, la represión del sábado 1 es equiparable a la que sufrieron los estudiantes que acudieron el 2 de octubre de 1968 al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en Tlatelolco. Por ello urgen a la ALDF a derogar el artículo 362 antes de que concluya el año para que los 14 detenidos recobren su libertad.
“Los integrantes de la ANAD elaboramos la iniciativa inspirados en la represión ejercida contra los jóvenes el sábado 1 de diciembre. La acusación que les imputaron fue desproporcionada y desmedida. También lo hicimos porque en los últimos tres años ese mismo delito –‘ataques a la paz pública’–ha sido utilizado para criminalizar sólo a jóvenes, como los reggaetoneros que fueron detenidos a mitad de año por presuntos actos vandálicos en estaciones del metro.
“Asimismo, el movimiento #YoSoy132 asumió la propuesta de pedir la derogación a partir de esta coyuntura política”, sostiene el abogado Peña.
En cuanto a los conceptos de “ataques a la paz pública” y “disolución social”, refiere: “Hicimos un comparativo entre los puntos del CNH del 68 y lo que ahora reivindica el #YoSoy132. En aquella época, los estudiantes pedían la derogación del delito de disolución social; los jóvenes de ahora demandan la derogación del de ataques a la paz pública. En el 68 exigían la destitución del jefe de la policía; hoy ya se fue, pero si se hubiera quedado la demanda sería la misma”.
Peña añade dos puntos de convergencia: los estudiantes del 68 pedían la disolución del cuerpo de granaderos por su actuación en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y aunque eso no sería posible ahora pese a la agresión del sábado 1 en el centro de la ciudad, dice, debe hacerse algo con este cuerpo policial cuyos integrantes llevan años capacitándose en leyes, técnicas y tácticas para el uso de la fuerza.
Lo grave es que en el momento de los incidentes no se acuerdan de la ley ni de la capacitación y actúan con la fuerza bruta, dice el litigante.
Y así como el CNH abogaba por la libre manifestación o de expresión, lo que hoy se pide es la no criminalización de la protesta.
“Si en el 68 participabas en una manifestación, era suficiente que alguien dijera ‘¡Abajo el gobierno!’ para que lo acusaran de disolución social. En la actualidad esta práctica sigue vigente. En el 68, a la disolución social se le consideraba una modalidad de terrorismo; ahora, el gobierno del Distrito Federal lo aplica con el mismo criterio
“La disolución social se derogó en 1970, a dos años de la matanza de Tlatelolco. Tres décadas después cobró vigencia, al aprobarse el artículo 362, el cual rescató la esencia persecutoria del delito de disolución social que emplearon el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría en 1968 para reprimir manifestaciones estudiantiles”, explica Peña.
En su propuesta enviada a la ALDF, los integrantes de la ANAD sostienen que los códigos penales de algunos estados retoman la esencia del delito de terrorismo. En Veracruz, por ejemplo, en su artículo 311; Chihuahua (116); Hidalgo (293); Sinaloa (291), y el Código Federal, cuyo artículo 139 tiene “elementos coincidentes” con el 362 que tipifica ataques a la paz pública en el Distrito Federal.
Peña menciona otro ejemplo que, dice, puede equipararse a terrorismo: el que se vivió en Oaxaca durante la gestión de Ulises Ruiz, cuando a muchos de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que fueron detenidos se les aplicó el delito de sedición, que sanciona a quien infiera amenazas, improperios e injurias a alguna institución del estado o representante del gobierno.
Así, por entonar la consigna: “’¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!’, muchos integrantes de la APPO fueron apresados”, expone el abogado.
Indignación juvenil
Desde el domingo 9, cuando se les dictó auto de formal prisión a los 14 detenidos, familiares, amigos y “compañeros de causa” han manifestado su indignación.
Han organizado ruedas de prensa, marchas y foros públicos en estaciones del metro para hablar de los suyos, de su dolor.
El miércoles 12, por ejemplo, marcharon a la ALDF para exigir la derogación del artículo 362. Nubladas las miradas, entre la desesperación y el desvelo, madres de los reclusos encabezaron el acto que partió de la explanada de Bellas Artes, portando las fotografías de sus hijos como estandarte. Llevaban la leyenda: “Preso 362” marcada en la piel. Jóvenes de #YoSoy132 las acompañaron.
Unidos, jóvenes y adultos entremezclaron las consignas: “En 2012, como en 1968, con el regreso del PRI, es más peligroso ser estudiante o libre pensador que asesino o ladrón”, repetían entre cantos libertarios.
En el cruce de Donceles y Allende, al pie de la ALDF, fueron recibidos por Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien leyeron una carta signada por los 13 varones presos en el Reclusorio Norte.
“Estamos convencidos de nuestra inocencia. Tanto el gobierno local como el gobierno federal implementaron un grupo de choque con el objetivo de desprestigiar a ciertos grupos sociales. En su necesidad de buscar culpables, detuvieron a personas de forma aleatoria y sin fundamento. Un ejemplo es la liberación de 56 detenidos contra quienes no encontraron prueba alguna que les señale como culpables. Seguimos fuertes. Agradecemos el apoyo brindado en solidaridad con nuestra compañera Rita (Emilia Neri Moctezuma, única mujer del sábado 1 de diciembre que queda presa en el penal de Santa Martha Acatitla)”, decía el escrito.
Y terminaba con la frase: “Por un México justo y libre”. Luego seguían las firmas de Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Enrique Rosales Rojas, Obed Palagot Echavarría, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Sandino Jaramillo Rojas, Alejandro Lugo Morán, Miguel Ángel García, César Llaguno Romero, Roberto Fabián Duarte, Stylianos García Vackimes, Oswaldo Rigel Barrueta Herrera, Daniel García Vázquez y Bryan Reyes Rodríguez.
Al final, Juan Uriel Sandoval Díaz, el joven que perdió el ojo derecho por el impacto de una bala de goma disparada por la Policía Federal afuera del Congreso, justo cuando Peña Nieto rendía protesta, tomó un megáfono:
“Esta lucha no termina liberando a los presos. Mientras siga existiendo la miseria, seguirán existiendo luchadores sociales. La nuestra es una pelea justa, legítima, y debe seguir adelante. Los violentos son ellos, el Estado. Esto no inició el día 1, sino antes. Ellos fueron los primeros que violentaron la paz pública poniendo sus vallas de tres metros.
“Los compañeros que sufrieron aprehensiones injustificadas también tienen un daño psicológico, un daño moral. ¿Quién lo va a pagar? El culpable aquí es el Estado. Tenemos que levantar la voz. No podemos desunirnos. Todos fuimos reprimidos, no sólo los que terminamos en el hospital o en la cárcel. También madres de familia, hijos, hermanos, abuelos, todos respiraron ese gas lacrimógeno. Todos son nuestros presos. Todos somos uno”, dijo el estudiante. Intacta su convicción.
Las pruebas que sí existen
Los integrantes de la ANAD insisten: Las autoridades del Distrito Federal violan el debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías judiciales, la integridad personal y el derecho de asociación de los jóvenes, pues la procuraduría capitalina les imputa como agravante el sólo hecho de reivindicarse como miembros de #YoSoy132.
Para el gobierno de la Ciudad de México, #YoSoy132 es una pandilla. De ahí la urgencia de derogar el artículo 362, dicen los abogados de la Liga 1 de Diciembre. Para las autoridades capitalinas, insisten, dejar presos a 14 jóvenes es una cuota política.
David Peña puntualiza: Lo que sí hay son pruebas de que elementos de la Policía Federal se excedieron al realizar los disparos contra los manifestantes y que la Procuraduría General de la República no ha abierto una averiguación previa para investigar a los que dispararon y a quienes les dieron la orden.
Lo mismo sucede, según el abogado, con los policías capitalinos, pues la procuraduría local no ha abierto ninguna indagatoria contra ellos por falsedad en sus declaraciones y el uso excesivo de la fuerza al realizar las detenciones.
Y se lanza contra el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera: “Él dijo que el Consejo de Honor y Justicia va a realizar una investigación, como encargado de las sanciones administrativas. Para nosotros, los actos del 1 de diciembre rebasan el consejo.
“Las agresiones que infligieron a los jóvenes deben sancionarse penalmente. Por lo pronto, el lunes 17, los abogados, integrantes de #YoSoy132 y jóvenes liberados acudirán a la fiscalía de servidores públicos a denunciar a los policías por falsedad en sus declaraciones.”
Entrevistada por Proceso, la diputada Dinorah Pizano sostiene que no se puede determinar cuánto tiempo dure el cabildeo en la ALDF para derogar el artículo 362. Adelanta que el martes 18 ella y sus compañeros enviarán un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para solicitarle una valoración de las pruebas.
Lo que debe demostrarse es si los 14 jóvenes presos son culpables. De no hacerlo, deben recuperar su libertad, dice la legisladora.
Los perfiles
He aquí los perfiles de los 14 acusados de ataques a la paz pública:
–Enrique Rosales Rojas. Tiene 50 años, de los cuales ha sido profesor de primaria en escuelas públicas en la delegación Gustavo A. Madero los últimos 29. Sus alumnos, la mayoría de sólo siete años, acuden a los plantones para pedir que lo suelten.
–Obed Palagot Echavarría, estudiante de biología en la UNAM, es promotor de los derechos de los migrantes. A sus 23 años ha sido pescador, malabarista y biólogo en Sudamérica, donde trabajó durante meses a cambio de techo y comida.
–Roberto Fabián Duarte García, de 38 años, a quien el ómbudsman capitalino clasifica como “persona en situación de calle”. Está preso también por sus adicciones. Sus familiares tuvieron que llevarle unos zapatos al reclusorio, pues las autoridades ignoraron sus pies descalzos.
–Daniel García Vázquez frisa los 24 años y estudia arquitectura. Proviene de una familia de campesinos de San Luis Tecuautitlán, en el Estado de México. Ahí comenzó a trabajar en la recolección de tunas. Sus manos quedaron marcadas por las espinas.
–Stylianos García Vackimes –Sty, por su hipocorismo– es fanático del futbol americano. A sus 30 años, tiene pocos amigos que compartan su gusto por la música clásica. Comenzó como mesero en una taquería; hoy es dueño de una fonda en Iztacalco.
–César Llaguno, de 22 años, vendía hot cackes en Estados Unidos cuando era indocumentado en ese país. Regresó a la Ciudad de México, donde ha sido bolero en el corredor de la Avenida Juárez los últimos dos años. Ahí lo alcanzó la historia. Sólo tiene a su padre. Ambos carecen de recursos para contratar a un abogado que defienda su caso.
–Bryan Reyes Rodríguez, quien perdió a su padre hace 18 años, cuando aún no cumplía los nueve, estudia en la Escuela Nacional de Música. Desde adolescente toca la guitarra en cafés para cubrir sus gastos.
–Eduardo Daniel Columna, de 19 años, tiene el semblante de un niño. Patriota –así lo describen sus familiares–, fue “vejado y humillado” el sábado 1. Encarcelado, dejó inconcluso su semestre en la carrera de ingeniería.
–Oswaldo Rigel Barrueta Herrera, también de 19 años, estudia bachillerato. De él, sus padres dicen que es un gran lector y amante de la música de Los Beatles, la cual interpreta en batería, teclado y guitarra.
–Sandino Jaramillo Rojas, de 30, trabaja como fotoperiodista independiente para mantener a su abuela en los talleres de Faro Oriente, sustentado por el Gobierno del Distrito Federal. En la memoria de su cámara está su defensa.
–Alejandro Lugo Morán, de 34 años, de larga cabellera con rastas, es el sustento de sus sobrinos de seis y 10 años. Campista, vive a dos cuadras de la Glorieta de Colón, zona de donde lo detuvieron en un estacionamiento “por su aspecto”, asegura su madre.
–Carlos Miguel Ángel García Rojas es un servidor público de 31 años. Trabaja en el Centro de Salud Urbano “Virgencitas”, de Ciudad Nezahualcóyotl. Ganó la beca “Recursos Abiertos en Casa Vecina” de la fundación Centro Histórico para impartir talleres de arte a niños de la comunidad.
–Jorge Dionisio Barrera Jiménez, de 35 años, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su esposa lo describe como un hombre culto, dedicado con fervor a la crianza de su hija pequeña.
–Rita Emilia Neri Moctezuma, de 22 años, es de cuerpo frágil y carácter de hierro. Estudiante de enfermería, hace su servicio social en el Hospital Materno Infantil Inguarán. Sus 10 compañeras, ya liberadas de Santa Martha, recuerdan que era la primera en prestar su chaleco para cobijarlas del frío calante. “Vivimos frío, hambre, sed, agresión sicológica verbal y en algunos casos física”, escribió desde la cárcel. Su testimonio estremeció las redes sociales.
