La represión policiaca del sábado 1 contra los jóvenes que participaron en una marcha de repudio a Enrique Peña Nieto, que ese día tomó posesión como presidente, revivió viejas heridas en la sociedad tapatía. Esa fecha se suma al memorial de agravios vividos por los adolescentes de Guadalajara, quienes recuerdan aún con indignación la golpiza que recibió el 28 de mayo de 2004 un grupo de altermundistas.
En una de las principales escenas de su película Rojo amanecer, Jorge Fons incluye una secuencia en la que se observa el momento en que un grupo de militares ingresa a un edificio de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco en busca de un grupo de estudiantes que participaron en la manifestación del 2 de octubre de 1968 que terminó en la sangrienta represión militar en la Plaza de las Tres Culturas.
La escena se repite 44 años después en la cabeza de muchos de los adolescentes reprimidos el sábado 1 por uniformados tapatíos cuando marchaban en protesta por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Los policías los persiguieron casa por casa y en los comercios cercanos a Expo Guadalajara –sede de la Feria Internacional del Libro (FIL)– donde algunos buscaron refugio.
La primera caravana de jóvenes partió del Tianguis Cultural –Plaza Juárez– alrededor de las 16:00 horas. Hicieron una escala frente a la sede el Comité Estatal del PRI, sobre avenida Del Campesino, para continuar hacia las instalaciones de Televisa Occidente, en avenida Alemania y Enrique Díaz de León.
Su propósito era llegar a la FIL para mostrar ante la prensa internacional su desencanto por el arribo de Peña Nieto a Los Pinos.
“Al llegar al PRI comenzaron a volar piedras. En Televisa sucedió lo mismo, pero la pesadilla comenzó cuando el contingente llegó a la FIL”, relata una de las jóvenes detenida, quien pide omitir su nombre porque, dice, su proceso judicial sigue abierto.
Otra compañera la secunda: “Al llegar al Parque de las Estrellas nos pidieron que nos sentáramos; unos corrían y chiflaban hacia la barricada… Había ocurrido la primera lesión y venía de nuestra parte”.
Estaba sentada en el suelo, agrega, cuando dos piedras rosaron su cabello. Decidió irse al camellón. Desde ahí observó las primeras detenciones. Recuerda al policía que alcanzó a esquivar un naranjazo; luego, dice, la tomó de la mano y la condujo a una patrulla.
“En ese momento otro uniformado me empezó a basculear y cuando me nalgueó mi mente se bloqueó”, señala. Las manos tiemblan y su voz se quiebra.
Su delito: portar un pañuelo y un rifle de madera. La mayoría de las mujeres llevaban pañoletas, como el 28 de mayo de 2004, cuando un grupo de altermundistas fueron reprimidos en Guadalajara.
Otra de sus compañeras, madre de familia, admite que desde el principio “la marcha iba desorganizada”. En contraste, relata, había muchas patrullas. Cuando los marchistas llegaron al cruce de avenida Mariano Otero y Las Rosas, las sirenas comenzaron a sonar.
En ese momento ella y otros compañeros decidieron abandonar el contingente. Cerca del puente Matute Remus se refugiaron en un Oxxo para limpiarse los ojos, irritados por el gas pimienta lanzado por los patrulleros. Fue entonces cuando se iniciaron las detenciones. La unidad 2071 siguió al grupo hasta el establecimiento.
Ella alcanzó a grabar con su teléfono celular. Vio cómo eran golpeados sus compañeros en el interior del Oxxo: “Cuando salí, un policía me siguió y me pidió el chip de mi celular. Se lo di, pensando que no me iban a detener. Pero al darme la vuelta otro policía gritó: ‘A esa también agárrala’. Sentí un jalón de cabello y me subieron a la patrulla donde había cuatro detenidos”.
“Todo estaba preparado”
Citlali Murillo, portavoz del movimiento #YoSoy132, relata: A la altura del Parque de las Estrellas una veintena de motociclistas cercó a los marchistas y comenzó a intimidarlos, lanzándoles la luz de sus linternas al rostro al tiempo que hacían rugir el motor de sus unidades.
Asimismo, una flotilla de patrullas deambulaba por las calles aledañas en busca de los manifestantes rezagados. Se desató una feroz cacería, dice Murillo. Los agentes arremetían contra los jóvenes, aun los que salían de la FIL, como los hermanos Pavel y Ulises Ocampo Núñez, quienes habían ido a la Expo Guadalajara a comprar libros.
Sus padres, Luis Ocampo y Elena Núñez, originarios del Distrito Federal, comentan a Proceso Jalisco que se enteraron de la detención por medio de la prensa, pues la Procuraduría General de Justicia estatal nunca los notificó del arresto.
Además de los presuntos delitos de pandillerismo y resistencia a la autoridad, a Pavel lo consignaron por robo calificado, pues uno de los policías lo acusó de la sustracción de un radiolocalizador a un agente.
Luis Ocampo comenta que sus hijos se mudaron a Guadalajara hace seis meses, huyendo de la violencia de la Ciudad de México. Pavel estudió sociología e informática en el Instituto Politécnico Nacional y su estado de salud es delicado pues le han practicado tres cirugías intestinales: “Tiene tres operaciones, ¿tú crees que se iba a poner con un robocop para quitarle un radio”, comenta.
Los policías formaron a los detenidos en grupos de cinco y comenzaron a trasladarlos a sus instalaciones de la zona siete, en Cruz del Sur. Algunos alcanzaron a mandar mensajes a sus familiares desde sus celulares para informales sobre su situación.
Las mujeres fueron trasladadas en la unidad de Los Lobos GL28. De repente un uniformado con la cabeza rapada comenzó a decirles que se las iba a cargar la chingada. “Ahorita les vamos a quitar lo valientes” –decía, al tiempo que apuntaba con su arma a las 10 detenidas.
“¡Oiga!, tenga cuidado. No se le vaya a salir un tiro –le dijo una de ellas–. Pues que te valga madre. Si se me sale, ni modo, ya les tuve muchas consideraciones”, respondió el aludido.
Durante el trayecto, el acoso sexual hacia las mujeres nunca cesó. Los policías les decían que les iban a dar “una calentadita porque estaban muy ricas”. Ya en las instalaciones policiacas la mayoría de ellas se negó a someterse a las pruebas clínicas para que un “hombre de guayabera verde” observara los golpes que habían recibido. El funcionario quería que se desnudaran.
Un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentó 30 horas después, y sólo pidió que se les diera un flanax a Paulina Zurita, quien padece asma, y a su hermana Michelle. Eran las más golpeadas. “No m’ija, sí te dejaron bien puteada. Pide que te den algo para el dolor, le dijo el visitador a una de ellas. Eso fue todo lo que hizo la comisión.
La abogada de los detenidos, Alejandra Cartagena, confirma el testimonio. Dice que los policías se negaron a recibir un aerosol que los familiares intentaron entregar a Paulina para controlar su asma.
La agresión a ella y a su hermana Michelle –a quien los agentes manosearon durante el momento de su detención– fue grabada por sus compañeros, quienes incluso subieron una foto a Youtube con la leyenda: “Represión a manifestantes antiEPN en la FIL”.
En otra se observa cuando uno de Los Lobos, a quien apodan El Abuelo, mete la mano por debajo de la blusa de Michelle para tocarle los senos.
Los 27 detenidos permanecieron esposados por más de 12 horas en el estacionamiento de la procuraduría. Desde el exterior sus familiares y representantes de organizaciones civiles les gritaban que no declararan sin un abogado y les pedían que identificaran bien a sus captores. Para ese momento, las custodiaban otros policías, dice Paulina, quienes los acusaban de los presuntos cargos de agresión, pandillerismo y robo.
“No sean pendejos, lo están utilizando” –les decían los policías–. A ver, que venga El Peje a salvarlos… No muchachos, así no se resuelven las cosas. Nunca se debe acudir a la violencia”. Les reprocharon incluso que “por su culpa”, tendrían que trabajar horas extra; algunos incluso lamentaban que la agresión no hubiera sido más violenta.
El lunes 3 por la noche los detenidos salieron libres bajo fianza, incluso Pavel, a quien se pretendió acusar del robo de un radiolocalizador, que finalmente apareció en manos un policía.
“Nos confiamos en creer que nuestros derechos iban a ser respetados, sin imaginar que seríamos objeto de una persecución política. Ahora por el simple hecho de ser jóvenes ya somos criminalizados. Son otros tiempos, los tiempos del PRI”, dice una de las jóvenes liberadas.
Cerca de las 21 horas los detenidos comenzaron a salir por la puerta trasera de la procuraduría. Paulina iba cojeando a causa de un esguince y en su brazo derecho se observaba un enorme moretón.
Horas antes, alrededor de las 14:30 horas, la abogada Alejandra Cartagena entró a las instalaciones de la dependencia con un fajo de billetes para pagar la fianza que los padres de los detenidos y los simpatizantes del movimiento #YoSoy132 recaudaron a través de las redes sociales.
La agresión
Tras la represión, el ayuntamiento tapatío calificó el operativo policiaco del sábado 1 de “brillante y profesional”.
Ese día, por la tarde, el alcalde Ramiro Hernández envió dos mensajes a través de su cuenta de Twitter: uno para felicitar a Peña Nieto por llegada a Los Pinos; otro para aplaudir la actuación de la policía tapatía que, escribió, “ha actuado dentro de la ley para asegurar el orden y la seguridad de la población”.
El lunes 3, Hernández declaró a los medios de comunicación locales que él era partidario de la libertad. Negó que en la manifestación del sábado 1 hubiera priistas infiltrados en la manifestación. “Espero que esto nos sirva como una alerta para evitar que futuras acciones de provocación”, declaró el alcalde priista.
Al ser cuestionado sobre la agresión de los uniformados, de la que dan cuenta fotos y videos en las redes sociales, Hernández insistió: “Lamentablemente las acciones de violencia provocan también reacciones en el mismo sentido…”
Lo mismo hizo el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Carlos Mercado Casillas, quien declaró en conferencia de prensa el mismo lunes 3: “En todo momento, el respeto de los derechos humanos fue la constante por parte de la institución a mi cargo”.
Antes de integrarse al gobierno de Hernández, Mercado Casillas fungió como director adjunto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). En 2007, fue secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, durante la presidencia de Carlos Manuel Barba.
A su vez, el síndico municipal Ernesto Salomón Delgado dijo que más allá de desviar la atención en torno a los 27 detenidos por pandillerismo, el ayuntamiento había presentado también su denuncia por el delito de agresión a cuatro de sus policías, además de una denuncia penal por daños al patrimonio que asciende, dijo, a 65 mil pesos.
Según él, los daños incluyen: abolladuras a cinco patrullas municipales, robo de balísticas, robo de un radiolocalizador. Anunció también que la intervención de la Dirección de Asuntos Internos del municipio abriría una investigación para deslindar responsabilidades de abusos por parte de los elementos de seguridad.
“Estamos convencidos de que hacemos una labor en pro de los ciudadanos con apego a la legalidad y respaldando la actuación profesional y brillante que ha tenido en todo momento la Secretaria (de Seguridad Ciudadana)”, expuso.
Es un “remake” del 28 de mayo
Representantes de colectivos y organizaciones sindicales que simpatizan con el movimiento antipeñista aseguran que la represión policiaca del sábado 1 es similar a la del 28 de mayo de 2004, cuando los uniformados arremetieron contra un grupo de altermundistas durante la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea.
La agresión ameritó un informe exhaustivo de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH) por numerosas violaciones contra 118 jóvenes, ocho de ellos extranjeros.
Jaime Hernández, miembro de la Coordinadora 28 de Mayo, explica que las corporaciones de seguridad permitieron la infiltración de grupos de choque en la manifestación y consintieron que ocasionaran destrozos a edificios y al mobiliario urbano de la ciudad.
Recuerda que en 2004 Ramiro Hernández, quien hoy está al frente del ayuntamiento, encabezaba la mesa directiva del Congreso local y aplaudió la reprimenda ordenada por el gobernador panista Francisco Ramírez Acuña.
La portavoz del #Yosoy132, Citlali Murillo, sostiene que en esta ocasión una estrategia premeditada para reventar al movimiento.
“El mensaje está claro: reprimir a la gente, cercar la manifestación. Hemos estado viendo los videos y toda la marcha fue dirigida al enfrentamiento; no nos queda duda”, dice.
Aldo Santana, exsecretario general del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suacobaej), asegura que la única diferencia entre los gobiernos del PRI y el PAN es que estos últimos no perduraron 70 años en el poder.
La académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Rossana Reguillo, quien se solidarizó con los detenidos, señala que tras la revisión de videos y fotografías se puede advertir que la corporación policiaca les preparó una emboscada:
“Hay evidencia de que hubo un grupo vestido de negro, estaban encapuchados con paliacates, como se observa en una fotografía en la que están quitando las vallas. Es en ese momento cuando al policía se dejó ir. Los uniformados no detuvieron a ninguno de ellos. Lo que sí se ve es que la policía se fue contra los chavos que estaban sentados”.
El regidor de Guadalajara, Salvador Caro, del Movimiento Ciudadano, comenta a Proceso Jalisco que los policías recibieron la orden de actuar fuera de los protocolos de detención y ejercer toda su fuerza, por lo que, dice, “deben ser sancionados”.
Dice que su partido citará a comparecer al secretario de Seguridad e intentará que sea removido de su cargo, lo mismo que los policías implicados en la violaron los derechos humanos de los manifestantes.
El PRI y Televisa denunciaron daños graves en sus propiedades y exigieron castigo para los responsables. El presidente del PRI, Eduardo Almaguer Ramírez, comentó: “El partido rechaza firmemente cualquier tipo de violencia y demanda a las autoridades la aplicación irrestricta de la ley en contra de los responsables”.
