El 27 de noviembre de 2012, a cuatro días de su investidura como presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto recibió los elogios de un Barack Obama reelegido recientemente. El primero tiene frente a sí seis años de mandato; el segundo, cuatro. O sea, dos periodos casi por completo simultáneos de dos homólogos vecinos, cada uno de ellos consciente –no lo dudemos– de la importancia estratégica de su propio país para el de al lado. ¿De qué hablaron estos dos hombres? Sin duda, de los 500 mil millones de intercambios comerciales posibles gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
¿Se habló sobre el saldo humano –más de 60 mil muertos– y el quebrantamiento del estado de derecho que le costaron a la sociedad mexicana los seis años de ofensiva federal contra los cárteles? Con el sangriento balance del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) México obtuvo un siniestro lugar entre los países más peligrosos del planeta para los periodistas –se registraron cerca de mil ataques y atentados contra redacciones y su personal–, así como para los defensores de los derechos humanos y activistas de ONG. Los seis años de ofensiva federal, marcados por múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por las mismas autoridades, hicieron que ascendiera a más de 100 (85 asesinatos, 16 desapariciones) el número de periodistas asesinados y desaparecidos en 12 años de reinado del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta realidad fue una cuestión muy poco abordada durante la campaña del candidato declarado vencedor en las elecciones mexicanas del 1 de julio pasado tras un muy polémico escrutinio. Enrique Peña Nieto se limitó a hablar de “inseguridad”, guardando silencio sobre una impunidad que puede resumirse en dos cifras: En México sólo 8% de los crímenes o delitos se denuncian, y en 99% de estos casos no se realiza ninguna investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución de poderes limitados, ha recibido desde el año 2005 más de 34 mil denuncias de abusos en los que se encuentran implicados funcionarios de la seguridad pública federal. La promesa del futuro presidente mexicano de poner fin a una ofensiva contra los cárteles tan desastrosa no significa de ninguna manera el restablecimiento de las garantías constitucionales de las que deberían gozar los ciudadanos.
¿Asunto interno de México? No solamente. Lejos de toda injerencia, Estados Unidos tiene que asumir su parte de responsabilidad en la tragedia mexicana. No sólo con la mirada estratégica de un Estado que teme por su seguridad, sino también según los valores que una nación reivindica y profesa. Negándose a reinstaurar un control más estricto de armas (Weapon Ban), apoyando la ofensiva de Felipe Calderón sin considerar las consecuencias, el gobierno de Washington ha consentido el caos vecino. Por otra parte, ¿las autoridades estadunidenses han reclamado justicia para la familia de su ciudadano Brad Will, joven periodista de Indymedia asesinado en 2006 en Oaxaca por la guardia cercana del entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, miembro del mismo partido –el Revolucionario Institucional (PRI)– que Enrique Peña Nieto? ¿Cuestionaron el escandaloso giro de una investigación destinada a eximir a dicho gobernador de toda implicación en nombre de un interés político, bien entendido?
Estados Unidos cometería una gran equivocación si sacrificara por ese mismo interés la cuestión de los derechos humanos. Hoy, numerosos periodistas mexicanos en peligro extremo buscan refugio más allá de la frontera norte. Entre ellos, Emilio Gutiérrez Soto, obligado a huir en 2008 por la amenaza de militares, detenido siete meses por los servicios de inmigración de El Paso, que aún espera un permiso de asilo; Miguel Ángel López, hijo y colega del periodista del mismo nombre asesinado junto con su familia en junio de 2011 en Veracruz, estado considerado por Reporteros sin Fronteras uno de los 10 lugares más peligrosos del planeta para el gremio. Tantos dramas personales que tienen eco de un país a otro. Tantas manifestaciones de que la libertad de informar se encuentra en peligro a las puertas del país de la Primera Enmienda.
*El autor de este artículo es secretario general de Reporteros sin Fronteras.
