Después de haber alcanzado un sistema educativo con altos niveles de desempeño y cobertura, el Distrito Federal presenta ahora indicadores de atraso escolar, es víctima de negligencia para transferir los servicios educativos al gobierno de la ciudad, y ha pasado a ser pieza clave para la continuidad de personajes y sectores que han copado la burocracia de la SEP y la cúpula que domina el SNTE, aun cuando ni una ni otra representan a la mayoría del magisterio ni los intereses de la ciudadanía, como bien se reflejó en las últimas votaciones para elegir jefe de Gobierno y delegados. La capital del país tiene gobierno propio, su órgano legislativo y judicial, pero no tiene facultades para realizar cambios, necesarios y urgentes, en su sistema educativo.
Entre 1993 y 1999, el gobierno federal transfirió a las entidades de la República los servicios de educación básica, normal, media superior y de adultos, dejando fuera de este proceso al DF, con la redacción de un irracional artículo 4º transitorio en la Ley General de Educación, que dice: “El proceso para que el gobierno del DF se encargue de la prestación de los servicios de educación (…) se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical”, como si el SNTE fuera el actor decisivo para la descentralización respectiva, por encima de todos los demás.
Durante años, la lucha por ir completando los derechos de los ciudadanos de la capital del país ha buscado incluir los de la educación, que sigue secuestrada por una entidad que se autodenomina “administradora” y que, efectivamente, sólo ha hecho eso: administrar. Sin embargo, contra toda lógica, el titular de la Administradora Federal de Servicios Educativos en el DF, Luis Ignacio Sánchez , señaló hace unos días que durante este sexenio el gobierno del Distrito Federal no había tenido voluntad política para acordar la descentralización educativa. Eso, de manera rotunda, es demagogia pura y falsedad.
La falta de voluntad política del gobierno federal y del SNTE, y la retórica postura del administrador Sánchez, se evidencian con la cantidad de solicitudes de descentralización realizadas desde el gobierno del DF y su Secretaría de Educación en foros ciudadanos; las cartas formales para concertar entrevistas con dos de los secretarios de la SEP para abordar el tema; la iniciativa dirigida a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para integrar una comisión plural y representativa que organizara la transferencia educativa al gobierno del DF en tiempos y formas consensuados; así como las numerosas propuestas y acciones formuladas a la Asamblea Legislativa del DF, a la misma administración federal y a representantes de la dirección del SNTE. No hubo ninguna actitud positiva al respecto, porque estaban de por medio otros intereses, y no los de la educación de la ciudad.
Ha habido graves consecuencias. Durante el presente sexenio, con un gobierno del PAN que tiene muy poca autoridad para la definición de políticas públicas en el DF, casi 600 mil capitalinos de 15 años y más no han podido concluir su educación primaria, y alrededor de 2 millones de ese mismo grupo de edad no han logrado pasar de la secundaria. En los resultados de la aplicación de la última prueba ENLACE (2011), los estudiantes y docentes de la demarcación capital bajaron su nivel de desempeño, mientras que la tasa de reprobación y deserción en la educación media superior sigue estancada.
El hecho es que todos los años miles de estudiantes quedan fuera de las aulas de las más importantes instituciones de educación superior porque las mismas están saturadas, y lo único que hace la SEP frente a estos problemas es poner parches encima de los parches. Tampoco ha ocurrido ningún mejoramiento sustancial en materia de infraestructura escolar, ningún cambio sustancial en el currículo de la educación básica, en el mejoramiento de los niveles de salud o de sanidad escolares; y es en el DF donde se están presentando con mayor frecuencia los casos de acoso y violencia escolar (bulliyng).
En la educación superior, la situación más dramática se vive, por otras razones, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que lleva meses en paro, con una polarización y deterioro de las relaciones entre autoridades, maestros y estudiantes, asociados al modelo que fue adoptado, el cual no ha sido debidamente evaluado por la misma comunidad, pero que se sustenta en una estructura muy frágil. La UACM parece encerrada en sí misma, sin una normatividad adecuada que permita a la comunidad contar con instrumentos de apertura democrática y de mejoramiento integral (tener sólo un Estatuto y un Reglamento del Consejo Universitario, como se ha demostrado, no basta). Se ha confundido autonomía con autarquía, y ha prevalecido la incapacidad para afrontar temas cruciales del “modelo” desde un verdadero ejercicio autocrítico con responsabilidad social. Estos dos aspectos, que han sido parte de una lucha y un legado de importantes universidades públicas, tanto del país como de América Latina, parecen ser anatemas para algunos sectores de la UACM.
Una educación secuestrada y una universidad que está al borde del abismo son temas fundamentales que requieren una muy amplia discusión ciudadana respecto de qué tipo de educación reclama la ciudad. Lo peor será seguir impidiendo (desde la burocracia de la SEP y de quienes se mantienen en posiciones encontradas en la UACM) que se abran vías expeditas de solución para ambos casos, fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos del DF. Hagamos votos por que los polos no se junten.
