Pese a que la Ciudad de México ha logrado cultivar una imagen de urbe segura y libre de las arbitrariedades del poder, la realidad es otra: agentes policiacos acostumbran usar la tortura como “método de investigación”. Ciudadanos inocentes son las víctimas propiciatorias, como lo han documentado diversas ONG y la CDHDF. Y las principales acusaciones en ese sentido van contra la procuraduría capitalina, cuyo extitular, Miguel Ángel Mancera, está a pocos días de asumir la jefatura de Gobierno.
Víctor Hugo Márquez Cortés, Víctor Alfonso Méndez Ruiz, Germán Heredia Rebollar y Nino Colman Hoyos Henao tienen algo en común: Pruebas de medicina forense y sus declaraciones sostienen que fueron torturados por agentes ministeriales durante la gestión (entre 2008 y 2011) de Miguel Ángel Mancera en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Los cuatro casos forman parte de una lista de más de 600 quejas por tortura presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de 2008 a 2012, según el informe que el presidente de este organismo, Luis González Placencia, presentó el pasado 30 de octubre a los expertos del Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT), durante la revisión periódica a México sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
Por ese delito la CDHDF emitió 10 recomendaciones entre 2008 y 2012. Una de ellas es la de Márquez Cortés y Méndez Ruiz, “los Víctores”.
Acusados del asesinato de la ciudadana coreana Sun Ja Park, de las lesiones a Lee Se Chung y robo calificado, en diciembre de 2010, Márquez Cortés y Méndez Ruiz fueron detenidos sin orden judicial por policías que viajaban en vehículos particulares –contra los lineamientos de la PGJDF– el 13 de junio de 2011.
En sus declaraciones ante la CDHDF y sus defensores –del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ) y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)– los jóvenes narraron que una vez que salieron del domicilio de los Márquez (al que los agentes ingresaron con violencia para catearlo) fueron trasladados a un local donde fueron desnudados, golpeados, vendados “como momias” y amarrados a una tabla para después ser sumergidos en una cisterna de la que los sacaban para aplicarles descargas eléctricas.
Los tormentos pararon sólo cuando los jóvenes asumieron la responsabilidad de los crímenes y fueron presentados ante la Fiscalía Central de Homicidios en las primeras horas del 14 de junio.
La CDHDF identificó a los policías que detuvieron a los jóvenes: Gustavo Moya Miranda, Carlos Lozada Álvarez, Jesús Muñoz Galván, Estaban Romero Ramírez y Raúl Salinas Hernández. “Contra esos policías hay 25 averiguaciones previas por tortura, además de la que los ‘Víctores’ interpusieron en la Fiscalía de Servidores Públicos del DF”, dice el abogado del CAZ Juan de Dios Hernández Monge.
Después de año y medio de estar presos en el Reclusorio Oriente, de enfrentar resoluciones de la juez Carlota Guadalupe Mosco Vilchis “que aceptó como dogma de fe el expediente del Ministerio Público y las declaraciones obtenidas bajo tortura” para mantenerlos en prisión, Víctor Hugo y Víctor Alfonso fueron absueltos al no haber más elementos en su contra, dice Hernández Monge en entrevista con Proceso.
“Se hizo justicia parcialmente, porque sí hubo una mujer asesinada, hubo un hombre herido y un robo y los responsables están libres; pero además está la cuestión de la tortura: los autores siguen en funciones porque la averiguación previa que se abrió por el caso de los ‘Víctores’ está intocada, además de que la PGJDF no aceptó esa parte de la recomendación”, añade.
“Ahora está en manos de los jóvenes si deciden continuar en esa lucha, ya sea exigiendo la reparación del daño por la vía penal, aplicar la ley de responsabilidad patrimonial por haber sido sometidos a un proceso injusto o simplemente exigir el cumplimiento de la recomendación de la CDHDF”, dice.
Acusados de secuestro
Heredia Rebollar y Hoyos Henao están a la espera de que González Placencia emita las recomendaciones sobre sus casos, luego de que peritos de la CDHDF confirmaron que ambos fueron torturados por policías de la PGJDF.
Mecánico arrestado fuera de su taller, Germán Heredia fue involucrado con una supuesta banda de secuestradores liderada por dos agentes de la PGJDF. También se implicó a Sergio González Medina y a Christian David Rangel Flores y a dos internos del penal de Santa Martha Acatitla.
La banda habría secuestrado a la dueña de una estética el 28 de mayo de 2011. Heredia era vecino de la mujer. Al momento de su detención, el 7 de junio de 2011, la madre de Germán, Inocencia Rebollar, salió del taller y también fue arrestada. Ambos estuvieron un mes en el Centro de Arraigo de la PGJDF al cabo del cual sólo la mujer fue liberada. A Germán se le decretó auto de formal prisión en julio.
Lourdes, hermana de Germán cuenta: “A mi hermano lo detuvieron sin orden de aprehensión, lo torturaron frente a mi mamá, le pusieron tres veces una bolsa de plástico para ahogarlo, se subieron sobre él y lo golpearon en todo el cuerpo cuando lo trasladaban al Centro de Arraigo. Lo detuvieron porque el papá de la secuestrada les dijo a los policías que sospechaba de mi hermano porque siempre estaba afuera de su local hablando por celular”.
Contra Germán, agrega su hermana, también pesa la declaración de Christian David a quien “torturaron para que lo acusara de extorsión, no de secuestro; los policías que firman la entrega de mi hermano en la fiscalía antisecuestros no son los mismos que lo detuvieron y lo torturaron y eso se comprobó en un careo; él está en prisión a pesar de que la muchacha que ya fue liberada dijo que mi hermano no tuvo nada que ver en su secuestro”.
Nino Colman Hoyos Henao, de 38 años, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, fue detenido el 11 de agosto de 2009 acusado de secuestrar a una joven, hija de un empresario, el 11 de diciembre de 2007.
Ingeniero en sistemas, Nino denunció haber sido torturado por agentes de la PGJDF. Además de ser golpeado durante el traslado a la fiscalía antisecuestros, en las oficinas de esa dependencia también lo golpearon y lo amenazaron con matar a su madre si no decía dónde tenía a la secuestrada.
El 28 de noviembre de 2010 Nino fue sentenciado a 60 años de prisión por el secuestro. Del paradero de la secuestrada no se sabe nada.
“Nino es el único sentenciado por el asunto. Antes de él se detuvo a otros trabajadores, que tenemos información de que también fueron torturados. Pero al final se detuvo a Nino, supuestamente como resultado de una investigación de la policía cibernética, aunque realmente ésta no presentó elementos contundentes para procesarlo y menos para sentenciarlo.
“Lo único que lo relaciona con el caso es que Nino instaló la red informática de la empresa del papá de la víctima”, dice Silvia Vázquez Camacho, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que asumió la defensa del ingeniero.
Por los golpes que le propinaron, Hoyos tuvo que ser ingresado al hospital Rubén Leñero el 12 de agosto. Peritos de la PGJDF le aplicaron el Protocolo de Estambul –para determinar si hubo tratos crueles o inhumanos– pero en abril de 2010. El dictamen de la dependencia fue contrario al emitido por la CDHDF que sí acreditó la tortura. La dependencia decidió no ejercitar acción penal contra los funcionarios públicos señalados por Nino.
“Interpusimos un amparo contra esa resolución, argumentando que por lineamientos internacionales la dependencia acusada de torturar no podía ser la misma que determinara la existencia o no de la tortura; además presentamos el expediente médico del Rubén Leñero donde claramente se certifican las lesiones, además de que era imposible que los peritos de la PGJDF encontraran huellas a simple vista si dejaron pasar ocho meses para revisarlo”, acota la abogada.
El 15 de mayo de 2012 un juez falló a favor de Nino estableciendo la obligación de las autoridades mexicanas de “cumplir con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos los tratados internacionales para prevenir y sancionar la tortura y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”, señala un comunicado de la CMDPDH.
Informe ante la ONU
El informe presentado por Placencia ante el CAT, que contiene el balance sobre tortura en Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Querétaro –elaborado por las comisiones de derechos humanos de esos estados– coloca al DF en una posición muy similar en el nivel de violaciones a los derechos humanos que el resto de los estados, pese a que la capital tiene una imagen positiva.
Se resalta que de 2008 a 2012 los organismos que firman el informe documentaron mil 422 quejas por tortura en sus respectivas entidades. De esa cifra, 628 corresponden al DF. En el periodo de análisis, los siete organismos públicos locales emitieron 58 recomendaciones por tortura; 10 fueron de la CDHDF.
La estadística de los organismos contrasta con las acciones judiciales para combatirla, no sólo en las siete entidades representadas por los organismos públicos que acudieron al CAT sino en todo el país. En el periodo mencionado se integraron 255 averiguaciones previas por tortura; 130 de ellas (51%) se abrieron en el DF.
Germán y su familia así como “los Víctores” reciben terapia psicológica en el CCTI. Patricia Cruz Ramos, una de las terapeutas, ha detectado que en todas las entidades, “incluido el DF donde supuestamente se respetan más los derechos”, hay una forma prácticamente única de operar de las policías, que recurren invariablemente a la tortura como método incriminatorio.
“En el DF se trata de cumplir con ‘cuotas’ que los policías de investigación tienen que rendir ante el Ministerio Público y para ello seleccionan a personas de escasos recursos, sin forma de defenderse, y eso se advierte con la mayor parte de los internos de los reclusorios que narran prácticamente lo mismo”.
Cruz Ramos resalta que si bien en otras entidades la frecuencia de la tortura policiaca es cotidiana, “en el DF lo que vemos con alarma es que hay una tendencia a recrudecer la represión y la acción policial ante supuestos delincuentes, que se acentuó con el gobierno de Marcelo Ebrard y que tememos se incremente con Miguel Mancera”.
Sostiene que por el perfil que tuvo Mancera como procurador, como jefe de Gobierno podría incentivar la utilización de la policía “no al servicio de la ciudadanía sino de su gobierno, lo que se puede convertir en una amenaza”.
