Montado en su visión exclusivista de anular y desdeñar a sus críticos e incluso a varios de sus colaboradores, Juan Sabines Guerrero termina su gestión en Chiapas inmerso en el desprestigio. Y aun cuando su secretario de Gobierno, Noé Castañón León, expuso ante el pleno del Congreso local que entre los legados para Chiapas y los chiapanecos el de mayor trascendencia es dejar “un estado de paz, con seguridad y armonía”, lo cierto es que deja una estela de asesinatos y vendettas que exacerbaron los ánimos de la ciudadanía. Muchos de sus enemigos dicen que sólo regresarán a Chiapas cuando termine su gestión.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Durante su sexenio, Juan Sabines Guerrero envió a prisión a decenas de opositores que no lograron huir de la entidad; a otros los obligó a callar y muchos más fueron víctimas mortales de la represión indiscriminada que incluso alcanzó a funcionarios de su gobierno.
La persecución, acoso y muerte afectó a por lo menos 200 dirigentes sociales y campesinos, militantes de los partidos opositores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, comenta la diputada perredista local Alejandra Soriano Ruiz, quien el miércoles 21 le reclamó por ello al secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, cuando el funcionario compareció ante el pleno del Congreso del estado.
Desde el principio, Sabines dirigió el hostigamiento a los colaboradores de su adversario en la contienda electoral de 2006, José Antonio Aguilar Bodegas, entre ellos José Manuel de la Torre Hernández, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), a quien recluyó en el penal del Amate acusado de pertenecer a una presunta banda criminal que traficaba con drogas, armas e indocumentados, así como de la toma ilegal de tierras.
A finales de la década de los noventa De la Torre y Aguilar Bodegas eran cercanos a Sabines, incluso lo impulsaron para que incursionara en la política. Pero la amistad se quebró y terminó por enfrentarlos. De la Torre fue liberado poco después y se incorporó de manera temporal al primer círculo del gobernador.
Otro caso es el Jacinto Robles Ramírez, uno de los supuestos financiadores de la campaña de Aguilar Bodegas, quien fue detenido en enero de 2007 en la Ciudad de México por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento de una orden de arraigo domiciliario.
Al empresario gasolinero se le imputaban los delitos de fraude, despojo, daños y asociación delictuosa denunciados por particulares en por lo menos dos averiguaciones previas (expediente penal 115/03). Robles Ramírez estuvo en prisión durante un tiempo. Al recuperar su libertad, optó por huir del estado.
El propio Aguilar Bodegas se vio obligado a refugiarse en el centro del país para protegerse de los procesos penales abiertos en su contra en el Juzgado Tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En enero pasado un tribunal federal confirmó un amparo a Aguilar Bodegas.
Sabines lo eximió de toda responsabilidad luego de que Aguilar firmó una carta elogiosa a Sabines (Reforma, 14 de agosto de 2012), aunque optó por permanecer fuera del estado. Regresará, dice, después del 8 de diciembre, cuando Sabines haya dejado el poder.
Durante su gestión, Sabines echó a andar el aparato judicial aun contra quienes lo apoyaron políticamente. El ejemplo más notable es el de su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, al que mantuvo 526 días encerrado, y a varios de sus colaboradores, como Mariano Herrán Salvatti, procurador de Justicia durante la gestión de Salazar.
Detenido a principios de 2009 acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y homicidio calificado, Herrán Salvatti fue la primera víctima de Sabines. Estuvo más de tres años en prisión, hasta que fue exonerado definitivamente de los cargos que se imputaban el 13 de septiembre último y se reincorporó a la vida pública en la capital del estado.
Salazar Mendiguchía, quien aun en enero de 2011 se tomó una foto con Sabines, fue capturado por elementos de la procuraduría estatal en el Aeropuerto Internacional de Cancún el 7 de junio siguiente, acusado del desvío de 104 millones de pesos de un seguro de vida, que supuestamente repartió entre 54 de sus colaboradores, de los cuales siete cayeron en prisión.
Entre los encarcelados estaban su secretario de Educación, Alfredo Espinosa, el titular del Instituto del Deporte durante su gestión, William Maldonado Máuregui, y otros funcionarios de segundo nivel.
Los que lograron huir anduvieron a salto de mata, como el poeta Óscar Oliva, director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, a quien el gobierno de Sabines le prefabricó diversos delitos e incluso la Interpol elaboró una ficha roja. Durante todo el sexenio, Oliva fue prófugo del sabinismo y cuando el pasado 7 de agosto el Congreso del estado decidió galardonarlo con la medalla Rosario Castellanos por sus méritos literarios y sociales, fue su hija quien recibió la presea.
A finales de 2011, el también poeta Javier Sicilia llegó a Chiapas con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y le pidió al propio Sabines detener la embestida judicial contra su amigo Óscar Oliva. Fue contraproducente, dice Oliva al corresponsal. “Sabines se encolerizó y ese mismo día ordenó buscarme y detenerme”.
“Es un esquizofrénico –comenta–. Actuó con tintes fascistoides, como quien arremete contra un grupo o sector político que, según él, trastocaba sus intereses políticos para gobernar.”
“Hace unas semanas leí en Proceso una entrevista en la cual (Sabines) pedía disculpas a quien hubiera agraviado en su mandato. Yo no lo perdono; no soy Dios; no soy cristiano. Jamás voy a perdonar a quien casi me provoca la muerte y, lo que es peor, a quien provocó un desquiciamiento en mi familia”, dice Oliva.
El caso de Rubén Velázquez Flores, quien al terminar su gestión como senador de la LXI Legislatura en agosto pasado prefirió quedarse a vivir en el centro del país para evitar confrontarse con Sabines. De 2000 a 2003, en la gestión de Salazar Mendiguchía, Velázquez fue secretario general de Gobierno.
Hostigamiento indiscriminado
Juan Sabines arremetió contra funcionarios de su propia administración presuntamente identificados con Salazar Mendiguchía. Son los casos de Jorge Antonio Morales Messner, secretario de Transportes, y Gabriel Gutiérrez Ávila, titular de Pesca. Al primero se le acusó de presuntos actos de corrupción, al vender supuestamente concesiones de transporte público local, como informó Apro el pasado 12 de octubre; al segundo se imputaron presuntos “desvíos de recursos”, pero fue liberado cinco días después.
El día de su captura, el 6 de octubre último, Gutiérrez fungía como asesor de la diputada perredista local Alejandra Soriano Ruiz, a quien le ayudaba a redactar sus discursos en los cuales ella suele fustigar a Sabines.
La persecución alcanzó también a dirigentes y miembros de agrupaciones sociales y campesinas, como Guillermo Hernández Pérez, de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y por lo menos otros 10 integrantes de la organización. El acoso contra Hernández se inició desde el sexenio de Salazar Mendiguchía por su activismo social.
El dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), Caralampio Gómez Hernández, sufrió dos encarcelamientos en el sexenio que termina, en el último también fue capturado su hijo César Gómez a principio de este año. Sus delitos: atentar contra el orden constitucional y presunto despojo.
A finales de octubre ambos fueron puestos en libertad con la condición de que Caralampio se fuera del estado. Proceso averiguó que el dirigente campesino se refugió en una comunidad de la Sierra Madre de Chiapas.
Entre septiembre y diciembre de 2009, los líderes de la OCEZ-RC Roselio Cruz González, José Manuel de la Torre Hernández y José Manuel Hernández, Chema, también fueron a la cárcel. El Chema fue trasladado al penal de Tepic, Nayarit, pero la presión política y mediática hizo que el propio Sabines pagara la fianza para que lo liberaran a él y a sus compañeros.
Éric Bautista Gómez, vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) fue detenido en abril de 2009 acusado de un asesinato. No obstante, cuando sucedieron los hechos, en noviembre de 2008, él estaba fuera del estado, tal como lo probó ante el juez que llevó su caso.
Al final, Bautista obtuvo su libertad, no así su compañero Francisco Jiménez Pablo, líder máximo del Mocri, a quien se implicó en ese homicidio. Fue capturado con engaños en la Ciudad de México el 7 de abril de 2010. El sábado 17 regresó a Chiapas al penal del Amate, luego de estar en el penal federal de Tepic, Nayarit, y en un reclusorio de Morelos.
Entre los sindicalistas reprimidos y encarcelados destacan Pedro Gómez Bahamaca, líder del Bloque Democrático de la Sección VII del CNTE-SNTE, preso desde julio de 2010, cuando encabezó una protesta para exigir la libertad de Alberto Mirón Vázquez, detenido el 7 de mayo de ese año.
Otro caso es el de Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, líder de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSSA), capturado por esas mismas fechas por apoyar la revuelta magisterial. Estuvo preso varios días.
También están los activistas defensores de los derechos humanos como el abogado Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien dirigió varios bloqueos carreteros en la Costa de Chiapas, por lo que el 22 de febrero de 2011 fue remitido al penal del Amate.
Los miembros del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa y decenas de organizaciones en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica reclamaron su libertad y la de José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, quienes fueron capturados con él. Finalmente, el 2 de marzo siguiente fueron liberados.
El exdiputado federal del PT, Amadeo Espinosa Ramos, no fue a la cárcel, pero sí fue acosado judicialmente por su participación en los disturbios postelectorales de Motozintla del 1 de octubre pasado, donde una veintena de militantes de ese partido fueron detenidos, lo acusan de delitos que “ya ni existen en el Código Penal Federal”, pero que están relacionados con cuestiones políticas, tales como motín, rebelión, asonada y atentados contra la paz, entre otros.
Carlos Enrique Bertoni Unda, fundador del PRD en Chiapas, fue detenido de forma arbitraria, sin orden de aprehensión, el 5 de septiembre de 2009 por una docena de agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, quienes lo remitieron al Centro de Arraigo Quinta Pitiquito. Ahí estuvo 16 días, hasta que lo soltaron. Bertoni Unda ha sido un gestor y defensor de los derechos de los campesinos en la entidad.
Nadie se salvó
La mano represora de Sabines también tocó a panistas como Juan Carlos Moreno Guillén, a quien pretendió someter a proceso penal en octubre pasado por orquestar una supuesta campaña mediática contra el gobernador por el endeudamiento público estatal.
Servidores públicos estatales y periodistas oficiosos instrumentaron una campaña mediática en contra de Moreno, quien tuvo que renunciar a su cargo en la CNDH para enfrentar la embestida judicial y mediática.
Algunos de los opositores al gobernador Sabines que no fueron a prisión optaron por el exilio. Otros fueron eliminados, entre ellos los seis indígenas de la comunidad Miguel Hidalgo que tomaron las zonas arqueológicas de Chinkultic y el control del Parque Nacional de Lagos de Montebello. Fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el 3 de octubre de 2008.
El multihomicidio provocó la protesta de organismos defensores de los derechos humanos de Suiza, Alemania, Uruguay y México, así como de Amnistía Internacional y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Human Rights Watch incluso emitió un informe sobre el caso.
Otro caso emblemático de represión y encierro fue el del abogado Horacio Culebro Borrayas, quien se enfrentó a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado cuando intentaron aprobar una reforma constitucional encaminada a cancelar las elecciones locales de julio de 2010.
Culebro estuvo detenido del 24 de febrero de 2010 al 9 de junio de 2011. Para disimular la verdadera razón política de su captura, al principio se le acusó del crimen del líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, ejecutado por un grupo de sicarios el 27 de noviembre de 2009.
Abarca Roblero era otro disidente incómodo para la empresa minera canadiense Blackfire Corp., quienes extraían barita del ejido Gracia en el municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.
En los expedientes 1283/2010 de la CNDH y el 62/2010, este último por la vía penal, Culebro acusó directamente a Ponce Sánchez de ser el autor intelectual del crimen de Abarca Roblero.
“Nemesio Sánchez propuso a Emiliano Canales Cervera y Artemio Ávila Cervera ofrecer 150 mil pesos a las autoridades del ejido Gracia.
“Y de Mariano Abarca Roblero no te preocupes, a ese lo voy a mandar a arraigar y si no se acalambra, lo elimino”, habría dicho Ponce Sánchez, el ahora coordinador de asesores de Sabines, según el testimonio de Culebro, a quien le fue asignada una Notaría Pública en el apartado municipio de Benemérito de Las Américas para superar el agravio.
Abarca Roblero estuvo arraigado durante varios días, pero como no se acalambró fue ejecutado a tiros la noche del 27 de noviembre de 2009. Su hijo José Luis Abarca dice que aun cuando fueron tres personas, y que el gobierno de Sabines le asignó a su familia una pensión, dos de los presuntos implicados en el crimen ya fueron liberados y el otro está a punto de salir.
La REMA, encabezada en Chiapas por Gustavo en Castro, de la organización Otros Mundos de San Cristóbal de Las Casas, tiene previsto para el próximo 27 de noviembre un encuentro contra la extracción minera en Frontera Comalapa. Por tercera ocasión, dice, le exigirán el esclarecimiento del crimen de Abarca Roblero.
Considera que su crimen no fue un crimen común, y que a todas luces se pretendió callarlo para que dejaran el camino libre a la minera que finalmente se fue de Chiapas por los conflictos.
El miércoles 21, la diputada perredista local Alejandra Soriano Ruiz fustigó al secretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del estado cuando el funcionario expuso que durante la gestión de Sabines en la entidad no hubo represión y se respetó el estado de derecho.
Tras una larga exposición, cuando Castañón León explicaba que durante su gestión Sabines “cambió la forma de gobernar para privilegiar el diálogo, la razón, los consensos y los acuerdos como vías idóneas para resolver las diferencias, los conflictos y las controversias”, Soriano Ruiz lo atajó:
“En Chiapas ha sido una constante la violación sistemática de las garantías individuales a los opositores del régimen”, le dijo. Y enumeró varios casos de agravios a líderes sociales, sindicales, campesinos e indígenas chiapanecos.
“Según cifras extraoficiales, más de 200 líderes y personalidades de organizaciones sociales, partidos políticos, periodistas, universitarios se han quejado por la persecución y cárcel por parte del gobierno del estado por sus opiniones divergentes con respecto al gobierno actual.”
La legisladora perredista comentó que el gobierno de Sabines ha recurrido a argumentos prefabricados para reprimir a quienes piensan diferente. También se refirió a los conflictos poselectorales de Chicomuselo, Simojovel y Pueblo Nuevo; incluso hubo muertos. Como en Villaflores, donde el candidato local asesinó a un militante del PAN, mientras que en Pueblo Nuevo miembros del PRI asesinaron a cuatro del PVEM.
“Los conflictos postelectorales están ahí –puntualizó la legisladora–. Les han dado vueltas y vueltas a los desplazados, a las 13 familias de Galeana, municipio de La Independencia, quienes fueron obligados abandonar sus casas por el hecho de votar libremente por su candidato y por el PRD en las elecciones pasadas, incluso fueron multados con 30 mil pesos porque existía un acuerdo de votar por un partido”, le dijo la diputada a Castañón.
Pero el funcionario insistió en que Sabines deja el sendero trazado “para un gobierno de civilidad y armonía. Sin desdoro, desde luego, de la aplicación sensata pero exacta de la ley cuando fue necesario hacerlo, al rebasarse los límites de la tolerancia y del buen entendimiento o cuando se puso en peligro la seguridad y el patrimonio de las personas o se amenazó la paz social”.
Al final, el funcionario cuyo hijo, Noé Castañón Ramírez, es el presidente de la mesa directiva del Congreso, remató: “Entre los legados que quedan para Chiapas y los chiapanecos, el de mayor significación y trascendencia para el gobierno que termina y para el que comienza, es dejar y recibir, respectivamente, un estado de paz, con seguridad y armonía”.
