La petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se frene la destrucción de las boletas electorales de 2006 tiene en alerta al gobierno federal. La cancillería incluso envió un documento al Instituto Federal Electoral para que desestime ese llamado. De lo que se trata es evitar a toda costa el recuento de los votos de esos cuestionados comicios, y los pretextos y argucias para lograrlo son muchos, entre ellos que acceder a esa revisión mostraría ante el mundo a un Estado mexicano “débil”.
México se prepara para decirle no a las Naciones Unidas. No a las medidas provisionales para suspender la destrucción de las boletas de la elección de Felipe Calderón. No a su competencia para tratar este asunto y no, porque acceder a la petición de Proceso lo mostraría como un “Estado débil”.
Tales son las “consideraciones” que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le entregó al Instituto Federal Electoral (IFE) para rechazar la petición de medidas provisionales que hace dos semanas le hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Las recomendaciones están contenidas en el proyecto de respuesta elaborado por la SRE, fechado el jueves 8 y entregado a los consejeros del IFE, quienes el martes 13 deberán pronunciarse sobre la petición de la ONU.
La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, donde están las oficinas centrales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, elaboró para el IFE las “consideraciones sobre el curso a seguir respecto de la denuncia presentada” por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y le propone “dos cursos de acción” para responderle a la ONU.
Amparado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pasado 25 de octubre Rodríguez Castañeda recurrió ante esa instancia de Naciones Unidas para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006, programada por el IFE para realizarse entre los próximos lunes 12 y lunes 26.
La línea del gobierno de Calderón al IFE no tiene equívocos: La SRE le dice a los consejeros electorales que no deben atender la petición de medidas provisionales porque el Comité de la ONU es más político que jurídico, y sus decisiones “frecuentemente están influenciadas por el efecto que tendrán en la opinión pública”.
En la descalificación del organismo de la ONU añade: “El Comité de Derechos Humanos (CDH) es un órgano eminentemente político que no cuenta con competencias claras y cuyos procedimientos se ejercen con gran flexibilidad”, pero sobre todo sus medidas provisionales requeridas no son “legalmente vinculantes”, por lo que su incumplimiento “no acarrea consecuencias internacionales para el Estado”.
En franco desafío a la ONU, dice que aun cuando el CDH admitiera la denuncia de Rodríguez Castañeda, el IFE demostraría la ausencia de violaciones al derecho a la información “aun después de haber procedido a destruir las boletas electorales”.
Destruidas las boletas aun antes de que el CDH se pronuncie, los actores ya no tendrían interés de continuar el caso, por lo que “no habría implicaciones jurídicas internacionales”, asegura.
Además de que no hay peligro para la vida ni integridad personal del solicitante, dice que acceder a la suspensión provisional de la destrucción de las boletas puede “multiplicar las instancias en las que se puede presentar un mismo asunto, abriría la puerta al abuso del derecho de petición y debilitaría el sistema interamericano de protección”.
En esa advertencia, el gobierno de Calderón alude a la negativa, en noviembre de 2011, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para admitir la queja promovida por el propio Rodríguez Castañeda en contra del Estado mexicano por su rechazo a darle acceso a los paquetes electorales de la elección de Calderón como presidente.
Argumenta que la denuncia ante Naciones Unidas es la misma que se presentó ante la CIDH, a pesar de que ésta “concluyó la inexistencia de violaciones al derecho de acceso a la información”. Según la Comisión Interamericana, no hubo tal violación por “la transparencia de las elecciones” en México.
Para rechazar la demanda, la CIDH copió lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) respecto a la organización en la jornada electoral y la participación ciudadana.
“Cursos de acción”
En su “curso de acción 1” la SRE les pide a los consejeros del IFE “cuestionar y debatir la admisibilidad y el fondo de la denuncia sin atender la solicitud de medidas provisionales”. Para fundamentar la negativa les dice que deben diferenciar entre un mecanismo regional de protección consolidado (CIDH) y una instancia internacional de carácter político (CDH).
En una clara manipulación, la Misión Permanente de México en Ginebra dice a los miembros del IFE que la CIDH resolvió “de fondo” la denuncia de Rodríguez Castañeda. No fue así. La Comisión Interamericana no alcanzó a pronunciarse sobre el fondo de la demanda, relacionado con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre acceso a la información y mecanismos de protección jurídica efectiva (Proceso 1829).
La dependencia a cargo de Patricia Espinosa de plano les pide a los consejeros del IFE “no abrir la expectativa de un posible recuento de boletas”. Lo que deben argumentar “de manera activa” los consejeros encabezados por Leonardo Valdés es la “interpretación del Estado mexicano en relación a la coherencia del sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
En este escenario de rechazo a la solicitud de medidas provisionales, el gobierno de Calderón prevé la crítica de “algunos sectores que alegarían el ‘incumplimiento’ del Estado mexicano a sus obligaciones internacionales”.
Pero considera “debatible” esta crítica porque las boletas han sido preservadas más de cinco años en razón del procedimiento que se seguía en la CIDH, pero sobre todo la denuncia ante la ONU “puede ser entendida también por parte de la opinión pública nacional e internacional como un abuso del derecho de petición”.
En esta opción de abierto rechazo a la solicitud de las Naciones Unidas el gobierno de Calderón propone “una campaña de medios resaltando las diferencias” entre los procedimientos y consecuencias de la CIDH y del CDH. Además, pide “un escrupuloso contacto” entre las autoridades del IFE y la cancillería “para orquestar una estrategia de comunicación social que no implique prejuzgar el curso de acción que ambos acuerden”.
En tono de reproche citó al consejero Marco Antonio Baños, quien en declaraciones publicadas por la prensa el pasado jueves 1 dijo que ante el nuevo escenario de una instancia internacional con la cual México tiene suscritos pactos y acuerdos, “es procedente que el IFE sea prudente y se detenga el procedimiento que establecía (la) destrucción (de las boletas) a partir del 12 de noviembre”.
En su “curso de acción 2” la SRE le propone al IFE “aceptar las medidas provisionales y cuestionar la admisibilidad y el fondo de la denuncia”. En tal caso sería una “consideración” al CDH, se minimizaría el impacto político, particularmente el interno, y al mismo tiempo México aparecería “como un país respetuoso de cada una de las diversas instancias internacionales en materia de protección de derechos humanos”.
De ser así se aplazaría la decisión del IFE de destruir las boletas en tanto el CDH se pronuncia sobre la admisión de la demanda, pero Relaciones Exteriores advierte al IFE que como el comité “no necesariamente se guía por criterios jurídicos”, el resultado final “es en gran medida difícil de predecir y la discusión sería más política que legal”.
Reconoce que en ese escenario el Estado mexicano tendría menor capacidad de incidir en la decisión del comité, por lo que representa más costos que ventajas. En una insistencia de su manipulación, dice que “se estaría extendiendo innecesariamente la discusión de una denuncia resuelta de fondo por la CIDH”.
El escenario es peor todavía, dice Relaciones Exteriores. “Es posible que al estudiar el fondo del caso el comité ordene el recuento de las boletas motivo de la disputa, lo que enfrentaría a México ante la disyuntiva de desconocer la decisión de la CIDH”. Según la SRE, “se puede sentar un precedente negativo respecto de la admisibilidad de las medidas provisionales” más allá de lo establecido por la Comisión Interamericana, y subraya que “México estaría concediendo el mismo peso al CDH que a la CIDH”.
En ese caso, dice que el mundo tendría la percepción de que en México hay un Estado débil, al no ejercer activamente su interpretación de las ambigüedades del sistema internacional.
La Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra dice que el CDH debe ajustarse a la versión en español del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 5.2 se refiere a la duplicación de instancias. Si el caso ya fue tratado por la CIDH, entonces no debe ser admitido por las Naciones Unidas, insiste Relaciones Exteriores.
Argumenta: En México el idioma oficial es el español y esa disposición del Pacto Internacional dice que el CDH no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
Sin embargo, la versión en inglés de ese mismo artículo, referida por Rodríguez Castañeda en su demanda, establece que el comité no considerará ninguna comunicación a menos de que “la misma materia no esté siendo examinada” bajo otro procedimiento de investigación o arreglo internacional.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU le solicitó al Estado mexicano contestar sobre la admisibilidad de la demanda antes del 31 de diciembre, y sobre el fondo del asunto antes del 1 de mayo de 2013, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
