De Rafael Valero Cervantes
Señor director:
En relación con la nota titulada El cadáver exhibido “no es del Lazca”, publicada el 14 de octubre en Proceso 1876 y firmada por la periodista Patricia Dávila, es prudente reiterar lo que los diversos expertos forenses han mencionado en sus entrevistas, las cuales, además de ser veraces, valientes y categóricas, evidencian la falta de rigor científico en las labores propias de la investigación criminal en nuestro país.
No debe pasarse por alto que las ciencias forenses, en todas sus ramas, tienen alcances extraordinarios, y que bajo una estricta autonomía podrían ofrecer a la sociedad una indudable credibilidad, hoy inexistente en la mayoría de los casos que se investigan. Si no se cumplen las labores de manera fidedigna en temas de gran impacto nacional, ¿qué pasará con aquellos asuntos que no tengan dicha trascendencia?
Tristemente, aquellos que no por moda se han dedicado al estudio formal de las áreas forenses descubren que, en la mayoría de los casos, al llegar a la “verdad plena”, ésta resulta “incómoda”, “comprometedora” y “riesgosa”.
Es preciso reconocer que en la mayor parte de las instituciones de Procuración de Justicia en la Republica Mexicana los peritos forenses son servidores públicos que, aun con gran experiencia operativa, carecen de academia y efectos de patente, aunque por normatividad oficial deberían tener un título oficial y una cédula profesional que los faculten para el ejercicio responsable y legal de la profesión.
En contraste, se hallan con frecuencia médicos generales que fungen como médicos forenses, o peritos criminalísticos que no cuentan con formación en dicha área especializada, aunque ésta se encuentra reglamentada en el sistema educativo nacional.
A esto se deben buena parte de las deficiencias en los resultados de las investigaciones de índole criminal en México.
Aunado a lo anterior, es innecesaria la intervención de expertos extranjeros en los procesos de investigación judicial. Tómese como referencia el artículo Las enseñanzas de Sarajevo, publicado el 14 de octubre en Proceso 1876 bajo la firma de la periodista Marcela Turati, donde se asienta que las autoridades mexicanas no permiten la participación de expertos supremamente capacitados para realizar acciones periciales que conduzcan a la identificación indiciaria o eficiente de víctimas de la violencia.
Y es que México cuenta con personas que tienen la acreditación requerida, e inclusive idoneidad, para enfocar la investigación criminal con altos niveles de calidad, rigor científico y responsabilidad. Pero mientras siga considerándose que la labor forense formal genera altos grados de “incomodidad estorbosa”, las víctimas continuarán siendo revictimizadas por el Estado mexicano, e incongruentemente los grandes académicos, expertos forenses, escritores y profesionales de gran eficacia seguirán siendo llamados a trabajar la labor de investigación criminal y forense en otros países, fuera de la cuna que los vio nacer.
Atentamente
Doctor Horacio Rafael Valero Cervantes
Médico cirujano, especialista en medicina forense y en criminalística, con posgrado
en antropología forense.
