BOGOTÁ.- El 31 mayo de 2007, cuando Felipe Calderón comenzaba a instrumentar con gran despliegue propagandístico una estrategia de seguridad que prometía “recobrar la tranquilidad” del país, Iván Cepeda, activista colombiano de derechos humanos se presentó en un seminario internacional en la Ciudad de México y dijo a su audiencia:
“Compañeros mexicanos, no pretendo ser un visionario pero les voy a presentar su futuro. Esta estrategia es la fórmula del desastre”.
Recuerda que en esa visita a México se percató de que Calderón “había tenido la malísima idea de copiar el modelo (de seguridad) de Álvaro Uribe (entonces presidente de Colombia) y yo sabía que importar a México semejante receta sería un desastre, como en Colombia”.
En su oficina del Congreso de la República, Cepeda, hoy legislador del izquierdista Polo Democrático Alternativo dice a este reportero que en mayo de 2007, cuando Calderón tenía seis meses en la Presidencia, era evidente el sello de la militarización en la lucha contra el narcotráfico y el énfasis “guerrerista de una estrategia que sólo conduce a una espiral de violencia sin fin”.
“Esto lo vivimos en Colombia con Uribe (presidente de 2002 a 2010) y ahora lo están viviendo en México. Esta es una estrategia que se convierte en una administración de cárteles y una vía segura para la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Altos mandos de la policía y el Ejército acaban cooptados por el narcotráfico”, señala Cepeda.
“No es que fuera un visionario sino que yo había visto en Colombia, con Uribe, a qué conduce todo esto”, afirma el legislador, filósofo y maestro en derechos humanos por la Universidad de Lyon, Francia, cuyo padre, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado por sicarios paramilitares en 1994 cuando era congresista de la agrupación de izquierda Unión Patriótica.
El legislador plantea que la actual estrategia antidrogas “para lo máximo que da, lo mismo en México que en Colombia, es para administrar a los cárteles de la droga mediante pactos criminales entre instancias del Estado y esos grupos delictivos”.
Y abunda: “Aquí para acabar con Pablo Escobar lo que hicieron la policía, las fuerzas militares y las agencias antidrogas de Estados Unidos fue aliarse con el Cártel de Cali y con los paramilitares. Luego, la manera de eliminar al Cártel de Cali fue pactar con el Cártel del Norte del Valle y, bueno, esta estrategia se trata de negociar con los narcotraficantes, de administrar a los cárteles, de decidir quién cae y quién tiene el control”.
De acuerdo con el diputado y exdirigente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, policías y militares emblemáticos de la guerra contra las drogas han acabado en las nóminas de los narcos.
“La lista es larga y quizá el caso más ilustrativo de cómo funciona esto es que gran parte de los oficiales que participaron en el bloque de búsqueda que persiguió a Pablo Escobar (ejecutado en un operativo el 2 de diciembre de 1993) acabó vinculada con el narcotráfico o el paramilitarismo”, apunta.
Uno de ellos fue el general de la policía colombiana Mauricio Santoyo, quien en agosto pasado se sometió a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y vínculos con grupos paramilitares. Según la acusación, el militar colaboró con organizaciones criminales en el envío de cargamentos de droga a Centroamérica y México entre 2000 y 2008. La mayor parte de esos años (de 2002 a 2006) fue jefe de seguridad del presidente Uribe.
“Son muchos los vínculos de este tipo”, dice Cepeda quien repite: “Se los dije en México… se los dije”. En efecto, el 31 de mayo de 2007, durante su participación en el seminario internacional El Derecho a Defender las Garantías Individuales y la Libertad de Expresión, él anticipó “un desastre”. Apenas comenzaba el sexenio de Calderón.
