BOGOTÁ.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituyen una guerrilla golpeada en forma severa por la estrategia de seguridad instrumentada en la última década en este país, pero están lejos de una derrota militar.
A partir de 2002 la guerrilla ha perdido dos terceras partes de los 24 mil hombres en armas que llegó a tener. Sin embargo, sus 8 mil combatientes –replegados en las zonas selváticas– son capaces de causar graves daños a la infraestructura económica del país y de golpear y distraer, con ataques focalizados, a la poderosa fuerza pública de 431 mil efectivos policiacos y militares.
Durante el primer semestre de este año, la infraestructura petrolera colombiana sufrió 67 ataques, lo que representó un aumento de 253% en relación con el mismo lapso de 2011, y según datos de la estatal Ecopetrol esos atentados causaron el derrame de 10 mil 700 barriles de crudo al día, lo cual implicó una pérdida de 190 millones de dólares durante ese periodo.
“Cada vez son más frecuentes los ataques de las FARC a la infraestructura vial, eléctrica, minera y petrolera. La estrategia de seguridad los golpeó muy fuerte en los últimos años, pero son una guerrilla capaz de hacer mucho daño”, dice a Proceso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
González Posso –exministro de Salud y exdirigente de la guerrilla del M-19, desmovilizada en 1990–, señala que tanto el grupo insurgente como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos saben que el conflicto armado interno que vive este país sudamericano desde hace 48 años no tiene salida militar, si por ésta se entiende la aniquilación de las FARC o la toma del poder a través de las armas por parte de esta guerrilla.
Apunta que esa realidad será un factor muy importante en el proceso de paz que iniciarán las partes esta semana en Oslo, Noruega, lo que marca una diferencia con los tres anteriores y fallidos diálogos de paz entre las FARC y el Estado colombiano: el de 1984, emprendido por el presidente Belisario Betancur; el de 1991 en Tlaxcala, México, durante el gobierno de César Gaviria, y los diálogos del Caguán, en 1998, que se prolongaron hasta 2002 durante el mandato de Andrés Pastrana.
González Posso afirma que “en el Caguán, la guerrilla creía que podía tomar el poder con las armas, y el gobierno creía que podía ganar tiempo para recomponer su fuerza militar, lo cual hizo. Hoy, la situación cambió radicalmente. El gobierno percibe que tiene la iniciativa, que la guerra está a su favor, pero que no puede llegar al fin del conflicto por la vía armada. Necesita una última fase utilizando el diálogo y sabe que debe hacer concesiones, pero sin negociar el modelo económico ni el modelo institucional. La guerrilla también ha cambiado, sabe que no puede tomar el poder por las armas y que si continúa en esa idea, el tiempo va en su contra”.
González Posso, ingeniero químico, economista e integrante del Consejo Nacional de Paz –organismo consultor del gobierno–, dice que lo que ocurre en el campo de batalla y la imposibilidad de resolver por la vía militar esta guerra interna ha llevado a las FARC y al gobierno a acordar “un nuevo modelo de negociación, donde por primera vez en las últimas décadas se coloca como objetivo terminar definitivamente con el conflicto armado”.
Y abunda: “La economía del siglo XXI, en la que quiere estar Colombia, requiere la paz porque la guerra le pone muchos obstáculos a ese modelo y las FARC se dan cuenta de que la continuidad de las acciones militares, en un escenario en el que han sufrido fuertes derrotas y el descrédito internacional por sus vínculos con la producción de drogas, tiene un límite absoluto”.
Diferentes estudios indican que Colombia gasta entre 3.7% y 6.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) en enfrentar el conflicto armado interno, y que la partida de seguridad y defensa figura como la más alta del presupuesto nacional, con 13 mil 220 millones de dólares este año, cifra que equivale a 14.4% del gasto público total. Este monto supera en mil millones de dólares lo que el gobierno canaliza a educación y duplica a la partida de salud y protección social en un país donde 44.5% de su población es pobre y 14.8% indigente, de acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Al costo del conflicto armado hay que sumarle el financiamiento de Estados Unidos a través del Plan Colombia, una estrategia militar en la que Washington ha gastado desde el año 2000 más de 7 mil 500 millones de dólares, y la cual ha sido el puntal de la política de seguridad de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Santos, el actual mandatario.
“Económica y militarmente esta guerra es inviable y lo que se impone es una salida negociada, pero será un proceso con múltiples desafíos y factores de perturbación que han sido muy corrientes en Colombia en los grupos de extrema derecha”, advierte González Posso.
