Pertrechado en la ley, pero insensible ante un reclamo nacional que rebasa a Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió el 3 de octubre destruir la paquetería electoral correspondiente a los comicios de 2006, al igual que la generada por las elecciones federales de julio de 2012.
La aprobación de los acuerdos y de los lineamientos para proceder a la destrucción de los materiales de ambas elecciones fue por unanimidad de los nueve consejeros del órgano electoral, en sesión extraordinaria celebrada el miércoles pasado.
Los argumentos esgrimidos por los consejeros que actuaron como uno solo fueron:
–No existe ya procedimiento jurídico alguno, ni dentro ni fuera del país, que impida destruir los expedientes, boletas y demás materiales generados.
–Las solicitudes de acceso a la información o de cualquier otra índole que estén pendientes, así como las nuevas que pudieran hacerse, “no causan efectos suspensivos”, pues no tienen o tendrían “elementos novedosos que llevaran a una reconsideración de lo que ya es caso juzgado y de resoluciones que han quedado firmes”.
–Las boletas electorales están resguardadas bajo un “régimen de especial tutela”, no son documentos públicos y, de acuerdo con la normatividad, sólo se puede tener acceso a ellas durante el escrutinio y el cómputo, el cómputo distrital y la apertura que, en su caso, ordene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, por cierto, resolvió desde 2007 que las boletas deben ser destruidas una vez concluido el proceso.
–Las boletas electorales, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, son información clasificada como reservada.
–El 2 de noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar las medidas cautelares que había emitido para suspender la destrucción de las boletas en tanto no se resolviera una denuncia interpuesta por el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda.
En consecuencia, en esa fecha, “la CIDH resolvió declarando inadmisible la petición (del director de Proceso) y levantando las medidas cautelares, con lo que, en consecuencia, debe procederse a la obligada destrucción de la documentación electoral de 2006 (143 mil paquetes, distribuidos en 32 bodegas en el país), como establece la ley electoral federal”.
–El IFE “no cuenta con garantías legales que permitan trascender la garantía de inviolabilidad de los expedientes electorales y, por ende, dar acceso a las boletas físicas contenidas en ellos”. Se lo impiden tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como una sentencia, de 2007, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que mandatan la destrucción como el “destino último” de los materiales electorales.
El artículo 302 del Cofipe, reformado en 2008, ordena –igual que lo hacía el artículo 254 del Código vigente hasta 2007– que, una vez concluido el proceso, debe procederse a destruir el material electoral.
En suma, sintetizó el consejero Alfredo Figueroa, quien fue el que propuso al Consejo General los acuerdos para destruir los materiales electorales de 2006 y 2012, todos los juicios y las impugnaciones han quedado resueltos y firmes, han “causado estado” y se debe proceder.
Para el caso de la elección federal de este año, que no tuvo mayores complicaciones en términos del conteo de los votos y los recuentos practicados –las quejas e impugnaciones fueron más bien en relación con temas de equidad, transparencia en gastos e ingresos de los partidos, compra y coacción de votos–, el IFE simplemente –se dijo en la sesión extraordinaria del Consejo General– está acatando lo que ordenan el Cofipe y el Tribunal Electoral.
En los respectivos lineamientos aprobados, se prevé que en este mismo mes de octubre podrían destruirse los materiales de los comicios de julio pasado, en tanto que los de 2006 se destruirían en noviembre.
Ante la determinación del IFE, las representaciones de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano anunciaron –en la misma sesión– que impugnarán ante el TEPJF los acuerdos aprobados por el Consejo General del IFE.
Los consejeros inclusive desoyeron propuestas de los representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano ante el IFE en el sentido de microfilmar o de digitalizar documentos, o bien, de mantenerlos en reserva durante un tiempo determinado.
Asimismo, se propuso conservar los paquetes electorales de 2006 en el Archivo General de la Nación, pero entonces se calculó que para guardar mil 957 toneladas de papelería –unos 98 tráileres de 20 toneladas cada uno–, se requerirían 5 mil 611 metros cúbicos…
Fue así como los nueve consejeros –ninguno de los cuales participó en el proceso de 2006, cuando oficialmente Felipe Calderón se hizo de la Presidencia de la República con tan sólo una diferencia de alrededor de 250 mil votos (el 0.56%) respecto de López Obrador– abonaron la desconfianza que millones de mexicanos tienen hacia el IFE.
El representante del Poder Legislativo por el partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, lo sintetizó así en la sesión del miércoles pasado: “En México, las instituciones electorales pretenden seguir dando pasos regresivos que sigan vulnerando nuestra maltrecha democracia, pero sobre todo, que violentan el derecho humano de los ciudadanos a conocer sus historia. El 2006 es una herida abierta en la historia política del país”.
El hecho es que no se supo, de manera fehaciente, convincente, si en efecto Felipe Calderón obtuvo más votos que Andrés Manuel López Obrador.
Ni se sabrá.
