En una marcha multitudinaria los catalanes manifestaron su hartazgo con el gobierno español –se sienten robados por Madrid vía cargas impositivas que nunca regresan– y sus deseos de convertir Cataluña en un país independiente. Pero no la tendrán fácil. España no parece dispuesta a fracturarse y la administración encabezada por Mariano Rajoy atacará a los soberanistas con todas las armas a su alcance, especialmente ahora que el mandatario surgido de las filas del PP trata de que sus socios europeos confíen en la estabilidad española y la rescaten económicamente.
BARCELONA, ESPAÑA.- Los catalanes quieren independizarse de España. Se trata de un proceso de escisión que ya empezó con la convocatoria a unas elecciones anticipadas el 25 de noviembre y la histórica resolución del Parlamento local para que a lo largo de la próxima legislatura –los siguientes cuatro años– se lleve a cabo una consulta soberanista.
Los catalanes reclaman su derecho a decidir. Están hartos de que todas las resoluciones que les atañen se tomen en Madrid sin consultarlos a ellos, que se les escatimen los recursos públicos y la inversión para infraestructura o de sufrir ataques contra su lengua e identidad.
Estos sentimientos se proyectaron el martes 11 en la marcha de la Diada, día nacional catalán. Todas las expectativas de los organizadores quedaron rebasadas: millón y medio de personas salieron a las calles de Barcelona enarbolando banderas soberanistas y reclamando la independencia de Cataluña.
“Mucha gente quería salir a la calle. Nos hemos cansado de España y España se ha cansado de nosotros”, resumía Carme Forcadell, cabeza de la Asamblea Nacional Catalana, la plataforma que convocó a la movilización. “Hay mucha gente que ve la independencia como un tema de dignidad”, añadía en una entrevista con el medio digital eldiario.
Otro detonante del fenómeno, según el presidente catalán, Artur Mas, fue el rotundo rechazo de Mariano Rajoy a su petición de un pacto fiscal para esta comunidad, durante su reunión del jueves 20 en La Moncloa. “Si el pueblo de Cataluña evoluciona hacia un futuro diferente, no hay texto legal que pueda eliminar eso”, dijo a su salida de la reunión, delineando así la ruta de la consulta.
La de Cataluña es una sociedad compleja. Tiene 7 millones y medio de habitantes entre españoles de todas las regiones y decenas de miles de inmigrantes. Barcelona es quizá la ciudad más cosmopolita del país. Y en este reclamo por la independencia parece haber un punto en común entre los catalanes de casi todas las ideologías o partidos.
La más reciente encuesta trimestral del Centro de Opinión Pública, entidad del gobierno catalán, arrojó que 51.1% de los encuestados votarían por la independencia y 21% en contra. Los datos también indican que 70% de quienes votarían por la independencia son simpatizantes de partidos de centro-izquierda.
La respuesta de Madrid no se hizo esperar: Desdeñoso, el presidente Mariano Rajoy dijo acerca de la marcha: “No es momento de algarabía, líos, polémicas y disputas”. El rey Juan Carlos, cuyo papel debiera ser de árbitro, se inclinó a calificar como una “quimera” las pretensiones catalanas.
La prensa derechista madrileña atacó duramente la iniciativa y trató de desacreditarla con el argumento de que la Constitución no permite un referéndum si no lo convoca el gobierno central. Pero también se publicaron falsedades como que los jubilados dejarían de cobrar su pensión, que el ejército español enviaría sus tanques contra Cataluña, que quedarían fuera de la zona euro, que habría un gran conflicto social e incluso que el club de futbol Barcelona dejaría de jugar en la liga española.
La estatal Televisión Española (TVE) no informó de la marcha de la Diada hasta 18 minutos después de iniciado su noticiario estelar, a comparación de todas las cadenas privadas que abrieron sus informativos con esa noticia. El periódico ABC llegó al extremo de destacar las declaraciones de un mando militar que dijo que “sobre mi cadáver” se haría una consulta en Cataluña, aludiendo así a la atribución de las fuerzas armadas para cuidar la unidad de España.
Fuera de las fronteras hubo reacciones también. En Bruselas el presidente del Consejo de Europa, José Manuel Durao Barroso, advirtió que en el supuesto de la escisión los ciudadanos catalanes “perderían de inmediato su estatus de ciudadanos de la Unión Europea”.
La irrupción del independentismo catalán cayó como balde de agua fría al gobierno de Rajoy en momentos en que éste intenta devolver la confianza en España ante los mercados y sus socios europeos, en busca de soluciones para la crisis económica y de recibir una nueva línea de crédito o rescate.
El Estatut
El diputado Joan Herrera, secretario general de Izquierda Verde por Cataluña (ICV), sostiene que éste no ha sido un proceso coyuntural o espontáneo sino que “todo se deriva del escenario de 2010, cuando el Tribunal Constitucional (TC) resolvió con un no rotundo al Estatut Catalán, que no era otra cosa que un pacto entre Cataluña y el Estado”.
En 2005 el Estatut, norma básica para dar autonomía y lineamientos de autogobierno, fue aprobado por las Cortes generales (Congreso y gobierno central) y refrendado por los catalanes en una consulta. Pero el Partido Popular (PP) lo impugnó por considerarlo “una deriva nacionalista”. Cinco años después el TC se inclinó por los argumentos de ese partido conservador.
“El 10 de julio de 2010, dos días después del fallo, hubo una manifestación masiva de rechazo. Ese fue el punto de inflexión en la relación entre Cataluña y el resto de España. Desde entonces Cataluña empezó a vivir un nuevo tiempo donde la Diada fue un despertar y que culminará con la consulta”, dice Herrera a Proceso.
“Esto sólo lo resolvemos por la vía del derecho a decidir; ahora veremos si España mueve la siguiente ficha (tras la decisión del Parlamento)”, dice el diputado que el jueves 26 aprobó la consulta, pero planteando que ésta fuera “transversal” y que Mas no la use como un respaldo a su política.
“Lo que no se puede decir en España es que no pasa nada, que todo continuará como hasta ahora. Todo se ha creado por la hostilidad permanente del PP en España”. El anticatalanismo “les ha dado muchos votos y a eso se ha sumado la indiferencia del PSOE. Es obvio que hay un agotamiento en las relaciones entre Cataluña y España”, puntualiza.
Y a la frustración por la resolución sobre el Estatut en 2010 se suma la crisis económica “que Cataluña vive como la viven el resto de los países del sur de Europa”, dice.
En el gobierno catalán se señala que tienen una deuda de 44 mil millones de euros y eso les ha cerrado las puertas de los bancos. A su vez, cifran en 16 mil 500 millones de euros anuales el déficit que el gobierno central tiene con Cataluña.
Herrera, sin embargo, es crítico con Mas, quien ha tratado de capitalizar políticamente la oleada independentista pese a que nunca abordó el tema en campaña y hasta antes de la Diada su apuesta no era la consulta, sino que Rajoy aceptara el pacto fiscal.
“Tenemos un presidente (Mas) muy obsesionado con las políticas de austeridad, de las que hoy se intenta desmarcar con la convocatoria de elecciones y tratando de protagonizar, con una pirueta política, la consulta”, dice. “Por eso en esta breve campaña para el 25-N, ICV hará hincapié en el derecho a decidir y también en el desastre de las políticas económicas del gobierno de Mas.
“Artur Mas es uno de los alumnos más aventajados de Angela Merkel y de Rajoy en la aplicación de la política de austeridad con muy poca inclinación social. Esa estrategia supone un fracaso de sus políticas en términos sociales, económicos y financieros que hoy trata de ocultar.”
Entre otras medidas, recordó, Mas recortó el gasto social hasta quedar al nivel de hace seis años; ha reducido la renta mínima de 30 mil a 20 mil; en educación este ciclo escolar hay 30 mil estudiantes más y 3 mil profesores menos; el cierre de hospitales y servicios en el sector salud han provocado que las listas de espera de los pacientes por atención se hayan incrementado 42%; en servicios sociales ha recortado en todo.
Pese a “la obsesión” de cumplir con el techo de déficit público, explica, éste se ha disparado “con un efecto contraproducente”. Los niveles de deuda del gobierno anterior, de 2008 a 2010, se incrementaban cada mes en 517 millones de euros y ahora es superior a los 540 millones”.
Recordó que Cataluña fue la primera comunidad abrumada por la crisis en acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (que gestiona el gobierno central) pidiendo un rescate de 5 mil millones de euros.
En la actualidad, según datos del gobierno de Mas, hay un incremento de la pobreza reflejada en el creciente número de desempleados en la comunidad. Hasta agosto había 622 mil 882 desempleados, 38 mil más que en el mismo periodo del año anterior.
De esta cifra 236 mil son “parados de larga duración”, gente que no ha conseguido –y por ende no tiene ingresos– trabajo durante periodos prolongados.
Potencial potencia
En el discurso de apertura del debate de política general del Parlamento catalán, el martes 25, Mas anunció la disolución del cuerpo parlamentario para convocar elecciones extraordinarias el 25 de noviembre.
“La voz de la calle debe convertirse en la voz de las urnas”, dijo en alusión a la Diada, pero también a que el rechazo rotundo de Rajoy a su propuesta de pacto fiscal, el centro de su oferta electoral en 2010, daba por agotada su legislatura.
“Ha llegado la hora de que Cataluña ejerza su derecho a la autodeterminación”. Añadió: “Es al pueblo de Cataluña, auténtico amo de su destino, a quien corresponde decidir quién quiere que lo represente en estos tiempos históricos, con qué fuerza y con qué legitimidad”.
Consideró que esos comicios son “la única manera de saber si los que no fueron a la manifestación están todos en contra de lo que allá se decía y si los que fueron estaban todos a favor”.
Reveló que, en su encuentro con Rajoy, éste le planteó que sometiera su propuesta de pacto fiscal ante el Congreso de los Diputados, donde el PP es mayoría. Y explicó que su negativa se debió a que “no estaba dispuesto a pasar por un nuevo viacrucis y una nueva humillación”. “Esta vez”, dijo, “no votará el Congreso, votará el pueblo de Cataluña”.
Consideró que su propuesta “no se ha entendido” por el gobierno central como “una buena oportunidad para rehacer la relación entre Cataluña y el resto del Estado y cambiar la fatiga creciente”.
Recordó que el pacto fiscal había sido aprobado por el Parlamento en julio, pero “PP y PSOE actúan con una enorme miopía política”. Y que “de negativa en negativa, de desprecio en desprecio, se va creando una provocación”.
En la versión del gobierno catalán y de Mas, si Cataluña se convierte en una nueva nación tendría opción de “subsistir sin problema alguno” porque es la primera región exportadora de España, con 28%; sus exportaciones han crecido 10% en los últimos dos años y hoy esa región representa 0.5% del comercio mundial.
“Si Cataluña fuera un Estado, se contaría entre los primeros 50 países exportadores del mundo”, pese a que las infraestructuras están “infradotadas”, dijo.
En los pasillos del Parlamento un asesor legislativo explica al corresponsal que “el gobierno español ha dotado de miles de millones de euros a comunidades como Castellón para construir un aeropuerto donde no ha aterrizado un solo avión, porque no hay oferta ni demanda de vuelos; o mantiene en Castilla y León estaciones del tren de alta velocidad donde no llega el tren, pero se niega a invertir en Cataluña para tener la conexión de tren con Francia e impulsar el dinámico corredor mediterráneo”.
En su discurso Mas también resaltó que esta región del Mediterráneo tiene un fuerte potencial turístico con un crecimiento sostenido de 5% anual. En 2011 recibieron 15 millones de turistas, 25% de toda España. Y a nivel europeo, explica, “Cataluña estaría por encima de Holanda, Dinamarca y Suiza”.
Pero no son los únicos datos que se usan como argumento en las tesis soberanistas. La plataforma Soberanía y Justicia parte de la idea de que existe un “expolio fiscal” de España hacia Cataluña vía impuestos que no regresan a la región sino que se reparten en otras partes del país.
De esta comunidad, dicen, “anualmente salen 21 mil millones de euros en impuestos que no vuelven, sino que son destinados a otras comunidades autónomas”.
Se refieren a que Cataluña es la segunda comunidad de España en aportaciones fiscales. Pero a cambio el gobierno central la coloca en octava posición en recursos disponibles.
Según sus propios cálculos, de no existir este expolio y si fueran un Estado podrían dar una paga extra de mil euros a todos los pensionados, construir un eje ferroviario transversal y otro orbital, contribuir a los gastos de la Unión Europea, crear su propio ejército, dedicar recursos a la Ley de Dependencia y hacer una amortización extraordinaria de 3 mil millones de euros a la deuda.
Otros políticos, como Alfons López Tena, diputado de Solidaritat Catalana per la Independéncia, una de las dos fuerzas abiertamente independentistas del Parlamento, asegura que tendrán sitio en la Unión Europea mientras hace múltiples comparaciones del PIB, territorio y población de Cataluña con países europeos.
Los contrarios a esta oleada independentista, como la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, quizá la más cercana aquí a los postulados del gobierno de Rajoy, acusó a Mas de “pretender romper España”. Se presume que ella ayudará a cerrar la pinza con el gobierno central para combatir la aprobación de la consulta soberanista.
–¿Qué sigue? –se le pregunta a Joan Herrera.
–El escenario no es fácil. Cualquier camino que lleve al independentismo deberá generarse legitimidad; no basta con que el proceso se dé y ya.
“También veo el riesgo de un escenario golpista proveniente de Madrid; puede haber un choque de trenes y que se privilegien los ataques por la identidad, la lengua. Hay mucha tensión y más que va a haber.”
“Me preocupa el escenario de polarización en un momento de mucha desesperación a nivel social”, remata el legislador.
