Personal jurídico del ayuntamiento de Zapopan se queja porque en los últimos años magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado, en particular los presidentes de las salas cuatro y seis, han beneficiado de manera irregular a empresarios a los que ellos les han negado los permisos para instalar gasolineras, moteles y casinos. Proceso Jalisco obtuvo copias de varios expedientes en los que se observa el modus operandi de los magistrados para beneficiar a los empresarios.
Con el apoyo de las salas Cuarta y Sexta del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), presuntos afectados por el ayuntamiento zapopano han resuelto más de 40 juicios en tiempo récord u obtenido autorización para abrir giros restringidos mediante un amparo o bajo la figura jurídica afirmativa ficta.
De ellos, 36 se relacionan con la apertura de estaciones gasolineras, cuatro con la edificación de moteles y dos con la operación de casinos. Uno de los más polémicos es el del expediente 228/2012, promovido ante el tribunal por la empresa Estación de Servicio Atemajac, S.A. de C.V., y radicado en la Sexta Sala Unitaria, presidida por Alberto Barba Gómez.
El magistrado lo resolvió en sólo 18 días, cuando un trámite de esa índole llega a demorar hasta dos años. Según el documento, el 30 de mayo último el administrador de la empresa, Juan Pablo Cervantes Warner, presentó en la oficialía del TAE un procedimiento de afirmativa ficta para que el ayuntamiento aprobara una licencia para instalar una gasolinera en Federalismo Norte 108, en la colonia Atemajac del Valle.
Cervantes Wagner decidió acudir a esa instancia, dice, luego de que en dos ocasiones –el 26 de abril y el 21 de mayo– el ayuntamiento se negó a responder a su petición. Y como la empresa comenzó a construir la gasolinera, el TAE le concedió una suspensión para evitar la clausura de las obras.
Barba Gómez notificó al ayuntamiento sobre esa resolución el 7 de junio último. La autoridad zapopana le envió un escrito en el cual manifestaba su inconformidad por el fallo. Cinco días después el magistrado de la Sexta Sala respondió al ayuntamiento que su reclamo y su petición de llamar a juicio, en calidad de tercero interesado, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, no procedían.
El 18 de junio Barba Gómez notificó al ayuntamiento la sentencia definitiva, en la cual le dio la razón jurídica a Cervantes Wagner. El magistrado sustentó su decisión en que el municipio “no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia se declara que se ha configurado la afirmativa ficta (por lo que) se ordena a la autoridad demandada emitir a favor de Juan Pablo Cervantes… la licencia de construcción”.
El ayuntamiento zapopano impugnó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el dictamen del magistrado Barba Gómez y otros emitidos por su colega de la cuarta sala, Armando García Estrada. En la mayoría de los polémicos fallos de los magistrados los nombres de los quejosos y los jueces aparecen tachados para proteger su identidad, según la Ley de Transparencia.
No obstante en las copias de los documentos consultados por la reportera destaca el de la queja 106/2012, interpuesta el 6 de julio pasado con el fin de dar marcha atrás a la suspensión provisional que otorgó el juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa para abrir una gasolinera.
En ese caso, al igual que en el de Cervantes Wagner, la suspensión provisional fortalecía la decisión de Barba Gómez, quien resolvió otorgar una cédula de licencia municipal para la apertura de una gasolinera.
El ayuntamiento arguyó ante el segundo tribunal que “contrario a lo que manifestó el mencionado juez de distrito, la gasolinera se ubica en una zona de concentración masiva, donde hay restaurantes, plazas comerciales y un kínder a 20 metros de distancia, aun cuando el reglamento estipula que los expendios no deben instalarse a menos de 250 metros de distancia de centros de concentración masiva”.
Según el ayuntamiento, “la estación de servicio atenta contra el interés social, ya que es primordial garantizar la protección civil, la vida y la buena convivencia de los ciudadanos”.
Además, “la quejosa dice haber obtenido una licencia, pero dicha autorización la emitió una autoridad incompetente (la Sexta Sala del TAE), de ahí que válidamente se establezca que existe una sustitución en las facultades de la autoridad administrativa competente”.
La autoridad zapopana insistió en que el tribunal carece de atribuciones y personal capacitado para verificar si la estación de servicio se ciñe a las reglamentaciones estatal y municipal para realizar sus actividades; además, la parte quejosa no presentó los documentos requeridos para el otorgamiento de la licencia.
Tras analizar los argumentos, el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomás Gómez Verónica, optó por darle la razón al ayuntamiento zapopano.
Amparos adaptables
Algunos de los polémicos casos de los últimos años implican a los empresarios Enrique Ruiz Cortés y Miguel Octavio Gómez Gómez, quienes consiguieron amparos para instalar sus gasolineras en territorio zapopano sin mayores contratiempos.
Ruiz Cortés, quien fue abogado de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), consiguió en 2006 un amparo definitivo para evitar un embargo de la Secretaría de Hacienda. Con ello evitó que los vehículos de procedencia extranjera introducidos al país de manera ilegal fueran decomisados.
Años después, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa otorgó a Ruiz Cortés el amparo 1200/2009, lo que le permitió abrir varias gasolineras en el municipio, aun cuando los establecimientos no cumplen con los requisitos de ley.
Ante la atribución que se “autoconcedió” el TAE en el otorgamiento de licencias para la apertura de gasolineras, el ayuntamiento de Zapopan interpuso 39 juicios de lesividad, 20 de ellos contra Ruiz Cortés.
De acuerdo con información oficial obtenida por este semanario, Ruiz Cortés obtuvo de las salas I y III del TAE nueve permisos para abrir gasolineras.
Horacio León Hernández, quien preside el tribunal y la sala I, por ejemplo, le autorizó, bajo los expedientes consecutivos I-180/2011 al I-183/2011 y el 483/2011 abrir estaciones de servicios en lugares como avenida Acueducto entre Patria y la calle La Cueva; otra en avenida México, esquina Constituyentes.
Otra más en Patria, entre calle Volcán Vesubio y Felipe Ruvalcaba, y en Ricardo Güiraldes 5013, casi esquina avenida Patria, colonia Lomas Universidad, zonas netamente habitacionales.
Asimismo, la sala III, encabezada por Víctor Manuel León, concedió a Ruiz Cortés mediante los expedientes consecutivos del 262/2011 al 264/2011 y el 181/2011 la apertura de gasolineras en las calles Tchaikovski, entre Comerciantes y Ecónomos, fraccionamiento Arcos de Guadalupe; en avenida Ávila Camacho, esquina con Patria Norte, fraccionamiento Altamira, así como por Anillo Periférico Manuel Gómez Morin, esquina Industria Maderera, fraccionamiento Industria Guadalupe y en la carretera a Saltillo, esquina Quirino Rivera, fraccionamiento Villa de Guadalupe.
Por su parte los magistrados de las salas Cuarta, Quinta y Sexta, Armando García Estrada, Patricia Campos González y Alberto Barba, respectivamente, favorecieron al mismo empresario con tres autorizaciones para operar estaciones de servicios –expedientes consecutivos de IV-181/2011 al IV-183/2011; V-181 y 182/2011 y V-265/2011; VI-184/2011, VI-68/2011 y VI-268/2011.
Los establecimientos se ubicarían en avenida Juan Palomar y Arias, esquina con J. Fernández de Lizardi; en prolongación avenida Mariano Otero, esquina calles Brillante y Javier Mina, y en calle Pléyades, esquina López Mateos, entre otros rumbos.
En lo concerniente a la segunda sala, cuyo titular es el magistrado Laurentino López, quien llegó al TAE a mediados de julio pasado –su antecesor fue Eleuterio Valencia–, le otorgó a Ruiz dos autorizaciones para abrir gasolineras, según los expedientes 182/2011 y 241/2011.
Otro favorecido por el TAE es Octavio Gómez, a quien se le concedieron de manera individual dos autorizaciones para abrir gasolineras; además, junto con Enrique Ruiz, obtuvo 13 permisos, y con Víctor Hugo Mondragón García o Servicios La Coronela, S.A. de C.V., se benefició con otro más.
En este último, Mondragón García aparece como promotor de gasolineras en asociación con Enrique Ruiz por lo menos en tres ocasiones y una de manera individual.
Otros beneficiados con las decisiones del TAE para abrir gasolineras sin cumplir con los requisitos de ley son: Roberto Jaime Martínez Robles, quien representa a la Estación de Servicio Patria Universidad, S.A. de C.V.; José Carlos Martín González, favorecido con dos permisos; David Preciado Martínez, de Ofiboga, S.A. de C.V., con tres autorizaciones; Mauricio Preciado Martínez, tres licencias, y Juan Jorge Álvarez y Adolfo Michel Castaños con una.
Además están Marco Antonio Calderón Gutiérrez y José Jesús Jorge Carvajal Sánchez, este último representante de Súper Estación Patria Tepeyac, S.A. de C.V.
Personal jurídico del ayuntamiento de Zapopan consultado al respecto considera que existe la posibilidad de que los magistrados del TAE hayan recibido millonarios sobornos para hacer esas autorizaciones irregulares. Y aunque dicen no tener pruebas de ello, comentan que esos sobornos podrían haber sido de 1 millón de pesos por cada permiso para abrir gasolineras.
Los magistrados del tribunal no sólo han permitido que se emitan licencias para instalar gasolineras que incumplen la ley, sino también giros negros, como restaurantes bar, uno de los cuales se ubica en avenida Valle de San Isidro 530.
También se sabe de un hotel promovido por Promotora Aespol, S.A. de C.V., que presuntamente se abriría en avenida Vallarta 6900, esquina calle Hípico, así como un casino en avenida Vallarta, esquina Toulouse Lautrec, colonia Jardines Universidad, cuyo trámite fue iniciado por Daniel Orozco Espinoza e Impulsadora de Entretenimiento y Destreza Turín.
