Señor director.
La iniciativa exitosa del gobierno de Felipe Calderón para lograr el reconocimiento por el gobierno estadunidense de la inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo, y así blindarlo ante la demanda por su responsabilidad como uno de los autores intelectuales de la masacre de Acteal, constituye una triple afrenta: para la justicia en México, en nuestra región y a escala internacional.
El efecto más inmediato pero oculto de esa determinación es que constituye un operativo tipo 2×1, pues procura la impunidad de Zedillo y del propio Calderón, al sentar un precedente que servirá a éste en caso de concretar su propio exilio dorado en ese país.
Dicha maniobra profundiza el triste posicionamiento de México como una excepción notoria de las corrientes a favor del cambio y de la justicia en América Latina durante las últimas décadas, que han incluido la detención y el procesamiento de exjefes de Estado y otros altos mandos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra equivalentes a los de Acteal (y otros semejantes, como los de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, también atribuibles a Zedillo y sus cómplices), como Pinochet, Fujimori, Videla y Ríos Montt –desde Chile y Perú hasta Argentina y Guatemala–, a los que muy pronto seguirán otros, como Uribe en Colombia (por la masacre de Sucumbíos y mucho más).
Los casos de Zedillo y Uribe son además convergentes por referirse a su responsabilidad por acciones y omisiones relacionadas con el paramilitarismo como expresión del terror estatal.
El afán de Calderón para alcanzar la impunidad propia y conseguir la de Zedillo también vulnera el orden jurídico que se refleja en la normatividad y jurisprudencia del derecho internacional en general y, específicamente, del correspondiente a los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, con su concreción en los principios emanados de los juicios de Nuremburg, las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otras obligaciones incorporadas al derecho constitucional mexicano.
Pero será inútil. Tarde o temprano serán alcanzados los dos por la justicia que les espera, estén donde estén, a través de la conciencia movilizada de los pueblos que la seguirán persiguiendo incesantemente, sin fronteras, hasta que se obtenga, conjuntamente con el goce efectivo de los derechos a la verdad, la reparación integral individual y colectiva, y las garantías de no repetición de las conductas que nos han vulnerado.
Atentamente
Enrique González Ruiz, coordinador del Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM, y Camilo Pérez Bustillo, profesor-investigador del mismo posgrado y miembro de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos
