Detrás de las demandas legales de los investigadores y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la restauración de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, está, además del sentido arqueológico, el histórico: la alteración del escenario del triunfo de las tropas mexicanas en la Batalla del 5 de mayo.
Puede decirse que la defensa de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, de Puebla, emprendida hace unos meses por investigadores y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), busca hacer justicia a los hechos históricos ocurridos el 5 de mayo de 1862, cuando –en palabras del general Ignacio Zaragoza– las armas del Supremo Gobierno se cubrieron de gloria.
Así se alcanza leer en la denuncia formal que quedaron en presentar el pasado viernes 21 de septiembre, un día después del cierre de esta edición, ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable, por “el delito de daños y menoscabo de propiedad federal señalado en el artículo 397, fracción IV del Código Penal Federal y 52 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
El pasado 24 de julio los especialistas iniciaron una protesta en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, por los daños a los Fuertes, así como a la Zona Arqueología de Tzintzuntzan, en Michoacán (por la cual ya presentaron también una denuncia), y a monumentos de otras entidades como Chihuahua y Oaxaca.
Por el caso de los Fuertes argumentan en su demanda la “notoria y pública destrucción, alteración y aniquilación de una de las porciones más emblemáticas de la zona de monumenots históricos” de Puebla, que comprende las dos fortificaciones, así como el cerro de Acueyametepec en donde se realizó la batalla contra la invasión francesa de aquel 5 de mayo, de la cual rindió fe Zaragoza en su parte de guerra a Benito Juárez:
“Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada por las naciones.”
A decir del historiador Felipe I. Echenique March (quien ha presentado las denuncias en su calidad de secretario general de la delegación sindical correspondiente a los profesores investigadores del INAH), ahora que los Fuertes se reabrieron al público –dado que las obras se mantuvieron en sigilo, contrario a la transparencia– pudieron constatar que al de Guadalupe se le sobrepuso una estructura moderna que altera definitivamente la visión que tuvo el ejército invasor (Proceso, 1870). También fueron alterados el de Loreto y el cerro de Acueyametepec, y con ello “la comprensión de la batalla del 5 de mayo”.
Tras describir el episodio histórico desarrollado en el ahora monumento histórico, el investigador da cuenta en el documento de las leyes vigentes, y las de carácater histórico que dieron pie a las actuales, en materia de conservación de monumentos, y de los apartados que se violan con estas alteraciones, así como de los tratados internacionales suscritos por México en la materia, también pasados por alto.
Y señala como presuntos responsables a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla; Alfonso de Maria y Campos Castelló, director general del INAH; Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos; Jesús Enrique Velázquez Angulo, coordinador nacional de Obras y Proyectos; Víctor Hugo Valencia Valera, delegado del INAH en Puebla; Arturo Cortés, coordinador nacional de Museos y Exposiciones; Nelly M. Robles García, coordinadora nacional de Arqueología; Pedro Francisco Sánchez Nava, presidente del Consejo de Arqueología, consultivo de la dirección general, y los demás integrantes de dicho consejo, quienes “ordenaron y autorizaron la daestrucción y alteración de vestigios históricos”.
Desencuentros legales
Los investigadores del INAH anunciaron hace unas semanas que si Felipe Calderón, como jefe del ejecutivo, encabezaba la ceremonia de reapertura de los Fuertes, la denuncia iría también contra él pues es el principal responsable de la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos. Así se establece en su artículo tercero.
Explica ahora Echenique vía telefónica que finalmente Calderón no inauguró por encontrarse de viaje, y que en su encuentro pasado con José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación Pública, quien los recibió luego de meses de demandarle audiencia, acordaron no mencionarlo debido a esta circunstancia.
Así lo decidieron también dado que, por experiencias en denuncias anteriores, responsabilizar al ejecutivo implica un procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados por parte de la PGR “y no lo va a hacer”; por lo general, admite, así son desechadas casi de inmediato por el Ministerio Público.
Especialistas del INAH han presentado denuncias por daño al patrimonio en casos como el espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán, la Cumbre Tajín y la construcción de las plazas comerciales Jaguares y El Corzo, también en Teotihuacán, durante la época en que dirigió la institción Teresa Franco. Nadie ha resultado responsable, pues –según explica el historiador– les argumentan que carecen de interés jurídico para demandar o que los actos denunciados ya pasaron y por lo tanto se sobresee la demanda.
En cambio, tuvo entrada la que Sergio Rodríguez Gutiérrez, apoderado legal del INAH, presentó contra Echenique el 13 de agosto pasado por la supuesta toma de taquilla del Museo Nacional de Antropología, haber impedido el cobro de entrada al recinto al público y por apología de la violencia.
Echenique respondió por escrito ante el Ministerio Público de la Federación el miércoles 19 de septiembre, negando los actos que se le imputan y explicando cómo ocurrieron los hechos.
–¿Es una forma de criminalizar la protesta?
–El día que vimos al secretario nos dijo que se vieron obligados a hacer la denuncia, si no les iban a fincar responsabilidad a ellos pues finalmente son quienes deben responder por los recursos que debieron recibirse.
Agrega que no obstante colocaron un letrero en el vestíbulo del museo con una leyenda que anunciaba la entrada libre, y no hicieron nada para impedir que la gente de taquilla pudiera cobrar, “era un acto simbólico pacífico, el día que se cansaron y no estuvieron dispuestos a que esto siguiera ellos mismos dijeron al público: ‘No, tiene que regresar y pagar su boleto’”.
Las denuncias que como trabajadores han interpuesto, dice, han servido sólo en algunos casos para detener los proyectos. Es ejemplo el espectáculo Resplandor Teotihuacano o los mall en Teotihuacán, pero “no sirven para hacer aprehensiones o castigar a los funcionarios como sí lo harían con cualquier ciudadano, ¿no? Es lamentable que el derecho no se aplica con los funcionarios, pero hay pruebas suficientes de las agresiones y destrucciones que han ocasionado”.
Insisten los sindicalizados en el mecanismo, pues confían en que las leyes no sirven sólo por estar escritas, sino con su ejercicio y aplicación, y al presentar demandas las actualizan “en el sentido de su utilidad de interés público”.
Quedan a la espera de las resoluciones y poder retirar, finalmente, la estructura que se le impuso al Fuerte de Guadalupe. En tanto, continúan las obras en Tzintzuntzan, pero Echenique confía también en que el Ministerio Público considere el caso pues cuentan con dictámenes de los arqueólogos especializados y “porque además los trabajos están mal hechos, ya hicieron contrafuertes modernos en parte de la plataforma prehispánica y lo vamos a documentar”.
