De la tragedia minera de Pasta de Conchos a la reciente elección presidencial, plagada de irregularidades, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, pasa revista a la situación nacional en los ámbitos político, económico y de seguridad. El sacerdote, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia mexicana, propone que la sociedad se organice para lograr un cambio pacífico, y menciona que la estructura eclesiástica es la ideal para ese propósito.
SALTILLO, COAH.- La Iglesia católica tiene una estructura extraordinaria que en este momento debe ponerse del lado de quienes quieren evitar que la violencia, la corrupción y la complacencia de las autoridades siga deteriorando a México. De lo contrario se “estaría contraviniendo el evangelio”, dice Raúl Vera López, obispo de Saltillo.
El dominico que en 2010 recibió el premio de la Fundación Rafto para los Derechos Humanos comparte con Proceso sus opiniones sobre la situación –que califica de “desastrosa”– de la seguridad, la política y la economía del país.
Considerada una de las voces más críticas de la Iglesia católica y ordenado obispo por Juan Pablo II en Roma en enero de 1988, enfatiza que si aquélla –por sus nexos con el poder– se resiste a estar al lado de las luchas sociales, “ese día se hace un haraquiri”.
Sostiene que la violencia ha cambiado el rostro de la república. Las decenas de miles de muertos en este sexenio han sumergido al país en la zozobra, al grado de que “como ya lo denuncia un artículo de Le Monde, México es el país más mortífero del globo”.
“El crimen organizado sigue operando impunemente debido a que el Estado mexicano ha fracasado en su estrategia”, apunta.
El reinado que ejercen los cárteles de la droga en algunas regiones “delata el fracaso de la estructura del Estado, ya que ha sido incapaz de responder con una procuración fuerte de justicia. Pero ese desajuste se manifiesta debido a la corrupción, que es lo más grave, y no por la ineficiencia”, señala.
Quien en 1995 fuera nombrado obispo coadjutor de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para trabajar junto con Samuel Ruiz, cuenta que actualmente el Tribunal Permanente de los Pueblos elabora un diagnóstico sobre la situación del país. “Las primeras pruebas que ya se presentaron en la audiencia inicial en Ciudad Juárez señalan que en México no existe un Estado de derecho, lo cual es más que evidente”.
El fracaso estructural del Estado frente al narcotráfico, opina, se debe al mal que ha caracterizado a la función pública mexicana: “La ausencia de justicia en los casos del crimen organizado se debe a la corrupción. La manera de solucionar el lavado de dinero en el banco HSBC, sin juzgar a ningún funcionario del banco y sólo poniendo una multa, es corrupción”.
Por la corrupción, insiste, se negaron a investigar las denuncias de la compra del voto en las pasadas elecciones presidenciales. Y por esa misma razón las autoridades mexicanas no indagaron a Tomás Yarrington sino hasta que fue denunciado en el extranjero.
Dice que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia sólo se pueden esperar cambios en la manera personal de gobernar y no modificaciones profundas, ya que del partido corrupto que lo llevó al poder únicamente se puede esperar que engendre más corrupción.
“La mitad del pueblo mexicano no creyó en Felipe Calderón por la manera como entró y ahora se repite la historia.”
Destaca que los pasados comicios estuvieron plagados de situaciones ilícitas y por eso llega un nuevo presidente sin confianza ni legalidad “porque no hubo limpieza en los comicios”.
“Si ellos quieren confianza debieron ganar limpiamente. Si quieren confianza debieron llamar a nuevas elecciones. Pero eso no les interesa, como tampoco les interesa el pueblo mexicano. Va a llegar una nueva administración gracias a la corrupción. El régimen corrupto no puede producir otra cosa que corrupción.”
La evaluación que podemos hacer sobre lo que vendrá con Enrique Peña Nieto se puede vislumbrar “con lo que hicieron en la elección”. Precisa que un ejemplo significativo sobre lo que viene está en los albergues para migrantes en el Estado de México.
“Están siendo perseguidos en estos momentos. Es decir que la política migratoria del Estado mexicano va ser el control de los migrantes para que no pasen a Estados Unidos.
“A quienes defendemos a los migrantes nos queda claro que se van a cumplir compromisos. Nos anuncian que ya tienen compromisos hechos y que nos apartemos, que nos atengamos a los que viene”, agrega.
El nuevo PRI, indica, no buscará acabar con la corrupción que creó el actual régimen: “Nos sentimos ofendidos por su cinismo. Cómo vamos a creer que buscan el progreso del pueblo. No les creemos. Muchos mexicanos no pensamos que busquen nuestro bien, que quieran rehacer a la nación. Para ellos el pueblo no cuenta. Nosotros los ciudadanos vamos a seguir soportando las muertes, las ejecuciones, las vejaciones, extorsiones y desapariciones”.
Pasta de Conchos
La arquidiócesis de Saltillo se ha caracterizado por la solidaridad con los mineros. Tras la tragedia de Pasta de Conchos, Vera encabezó la defensa de las familias que perdieron a padres, esposos, hermanos o hijos.
Vera llegó al lugar de la tragedia poco después de la explosión de la mina, la madrugada del 19 de febrero de 2006. Un día después la empresa –perteneciente a Grupo Minero México, de la familia Larrea– informó que “estaban desaparecidos los cuerpos” y decidió no efectuar ninguna labor de rescate, ignorando la posibilidad de que alguno de los 65 mineros aún estuviera vivo.
En 2007 se descubrió que la estructura del tiro más cercana a la bocamina –donde estaba la mayoría de los mineros– quedó completa, así que es posible que simplemente los hayan dejado morir.
“Es el único caso en la historia de la minería mexicana en el que no se intentó recuperar los cuerpos; si hubiesen ido por ellos y los hubieran encontrado en la parte del tiro que no se colapsó, se evidenciaría que los dejaron enterrados vivos. Los cadáveres hablarían y mostrarían la corrupción vil y la complicidad entre empresas y autoridades”, dice.
Señala que persisten graves problemas en la región carbonífera. Por un lado está la ausencia del sindicato minero en los procesos de justicia. “En el caso Pasta de Conchos el sindicato tiene grandes ausencias, no lo quieren aceptar y les pesa mucho.
“El sindicato debería exigir más inspectores, capacitación y mejores salarios para los obreros de la región”, apunta.
Otro defecto es la complacencia de las autoridades federales con los empresarios: “No hay sanciones contra ellos. Les cierran las minas y no los sancionan por las muertes que causan con su negligencia. En este momento las autoridades laborales están defendiendo a las empresas y no a los obreros”.
Ahora hay un gran desorden para explotar el carbón, a tal grado que hasta se abren tajos en zonas habitadas: “Se están metiendo donde no se deben meter, poniendo en peligro a la población. Hacen lo que quieren porque no tiene control, a nadie sancionan”.
La deuda de Coahuila
Respecto a la deuda de Coahuila exige: “¡Que abran los libros! El Congreso estatal los tiene cerrados. Que se abran y que se conozca en qué se gastó ese dinero”.
Demanda que se aclare si la inversión realmente se destinó a obras públicas. “Que abran los libros ya que la Procuraduría General de la República dice que no se puede implicar al exgobernador porque las pruebas están cerradas por los diputados.
“Ahora que ya salió que Humberto Moreira quiere ser alcalde, que el partido que lo postule primero trasparente su administración”, demanda.
Subraya que quieren hacer creer que persiguen el fraude de contratar deuda ilegalmente porque acusan al funcionario menor que contrató la deuda: Javier Villarreal.
“Estamos ante una desviación del poder y ese es uno de los crímenes más grandes contra el pueblo mexicano. Trasfieren las responsabilidades. En lugar de señalar al gobernador se persigue a sus subordinados. ¡Qué curioso!”
Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en su reporte anual sobre derechos humanos el caso de Humberto Moreira como uno de los mejores ejemplos de la corrupción oficial en México.
“Todo lo anterior anuncia un camino de desajuste aun más grave. Los ciudadanos ya no podemos permanecer así, nos debemos organizar para enfrentar esto por la vía pacífica.”
Apunta que hay intentos serios de organización para enfrentar la desastrosa situación del país. Entre ellos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o el #YoSoy132 “que es la muestra más diáfana, es un movimiento muy fresco con declaraciones muy valiosas y persistentes manejando temas muy importantes”.
Es indispensable que la Iglesia apoye a los actuales movimientos del pueblo mexicano que pelean por la justicia social, de lo contrario “estaría negando el evangelio”, enfatiza.
Señala que la Iglesia tiene una estructura extraordinaria en sus parroquias. “Tiene una estructura en sus diócesis. Y debería organizarse junto con el pueblo de una manera racional para enfrentar de forma adecuada e inteligente un proceso de reajuste del país”.
En el momento que la Iglesia se resistiera por sus nexos con el poder, ese día la Iglesia se suicidaría.
“Porque el pueblo tiene sentido común y entiende que la justicia es parte del evangelio y que en un momento dado los sacerdotes y obispos no nos aliamos con ellos, pues pensarían: ‘Para quién trabajan’.”
Recuerda que hay documentos episcopales que afirman con toda claridad: “Si alguien dice estar anunciando el reino de la vida en una situación donde existen signos de muerte y no remueve esos signos de muerte, que no diga que está anunciando el reino de la vida. Está anunciando el reino de la muerte”.
Recuerda que Juan Pablo II, en su visita a México en 2005, les dijo a los obispos: “Si México tiene tantos católicos, ¿cómo es que está el narcotráfico en la administración pública, cómo es que hay tanta pobreza, tanta injusticia? A ver, explíquenme cómo están ustedes evangelizando a sus laicos. Enséñenles la doctrina social de la Iglesia”.
Para el obispo de Saltillo es muy importante que la sociedad intervenga en la conducción del país ya que los estados se han adelgazado por el modelo económico que se ha impuesto: “Si no apoyamos las luchas populares estaríamos contra la política social de la Iglesia e iríamos contra el evangelio.
“Si la gente decide organizarse por la vía pacífica, como todavía tiene tiempo de hacerlo, para intentar recuperar el país, y si la Iglesia se hace a un lado y se niega, no tiene futuro”, concluye.
