Víctima de su propia inacción y servilismo ante el Ejecutivo, el Poder Judicial se ha limitado a sí mismo y ahora no puede proteger ni a sus funcionarios que han sido víctimas de atropellos por parte de militares, los mismos que en el fragor de la lucha contra el narco no distinguen amigos de enemigos. Por más esfuerzos que ha realizado, el Consejo de la Judicatura Federal no ha podido llevar ante la justicia a marinos que hace año y medio allanaron ilegalmente la casa de un juez federal en Nuevo León.
Ni el Poder Judicial de la Federación (PJF) pudo con la impunidad de los marinos de Felipe Calderón. Autolimitado, no fue capaz de llevarlos a juicio por el violento e ilegal allanamiento a la casa de un juez federal en Guadalupe, Nuevo León.
A pesar de las afectaciones emocionales a los hijos del juez y de los daños a su vivienda, el poder que se encarga de impartir justicia sólo obtuvo una “disculpa institucional” de la Secretaría de Marina (Semar) y una petición de “generosidad y patriotismo” para apoyar a la Armada de México y a Calderón en su “lucha contra la delincuencia organizada”.
Desde hace más de un año el PJF ha esperado más que una disculpa. Desde abril de 2011 le ha pedido a la justicia militar que investigue y sancione a los responsables del cateo ilegal a la casa del juez Francisco Eduardo Flores Sánchez, ahora magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey.
Ni Calderón ni la Semar han hecho nada por investigar, a pesar de las peticiones formales e informales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales y que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza.
Las peticiones se hicieron ante el propio Calderón y el titular de la Semar, Francisco Saynez Mendoza, mediante una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia Militar. La respuesta fue sólo una carta de “disculpas y ruegos” a pesar de la afectación a los hijos del juez, dos de ellos menores, y a su propiedad.
De acuerdo con la denuncia de hechos, la tarde del 7 de febrero de 2011 infantes de marina encapuchados ingresaron violentamente al domicilio del entonces juez cuarto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León.
Flores Sánchez y su esposa no estaban en su casa, en el municipio de Guadalupe. Habían ido a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al funeral de una de las hermanas del juez. Sólo se encontraban sus hijos Andrea Sofía, de 19 años, y dos menores de 15 y 10 años.
“Alrededor de las cinco de la tarde, vía telefónica, la mayor de mis hijas me informó llena de pánico que mi domicilio había sido allanado por alrededor de 20 hombres que ingresaron a través de las bardas que colindan con la calle, apoyados en la excusa de que habían recibido una denuncia anónima de vecinos” y de que el color de la puerta de la casa coincidía con la del inmueble donde ocurrían “eventos sospechosos”, relató el juez en un escrito que envío cuatro días después de los hechos al ministro Silva Meza y a varias instancias del CJF.
Los infantes de marina, impulsados por Calderón para realizar operativos en tierra como lo hacen los marines estadunidenses, rodearon la casa y entraron hasta la recámara del juez “donde abrieron clósets y armarios, mientras mis hijos llenos de temor permanecían en otra habitación tratando de resguardarse de lo que parecía un atentado contra su vida”, sigue Flores Sánchez.
Al lugar llegó uno de los tíos que habían quedado a cargo de sus hijos. “Trató de explicarles que era la casa de un juez federal, que no estaba en la ciudad por razones personales, que no había motivo para ingresar de ese modo y que solamente se encontraban los menores, quienes podían resultar dañados”.
Sin escuchar razones la respuesta de los marinos fue contundente: “Nosotros también somos federales”. Agregaron que seguían un procedimiento acostumbrado. Aun así, cuenta el juez, su cuñado logró entrar a la casa e impedir que derribaran la puerta de la habitación donde los menores se habían refugiado. La hija mayor de Flores Sánchez sufrió un desmayo, lo que aumentó el miedo de sus hermanos. Uno de los “encapuchados”, entrecomilla el juez, se presentó como médico para reanimarla, mientras que sus dos hijos menores lloraban angustiados.
Ofensiva presidencial
El impartidor de justicia pidió a dos actuarios del juzgado cuarto de Distrito en Materia Civil que fueran al destacamento de la Marina para pedir información del operativo y les explicaran la actuación de los militares. Los recibió un oficial que se identificó como teniente, de nombre Víctor Carmona, y con el cargo de asesor jurídico. Les dijo que la denuncia anónima resultó falsa pero que aquél era el modo acostumbrado de operar.
Indignado el juez advirtió al CJF: “Al margen de que los hechos aquí narrados pusieron en grave riesgo la integridad y seguridad de mis hijos y del descrédito social al que hemos sido expuestos, pues ante la comunidad que nos rodea quedó impresa la imagen de que somos personas vinculadas con el delito, subsiste la duda legítima de que si en verdad se trató de una confusión y no de una acción premeditada y dirigida”.
Días antes del allanamiento Calderón había iniciado una arremetida pública contra los integrantes del Poder Judicial por la liberación, en Ciudad Juárez, del alegado asesino confeso de la hija de Marisela Escobedo, quien meses después también fue asesinada. El panista acusó a los jueces de ser simples “verificadores de requisitos”.
En junio siguiente, cuatro meses después del cateo a la casa de Flores Sánchez, Calderón volvió a sus públicas y severas críticas a los juzgadores. Durante el primer encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Chapultepec, el mandatario acusó de corruptos a integrantes del Poder Judicial y dijo tener información sobre varios de ellos.
“Ya me sé la cantaleta de los jueces. Yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben. He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido o que dialogan con criminales y que liberan a criminales”, respondió cuando en el diálogo fue requerido por la impunidad de las organizaciones delictivas y de la entonces reciente liberación del político y empresario Jorge Hank Rhon.
Ante la acusación, Silva Meza fue a Los Pinos a pedirle al presidente información para actuar contra los juzgadores aludidos. Hasta la fecha Calderón no ha entregado nada, pero sí continuó su arremetida contra los jueces que han negado la formal prisión a personas acusadas por su gobierno de pertenecer a la delincuencia organizada.
En su escrito al CJF Flores Sánchez señaló: “Es cierto que los momentos difíciles y de convulsión por los que atraviesa el país ameritan medidas drásticas a fin de obtener resultados positivos en las investigaciones; pero esto no puede ni debe equipararse, por ningún motivo, a un estado de excepción en el que se permita llegar al extremo de que los propios funcionarios encargados de velar por el control de la Constitución sean víctimas también en sus derechos fundamentales, como sin duda ocurre a menudo con ciudadanos comunes y corrientes”.
Apoyado por los jueces y magistrados del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, que se solidarizaron con él, Flores Sánchez consideró que “siguiendo esta forma de operar” los encargados de impartir justicia “podamos ser objeto en el futuro de represalias funestas a cargo de quienes cooperan y actúan ocultos con el medio delincuencial”.
En una comunicación oficial a los ministros de la Corte y a los consejeros del CJF, los jueces primero, segundo y tercero de distrito en Materia Administrativa; primero, segundo y tercero en Materia Civil y de Trabajo, y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en Materia Penal, todos del Cuarto Circuito en Nuevo León, se quejaron por las “diversas violaciones a los derechos fundamentales” del juez Flores Sánchez, “producto de un ejercicio excesivo de poder por parte de elementos de la Secretaría de Marina”.
En los mismos términos en una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los jueces y magistrados acusaron a los marinos de haber allanado el domicilio del juez “sin que existiera orden escrita que hubiera expedido autoridad judicial competente”.
La burla
El pleno del CJF, en su sesión del 16 de febrero de 2011, decidió dirigirse oficialmente al secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, para expresarle su “gran preocupación” y “profunda consternación” por la acción de los marinos contra el juez y pedirle “un informe con carácter de urgente sobre las causas y motivación constitucional que para ello hubieran existido dada la naturaleza grave de los hechos mencionados”.
La Marina tardó casi un mes en contestar. Pero no fue desde la oficina del secretario Saynez sino de la del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante José Santiago Valdés Álvarez, responsable de la operación de los cuerpos especiales de infantes de marina.
En escrito fechado el 8 de marzo siguiente, Valdés confirmó que los hechos “efectivamente fueron protagonizados por elementos de la Armada de México, habiendo sido realizados en respuesta a una denuncia anónima”.
En seguida escribió lo que en el Poder Judicial de la Federación se consideró una burla: “Sobre el particular apelo a su generosidad y patriotismo para entender que (la actitud de) los miembros de la Armada hacia los moradores del inmueble en cuestión fue atenta, considerada y motivada por una genuina preocupación por su propia seguridad, dada la denuncia recibida y la situación que prevalece en el país ante el embate del crimen organizado”.
Más aún, señaló al tío de los menores como informante: “Gracias a la información proporcionada por la persona a cargo del joven (sic) y los menores que se encontraban en el domicilio fue posible obtener datos que permitieron intervenir la casa de enfrente, habiéndose obtenido resultados positivos, que contribuirán a hacer más eficiente la lucha del crimen organizado (sic)”.
La Semar, sin embargo, no emitió ninguna información posterior relacionada con el cateo. En sus boletines oficiales de los siguientes dos meses no apareció ninguna mención relacionada con “la casa de enfrente”.
Sin anunciar ninguna investigación, el jefe del Estado Mayor de la Armada le pidió al CJF “su entendimiento ante las circunstancias prevalecientes” y le rogó “aceptar las disculpas institucionales”.
Inconforme con la respuesta, el CJF presentó el 27 de abril de 2011 una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia Militar. Señaló a los infantes de marina como presuntos responsables de un delito al entrar al domicilio del juez “sin mandato judicial, ocasionando con ello los consecuentes daños materiales en el inmueble y emocionales en los hijos del juzgador”.
Le pidió “practicar todas las diligencias necesarias para dilucidar la existencia de probables ilícitos, y en su caso ordenar el inicio de la averiguación previa correspondiente, y en el momento procesal oportuno, ejercitar la acción penal correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito o ilícitos que tenga a bien determinar esa representación social federal”.
La denuncia se hizo en un escrito dirigido al general de brigada del Ejército Juan Figueroa Vargas, firmado por el director general de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del CJF, Miguel Francisco González Canudas. La denuncia se presentó ante el general Figueroa porque el Ejército está a cargo de los tribunales que juzgan los delitos y faltas cometidos por cualquier efectivo de las fuerzas armadas.
En su primera sesión de mayo siguiente, el pleno del CJF insistió en la denuncia ante la Procuraduría de Justicia Militar, toda vez que “ya pasó un tiempo considerable desde la última solicitud al secretario de Marina para que informe sobre las acciones tomadas por esa institución para que dichos hechos sean atendidos conforme a derecho”.
Medidas tardías
El Poder Judicial ha sido víctima de su propia inacción. Durante años omitió pronunciarse sobre el alcance del fuero militar. Apenas en agosto pasado comenzó a establecer criterios sobre la aplicación de justicia para los militares que cometan delitos contra civiles.
Sin establecer jurisprudencia, que obligaría su aplicación por parte de todos los jueces federales, la SCJN asentó el criterio de que los delitos cometidos por efectivos de las fuerzas armadas contra un civil deben ser investigados y sancionados por la justicia ordinaria.
También declaró la inconstitucionalidad de la fracción del artículo 57 del Código de Justicia Militar que le ha permitido a ésta hacerse cargo de esos casos, en especial de aquellos en los que hay graves violaciones a los derechos humanos. Esa disposición, señaló, es contraria al artículo 13 de la Constitución que prohíbe la extensión de la justicia castrense hacia cualquier persona que no pertenezca a las fuerzas armadas.
En el allanamiento ilegal al domicilio del juez Flores Sánchez, el propio CJF dejó el caso en la justicia militar, que ni siquiera lo admitió, según la respuesta de la Semar.
Antes de ese cateo sin orden judicial, los marinos ya habían sido acusados de cometer abusos en distintas partes del país. Hasta el 20 de agosto pasado la CNDH había abierto mil 27 quejas contra efectivos de la Semar por diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos.
El organismo ha emitido recomendaciones contra la Semar por casos de homicidio, tortura, detención arbitraria y desaparición forzada de personas, retención ilegal –incluido el caso de un niño de tres años en Colima– y cateos ilegales como el sufrido por el juez Flores Sánchez en su domicilio. Algunos de los casos más graves han ocurrido en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Colima, Morelos y Tabasco.
