El PRI se queja de las impugnaciones a la elección federal y a la de Guadalajara, pero actualmente se dedica a revertir en tribunales los triunfos del Movimiento Ciudadano en varios distritos y alcaldías, incluyendo la de Puerto Vallarta. Los recursos priistas han encontrado tanto eco en los tribunales electorales estatal y federal, que el diputado electo Clemente Castañeda denuncia una colusión para despojar al MC de los puestos que ganó en las urnas.
Por la falla de una urna electrónica, el jueves 13 la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó los resultados de la elección municipal de Cuquío; anuló el triunfo del partido Movimiento Ciudadano (MC) y se lo dio a la coalición PRI-PVEM.
Como sólo es uno de los reveses que ha sufrido recientemente el partido debutante en el Congreso local, el próximo coordinador de su bancada, Clemente Castañeda, denuncia que hay una especie de conspiración entre el PRI y las autoridades electorales para revertir los puestos que ganó su partido.
Primero, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) sancionó al MC durante la campaña por “denigrar” con su propaganda al entonces candidato priista a gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval; pasadas las elecciones, el mismo órgano le quitó al MC la diputación por el Distrito 17 para dársela al PRI; el jueves 13 el TEPJF resolvió el cambio en Cuquío, y ahora está en peligro la victoria más sonada de MC, que es la de Puerto Vallarta.
En este municipio, dice Castañeda, se pretende anular el triunfo de Ramón Guerrero Martínez, El Mochilas.
Según el diputado electo de MC, “lo que están tratando de hacer en el PRI es configurarle alguna anomalía a la elegibilidad del candidato. El PRI presentó un recurso alegando que Ramón no se había separado de su cargo como diputado y por lo tanto era inelegible como presidente municipal. Esa es una de las vertientes… las otras no las conozco, pero creo que tienen que ver con supuestos actos anticipados de campaña. El PRI está buscando vericuetos legales para tumbar la elección de Ramón Guerrero”.
Señala que en Puerto Vallarta el triunfo es inobjetable porque se abrieron todas las casillas y se contaron todos los votos, tras lo cual se ratificó la victoria del MC.
Cuquío es uno de los 43 municipios de Jalisco en los que el IEPC implementó las deficientes urnas electrónicas el 1 de julio. Aunque se detectaron inconsistencias en estos artefactos desde el proceso de licitación, el organismo se empeñó en comprarlas en más de 37 millones de pesos a la empresa Pounce Consulting, asociada con Lonas Lorenzo, S.A. de C.V. A su vez, ésta proveyó al gobierno estatal de toldos para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en cuya instalación se detectaron numerosas anomalías.
Incluso el representante del PRI ante el IEPC, Rafael Castellanos, pidió que se revocara el uso de las urnas electrónicas porque no eran confiables.
Autoridades cuestionadas
En vista del fallo del TEPJF, Castañeda da por perdido el municipio de Cuquío:
“El historial que tienen los fallos de los tribunales sobre Movimiento Ciudadano es completamente adverso, y para nosotros absurdo. Estamos convencidos de que tenemos la razón jurídica, pero yo creo que hay consigna en los tribunales para obstaculizar el proyecto de Movimiento Ciudadano. En realidad no es una batalla jurídica, sino de carácter político. Yo veo a los tribunales alineados con el PRI, por eso mi escepticismo (sobre el posible rescate de Cuquío)”.
El TEPJF, dice Castañeda, determinó que en una de las urnas electrónicas de Cuquío existió una diferencia de 210 sufragios, ya que la votación total fue de 462 y sólo se registraron 252 testigos impresos en el acta.
Sin embargo, argumenta, “el bien a tutelar aquí por el TEPJF es el voto, no el procedimiento, y por eso nos parece que la decisión del tribunal es una absoluta aberración”.
En defensa de sus urnas electrónicas, en un boletín de prensa el IEPC informó que la número 00942 tuvo que sustituirse alrededor de las 10:46 horas del día de la votación por la 00097; sin embargo, el instituto afirma que esto no generó problemas porque la votación continuó fluyendo hasta el cierre de la jornada. El organismo electoral agrega que el TEPJF debió considerar los actos precisados en el acta, que concuerdan plenamente con el número de votos emitidos, y no calificar como una irregularidad grave la sustitución de la urna, que no fue asentada en el acta.
No obstante los argumentos del IEPC, Clemente Castañeda opina que deben ser despedidos todos los consejeros de este organismo, empezando por su titular, Tomás Figueroa, y modificar las facultades de sus sucesores.
Y no lo dice únicamente por el asunto de la urna, sino porque desde su punto de vista el organismo fue rebasado por la guerra sucia y el despilfarro de recursos del que hizo gala el candidato Jorge Aristóteles Sandoval, además de fallar en la organización de los debates, pues a toda costa procuró que se hicieran en horarios de baja audiencia en los medios.
Por su fuera poco, añade, el servilismo del IEPC se evidenció cuando su consejo general decidió quitarle la curul al panista Alberto Esquer para dársela a Fabiola Martínez, hermana del senador electo del PAN José María Martínez, con el único pretexto de la equidad de género.
Afirma que la gran cantidad de impugnaciones que los partidos han presentado hacen urgente una reforma política para que no queden impunes las arbitrariedades cometidas por partidos o candidatos y cobijadas por la autoridad electoral:
“No podemos dejar pasar el hecho de que fue una contienda profundamente inequitativa y que hay que legislar en ese sentido; que hubo una guerra sucia sistemática contra el Movimiento Ciudadano, y es otro tema para legislar. No se puede ignorar que la Universidad de Guadalajara participó en los ataques a un candidato y tenemos que poner orden. Hubo fallas en la urna electrónica y en todo el proceso de capacitación de funcionarios de casilla, que trajeron como consecuencia la anulación de varias actas, en algunos casos con volteretas en los resultados”.
Castañeda advierte que aún está pendiente el fallo de los magistrados sobre el recurso de impugnación que presentó el candidato del MC a gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien obtuvo el segundo lugar con 150 mil votos menos que Aristóteles Sandoval.
El proyecto Daniel
Otro inconforme con los resultados de la elección es el exgobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez, quien perdió la presidencia municipal de Guadalajara ante el priista Ramiro Hernández, cuyo triunfo ratificó el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) el lunes 10.
Ese día, en rueda de prensa, Cárdenas criticó la resolución de los magistrados y afirmó que uno de ellos es tío del gobernador electo:
“Al Triejal le quedó grande el paquete. Cedió a las presiones del PRI. Se designó como ponente al magistrado Julián Rosa, tío del gobernador electo, Aristóteles Sandoval, quien se negó a abrir paquetes electorales; ignoró y ocultó pruebas, y solapó la violación al artículo 130 constitucional”.
El panista, que exigía la apertura de mil 82 casillas (casi el 50% de las instaladas en Guadalajara), se quejó de que el Triejal no llegó al fondo del problema y pasó por alto las pruebas que su partido entregó para documentar actos proselitistas de iglesias evangélicas y cristianas a favor del PRI.
Una de estas es un video en el que aparece Albino Galván Martínez –uno de los dirigentes de la comunidad cristiana y primo de Javier Galván, regidor del PRI en Guadalajara– alentando a los creyentes a votar por los aspirantes de ese partido y lanzando la consigna de alcanzar 47 mil sufragios.
Ante el fallo adverso del Triejal, Cárdenas Jiménez recurrió a la Sala Regional del TEPJF y el martes de la semana pasada, en rueda de prensa, expresó su “confianza” en que esa instancia sí considere las pruebas que se le presentaron, entre ellas un boletín de prensa emitido por el Comité Estatal del PRI el 18 de junio y en el que se informa de una reunión de Aristóteles Sandoval y el Consejo Pastoral de Occidente, que ratifica su compromiso de entregarle 47 mil votos.
“En nombre de los integrantes de este grupo religioso, Albino Galván informó a Aristóteles Sandoval (y a otros candidatos priistas ahí presentes) que superaron su objetivo y que por ello hasta ese momento había “47 mil 200 promovidos para ustedes en todo el estado”, dice el boletín, que todavía puede consultarse en la página web del PRI Jalisco.
Cárdenas Jiménez –quien fue gobernador, secretario de Estado y senador–, expresa que más allá de que se pueda comprobar o no que cada miembro de las iglesias evangélicas votó por el PRI, es claro que se violó el artículo 130 constitucional, que prohíbe la participación de asociaciones religiosas en la política.
Agrega que el PRI tiene una relación cercana con las iglesias evangélicas y que Aristóteles Sandoval facilitó la apertura de centros doctrinales, pues cuando empezó su periodo como alcalde en 2010 sólo había 160 y actualmente hay 474, es decir que se abrió uno cada tercer día.
El excandidato se dice preocupado porque en aquella reunión las iglesias evangélicas le presentaron a Sandoval Díaz el proyecto Daniel, que según el boletín del Comité Estatal del PRI pretende “incidir en los gobernantes para que escuchen a la iglesia cristiana y lograr un cambio en sus corazones, y se vea reflejado en la toma de decisiones dentro del gobierno”.
Cárdenas asegura que dicho proyecto tiene propósitos más ambiciosos, que favorecen la influencia de dichas iglesias en el ámbito político.
De acuerdo con el comunicado que menciona Cárdenas, a la reunión con los evangélicos asistieron también los alcaldes electos de Guadalajara, Ramiro Hernández García; de Zapopan, Héctor Robles Peiro; de Tlaquepaque, de Alfredo Barba Mariscal; de Tonalá, Jorge Arana Arana; y el senador Jesús Casillas Romero.
