Señor director.
Hace cuatro años, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, los suscritos adquirimos viviendas defectuosas que no han sido reparadas por su constructor y vendedor, Guillermo Alejandro Márquez Camacho, dueño de la inmobiliaria Zeuqram, S.A. de C.V., a pesar de las disposiciones de autoridades que ha recibido en ese sentido, y no obstante lo que al respecto publicamos en Palabra de Lector el año pasado (Proceso 1828).
Recordamos al respecto que investigaciones científicas realizadas por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (Imcyc) determinaron, tras una inspección estructural y pruebas de resistencia del concreto, que había una mala calidad de los inmuebles.
Ahora bien, en nuestro largo peregrinar por diversas instituciones municipales, estatales y federales –la mayoría de las cuales han sido omisas en hacer que se cumpla la ley–, la Dirección de Protección Civil emitió un documento que no sólo confirmó y fundamentó nuestras demandas, sino que indicó que las viviendas debían ser evacuadas de inmediato, en tanto que la Procuraduría Federal del Consumidor expidió un resolutivo donde se asienta que sí fueron violentados de manera grave nuestros derechos como consumidores.
Asimismo, descubrimos que Márquez Camacho y su empresa no recibieron las licencias de construcción correspondientes; que algunas escrituras presentan irregularidades, y que en documentos expedidos por el municipio hay dos firmas distintas para una misma persona, y una misma persona con dos firmas diferentes.
Peor aún, en el contrato de compraventa que funge como escritura se asienta que nuestros inmuebles están dados en garantía por dos préstamos que el Banco Azteca otorgó a favor de Alejandro Márquez.
Por todo lo anterior, hace ya más de un año interpusimos una demanda penal por fraude en contra de Alejandro Márquez Camacho, pero ésta se encuentra estancada en etapa de averiguación previa dadas las influencias del demandado.
Pese a los actos de corrupción, tráfico de influencias, encubrimiento, omisión e impunidad que rodean a nuestro caso, exigimos a las instancias federales, estatales y municipales correspondientes que se nos entregue una vivienda digna, segura, confortable y duradera, además de que se corrija el contrato de compraventa (escritura), como lo ofreció la inmobiliaria. (Carta resumida.)
Atentamente
María de Lourdes García Rodríguez, Leticia Hernández Ortiz, Patricia Hernández Rojas, Helier Andrade Aragón, Carlos Alfredo de Jesús Escalante Ceballos, Martín Pedro Pérez Peña, María Patricia Sandoval Tapia, Enrique Ramos Jiménez, Luis Ramos Jiménez y María Leticia Hernández de la Rosa (responsable de la publicación).
