Afortunadamente no todos los países de América Latina se están dejando dominar por los monopolios de telecomunicaciones. En esta región hay dos compañías que se disputan el mercado de telefonía celular: América Móvil (AM) de Carlos Slim y Telefónica del grupo español. Salvo en México, cuya empresa se denomina Telcel, en el resto del continente la firma de AM se conoce como Claro. Algunas fuentes señalan que AM es la dominante en los países latinoamericanos y la cuarta más grande del mundo en cantidad de suscriptores.
Claro opera en 17 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Y en varias de estas naciones se ofrece el triple play. En la publicidad de la marca, por ejemplo en Perú, se ofrecen paquetes satelitales muy parecidos a los de Dish y se anuncia con un ícono idéntico.
Hace ya varios meses que Claro tuvo problemas en Argentina. En mayo el gobierno le impuso una multa de más de 2 millones de dólares por haber dejado sin servicio a sus usuarios durante cuatro horas. También desde entonces América Móvil había anunciado que buscaba invertir 249 millones de dólares en telecomunicaciones. Con 50 millones de teléfonos celulares, número equivalente a 110% de la población, el negocio se presentaba como promisorio. Sus competidores son Movistar, Personal (grupo local) y Nextel.
Argentina lanzó una convocatoria para subastar por 25% del espectro de 3G, un ancho de banda que permite rápidas conexiones de internet y telefonía. El grupo de Slim habría sido el único en ofrecer un monto aceptable, sin embargo otorgarle al mismo consorcio una cuarta parte más de esta modalidad significaba ampliar la dominancia de un operador de por sí muy fuerte en Argentina y en toda la región; asimismo, tomar tal decisión devendría en fortalecer el oligopolio internacional. De modo que, ante la disyuntiva, el régimen de Cristina Kirchner dijo no. El argumento fue: “Estamos hartos de los monopolios”.
Si bien se considera necesario explotar esa banda del espectro pues el crecimiento del sector lo hace altamente rentable y un desperdicio no utilizarlo, para operarla el gobierno argentino establecerá una empresa pública denominada Arsat. Seguramente los precios de esta nueva oferta serán competitivos con los privados que hoy acaparan a los suscriptores.
El caso argentino es interesante por cuanto contrasta con el desorden, la discrecionalidad y la actitud servil de los reguladores mexicanos ante los grandes capitales, nacionales o extranjeros, que se han apoderado del espectro, encareciendo el servicio, reduciendo las ofertas, bajando la calidad. La errática política del PRI-PAN permite despojar a la nación de sus bienes originarios.
