En 2010, el primer año que Aristóteles Sandoval estuvo al frente del ayuntamiento tapatío, 21 funcionarios y empleados del DIF Guadalajara cometieron innumerables ilícitos –juicios mercantiles millonarios sin el debido seguimiento, nepotismo, duplicidad de pólizas– por 44 millones de pesos, según el reporte sobre la auditoría practicada al DIF de Guadalajara.
Entre enero y abril de 2011, la contraloría de Guadalajara realizó una auditoría al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tapatío para conocer la forma en que ejerció los 246 millones de pesos de su presupuesto correspondiente a 2010, el primer año de gestión del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en el ayuntamiento, y encontró irregularidades por casi 44 millones de pesos, entre ellas la evasión de impuestos.
En su informe, el organismo fiscalizador alude a gastos sin comprobar por parte de funcionarios, juicios mercantiles millonarios a los que no se les dio el debido seguimiento, nepotismo, duplicidad de pólizas, rebase del presupuesto contemplado para el organismo con el fin de cubrir la nómina y el no ejercicio de varias partidas.
Los auditores también encontraron falsificación de firmas para el cobro de recursos públicos, adjudicaciones directas no sustentadas, entrega de comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales, compras no autorizadas, pues carecen de facturas y orden de requisición, pagos dobles por un mismo servicio, retención del impuesto sobre la renta (ISR) por debajo de lo real, sobre todo en funcionarios de primer nivel.
En la revisión del manejo de las cuentas bancarias de la dependencia, la contraloría encontró omisiones en los registros de algunos movimientos contables; pagos sin el “soporte documental” correspondiente, y entrega de cheques a particulares que no figuran en el padrón de proveedores. Bajo el concepto “bancos” las irregularidades sumaron 749 mil 195 pesos.
“Lo más preocupante de esta situación es que teniendo tantas anomalías en el rubro de bancos se haya realizado la entrega de la cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio 2010, mediante oficio DG/202/2011 de fecha 28 de febrero de 2011, sin estar conciliadas todas las cuentas bancarias pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia”, asientan los auditores en su reporte.
Y agregan: “Al no proporcionarnos las conciliaciones bancarias del mes de diciembre (de 2010) de las cuentas 274554909, 4292108126 y 2745497929, todas de Banamex, se procedió al levantamiento de un acta circunstanciada con fecha 11 de abril (de 2011) en contra de la encargada del área de finanzas” Liliana Otal Lobo, hermana del entonces director de Recursos Humanos del ayuntamiento tapatío, Sergio Otal.
Destacan también que el organismo asistencial entregó a Martha Elia Naranjo Sánchez, líder del sindicato Democrático de Trabajadores del Sistema DIF Guarderías y Preescolar (SDTSDGP) 206 mil 154 pesos por concepto de cuotas sindicales, pero los “cheques se encuentran a su nombre y sin la leyenda de abono en cuenta del beneficiario, lo que contradice lo establecido en el artículo 31 fracción III párrafo V de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde menciona la obligación de la leyenda en mención”.
Según ellos, Naranjo Sánchez no entrega recibo de cuotas del sindicato, “sino que solamente existe relación de los empleados afiliados”.
Otro dato que evidencia la auditoría es que el DIF Guadalajara paga la telefonía celular del SDTSDGP, lo que, subrayan, “resulta incongruente, ya que no existe en el contrato colectivo de trabajo la obligación para que el Sistema cubra el pago del servicio. Además de que los cheques fueron firmados de recibido por Nora Elia Pérez Mar”.
La auditoría también indica que en febrero de 2010 se compraron vales de despensa por 171 mil pesos, pero sólo se entregaron los equivalentes a 86 mil 752 pesos.
Presupuesto inflado
De su presupuesto correspondiente a 2010, según los auditores, el DIF tapatío destinó 83% a “servicios personales”, lo que “refleja una mala planeación, dado que no es aceptable que el Sistema destine un porcentaje tan amplio en nómina cuando debiera destinarse a la operatividad del mismo, lo cual permitiría cumplir adecuadamente los objetivos para los que fue creado”.
Las irregularidades son múltiples. En diciembre de 2010, por ejemplo, una sola empleada, Marina Estrada Pérez, del departamento de Coordinación de Nutrición, firmó “por ausencia” los recibos de nómina de cinco de sus compañeros.
A Bertha Lenia Hernández Rodríguez, exdirectora del DIF Guadalajara, cuando cobró como empleada del departamento de Formación Infantil, sólo le retuvieron 523 pesos por concepto de impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT), cuando la suma debió ser de 5 mil 787 pesos. A otros funcionarios, el propio DIF les pagó el ISR, cuando el gasto lo deben hacer los servidores públicos.
Cuando los auditores compararon la nómina de sueldos –que suma 175millones 594 mil pesos–, publicada en la página de transparencia del DIF junto con la del área de Recursos Humanos, las cifras tenían una diferencia de casi 6 millones de pesos. De eso se desprende, según el informe, que la dependencia gastó 6% más de lo contemplado en el gasto anual.
Otras partidas que se salieron del presupuesto fueron Gratificación Anual, Compensaciones de Servicios, Aportaciones para el Seguro de Ahorro para el Retiro (SAR) y cuotas al fondo de pensiones. En contraste, se dejaron de ejercer otras partidas como la de Apoyo Educacional y Apoyo para Transporte, así como la de Capacitación y Desarrollo, y la de Seguros de Vida.
En el DIF Guadalajara existen 65 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); a su personal se le envió un reglamento sobre el uso de cajas chicas, pero hicieron caso omiso. “No se lleva un control o registro de gastos en los centros, ya que no se comprueban las compras que se realizan con el fondo revolvente (…) Esto ocasiona que toman lo necesario de los ingresos que obtienen de las cuotas y al momento de hacer el corte sólo hace la anotación de qué cantidad fue la que cobró, cuánto se gastó, y depositan la diferencia”, apuntó la contraloría.
Los Cendis reciben ingresos por cuotas de recuperación de los servicios de laboratorio, pláticas prematrimoniales, servicios médicos y dentales, así como de los centros de desarrollo infantil y comunitario, entre otros. Sin embargo, los comprobantes de pago que entregaron a los usuarios no son válidos, puesto que se debieron comprar las formas valoradas al Congreso local y no mandarlas imprimir con Gustavo Adolfo Montes, quien ni siquiera está en el padrón de proveedores.
Abusos y desorden
La auditoría practicada de enero a abril de 2011 refleja que 21 funcionarios y empleados del DIF Guadalajara dejaron gastos sin comprobar o tuvieron un manejo contable incorrecto por un 1 millón 581 mil 228 pesos.
Los montos más altos de esos gastos corresponden al jefe de Recursos Humanos del DIF, Ricardo Magdaleno Sánchez, y suman 569 mil 685 pesos, y a José Manuel Regalado Quintero, responsable de la Atención Integral a Madres y Padres Adolescentes, con casi 276 mil pesos. En ambos casos los pagos se registraron incorrectamente con cargo a la cuenta de deudores diversos.
Quienes dejaron saldos pendientes de comprobar son: Jorge Lamas Méndez, jefe de Atención a la Niñez en Riesgo, 144 mil 102 pesos; Marco Antonio Castillo la Madrid, jefe operativo de hogar transitorio para la Niñez Villas Miravalle, 135 mil 667 pesos, y la entonces directora del DIF tapatío, Verónica Gabriela Flores Pérez, 133 mil 887 pesos.
Entre los funcionarios morosos que dejaron gastos sin comprobar que van de 6 mil a 67 mil pesos en informe de la contraloría enlista a Julio César Aldana Maciel, director de Fortalecimiento a las Familias; Rocío Guzmán Acosta, coordinadora del Instituto Cultura de Asistencia Social (ICAS), y María Elena Estrada Valle, esposa del entonces director de Recursos Humanos, Sergio Javier Otal Lobo, y cuñada de la jefa de finanzas del DIF tapatío, Liliana Otal.
Sobre Estrada Valle, familiar político de Liliana Otal, la contraloría mencionó que existe un claro nepotismo, “ya que se encuentra en el segundo grado de parentesco por afinidad a pesar de que esto se encuentra prohibido, según lo establece el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.
El caso más destacado es el de Guzmán Acosta, quien no sólo omitió comprobar gastos, sino que desvió recursos, de acuerdo con el reporte. A ella se le señala también de aceptar como válidos recibos que no son fiscales para comprobar gastos, como sucedió con el consumo de alimentos de 42 menores durante los cursos de verano.
Un dato más: Guzmán Acosta pagó dos veces por la compra de nueve instrumentos, por los cuales el DIF erogó casi 130 mil pesos, cuando sólo se debieron pagar 66 mil 600 pesos. En la transacción, según los auditores también estuvo implicada Liliana Otal.
La responsable del ICAS liquidó primero una factura por 66 mil 600 pesos –a nombre de Yara Elena Jaloma Aguilar, quien no aparece dentro del padrón de proveedores del DIF Guadalajara–, correspondiente a la compra de nueve instrumentos musicales. Sin embargo, en la requisición se solicitaron sólo ocho instrumentos cuyo costo era de 62 mil 336 pesos.
De acuerdo con los auditores, el organismo entregó 40 mil 328 pesos en tres abonos, por lo que quedó a deber 26 mil 272 pesos. Aún así, Guzmán Acosta solicitó que se emitieran dos cheques más a favor de Jaloma Aguilar: uno por 40 mil 328 pesos, con fecha 7 de octubre de 2010, y otro por 66 mil 600 el 24 de noviembre siguiente. Los recursos salieron de la partida Gastos Generales Bienes Muebles e Inmuebles. El 20 de diciembre de ese mismo año, Liliana Otal autorizó la emisión de un cheque (el número 3616) por 26 mil 272 pesos a favor de la coordinadora del ICAS.
La “situación –señalan los auditores– deja de manifiesto presumiblemente malos manejos”.
De los ocho instrumentos adquiridos sólo uno se encontraba en las instalaciones del organismo cuando se practicó la auditoría. El resto, según los auditores, fueron prestados “con opción a compra”; sin embargo, tres violines no fueron localizados.
“No existe ningún manual o reglamento que faculte a Rocío Guzmán Acosta a otorgar en calidad de préstamo con opción a compra los instrumentos”, asienta el reporte.
Otro funcionario señalado es el director administrativo Alberto Enrique Mercado González, a quien la dependencia hizo un préstamo de 241 mil pesos que debieron descontársele en 12 quincenas. Los cierto es que él siempre recibió sus cheques completos. El anticipo fue autorizado por la extitular del DIF tapatío, Verónica Gabriela Flores Pérez.
En la revisión que efectuó la controlaría, también encontró que existen dos juicios de carácter mercantil, promovidos en distintas fechas por el DIF tapatío y los cuales ganó el organismo. Uno fue en contra de la empresa D-Trivia.com, a la cual se le reclama un pago pendiente de 11 millones de pesos, y otro contra Juan Francisco Rocha Ruenes por 1 millón de pesos.
Según el acta de la primera sesión ordinaria del Patronato del DIF Guadalajara correspondiente a 2009, la empresa D-Trivia es operadora de la Lotería Nacional y sorteos que promueve pronósticos para la asistencia pública. La empresa, junto con el DIF tapatío, organizó dos sorteos: Triple Dinero y Pozo de la Fortuna, para obtener utilidades de casi 3 millones de pesos.
De acuerdo con los auditores, la directora jurídica Consuelo del Rosario González Jiménez informó al patronato que D-Trivia sólo debía 2 millones de pesos, cuando en realidad eran 11 millones y que el litigio mercantil en contra de esa empresa se inició el 21 de febrero de 2011, y no el 21 de diciembre de 2010 “como se estableció en el acta de sesión del Patronato del Sistema”.
El litigio que el DIF inició contra Rocha se debió a que incumplió con las expectativas de captación de fondos a través del evento Cow Parade, ante esto el organismo asistencial presentó una demanda mercantil que quedó bajo el expediente 2074/07 en el Juzgado 9 de lo Mercantil. El organismo pretendió embargarle un predio rústico de 15 mil 287 metros cuadrados llamado El Saucillo y ubicado en León, Guanajuato.
En otro documento oficial con fecha de 2009 se menciona que la superficie era de 10 mil metros menos. La anomalía radica en que no se registró en el área de finanzas el pagaré y mucho menos se informó que el predio ya le fue adjudicado al DIF Guadalajara.
Más irregularidades
En su informe, la contraloría municipal detectó 16 viajes, pero no indica el destino ni nombre de los beneficiarios. Sólo alude a uno, con destino a la Ciudad de México, supuestamente para recoger un donativo de juguetes para el DIF. Quien usó el boleto fue un mecánico de la dependencia y en ningún caso se anexaron los comprobantes correspondientes.
Los auditores se percataron de que el 31 de diciembre de 2010 se expidió una póliza (la 371) por 142 mil 870 pesos para la Provisión de Becas PAD, pero sólo se anexó la relación de los supuestos beneficiarios, aunque no existe firma ni comprobantes. La misma situación se repitió con la póliza 503, correspondiente a Becas y Apoyos a Estudiantes por 574 mil 709 pesos.
Con relación al programa Mujeres Emprendedoras, que en 2010 estaba a cargo de Julio César Aldana, se detectaron numerosas anomalías, entre ellas la expedición de un cheque a nombre de Adriana Negrete Arana por 2 mil 700 pesos, pero la póliza de egresos asienta que fueron 108 mil pesos.
Además, un cheque a nombre de Alma Rosa Flores González, que debió ser por 2 mil 700 pesos, según la póliza, se elevó a 20 mil 700. En este caso los auditores detectaron que al comparar la firma de la beneficiara con la de su credencial del IFE anexa resultó falsa.
Otro caso es el de Cristina Guadalupe Ochoa, a quien se le terminó el contrato laboral en julio de 2010. Pese a ello, se expidieron 41 cheques a su nombre entre octubre y diciembre de ese año por un total de 189 mil pesos.
Asimismo, los auditores detectaron que varias de las beneficiadas del programa Mujeres Emprendedoras entregaron copia de su credencial IFE con domicilios que no se encontraban en Guadalajara; algunas incluso tenían direcciones de otras entidades. Lo peor: la mayoría de las firmas de las pólizas son diferentes a las de las credenciales de IFE presentadas por las beneficiarias.
Algo similar sucedió con los 40 niños de Villas Miravalle, cada uno de los cuales debía recibir 10 pesos de domingo y una gratificación el día de su cumpleaños. Según la lista entregada por el DIF a los auditores las firmas de los menores también estaban alteradas; de hecho cada semana eran diferentes.
La contraloría también detectó que varios proveedores entregaban facturas consecutivas, como es el caso de Comercializadora Rapifruit y Moraima Vianey Rivas Castillos.
La Posada 2010 del DIF tapatío, para la que se contempló inicialmente un presupuesto de 76 mil 725 pesos, costó 116 mil 725, según los dos cheques expedidos a nombre de un proveedor que ni siquiera está inscrito en padrón.
Asimismo, en enero de 2010 se emitió un cheque para comprar uniformes, pero fue hasta septiembre cuando la dependencia entregó tres facturas que no especificaban el tipo de prendas ni su costo. Una de las facturas presentó una alteración.
Una compra similar fue la de pintura vinílica, por la cual el DIF pagó más de 14 mil pesos, pero nunca especificó qué área se pintó.
