Un pueblo triqui completo tuvo que ser abandonado; los indígenas que hace cuatro años fundaron Valle del Río San Pedro debieron emprender una nueva huida, ahora hacia Tlaxiaco, por las mismas razones que antes los obligaron a emigrar de San Juan Copala: sus vidas estaban amenazadas por uno de los muchos cacicazgos regionales. De nada les valió estar amparados por una medida cautelar de la CIDH. El Estado les ha fallado una y otra vez. Ahora están dispuestos a llevar el caso a la Corte Interamericana con la esperanza de sentar en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón.
PUTLA DE GUERRERO, OAX.- Los triquis sin tierra cumplieron un mes de éxodo. Tras cuatro años de vivir en Valle del Río San Pedro, 76 indígenas de esa etnia –mujeres y menores de edad en su mayoría– dejaron sus casas, sus muertos, todas sus pertenencias; el pasado 3 de agosto los últimos 43 abandonaron la comunidad ante el temor de ser asesinados por el grupo armado que los acosa.
Ante el incumplimiento del Estado de brindarles seguridad, los 76 triquis –que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– decidieron refugiarse en Tlaxiaco, dando gracias a Dios por la “vida que nos ha prestado”.
Amada López confiesa: “No estamos tan felices de salirnos de estas tierras porque ya nos acostumbramos a vivir aquí. Mi papá luchó por estas tierras, por eso lo mataron y por eso me duele dejar esta tierra”. Su hermano Santiago, de 16 años, desahoga su rabia golpeando la puerta de un cuarto, el mismo donde fue acribillado su padre, Eulogio López Aguilar.
“Ya nos acostumbramos a estar aquí pero por este problema (la violencia) hay que irse y dejar nuestras plantaciones de plátano, limón, mango, cacao”, dice. Recuerda que primero tuvieron que huir de Llano Nopal por la violencia y se establecieron en Valle del Río porque “hay río pa’ bañarse y fruta pa’ comer. Y ahora otra vez hay que irse”.
Santiago sigue vivo tal vez porque no estaba permanentemente en Valle del Río: estudia en el albergue de la escuela Paulino Martínez, cerca de Putla. Sólo los fines de semana regresa a su casa. No estaba cuando mataron a su padre.
La plática con él se interrumpe; a falta de adultos este adolescente y otro de 13 años son requeridos para desmontar las precarias viviendas. Fueron desprendidas hasta las puertas y ventanas; sólo quedaron los esqueletos de palos o muros sin castillos.
Eva Gómez Santos, representante de la comunidad ahora de desplazados, reconoció que aunque ya se habían acostumbrado a estar en Valle del Río San Pedro, por miedo tienen que dejar sus casas: “Nos duele dejar lo que hemos construido pero lo más importante es la vida; ahora mi deber es tener dónde vivir, dónde comer, dónde dormir, dónde ir a la escuela y no hay que esperar más violencia”.
La indígena de Yucunicoco señala: “Perder a una familia o un amigo es lo más grande. No vamos a dejar de ser triquis pero ya sin violencia, sin ningún grupo. Ahora no puedo decir que nos va a ir bien, pero estamos en manos del gobierno y ellos tienen que estar interesados de la gente porque la gente es la que les da fuerza allá arriba”.
El pasado 8 de mayo cuatro sicarios asesinaron a Eulogio López Aguilar, a Jaime Ramírez y a Joaquín González Martínez. Todo indica que su objetivo principal era el primero, líder de su comunidad; presuntamente los otros dos murieron por disparos hechos al azar.
Luego de eso Eva arremetió contra tres figuras de la muerte que veneraban sus conocidos.
“Saqué tres imágenes (de la Santa Muerte) y las rompí de coraje porque ellos confiaban en ella y los mataron; ya no tenía chiste tenerla aquí y fui a romperla, porque aquí el que cumple sigue y el que no cumple o no sirve, a la barranca.”
Antes de irse fueron a despedirse de sus muertos: les prometieron que no los van a dejar, que van a luchar por sus familias aunque eso les cueste la vida. María Aguilar de Jesús, madre de Eulogio, se despide de su hijo en triqui y pone flores en su tumba; reza sin dejar de llorar. Amada López Reyes, la viuda de Eulogio, llora junto a su suegra.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CDHAPI), Maurilio Santiago Reyes, se compromete a reubicar a estas familias que huyen de la violencia.
“Ahora quedan mujeres, niños y niñas. Por eso nos vamos. Ahora como siempre siguen los desplazados por la ambición de grupos que tienen el poder y que muchas veces llegan a puestos políticos con el hambre y la muerte de muchos”, puntualiza.
“La lucha no termina aquí y vamos a reubicarlos, y si hay que pelear a nivel internacional lo vamos hacer, pero jamás será con violencia, porque la violencia para mujeres y niños es una mala herencia”, agrega.
El CDHAPI y el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco solicitaron al gobierno federal cumplir las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para proteger a los 76 triquis de Valle del Río San Pedro, perteneciente a San Juan Copala, debido a la incursión de un grupo armado que pretendía asesinar a la representante de los desplazados, Eva Gómez Santos.
Ante “el desinterés, negligencia y falta de sensibilidad” del gobierno de Felipe Calderón, los habitantes de Valle del Río San Pedro iniciaron el 3 de agosto de 2012 un éxodo a la ciudad de Tlaxiaco “con el objeto de protegerse de un eventual ataque paramilitar, como el ocurrido en Acteal”.
Así lo denunció Maurilio Santiago, quien afirmó que los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de julio cuando un grupo armado incursionó en la comunidad de desplazados triquis en busca de Eva. Diversos testimonios aseguran que entraron a su casa para asesinarla, pero ella no estaba.
Sobre la comunidad de Valle del Río San Pedro hay medidas cautelares otorgadas por la CIDH (MC-60-12) el pasado 29 de mayo. A su vez Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de los desplazados y en agosto el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, concedió una audiencia a representantes de las comunidades tuteladas por la CIDH a las que prometió seguridad.
Valle del Río
Santiago Reyes recordó que, en 2008, 15 familias de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera fueron desplazadas de sus comunidades; fueron víctimas de intolerancia religiosa y de la violencia generada por las diferencias políticas. Grupos paramilitares (también de triquis) ya habían matado a algunos de ellos.
Desplazados y sin un lugar donde vivir ni parcelas que cultivar, esos indígenas se establecieron en terrenos a un lado de la Cuadrilla Gregorio Álvarez, del municipio de Putla, donde crearon el asentamiento Valle del Río San Pedro-San Juan Copala.
Pero a las 06:00 horas del pasado 25 de enero la comunidad fue allanada por unos 200 efectivos de la Policía Preventiva estatal. Argumentaron que la incursión se debió a que en esa comunidad se refugiaban personas con procesos judiciales pendientes por diversos delitos, desde asaltos hasta homicidios.
Y después de los asesinatos de Jaime Ramírez Martínez, Joaquín González Martínez y Eulogio López Aguilar los triquis abandonaron su asentamiento, acompañados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, el CDHAPI y la Comisión de Derechos Humanos del gobierno estatal.
Santiago Reyes afirma que aquí se violan los derechos de niños y niñas, que se intentó asesinar a Eva y que lo que rige son los cacicazgos, lo que refleja que la gente pobre no tiene futuro. Acusa además al dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Rufino Merino, de ser responsable de los ataques armados.
“Sabemos que hay un diputado (del Movimiento Progresista), dirigente de la región que llega a ser legislador negociando con sangre muchas cosas. (Estos triquis) se van por la presencia de Rufino Merino”.
También acusa al gobierno federal porque ha fallado en la aplicación de las medidas cautelares, mientras que el gobierno estatal cumple sólo a medias al rentar la vivienda donde se refugiaron temporalmente los desplazados.
Por su parte el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López Sánchez, reconoció que por problemas comunitarios Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados donde mayor número de desplazados hay, aunque desconoce la cifra exacta.
De esas entidades, dijo, “Oaxaca es donde sucede permanentemente. No tengo números exactos pero se dan principalmente por cuestiones de discriminación interna, política, religiosa y de territorio”.
A las 18:05 horas del 3 de agosto los desplazados se alejaron de sus viviendas portando flores blancas y cartulinas con leyendas como: “Somos triquis sin tierra”, “Mi papá murió luchando por la paz”, “Si no me voy me matan”.
Calderón, al banquillo
Por el “desdén, desinterés, negligencia y falta de sensibilidad” del gobierno de Felipe Calderón para dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y brindar protección a mil 397 indígenas mixtecos y triquis, sus defensores recurrirán a la Corte Interamericana.
La Coordinadora para el Cumplimiento de Medidas Cautelares –integrada por el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, el CDHAPI y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz– adelantó que van a llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la intención de sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Calderón.
Santiago Reyes manifiesta que solicitarán audiencia para acudir en el próximo periodo de la CIDH a denunciar el incumplimiento del gobierno federal y solicitar medidas provisionales o en su defecto presentar casos de fondo donde la Corte pueda emitir una sentencia.
Su argumento es que “el gobierno de Calderón no dio cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y desde el momento en que la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeira López Reina, no acude a la reunión de implementación de medidas cautelares, demuestran su desinterés y negligencia.
Considera que el gobierno de Calderón “está dejando los casos porque ya va de salida y lo que le importa son sus intereses”.
Insistió en que en “el mecanismo del sistema interamericano lo peor que puede pasar o lo más graves es que se emita, en el caso de medidas cautelares, una medida provisional y que el Estado mexicano sea sentado en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana, donde los jueces le llamarán la atención”.
Cabe recordar que la CIDH otorgó medidas cautelares para 175 habitantes de Santo Domingo Ixcatlán; una medida colectiva para toda la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, de mil habitantes; para 77 habitantes de Valle del Río; 10 para los desaparecidos de Zapotengo Pochutla y para los 135 desplazados de San Juan Copala.
El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, reconoció que está insatisfecho con los resultados que ha arrojado el gobierno de Gabino Cué porque todavía persisten 42 conflictos municipales, nueve poselectorales y 30 asuntos agrarios de alta prioridad que han dejado ya 20 muertos.
Durante su comparecencia ante el pleno de la LXI Legislatura local, donde fue cuestionado porque la gobernabilidad no ha tenido resultados tangibles, el funcionario reconoció:
“No estoy satisfecho del actual desempeño que hasta hoy tenemos. Están fallando muchas cosas pero hay que buscar el origen (…).
“La gobernabilidad de Oaxaca depende de todos los actores sociales y no sólo del gobierno”, sin embargo, explicó, “hay injerencias que complican mucho los conflictos”.
Destacó que “desde hace años sobrevuela el territorio oaxaqueño el fantasma del conflicto, consecuencia de la falta de acuerdos a tiempo y de acciones oportunas, pero también producto de actos intencionales, de artificios, de acciones dolosas que se realizan con el propósito de dividirnos e impedir el avance de Oaxaca”.
