En el 2000, durante al administración del panista Vicente Fox, una partida de militares fue comisionada a la Policía Federal y conformó la Tercera Brigada de la Policía Militar (TBPM). A lo largo de nueve años, bajo la tutela de esa corporación, acumuló innumerables denuncias por la forma en que se conducía: represión a comuneros de San Salvador Atenco, a mineros de Cananea, a integrantes de la APPO… Pero todavía fue más lejos: abusó de sus propios mandos medios, algunos de los cuales todavía purgan condenas por delitos que no cometieron.
Tienen su base en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y durante los gobiernos panistas, sobre todo el de Felipe Calderón, fueron la punta de lanza del gobierno contra las bandas del crimen organizado y los movimientos sociales que cuestionaron el establishment político a lo largo del país.
Comisionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Policía Federal (PF) en el 2000, actuaron bajo la tutela de esta corporación hasta 2009, cuando al término del convenio la dependencia decidió que volvieran a la tutela castrense.
Se trata de la Tercera Brigada de la Policía Militar (TBPM), cuyos integrantes encabezaron la “guerra” de Calderón a principios de 2007. Desde entonces participaron en operativos de alto impacto y formaron parte de la PF. Fueron enviados a las ciudades tamaulipecas de Nuevo Laredo y Matamoros; también a Juárez, cuando esta ciudad se vio inmersa en su peor etapa de violencia, y a la capital de Michoacán. Ahí estuvieron en septiembre de 2008, durante los granadazos que opacaron los festejos patrios del 15 de septiembre.
Antes, en mayo de 2006, algunos de ellos participaron en la represión a los comuneros mexiquenses en San Salvador Atenco; ese mismo año se desplazaron a Oaxaca, donde arremetieron contra los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En octubre de 2009, cuando Calderón emitió un decreto en el que anunciaba la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los elementos del TBPM estuvieron ahí, custodiando las instalaciones requisadas. Poco antes estuvieron en Cananea, Sonora, donde encabezaron el desalojo de los mineros huelguistas.
Secuestradores, homicidas, Zetas
Ya en 2010, los mandos y oficiales de la TBPM empezaron a ser objeto de señalamientos: al menos un general fue acusado por corrupción, mientras que a varios jefes operativos –tenientes, subtenientes y hasta unos cuantos de clase, es decir, sargentos y cabos– destacamentados en Huehuetoca, Estado de México, se les acusó de haber tomado parte en un secuestro y dos homicidios; uno de ellos incluso fue señalado de tener presuntos nexos con el cártel de Los Zetas.
En agosto del mismo año, y con base en las acusaciones referidas, nueve de esos elementos fueron encarcelados en el Campo Militar Número Uno, donde aun enfrentan sus procesos.
De acuerdo con el expediente 482/2010, radicado en el Juzgado IV de Justicia Militar, el 8 de agosto de 2010 la PF detuvo al subteniente de caballería Víctor Manuel Sosa Ahuja y a un civil llamado Eduardo Bernardo Ruiz Chable en San Luis Potosí durante una revisión rutinaria. Los federales les decomisaron armas de fuego, una de las cuales no estaba registrada.
Ese operativo detonó la cacería contra los elementos de la TBPM. Horas después la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) implementó un operativo en San Miguel de los Jagüeyes y detuvo a varios integrantes de la tercera brigada.
Ocho días después, a partir de las declaraciones de Sosa Ahuja, también estaban detenidos los tenientes Jesús Manuel Cupil Frías y Víctor Alfredo Gil Orozco, de caballería; Casimiro Álvarez de Jesús, de artillería; Javier Méndez Cervantes, de materiales; Braulio Hernández Trujillo y Juan Manuel Ruiz Cevallos, de infantería, además del sargento Antonio Resinos Alegría, el cabo Pedro Vázquez Huerta y el soldado Juan Pablo Esquivel García.
Según el Informe Policial de Investigación, rendido por los capitanes de infantería Joaquín Rodríguez Escobedo, Cuauhtémoc Salgado Urióstegui y Carlos Alberto Chávez García, jefes de grupo de la PJFM, bajo el número de control 0537, los detenidos habían participado en el secuestro del hijo del alcalde de Huehuetoca, Juan Manuel López Adán, por el cual presuntamente cobraron 500 mil pesos. Los inculpados alegaron que fueron sometidos a tortura para que confesaran.
Otro de los cargos que se les imputó fue el presunto asesinato de un civil, cuyo nombre no se asienta en el informe; asimismo, según los tres capitanes de infantería, los detenidos confesaron ante la PJFM haber asesinado a un policía municipal que cateó una de las dos casas de seguridad que supuestamente tenía Sosa Ahuja en la colonia Santa Teresa, en Huehuetoca.
Sosa Ahuja también vendía armas e información, añadía el parte. En mayo y julio de 2010, según los detenidos, estuvieron en Ciudad Juárez, donde ayudaron a dos civiles identificados en el documento con los sobrenombres de El Pigüi y El Charly, a pasar 12 armas a Estados Unidos escondidas en cajas de cereal.
En el escrito se asienta también que Sosa Ahuja vendió una USB a Los Zetas que contenía información relacionada con el despliegue de tropas en Chihuahua y Tamaulipas; dos pistolas Beretta .9 milímetros a un civil en el Distrito Federal, así como 200 cartuchos útiles. Además, los detenidos confesaron, de acuerdo con el informe, que en agosto de 2008, en Tamaulipas, cuando aún estaban comisionados en la PF, dieron información de operaciones militares a policías al servicio de Los Zetas.
Los interrogatorios
Los detenidos fueron consignados a un Ministerio Público del fuero común en Toluca a mediados de agosto de 2010. Sin embargo, recuperaron su libertad por falta de elementos. El día 20 de ese mismo mes, al salir de las instalaciones de la procuraduría mexiquense, elementos de la PJFM los estaban esperando para remitirlos de nuevo al Campo Militar Número Uno.
Los inculpados sostienen que fueron torturados durante varios días para que aceptaran los delitos que había desechado la fiscalía mexiquense. Luego, la PJFM los mantuvo incomunicados. Durante días ni sus familiares ni los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pudieron verlos ni hablarles. Las autoridades militares les decían que estaban en una comisión de “alto impacto”, por lo cual no podían dar ningún informe.
Al final, los detenidos fueron consignados al Juzgado VI Militar, donde se abrió el expediente 482/2010, en el que se describen las torturas a las que fueron sometidos:
Esposados de pies y manos a una silla, se les colocó una bolsa en la cabeza; para provocarles asfixia, les golpeaban el estómago, dicen, al tiempo que apretaban la bolsa. Al abrir la bolsa para que tomaran aire, la llenaban de humo de cigarro y repetían el procedimiento. Lo siguiente fue introducirles un trapo en la boca, que se empapaba continuamente con agua, hasta hacerlos atragantarse.
Al no obtener las confesiones esperadas –narran–, los militares les aplicaron El Periquito: esposados, los pusieron en posición decúbito abrazando sus piernas y les introdujeron un tubo en el ángulo abierto entre codos y rodillas. Luego atravesaron el tubo entre dos literas y los dejaron suspendidos.
En la última sesión, agregan, les colocaron almohadas entre las piernas y los envolvieron con una cobija que ciñeron con cinta canela. Sólo pies quedaron fuera. Como bultos, los introdujeron en lockers donde empaparon los cuerpos. A cada uno le colocaron una pinza en el pulgar del pie y le aplicaron descargas eléctricas.
En esas sesiones de tortura, comentan, hubo participación de mujeres oficiales de sanidad; es decir, enfermeras militares asignadas a la PJFM.
Desvanecimiento de pruebas
La CNDH abrió la queja 2/2011/3119/Q, en la cual acredita que, en el caso del teniente Casimiro Álvarez de Jesús, el oficial fue sometido a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por lo que atañe al teniente Cupil Frías, mediante la aplicación del Protocolo de Estambul se probó que las torturas que recibió le provocaron daño psicológico.
Y aun cuando las indagatorias del ómbudsman nacional no concluyen, la Sedena abrió una investigación contra personal de la PJFM implicado en el caso ante la presunción de que recurrieron a la tortura. La orden la emitió el inspector y contralor de la dependencia, general Mario Marco Antonio González Barreda, según el oficio feb/1/2012/C.N.D.H./QU.
La mayoría de los delitos imputados a los militares de la TBPM ya fueron desestimados, pero casi todos estos siguen en prisión. A través del amparo 1200/2011, los cargos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada –el presunto vínculo con Los Zetas– no fueron probados por la fiscalía militar. Además, las diligencias revelaron la falsedad de los cargos.
El 15 de diciembre de 2010, por ejemplo, durante una audiencia testimonial, la defensa de los militares acusados llamó al capitán Rodríguez Escobedo, uno de los jefes de grupo de la PJFM que participaron en la razzia de agosto de 2010. Según quedó asentado en la Foja 1932 del Tomo VI del expediente, cuando se le preguntó al capitán el nombre y apellido de la víctima, dijo no recordarlo. Y cuando se le inquirió sobre la forma en que obtuvo los datos del secuestro, respondió que se los había dado el alcalde López Adán.
Semanas después, en la diligencia del 24 de enero de 2011, el alcalde fue llamado a declarar. Cuando se le preguntó sobre el presunto secuestro de su hijo, respondió: “A Dios gracias a mí no me han secuestrado a ningún hijo ni a ningún familiar”.
Las declaraciones de López Adán fueron asentadas en la foja 2034, del tomo VI de la causa, en la que siempre se identificó a la presunta víctima como “hijo del presidente municipal de Huehuetoca”, pero jamás se menciona el nombre del afectado: además, nunca hubo denuncia sobre su secuestro.
Ya con el amparo, el Ministerio Público militar reclasificó la acusación, salvo en el caso del teniente Gutiérrez Segura, quien fue dado de baja del Ejército y está libre. El resto de los acusados sigue en la prisión del Campo Militar Número Uno, excepto el subteniente Sosa Ahuja, quien fue confinado en otro logar por mal comportamiento. El civil Ruiz Chable quedó en libertad desde el auto del fiscal de Toluca.
Dos años después de su arresto, los ocho militares restantes enfrentan cargos por asociación delictuosa agravada, consistente en la venta de armas, sin que se haya acreditado hasta ahora el cuerpo del delito ni la identidad de los supuestos compradores.
La tercera brigada
En las postrimerías del gobierno de Ernesto Zedillo, la Sedena signó un convenio de colaboración con la Policía Federal de Caminos mediante el cual el Ejército asumió el mando y la formación de policías, pues los escándalos de corrupción habían provocado una purga en la corporación (Proceso 1258 y 1500).
Durante el gobierno de Vicente Fox, el préstamo de militares a la nueva Policía Federal Preventiva motivó inconformidades y críticas en el mismo gobierno. Ya en la administración de Calderón, al cumplirse el convenio, se les retiró. Ninguno de los señalamientos por violaciones de derechos humanos por parte de los militares de la TBPM derivó en una investigación.
El primer escándalo que implicó a personal de la TBPM ocurrió cuando la CNDH documentó que ese cuerpo militar participó en los enfrentamientos de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, de acuerdo con la recomendación 38/2006.
En enero de 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de aprehensión contra el general brigadier Joaquín Morales Ojeda, quien para entonces ya estaba en retiro, por lo que su caso fue llevado en el fuero federal.
El militar fue el comandante de la TBPM cuando ésta se encontraba comisionada a las llamadas Fuerzas Federales de Apoyo durante los años de mayor actividad del cuerpo castrense en funciones de policía civil. Su jefe inmediato era el general Francisco Arellano Noblecía, quien fue señalado como uno de los mandos que encabezaron el operativo de San Salvador Atenco en 2006.
Morales Ojeda había acumulado denuncias desde 2002, cuando algunos de sus subalternos en la TBPM lo acusaron de abusos y órdenes ajenas a sus funciones, como trabajos de albañilería en su casa.
El caso que documentó la PGR fue la venta de pants que el general hacía a la tropa en lugar de entregárselos como parte de la dotación que les correspondía. La procuraduría integró una averiguación por el desvío de más de 3 millones 600 mil pesos, a partir de la cual lo acusó de peculado. La causa no prosperó.
En el caso de Arellano Noblecía, su historial como represor data de 1975. Ese año, por ejemplo, participó en la masacre de siete campesinos de San Ignacio Río Muerto, Sonora, donde 22 más resultaron heridos de bala. Y aun cuando fue denunciado y aceptó los hechos ante la Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el delito quedó impune.
Arellano Noblecía también fue denunciado por El Imparcial de Sonora por difamación, ya que el militar declaró que dicho periódico había recibido sobornos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, aunque lo hizo sin haber ofrecido pruebas de ello. En mayo de 2009, ya durante la gestión de Calderón, el general fue nombrado director de Asuntos Internos de la Sedena.
Otro de los mandos, el general Germán Trejo Zozaya, quien encabezó la toma de la mina Mexicana de Cananea en 2009, estuvo al frente de las Fuerzas Federales de Apoyo. Esa vez un grupo de policías federales lo acusaron de malos tratos, engaños y de forzarlos a agredir a los huelguistas. En los noventa, el militar fue uno de los principales mandos encargados del cerco al EZLN.
