Durante su campaña, Miguel Alonso Reyes prometió a sus paisanos devolver la tranquilidad a Zacatecas. Han pasado dos años y, aun cuando el mandatario dice haber canalizado 700 millones de pesos al rubro de seguridad –lo que incluye la creación de cuerpos policiacos modernos y nuevas bases militares–, los levantones, secuestros, matanzas y ajustes de cuentas entre las bandas criminales que se disputan la plaza no ceden. Un ejemplo lacerante de la precariedad en que se vive en ese estado es el de los habitantes del municipio General Pánfilo Natera, quienes han terminado por autoimponerse el toque de queda…
GENERAL PÁNFILO NATERA, ZAC.– Por teléfono, el alcalde Gilberto Zamora Salas se oye resignado: “Si la población prefiere organizar un toque de queda como medida de seguridad y eso sirve, es muy respetable. Prefiero eso…”.
Jura que en los dos años de su administración no le había tocado en su municipio, ubicado a 40 kilómetros de la capital zacatecana, ni una bronca con los grupos delictivos. “Aquí es muy tranquilo –asegura–. Hasta hace poco nada más veíamos pasar las camionetas en convoy con hombres armados”.
En su primer bienio, el gobernador priista Miguel Alonso Reyes no ha cumplido a sus paisanos la principal promesa de campaña que les hizo: devolverles la tranquilidad. Hoy, la mayoría viven asustados y lamentan que la perredista Amalia García Medina, quien precedió a Alonso en el cargo, ocultara la inseguridad que asolaba a los zacatecanos al final de su sexenio.
Ubicada al poniente de Zacatecas, La Blanca –como se le conoce en la región a la cabecera de General Pánfilo Natera, con 4 mil 800 habitantes– se encuentra a un costado de la autopista a San Luis Potosí, donde no hay casetas de peaje.
Es la carretera federal número 49, una de las más inseguras y solitarias del altiplano, donde turistas, comerciantes, periodistas y políticos han sido robados, vejados, amedrentados, e incluso plagiados.
El sábado 1, en la comunidad de El Saucito, a cinco kilómetros de esta cabecera, fueron localizadas las cabezas de tres hombres, a espaldas del panteón. Estaban en bolsas negras. El mismo día, dos jóvenes fueron acribillados tras un presunto enfrentamiento entre bandas rivales en la localidad de La Blanquita, en el cercano municipio de Guadalupe.
De manera casi simultánea, sobre la calle Hidalgo del barrio de La Santa Cruz, a sólo dos cuadras de la dirección de Seguridad Pública de este municipio, dos jóvenes fueron abatidos por supuestos pistoleros. Y a cinco kilómetros al sureste, en la comunidad de Santa Elena, una mujer no identificada, quien supuestamente pertenecía a una célula criminal, fue baleada durante una refriega.
El domingo 2, un comando disparó contra el edificio de la comandancia local. Dos policías municipales recibieron impactos de balas en las piernas.
En Guadalupe, la capital, Fresnillo, Villanueva, Pinos, Jerez, Villa González Ortega, municipios donde a lo largo de 2011 se registró el mayor número de levantones, secuestros, asesinatos vinculados a la delincuencia organizada, enfrentamientos y ataques a las corporaciones de seguridad, la violencia es incontenible, de acuerdo con un reporte interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante los dos años que lleva la administración de Miguel Alonso Reyes, son varios los pueblos donde se perdió la paz. En varias regiones los lugareños observan impávidos cómo los grupos criminales le disputan el territorio al Cártel de Los Zetas, así como la forma en que entran cada vez más soldados y más federales sin que la violencia ceda.
A mediados de enero de 2011, con apenas tres meses en el cargo, el gobernador visitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para pedirle el envío de refuerzos a la entidad. Antes de que terminara el mes, el entonces vocero de seguridad del gabinete de Miguel Alonso, Mario Caballero, organizó una conferencia de prensa para anunciar el arribo de elementos de la Policía Federal para implementar el operativo “Zacatecas Seguro”. Los agentes llegaron en un avión de la dependencia federal.
Desde entonces han sido capturados algunos presuntos líderes, jefes de plaza o colaboradores cercanos de los cabecillas de Los Zetas, así como de otros grupos; es el caso de José de Jesús El Chango Méndez, líder de La Familia Michoacana, capturado en los límites con Aguascalientes el 21 de junio de 2011.
Sin embargo, la violencia se exacerbó. La mayor parte de las matanzas se debe a los enfrentamientos entre bandas rivales, el resto son resultado de los tiroteos y persecuciones entre los agentes federales –que a veces incluyen a tropas del Ejército y la Marina– y los sicarios.
El informe anual interno de la Sedena correspondiente a 2011, al cual tuvo acceso este semanario, confirma la incidencia creciente de hechos violentos en Zacatecas, particularmente choques entre agentes de las diversas corporaciones y pistoleros en ese periodo:
Durante el presente año (2011) se han registrado 73 homicidios vinculados con la delincuencia organizada, un aumento de 100% en comparación con el mismo periodo de 2010.
“El problema de inseguridad pública que prevalece se debe a la cercanía con los estados de Durango, Jalisco y Coahuila, ya que (Zacatecas) es empleado como paso para el tráfico de droga.”
También alude a los homicidios, secuestros, robo de vehículos y comercios y asaltos carreteros como los delitos más frecuentes –vinculados a la delincuencia organizada–, con un reconocimiento de causa:
“Las acciones implementadas por el gobierno del estado no han impedido el incremento gradual de la delincuencia organizada en la entidad, especialmente por la corrupción existente en los cuerpos policiales.”
A lo largo de 2012, los enfrentamientos se multiplicaron. Hubo decenas de muertes, además de tiroteos y persecuciones; incluso aparecieron cabezas humanas en sitios públicos, incluidas las que fueron tiradas en plena Central de Abastos de la capital a principios de junio. Era casi mediodía cuando un comando entró a la ciudad y las arrojó; luego salió de la zona sin problemas.
El gobernador buscó salidas e intentó una alianza con el titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, quien el viernes 7 incluso visitó Fresnillo para inaugurar las instalaciones de una nueva base militar en esa ciudad, enclave de Los Zetas en la entidad.
Terror indiscriminado
Los primeros días de septiembre la “tranquilidad” de este municipio se rompió abruptamente. El lunes 3, alrededor de las cuatro de la tarde en la ciudad de Zacatecas personal de Seguridad Pública reportó un enfrentamiento entre policías federales y marinos con presuntos delincuentes.
Según las autoridades, la refriega había terminado con un saldo de varios muertos y detenidos, por lo que los reporteros podían acudir a La Blanca a consignar los hechos. Pero era mentira.
–¡Oiga amigo, aquí todo está cerrado! –se le comenta a don Pablo, un cincuentón avecindado en esta cabecera municipal.
–¡Nomás échele! Llevamos tres días seguidos de balaceras y muertos. Apenas hoy llegaron los de la Marina, por ahí andan…
–¿Y dónde compro un refresco?
–Pues aquí la sed uno se la aguanta en estos casos, porque más vale tener la boca seca que perder la cabeza. Nomás (salimos) a asomarnos un poquito, para agarrar aire.
Los lugareños llevaban casi 72 horas en virtual estado de sitio. Ni a misa salieron el domingo 2. Al día siguiente ninguna escuela –en el pueblo hay dos de nivel preescolar, dos primarias, una secundaria y una preparatoria– abrió sus puertas.
Ese fin de semana, según las autoridades, fueron nueve las bajas en esa región por presuntos “ajustes de cuentas” entre las bandas criminales.
“Todo está peor desde que llegaron esos que vinieron a hacer la supuesta limpieza”, refiere una mujer en alusión a los federales y soldados. Luego da media vuelta y se aleja.
Es la tarde del lunes 3. Las calles de Pánfilo Natera están desiertas. Sólo dos o tres adultos pululan por la zona, como lo hace una pareja de fantasmales ancianos sobre la carretera que conduce a Ojocaliente. Los demás están encerrados en sus casas, algunas de las cuales tienen las puertas y ventanas entreabiertas, desde donde unos ojos escrutan el entorno y a los reporteros. Tras observarlos unos instantes cierran abruptamente los picaportes.
Los casi 5 mil habitantes de Pánfilo Natera han decidido no salir a la calle. Los vehículos permanecen en sus garajes. La clínica del IMSS, las oficinas del departamento de agua potable y las de recaudación, así como la presidencia municipal, mantienen sus puertas cerradas. Ningún policía federal, ni marinos, uniformados estatales o municipales se aparecen por aquí.
La sordidez del entorno contrasta con la funeraria local, ubicada casi frente al IMSS, que está trapeada, con sus canceles de aluminio y cristal refulgentes. Y en el panteón, a medio kilómetro del crucero con la autopista Zacatecas-San Luis Potosí, unos albañiles colocan una lápida.
Entrevistado vía telefónica el martes 4, el alcalde perredista Gilberto Zamora Salas describe a la corresponsal el pánico imperante en la comunidad. Se siente afortunado, dice, de que las víctimas del tiroteo sean de los grupos delincuenciales y no de la sociedad civil.
Admite que el toque de queda fue autoimpuesto por la comunidad a raíz de los rumores de los enfrentamientos entre zetas y las bandas que les disputan la plaza a estos sicarios. Mucha gente cree que eso “va a pasar otra vez”, comenta Zamora.
“Somos la cabecera municipal, una ciudad de paso que comunica hacia Pinos, hacia Ojocaliente, sin que se hubiera registrado un hecho como éstos”, expone. Aquí, los lugareños se dedican al cultivo de chile, frijol, maíz y sorgo, así como a la ganadería.
El sábado1, al ocurrir el primer tiroteo en el Barrio de la Santa Cruz, el director de Seguridad Pública local se comunicó de inmediato con Zamora y con la Procuraduría General de Justicia estatal. Los ministeriales llegaron después de la balacera y levantaron dos cuerpos. “Nada más ellos vinieron”, explica el alcalde.
Al día siguiente, tras el ataque a la comandancia acudieron elementos de la Policía Estatal, pero se retiraron el lunes 3 por la mañana. El martes 4, según él, los rumores sobre supuestos enfrentamientos continuaban. “Estamos inmersos en esto…”, dice a la reportera antes de cortar la llamada.
Refuerzos inútiles
Pese a que Miguel Alonso Reyes ha invertido por lo menos 700 millones de pesos en seguridad durante sus dos primeros años de gestión, la inseguridad no cesa. La madrugada del 22 de agosto último, la directora del Cereso de Cieneguillas, Fabiola Quiroz Zárate, fue secuestrada afuera de su domicilio, en Fresnillo. Hasta el cierre de edición se desconocía su paradero.
Oswaldo Sabag, presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador, abandonó el cargo por la falta de garantías. Dijo que había recibido amenazas de la delincuencia organizada.
El mandatario, por su parte, instaló a militares en los mandos de la Secretaría de Seguridad y en la Policía Estatal preventiva. Los ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe también cambiaron sus mandos policiacos.
También se construyeron unidades regionales de seguridad, una suerte de retenes equipados con cámaras, detectores infrarrojos y térmicos, así como nuevas bases militares, como la de Fresnillo, para reducir los problemas que, dijo el gobernador, le heredó la gestión perredista de Amalia García.
En octubre de 2011, en medio de la opacidad con la que consiguió la aprobación de créditos, el mandatario inauguró la base militar de Jalpa, donde se instalaron 600 efectivos de la primera compañía de infantería no encuadrada (CINE). Hace unos días, Miguel Alonso puso también en operación la nueva Policía Metropolitana (Metropol), que se encargará de patrullar las ciudades de Zacatecas y Guadalupe.
El viernes 7, en vísperas de su segundo informe, Alonso puso en funcionamiento la zona militar de Fresnillo, un punto estratégico en la producción y el trasiego de enervantes. Estaba previsto que el presidente Felipe Calderón la inaugurara durante su visita a Zacatecas, pero la canceló. El titular de la Sedena, Guillermo Galván, encabezó el evento en la sede del 97 Batallón de Infantería, que contará con 650 elementos, entre tropa y oficiales.
Al gobierno estatal le falta financiar –a través del crédito bancario contratado – la construcción de la tercera zona militar en el municipio de Valparaíso, en los límites con Jalisco y Nayarit, prometida en 2010.
Cuando el general Galván y el gobernador se encontraban en la nueva base militar de Fresnillo, en la capital del estado la hermana de un funcionario de Tránsito era acribillada por dos hombres desde una motocicleta. El cuerpo quedó sobre el asfalto en la calle Ramón López Velarde, a un lado del hotel donde se hospedan los agentes de la Policía Federal enviados por Genaro García Luna.
