Marcela Pérez Cruz, secretaria general del sindicato de arquitectos, resalta a este semanario que este movimiento “no lo empezamos ayer”:
“Tenemos años solicitando la información, hemos denunciado las intervenciones irregulares y hemos pedido a las autoridades los expedientes, las autorizaciones, los dictámenes que fundamentan las intervenciones, y no nos han proporcionado nada. Ellos dicen que todo está regulado, entonces por qué no nos dan la información, por qué no nos pasan todos los dictámenes, todo el proceso por el que llegan a esas determinaciones.”
Los arquitectos denuncian que en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, se da una explotación leve en 1997 por la empresa Minera San Xavier, pero a partir de 2007 la explotación la realiza a tajo abierto alterando la totalidad del Paisaje Cultural, “aun cuando se ha planteado a funcionarios realizar declaratoria, a la fecha no se ha emitido la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos en versión de Paisaje Cultural”.
Igual hay destrucción por explotación minera por First Magestic en el sitio sagrado Wirikuta Reserva Histórica, Natural y Cultural, y Real de Catorce, San Luis Potosí:
“Hemos realizado la propuesta desde 2008 para declaratoria como paisaje cultural y a la fecha no se ha emitido la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos.”
Igual sucede con la ciudad de Zacatecas, declarada Patrimonio Mundial en 1993…
De la zona de monumentos históricos de Parras de la Fuente, Coahuila, que posee declaratoria federal desde el 18 de febrero de 1998, los arquitectos han emitido reportes e informe de las denuncias al delegado del Centro INAH Coahuila, “porque éste no emite las comisiones de trabajo para asistir a la zona a realizar la conservación y salvaguarda de los monumentos históricos y la zona de monumentos históricos declarada: presentan afectación con demoliciones, ampliaciones, agregados los bienes históricos”.
La arquitecta Ana María Lara Gutiérrez, directora de Licencias, Inspecciones y Registro de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, autoriza la intervención en el acueducto del Padre Tembleque, en Hidalgo, sin tomar en cuenta el dictamen de arquitectos de la Sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Hidalgo, y se ha afectado otro monumento histórico, la Estación de Ferrocarril, que data del siglo XIX, causando demoliciones parciales.
En la zona de monumentos históricos de Parral de Hidalgo, en Chihuahua, hubo una demolición por el gobierno del estado de seis inmuebles monumentos históricos:
“Aquí, los funcionarios no realizan el procedimiento administrativo establecido para atender la afectación al patrimonio histórico, y sólo se pretende normar el proyecto que se desarrolla para realizar una plaza pública en la manzana que estaba conformada por estos inmuebles históricos.”
En cuanto al Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, se afectó la Plaza de Armas con la construcción de un paso a desnivel en la calle Independencia, que colinda con monumentos históricos como la plaza citada y el palacio municipal:
“Se ha trabajado con autorización emitida por la CNMH (Comisión Nacional de Monumentos Históricos) para trabajos preliminares y actualmente se ha concluido la excavación de aproximadamente seis metros de profundidad, así como las estructuras de concreto para el paso a desnivel. No existe proyecto y se resuelven las obras en el momento. Los funcionarios de la CNMH nuevamente violan el procedimiento administrativo.”
La Ciudad de México no se salva:
“En la demolición de monumentos históricos en la zona de monumentos históricos, para reubicar comerciantes ambulantes, se violenta el marco legal, aun cuando por parte de los arquitectos se realizó dictamen y denuncia para recuperar los bienes históricos, no se procedió por parte de los funcionarios.”
Además, la línea 4 del Metrobús, Ciudad de México, “se plantea en la zona central de la zona de monumentos históricos, presentando propuesta parcializada sin proyecto integral de movilidad, sin integrar transporte de transferencia acorde a las características de la zona histórica”.
La Alameda Central de la Ciudad de México:
“Se han iniciado obras por parte de la autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; el expediente no ha ingresado oficialmente a la ventanilla única del INAH y no se cumple con el procedimiento administrativo para la realización de visita, expedición de dictamen por los arquitectos de la CNMH y emisión de autorización correspondiente. Sin embargo la obra hoy se realiza con autorización para trabajos preliminares emitida nuevamente por funcionarios de la CNMH, violentando, una vez más, el procedimiento administrativo establecido para el Instituto. Por arquitectos se han emitido las observaciones de las obras, asentando lineamientos a considerar en proyecto integral de intervención para su análisis y resolución”.
Con Soriana Express en la zona de monumentos históricos de Huamantla, Tlaxcala, se emite un dictamen colegiado por parte de la sección de Monumentos Históricos no aprobando el proyecto de la tienda por generar alteración a las características de la zona: alturas, volúmenes, proporciones, intensidad de uso del inmueble, y afectación a características de los inmuebles monumentos históricos colindantes. El entonces delegado José Miguel Rivas García emitió lineamientos para factibilidad sin fundamento en un dictamen emitido por arquitectos de la sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Tlaxcala. “La construcción de esta tienda ha sido autorizada por la actual delegada del Centro INAH en cumplimiento a la instrucción por oficio del arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH”.
En la zona de monumentos históricos de Campeche se violenta el procedimiento administrativo y se genera destrucción del patrimonio al modificar inmuebles monumentos históricos declarados de un nivel, agregando hasta tres niveles.
En este mismo lugar hay un proyecto para la reconstrucción de la muralla de la ciudad antigua de los siglos XVII, XVIII y XIX, “sin considerar el marco legal vigente, e instrumentos de protección de la zona de monumentos históricos e inscrita en la lista de Patrimonio Mundial”.
También existen irregularidades en etapas de intervención en los procesos de licitación de obra en San Juan de Ulúa, Veracruz:
“La ejecución de las intervenciones en el patio de armas son inadecuadas ya que se observa la disgregación de los aplanados recién integrados por la empresa contratada, se requiere aplicación de fianza de vicios ocultos de estos trabajos realizados con el contrato de obra ejercido en 2011; a pesar de ello, en la siguiente etapa se licita y gana la misma empresa, aun con estas deficiencias en la ejecución, en detrimento del monumento histórico, de gran relevancia, actualmente se ejecuta esa etapa. No se fundamenta en etapas planteadas por el proyecto integral.”
Los conventos de la Mixteca de Oaxaca:
“Se intervienen desde inicio de esta administración los conjuntos de Coixtlahuaca, Teposcolula y Yanhuitlán. Se realiza destrucción del patrimonio histórico al realizar en lugar de trabajos de restauración y conservación trabajos de obra nueva asignando características formales, espaciales, constructivas que los bienes históricos no tuvieron en ninguna época de su desarrollo; además la asignación de los recursos no cumple con el proceso de licitación de obra establecido por la Ley de Obra Pública. Los funcionarios no son transparentes en el análisis del proyecto, la ejecución y aplicación de los recursos de estos proyectos.”
El gran museo maya
Iván Franco, historiador y antropólogo del Centro INAH Yucatán, habla del Museo de la Civilización Maya que se construye por la iniciativa privada y el gobierno estatal para inaugurarse el próximo 24 de septiembre en Mérida. Narra que también se edifica el Palacio de la Civilización Maya, ubicado cerca de Chichén Itzá, aunque más chico.
La gobernadora priista, Ivonne Ortega Pacheco, cuenta el especialista, convocó para dichos museos a la iniciativa privada:
“Se hizo supuestamente una convocatoria, pero se supo hasta el final quién participó. Terminan siendo la gente de los casinos, Jorge Hank Rhon. Y empiezan a aparecer cosas; primero dicen un monto y luego es otro. Le correspondía al estado normar esto pero se lo entregó a la iniciativa privada con características muy específicas, que ha financiado campañas políticas del PRI, de Peña Nieto y de la misma Ivonne Ortega Pacheco. Se hace de manera muy parcial abrir un concurso, pero ya estaba previsto así.
“Los que definen el contenido del Museo de la Civilización Maya no son especialistas, sino personas con otro tipo de finalidad. Un arquitecto que trabajo en el INAH, José Ortiz Lanz, creó su propia empresa y se le dio la museografía y termina contratando a extranjeros para hacer las salas. Ya entendí que se trata de crear un espacio de información más de corte turístico light, lamentablemente.”
Se pregunta qué va a pasar con el Museo Regional del Palacio Cantón, porque lo están desmantelando. Sus piezas las llevan al Museo de la Civilización Maya. Manifiesta otra preocupación:
“Un museo con muchas salas requiere de grandes colecciones, y empiezan otros problemas, porque se habla no sólo de piezas sino de bienes nacionales y para eso hay legislaciones específicas, empezando por la Constitución, segundo por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales. Es decir, tú como Estado no puedes de manera tan cándida decir ‘allí te va la colección’, porque acaba en el mercado negro del coleccionismo. Si están estudiadas, inventariadas, investigadas y demás, no se le puede perder la pista, y eso no lo ha estado haciendo el INAH. Y se lo estuvimos solicitando al director del INAH, y no escuchó la petición.”
Por su parte el arqueólogo Alejandro Tovalín, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, responsable de Bonampak, platica que desde 2009 lo obligan a trabajar en el edificio de las pinturas “porque es el proyecto que le vendieron al director general y se debe trabajar la restauración exterior de la parte superior del edificio, que no tenía problema y está estable, en lugar de tener recursos para investigaciones. Me prometen para campamentos 25 millones de pesos, cuando se deberían dar a la investigación”.
Desde Oaxaca, el arqueólogo Enrique Fernández se queja por teléfono de que los dirigentes del centro INAH estatal les quitaron sus mantas de denuncia de destrucción de patrimonio. Además, delata que en Monte Albán sucede lo mismo que en Tzintzuntzan:
“Se construye infraestructura, son distintos edificios, para baños, para tomar refresco, en fin, pero hay que saber ponerlos en un lugar que no sea la parte nuclear de la zona monumental.”
Sobre las construcciones en el centro de Oaxaca, asunto por el cual también ha protestado el pintor Francisco Toledo, manifiesta que afectan la zona visual y es un mal proyecto de ingenieros y arquitectos hecho al vapor por algún contratista de tercera.
Cecilia Vázquez, antropóloga social e historiadora del arte de Puebla, opina “que estas transformaciones tiene que ver con el Estado neoliberal, es muy grave lo que pasa. En los fuertes de Loreto y Guadalupe de Puebla hubo una intervención poco cuidadosa y las autoridades del INAH simplemente dicen sí a todo lo que proponen las autoridades estatales”.
Elena Ruiz Gallut, especialista en arte prehispánico, particularmente en pintura mural de Teotihuacán, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, relata que hace dos semanas fue a Chichén Itzá y regresó deprimida:
“Se cobran dos boletos para entrar, uno es del INAH y otro del gobierno estatal, y este último es tres veces más caro que el primero. En total se pagan casi 200 pesos. Entré y me encontré que en cada camino que lleva de una estructura o a un área importante hacia otra, había puestos, puestos y puestos de vendedores, es un mercado dentro de la zona, no puedes tener en tu mente la concepción de una ciudad maya porque es una feria. Y afuera también hay puestos.
“Y hay una cantidad impresionante de basura encima de estructuras que no están ni siquiera excavadas. Es una afectación al patrimonio tremendo.”
La también coordinadora del Seminario de Tláloc, junto con los miembros de éste, denuncia en una carta enviada a Proceso que “todo ello resulta, no sólo en una agresión a la expresión urbana maya, sino que pone de manifiesto los desacuerdos entre autoridades y artesanos y la falta de responsabilidad de quienes deben custodiar nuestro acervo arqueológico”.
Existen muchos más monumentos arqueológicos e históricos violentados.
