Al momento de publicarse este artículo, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad se encontrará a medio camino entre Houston y Nueva Orleans; inicia su tercera semana y aún le quedan muchos kilómetros por recorrer a través del inmenso territorio de Estados Unidos. Mientras tanto, tendrán lugar muchos encuentros, muchos cambios de paisaje, muchos diálogos con grupos sociales heterogéneos. Esa multiplicidad de experiencias confirma la magnitud de la empresa e invita a reflexionar sobre sus consecuencias en la difícil tarea de dar un nuevo cauce a la guerra contra las drogas.
La Caravana, construida a partir de la urgencia de compartir el dolor de quienes han sido víctimas de la violencia en México, ha dado nueva dimensión a ese sentimiento; ha contribuido al cuestionamiento de la guerra seguida hasta ahora y ha colocado en el centro de atención el envío de armas utilizadas para matar a decenas de miles de mexicanos.
El éxito más inmediato e indudable de la Caravana ha sido su presencia mediática. Día tras día los medios impresos y televisivos en México han dado cuenta de sus actividades. Algunas muy logradas desde el punto de vista de los medios, como el encuentro entre Sicilia y el sheriff Arpaio en Arizona. Ver el diálogo entre ambos, constatar el abismo entre la propuesta de paz del uno y la dureza despiadada del otro, es algo difícil de olvidar; una imagen que las cámaras de televisión no podían ignorar.
Más allá del éxito mediático, la Caravana ha tenido otros importantes logros. El establecer vínculos estrechos entre grupos de la sociedad civil de México y de Estados Unidos y buscar hacer causa común sobre problemas que involucran a las sociedades de ambos lados de la frontera. Asimismo, la Caravana ha sido útil para poner sobre la mesa temas que parecían estar reservados a los investigadores académicos, como el de los desplazados internos en México.
Poco se habla, a nivel de la opinión pública, del hecho de que, como resultado de la violencia, más de 230 mil personas han abandonado pueblos y rancherías, sobre todo en los estados del norte del país. Tampoco se pone suficiente atención sobre las numerosas familias de Monterrey, Matamoros o Ciudad Juárez que se han ido a vivir del otro lado para escapar de las amenazas de secuestro, de la cercanía del horror y la violencia. Sobre estos desplazamientos y sus costos sociales y culturales se habló en el encuentro de la Caravana con familias mexicanas que se han ido a vivir a El Paso, Texas.
Los logros anteriores no eliminan, sin embargo, las dudas sobre el efecto a largo plazo de una empresa de esta naturaleza. Cuando se haya desvanecido el interés mediático, cuando sólo quede el recuerdo de este peregrinaje: ¿se notará algún avance hacia circunstancias distintas a las que hoy precipitan la violencia?
Un cambio en esas circunstancias obliga a revisar los conceptos a partir de los cuales se ha definido la guerra actual. Uno de los más importantes es la criminalización del uso de las drogas. Que las drogas no lleguen a Estados Unidos, propósito esencialmente retórico que está en pie desde la “doctrina Nixon”, es un objetivo asociado al hecho de que consumirlas es considerado un delito. Otra situación existiría si fueran legales, si no en su conjunto, al menos en el caso de estupefacientes muy bien identificados, como la mariguana.
La discusión al respecto se encuentra actualmente en momentos de transición. Desde hace tiempo se pronuncian a favor conocidos intelectuales y líderes con gran autoridad moral en América Latina. Ahora, se suman a esa posición políticos en funciones, como se advirtió en la última Cumbre de las Américas en Cartagena. En ese contexto, llama la atención que la Caravana mantenga una posición distante ante el tema de la legalización. Al hacerlo, pierde la oportunidad de propiciar la reflexión sobre cómo llegar a la meta que proponen.
El segundo tema que suscita inquietud es el llamado para que se ponga fin al envío de armas. Por una parte, se está eludiendo el hecho de que, paralelamente al tráfico, hay una venta legal que va dirigida al fortalecimiento del Ejército Mexicano. Un objetivo loable del que no se pueden ignorar, sin embargo, los efectos indirectos. Por ejemplo, que las fuerzas preparadas para utilizar dichas armas acaban entrenando al crimen organizado.
Asimismo, la insistencia en responsabilizar de la violencia en México a quienes defienden la segunda enmienda en Estados Unidos oscurece un cuadro donde ya no se visualiza, en su verdadera proporción, lo que significa defender dicha enmienda. El grado en que, justificadamente o no, hacerlo se ha convertido en elemento central de la forma de ser de millones de estadunidenses, es un dato que no se puede minimizar. Al hacerlo, se corre el peligro de invertir energías en propósitos que son simplemente ingenuos.
La denuncia sobre el envío de armas se convirtió durante el sexenio de Felipe Calderón en una manera de trasladar responsabilidades hacia otra parte. Vista fuera del contexto de la necesaria revisión de la pertinencia de desencadenar una guerra de la manera en que lo hizo, sirvió para eludir la difícil tarea de renegociar con Estados Unidos la cooperación para el combate contra las drogas, de fijar otras líneas conductoras y otras prioridades.
La participación de la sociedad civil en la tarea de poner fin a la violencia en México, los esfuerzos para ampliar el diálogo hacia todos los que pueden contribuir a detenerla, son algunas de las tareas más importantes que tenemos. Al hacerlo se debe poner particular atención en no convertir los espejismos en realidad, en ser conscientes de los aciertos y las ilusiones de lo que se está haciendo.
