Al circular por las carreteras del occidente del país es tan peligroso toparse con un retén de narcos como con una patrulla de policías federales. Los usuarios, especialmente los transportistas, denuncian que estos agentes extorsionan abierta e impunemente a cuanto operador de camiones y tráileres encuentran. Eso sí, son considerados: en caso de que el desprevenido conductor no lleve el monto deseado, ellos mismos lo trasladan en sus patrullas al cajero automático más cercano.
Conductores afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), igual que usuarios de carreteras y autopistas de Jalisco, Colima y Nayarit, denuncian que, en pleno fin de sexenio, los agentes de la Policía Federal (PF) –la anterior Policía Federal de Caminos– se dedican a extorsionar en forma descarada a transportistas de carga.
La situación llegó al grado de que incluso les ofrecen a los choferes lo que ya se conoce como “servicio exprés”: si no llevan el dinero suficiente para pagar, los llevan en sus patrullas a los cajeros automáticos o cerca de sucursales bancarias para que retiren el monto que les exigen.
Diego Javier Bolio Corona, representante de la Conatram en Jalisco, sostiene que “los operadores (de los tráileres y camiones) son conducidos y acompañados a retirar el dinero que se les solicita, antes de dejarlos ir”.
Según Martín Domingo Morales, miembro de la Conatram en el área de servicios turísticos, las mordidas varían de 500 a 15 mil pesos.
Sin embargo, el operador de grúas Alberto Guzmán, que trabaja en todas las carreteras occidentales del país, relata que los federales extorsionadores terminan por pagarles “peaje” al crimen organizado en los retenes que instalan los miembros de los cárteles.
En entrevista, Guzmán cuenta que en febrero pasado lo contrataron para llevar unas camionetas a Monterrey, Nuevo León: “Eran vehículos que una persona había comprado en Guadalajara y yo las trasladaba al norte. Pero en un punto entre Saltillo y Monterrey había un retén que no era de federales ni de militares; tardamos cerca de dos horas en pasar.
“Me coloqué en la punta de la fila y entonces vi que varios individuos montaban el famoso retén; se trataba de sujetos encapuchados, vestidos con ropa oscura, y portaban armas largas. Traían la letra ‘Z’ pegada en el pecho. Todos los conductores delante de mí pagaban de 200 a 500 y hasta mil pesos. A mí me dijeron que eran 200 y no me dejaron siquiera preguntarles si podía ser menos.”
Recuerda que momentos antes de pagar avistó por el retrovisor de la grúa a un vehículo que avanzaba a gran velocidad por fuera de la carpeta asfáltica levantando una polvareda.
“Después –continúa– vi que se trataba de una patrulla federal y que el agente que la conducía iba hasta el inicio de la fila; justo frente al retén sacó un billete de 500 y lo entregó a los delincuentes para que lo dejaran pasar rápidamente.
“Cerca de 18 kilómetros antes de llegar a Monterrey pude ver a la misma patrulla y le pregunté al federal de qué se trataba… Le reclamé por qué no hizo nada para detener a esos sujetos, y el uniformado me dijo que él también tenía que proteger su vida. Igual que todos los conductores, el hombre pagó la extorsión.”
En un recorrido por la ruta Guadalajara-Tepic, a inicios de la segunda quincena de agosto, el reportero comprobó que los hechos denunciados por los transportistas se cometen más allá de los estados de Occidente y los usuarios de las carreteras hablan de zonas particularmente conflictivas en Veracruz, Puebla e Hidalgo.
La propia Conatram, en su revista electrónica Hombre Camión, enumera entre los estados peligrosos para los transportistas a los tres mencionados, además de Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, donde los choferes temen al crimen organizado y a los policías federales.
Pretextos absurdos
Antonio García, camionero con más de 25 años de experiencia, indica que en la carretera Guadalajara-Tepic-Nogales pocas veces los operadores habían estado tan expuestos: “Si te para un falso retén de los delincuentes, ya te amolaste; pero el colmo es que eso mismo pasa cuando te toca la mala suerte que te pare un federal. No te dejan ninguna opción. Te tumba la gente ligada al hampa o te jode un sujeto que porta uniforme y viaja en patrulla”.
Señala que en el poblado La Venta del Astillero, en Zapopan, cerca de donde hubo un retén militar, hay días en que los federales paran a cualquier transportista con cualquier pretexto: “Nos dicen que las placas de la unidad no corresponden al vehículo que traemos, que la numeración no coincide o que la licencia está vencida, y ya cuando te hacen la seña o te encienden los códigos es porque debes prepararte y buscar tu billete de 200 o 500 para que la cosa circule rápido”.
Por lo común no hay motivo para detener al chofer, enfatiza, pero a los uniformados no les importa llegar al absurdo: “Te dicen que un ocho parece un cero, que el vehículo trae el motor remarcado, que el chasís no coincide o simplemente piden dinero para dejarte circular”.
Un conductor del servicio turístico que prefiere omitir su nombre asegura que él y sus compañeros de área figuran entre las víctimas preferidas de los agentes que se dedican a este negocio: “Nos paran porque saben que llevamos pasajeros y que si estamos parados mucho tiempo los propios viajeros se nos echan encima”.
El encargado de la Conatram en Jalisco para este tipo de transporte, Morales Rangel, confirma: “Te dicen que el uno parece ele o que parece te, y a partir de entonces ya sabes: entregas dinero y puedes seguir, o te presionan antes de sancionarte, aunque no exista motivo”.
Cuando te paran, lo primero que se les ocurre es que el número de motor no coincide con el registro de la tarjeta y tú ya sabes que la mordida es de 2 mil a 5 mil pesos, pero hay veces que el problema quieren atribuírselo al vehículo, y entonces te exigen de 15 mil a 30 mil pesos”.
Indica que los federales ahora se muestran inaccesibles para negociar: “Te detienen en las casetas de peaje, en zonas oscuras o donde el agente sabe que no hay señal de celular para evitar que llames a tu central o pidas ayuda a los abogados. En esa situación, ellos mismos te ofrecen el servicio para moverte en la patrulla, te llevan a un cajero automático o a una sucursal bancaria para hacer el retiro del dinero que te piden”.
Coincide en que algunos de los puntos más críticos de las carreteras federales en territorio jalisciense son la zona de La Venta del Astillero, Los Altos y la carretera Guadalajara-La Barca.
“Antes el federal recibía la llamada de nuestra confederación y se prestaba para negociar algo, pero eso se acabó, ya no toman la llamada de los abogados o de la central. Ahora te advierten que no pueden hablar con nadie y el problema es que, como ya los han agarrado en sus movidas y los han torcido, no aceptan conversar con terceros. Te advierten que el arreglo es en forma inmediata o te mandan al corralón.”
Por si fuera poco, los agentes que incurren en este delito les advierten a sus víctimas que la mordida es un “acuerdo de caballeros” y si el chofer quiere evitar problemas no debe denunciarlos. No obstante, plantea Diego Javier Bolio, “estamos hablando de una clara extorsión… uno se pregunta si eso es de caballeros”.
Denuncias ignoradas
Bolio, dirigente de la Conatram Jalisco, pone un ejemplo de los problemas que conlleva reportar a estos policías. Hace como seis meses, dice, uno de los afiliados a la confederación denunció a un comandante que le exigía un pago mensual por permitirle circular en los límites de Jalisco y otros estados en la zona de Los Altos. “Estábamos dialogando con el comandante Abelino Cortés Juárez, en ese entonces encargado de la comisaría de Guadalajara. El señor prometía que no iba a tolerar ninguna irregularidad de los elementos a su cargo en la Policía Federal.
“Entonces nos llegó la queja del compañero transportista de Guanajuato; un federal le estaba pidiendo una iguala mensual de 4 o 5 mil pesos para poder circular en Los Altos. El afectado nos dijo que tenía el número de Nextel del agente extorsionador y se le ocurrió marcarle, pero cuando lo hizo, justo entonces sonó el Nextel del comandante Cortés Juárez, que estaba recibiendo la queja.”
Los representantes de la Conatram denunciaron entonces al comandante Abelino Cortés ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el comisario general, Luis Cárdenas Palomino, y la responsable de Contraloría Interna, María de la Luz Núñez.
En la denuncia de la Conatram, recibida el 14 de junio, el mencionado comandante es acusado de “corrupto, prepotente y abusivo en su trato hacia los transportistas”, y se solicita que se le investigue. Hasta la fecha no se conocen los resultados de la denuncia y Cortés Juárez está asignado como inspector en Tepatitlán.
En otra denuncia presentada el 18 de julio pasado ante la SSP, la confederación reporta un intento de extorsión por parte de un individuo conocido como “el capitán Nieto”.
En el documento se dice que un transportista afiliado a la Conatram recibió llamadas del Nextel con el ID 72*11*58412, realizadas por una mujer que dijo llamarse Ingrid Navarrete. Ella afirmó que hablaba en nombre del capitán Nieto para llegar a un “acuerdo” para que la víctima depositara 4 mil pesos al mes en la cuenta 0189729199 de Bancomer, si quería transitar por el estado de Guanajuato “sin problema alguno”. En el documento se registra el ID de Nieto: 52*1011692*1.
El mismo 18 de julio la asociación de transportistas denunció que en el tramo La Piedad, Michoacán-Atotonilco, Jalisco otro chofer fue conducido a una sucursal bancaria de la ciudad michoacana por los tripulantes de la patrulla 11445, a fin de que retirara 5 mil pesos que le exigieron los federales para dejarlo libre.
Bolio Corona asegura que la situación es para preocuparse y para morirse de risa: “Momentos antes de todo ese incidente el comandante Abelino nos había dicho a los representantes de Conatram que su corporación no iba a tolerar ninguna conducta ilícita y que necesitaba más datos para saber de quién se trataba, pero luego de que sonó su propio radio, nosotros entendimos el tamaño del problema que tenemos encima.
El dirigente de la Conatram Jalisco destaca también la demanda generalizada de los operadores por el aumento de accidentes que provocan los camiones de doble remolque que abundan en las carreteras del país, sin que ninguna autoridad llame al orden a las grandes empresas.
Comenta que en cada edición de su revista Hombre Camión se exhiben con detalle los graves accidentes provocados por esos vehículos que por sus dimensiones exceden la capacidad de las carreteras mexicanas, lo que termina por causar decenas de muertes cada año.
