Mediante la socorrida estratagema del “borrón y cuenta nueva” se pretenden ocultar irregularidades y operaciones fraudulentas que Mexicana de Lubricantes realizó durante dos décadas en perjuicio de Pemex. Así se evidencia en un documento interno de la paraestatal en el que se insta a su Consejo de Administración a pasar por alto las graves trapacerías cometidas por Mexlub, a desistirse de cualquier acción legal en su contra, aprobar sus estados financieros y, además, entregar a los accionistas 100 millones de pesos.
A pesar de múltiples irregularidades, de indicios de corrupción y desfalco al erario por más de 12 mil millones de pesos, Pemex Refinación prepara la aprobación –el próximo miércoles 22– de los estados financieros de Mexicana de Lubricantes que abarcan de 2001 a 2009. Asimismo, se propone “decretar la reducción del capital social por la cantidad de 399 millones de pesos y su reembolso a los accionistas por un monto de 100 millones de pesos”, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de que lo apruebe el consejo de administración de la paraestatal.
Así se establece en el documento interno titulado Presentación de la propuesta de la administración de Pemex y Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, al cual tuvo acceso este semanario y que fue elaborado en febrero de este año por “la Oficina del Abogado General y Pemex Refinación”.
De aprobarse esta propuesta, tal como ha anunciado también el propio director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, se concretaría uno de los capítulos de desfalco más evidentes en el área de Pemex Refinación (Proceso 1866).
El documento de más de 90 cuartillas contiene una apretada síntesis de muchas de las irregularidades detectadas por la administración calderonista en Mexicana de Lubricantes –sociedad formada por Pemex Refinación y el empresario Salvador Martínez Garza, de Impulsora Jalisciense–, compañía que durante los últimos 12 años sólo reportó pérdidas, evadió al fisco, impidió la competencia en el área de lubricantes y significó un quebranto de 12 mil 87 millones de pesos.
Entre esas irregularidades destacan las siguientes:
–De marzo de 1997 a septiembre de 2001 Martínez Garza, director general de Mexicana de Lubricantes, y su secretaria, se embolsaron 10 millones de pesos por concepto de “sueldos”, a pesar de que aquél era socio mayoritario de la empresa y de que Mexlub nunca generó ganancias.
–Esta compañía reembolsó a Impulsora Jalisciense un total de 22.9 millones de pesos por concepto de honorarios a despachos de abogados y consultorías. El más beneficiado fue Jorge Humberto Chavira, quien recibió 9.8 millones de pesos por “la suspensión definitiva del amparo promovido por Pemex Refinación por el juicio relacionado con el vencimiento anticipado de los contratos de maquila, suministro y exclusividad”.
–Con dinero del erario, Mexlub pagó 1.5 millones de pesos a la firma Global Emerging Markers LTD por un “proyecto de capitalización” elaborado entre noviembre de 1999 y diciembre de 2000. También entregó 2 millones de pesos a Spirito Santo Bank para que le gestionara una línea de crédito por 6 millones de dólares.
–Tan sólo entre 2001 y 2009 la misma empresa erogó 173 millones de pesos por concepto de “asesoría legal”; de estos gastos, 117 millones de pesos se utilizaron para pagar a varios despachos en el litigio ante la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas relativas a Pemex Refinación, debido a la cláusula de exclusividad de venta en las gasolinerías de los productos de Mexlub, que acabó perdiendo Pemex Refinación en julio de 2003.
Los dos despachos que más honorarios cobraron en este pleito fueron González Fernández Abogados, S.C., y Barrera Siqueiros y Torres Landa, según la relación de “honorarios en juicios y litigios” de la página 63 del documento. También se destinaron 5.9 millones de pesos en pagos por defensa legal ante Banorte y 36 millones de pesos para otros despachos.
–El informe, elaborado por un Comité Especial de Evaluación, acredita que la desastrosa administración en Mexlub, de la cual Pemex Refinación tiene 49% de las acciones, ocasionó un daño patrimonial por 12 mil 642 millones de pesos a la paraestatal; “menoscabo en su patrimonio”, le llaman de manera eufemística a este quebranto.
Rapacidad
El documento interno propone que Pemex Refinación se desista de la demanda contra Salvador Martínez Garza –recurso que dio lugar a la averiguación previa UEIDFF/FINM11/2006– a cambio de que el socio de Impulsora Jalisciense “renuncie a cualquier acción legal” que afecte a Petróleos Mexicanos.
“Para materializar el compromiso previsto en el párrafo anterior, Pemex Refinación suscribirá y presentará y ratificará un escrito de perdón ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría de Investigaciones Federales de la PGR, de manera simultánea a la firma de este convenio”, se establece en la propuesta de “arreglo”.
Además, se aprobarán los estados financieros de Mexicana de Lubricantes que abarcan los ejercicios fiscales del periodo 2001-2009 y se decretará la reducción del capital social de la empresa “por la cantidad de $399, 999, 991.25 (trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un pesos) y su reembolso a los accionistas, por un monto mínimo de 100 millones de pesos, en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de que éste se acuerde. El resto, en la medida en que el flujo de efectivo de Mexicana de Lubricantes lo permita, no debiendo exceder de tres meses”. Es decir, antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón.
El “arreglo” también prevé que Impulsora Jalisciense renuncie “en forma definitiva e irrevocable” al cobro de los gastos y costos al que fue condenada Pemex Refinación en el litigio 222/2006, mediante el cual esta subsidiaria ejerció el derecho a la opción de compra de 51% de las acciones en poder de Martínez García.
Ambas partes también se comprometen a suspender todos los procedimientos judiciales y administrativos y a no ejercer acciones legales adicionales, “otorgándose los finiquitos recíprocos más amplios que en derecho procedan”.
Entre los asuntos comerciales se propone:
“–Un contrato de ventas de primera mano de aceites básicos. Pemex Refinación se obliga a suministrar a Mexicana de Lubricantes 4.5 millones de litros mensuales por un periodo de 10 años.
“–Extinción de la obligación de exclusividad de ventas de lubricantes. Una apertura ordenada (sic) del mercado de estaciones de servicio de la franquicia Pemex.
“–Terminación de los contratos de maquila.
“–Suscripción de un nuevo contrato de licencia de uso de marcas. Lo cual permitiría una apertura ordenada del mercado.”
Para el socio Salvador Martínez García el “arreglo” es ampliamente beneficioso, pues no sólo se finiquitan los juicios, sino que también no se le solicitará la devolución de los salarios cobrados de manera irregular por él y su secretaria, que ascienden a 10 millones de pesos.
Venalidad
Estas propuestas fueron formuladas y aprobadas en una sesión del Comité de Auditoría y Evaluación de Pemex, presidido por José Fortunato Álvarez Enríquez, con la presencia de los vocales Fluvio César Ruiz Alarcón y Héctor Moreira Rodríguez, ambos consejeros profesionales de Pemex nombrados a raíz de la reforma energética de 2008.
El acta, cuya copia obtuvo Proceso, tiene fecha del 15 de febrero de 2012 y consta de 20 fojas, más el anexo de la propuesta de “arreglo” en Mexicana de Lubricantes.
Entre las conclusiones a que llegaron los asistentes, incluidos el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez, titular del Órgano Interno de Control de Pemex, y el comisario suplente de la Secretaría de Energía, Federico Millán Portillo, están las siguientes:
“A) Aceptar las propuestas de Impulsora Jalisciense en los términos señalados llevaría a realizar las actividades tendentes a reactivar la vida corporativa con los beneficios en los aspectos comercial, corporativo y legal.
“B) No aprobar ni aceptar la propuesta de Impulsora Jalisciense en los términos señalados llevaría a replantear la estrategia legal y comercial. Siendo necesaria la defensa de las acciones que Impulsora Jalisciense intente contra Pemex Refinación.”
Durante la sesión el presidente del Comité de Auditoría, Fortunato Álvarez Enríquez, comentó: “después de haber analizado y revisado toda la información presentada, así como las propuestas y sus anexos, y considerando la gran cantidad de recursos que ha destinado Pemex Refinación para este asunto, estimó conveniente establecer un convenio con Impulsora Jalisciense con la orientación a que Pemex Refinación no tenga desventajas, más de las que ya ha obtenido, reconociendo que ha habido una administración en Mexicana de Lubricantes, si bien no reconocida como fraudulenta, sí irresponsable y ventajosa al actuar de manera unilateral sin tomar en cuenta al socio minoritario”.
Después de una breve deliberación, los integrantes del Comité de Auditoría y Evaluación acordaron “recomendar al Consejo de Administración de Pemex la autorización de la propuesta” que permita lo siguiente:
–Celebración de Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros y reparto de dividendos.
–Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción alguna de las partes.
–Firma de un nuevo contrato de ventas de primera mano y terminación del contrato de maquila.
–Apertura del mercado de estaciones de servicio que obligaría a modificar el contrato de licencia de uso de marcas.
–Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de “transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno”.
En la discusión, los integrantes del citado Comité de Auditoría y Evaluación olvidaron el diagnóstico realizado por la Secretaría de la Función Pública al inicio del actual sexenio: el origen de este fraude radicó en la privatización de un negocio que dejó utilidades netas a Pemex por 225 millones de dólares en 1991, pero que un año después fue vendido en menos de 50 millones de dólares a una empresa, Impulsora Jalisciense, que no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el Contrato de Coinversión del 19 de enero de 1993 (Proceso 1866).
