Corrientes internas del PAN están empeñadas en rescatar a su partido de la que consideran la peor catástrofe de su historia, la “ruptura moral”. Analizan el proceso que dejó tan mal parado al panismo y reparten culpas con nombre y apellido. Se mueven, se organizan, debaten y proponen, pero saben que no la tienen fácil, que Acción Nacional, pese a estar casi en ruinas, sigue siendo un bocado apetecible para dos poderosos grupos: el de Felipe Calderón y el de los yunquistas.
GUANAJUATO, GTO.- El PAN “vive su momento más crítico” y en vez de actualizar sus normas estatutarias y redefinir sus procesos de elección interna lo que necesita es recuperar su identidad, porque “su ruptura mayor es de carácter moral”.
Este diagnóstico quedó asentado en uno de los varios documentos redactados por grupos de reflexión surgidos tras la fallida campaña electoral y los resultados que lanzaron al PAN al tercer sitio.
En la repartición de las culpas estos sectores de militantes son implacables con Felipe Calderón y los gobiernos estatales y municipales, como se documenta en el escrito que circuló dos semanas atrás a iniciativa del senador electo Javier Corral Jurado, cabeza del llamado Grupo Acción Nacional Democrático (Grande):
En ese texto se asienta que los saldos negativos obedecen a un largo proceso de deterioro institucional, fenómeno en el que se incluyen “conductas cuestionables y actos comprobables de corrupción de algunos de sus miembros”.
A ello se suma una “indebida intromisión del gobierno en la definición de acciones y órganos estatutarios” y el surgimiento de “una cultura presidencialista –insospechada, dicen los panistas– que llegó a colocar por encima de la lealtad al partido el apoyo al presidente de la República o a los gobernadores en turno, y condenó el diferendo como traición…”.
Al gobierno de Calderón le achacan igualmente una pérdida de principios y valores esenciales y de la “elemental civilidad política” para procesar la relación partido-gobierno.
Estas y otras acciones han llevado a la pérdida de la capacidad deliberativa de los órganos directivos, porque se han visto copados por los grupos, según su revisión.
Estas voces del panismo –que ahora se definen como una posible tercera vía ante las posiciones irreductibles del calderonismo que busca controlar al partido y el ultraconservadurismo yunquista aliado al dirigente Gustavo Madero– están a su vez inmersas en un debate que busca abrir cauces en la comisión especial nombrada el sábado 11 en la reunión del Consejo Nacional para tener peso y hacer escuchar su versión y sus propuestas.
La comisión especial es un muestrario de corrientes, posiciones y compromisos y su tarea es presentar un borrador de propuesta de reformas estatutarias antes del 15 de octubre.
Coordinada por la secretaria general, Cecilia Romero, la comisión está integrada por: Luis Felipe Bravo Mena, Germán Martínez, César Nava, José González Morfín, Luisa María Calderón, Elena Álvarez, Jorge Zermeño; los dirigentes estatales de Yucatán, Hugo Sánchez; Querétaro, José Báez; Durango, Víctor Hugo Castañeda e Hidalgo, Alejandro Moreno; Arturo Salinas, Guadalupe Suárez Ponce, Juan Molinar y Verónica Pérez, con cargos en el CEN, así como los exgobernadores Marco Adame, Carlos Medina Plascencia y Fernando Canales, además del exsenador Santiago Creel.
Si entre calderonistas y maderistas había diferencias antes del encuentro del sábado 11 sobre los plazos para convocar y efectuar asambleas ordinaria y extraordinaria de reforma a los estatutos y modificación del Consejo Nacional, entre los diversos foros de la tercera vía surgieron también discrepancias en el proceso para integrar un frente común que llegue fortalecido a la reunión del Consejo Nacional.
Están los radicales que optan por levantar un padrón de militantes desde cero y los que optan por la aplicación de auditorías in situ mientras se desarrolla el actual proceso de reafiliación, a fin de detectar los “registros masivos”.
Hay quienes le apuestan a la renovación total e inmediata del pleno del Comité Ejecutivo Nacional –empezando por Madero– y del Consejo Nacional, como paso indispensable para dar pie a las siguientes reformas sin las condicionantes que ponen los dos grupos visiblemente apoderados de esas estructuras, los de Calderón (al que nombran “el grupo michoacano”) y los del Yunque.
Y se contraponen aquellos –entre los que está el propio Corral– que han apuntalado a Madero y al CEN en aras de lo que consideran necesario: una dirigencia fortalecida para hacer frente a los embates de Calderón.
Eso sí, una coincidencia rotunda los une: la apreciación de que la corrupción, el amiguismo, la indebida intromisión del presidente y gobernadores en la vida del partido y los grupos de interés son prácticas vigentes en Acción Nacional.
La geografía de la crisis
Desde Baja California, con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel a la cabeza, pasando por Nuevo León –donde la convocatoria surge de Fernando Canales Clariond y Fernando Elizondo– hasta el centro y sur del país con el posicionamiento del grupo Grande, con Javier Corral, y del que se identifica como LVII Legislatura, de Fauzi Hamdan y Patricia Espinoza, la geografía panista muestra una intensa dinámica de acercamientos y diferendos en el intercambio de las visiones sobre el partido y los pasos a seguir después del catastrófico 1 de julio.
Se trata, como lo definió un de los integrantes del grupo LVII Legislatura –quien pidió el anonimato–, de un proceso “cambiante y en marcha” en el cual se han dado encuentros privados, registro de minutas con opiniones y debates, intercambio de documentos y también cambios de posiciones.
Como promotores del documento La rehabilitación moral del PAN, ejes de su vigencia (en el que se diagnostica la fractura “moral” del partido) figuran Carlos Arce Macías, Rodolfo Bermejo Rodríguez, Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo, Agustín Castilla Marroquín, Carlos Castillo López, Héctor Chávez Barrón, Javier Corral Jurado y Santiago Creel Miranda.
También Augusta Díaz de Rivera, Ricardo García Cervantes, Rocío García Gaytán, Francisco Garrido Patrón, Juan Pablo Gómez Morín, Alejandro González Alcocer, Adriana González Carrillo, Víctor Hermosillo Celada, Héctor Larios Córdova, Carlos Medina Plascencia, Gustavo Parra, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Marcela Torres Peimbert, Juan José Rodríguez Prats, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Ramos Molina, Humberto Treviño Landoy, Abel Vicencio Álvarez y Esteban Zamora.
En su posicionamiento –que comienza, como varios otros, por describir las causas originales que los líderes como Manuel Gómez Morín, Carlos Castillo Peraza, Manuel Clouthier o Luis H. Álvarez convirtieron en principios y estatutos– este grupo describe un fenómeno de “pragmatismo rampante” que contribuyó al deterioro institucional, así como la aparición de “algunas prácticas de manufactura priista”: Corporativismo, conductas clientelares y disputas grupales.
En esta reflexión se reconoce cómo en el PAN se relajaron las conductas de militantes, dirigentes y de éstos en el servicio público, “dando pie a la impunidad que reprodujo y aumentó desviaciones”, al grado de que los requerimientos al orden son más conocidos y rigurosos al aplicarse contra quienes expresan opiniones críticas sobre o hacia el partido que frente a conductas de corrupción.
Y además de la “cultura presidencialista” mencionada líneas arriba, en los 12 años de panismo en Los Pinos se descuidó “el principal objetivo al que fuimos llamados por los electores”: transformar el régimen político, cambiar el poder.
El panismo permitió que prevalecieran las estructuras corporativas del PRI –y en algunos casos se alió a ellas o las solapó–; las mismas con las que este partido volvió a la Presidencia.
Se reconoce también que en el ejercicio del poder el PAN no puso freno a los privilegios de actores públicos y privados y a los poderes fácticos que suplen al Estado y pospuso “poner en práctica una de las banderas más caras del panismo: su definición antimonopólica, en lo político y lo económico”, por lo que mantuvieron intocados lo que definen como “los pilares del régimen autoritario en que se fincó la hegemonía priista”.
“Consideramos que más que una refundación o reestructuración, el PAN necesita una reconstitución de su acuerdo ético y una reconstrucción de sus reglas básicas de ejercicio democrático”, concluye el grupo representado por Corral.
Dos de los firmantes de este pronunciamiento interno –que circuló antes de la reunión del sábado 11–, Canales Clariond y Juan Antonio García Villa, aparecieron finalmente respaldando la postura de los miembros de la LVII Legislatura con Fauzi Hamdan (Proceso 1867).
Previeron la derrota
Juan José Rodríguez Prats inicialmente había participado en algunas reuniones de aquel grupo de exlegisladores, como quedó asentado en una minuta con fecha del 13 de junio, unas semanas antes de las elecciones.
En ese documento –al que tuvo acceso este semanario– se enlista la presencia de Rodríguez Prats, Patricia Espinoza, Alberto Cifuentes, Julio Faesler, Juan Marcos Gutiérrez, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Salazar, Jorge Lara Rivera y Edgardo Flores Campbell en una reunión en la que el pronóstico de la derrota ya era inevitable.
Según la minuta, las apreciaciones de Rodríguez Prats fueron puntuales al señalar “el grave daño ocasionado” por Calderón al partido con la imposición en la presidencia de los michoacanos –Germán Martínez y César Nava–, su rudeza contra Manuel Espino y un intento de imposición de Roberto Gil, así como la forma en que mintió sobre su presunta neutralidad ante el proceso interno para elegir al candidato a la Presidencia, cuando pretendió también imponer a Ernesto Cordero.
A ello le sumó “el desastre” de Gustavo Madero y, como colofón, los yerros de Josefina Vázquez Mota al abandonar a quienes la habían hecho ganar en la contienda interna y permitir que Calderón impusiera a su gente en candidaturas legislativas y en la propia coordinación de la campaña.
Hubo opiniones sobre las circunstancias regionales, de gobernadores que “empezaron muy bien y terminaron muy mal”, entre los que incluyeron al queretano Francisco Garrido Patrón; al de Jalisco, Emilio González Márquez, y al de Morelos, Marco A. Adame.
Aquí se inscribió el caso de Chiapas, donde el gobernador Juan Sabines le habría entregado a las cúpulas calderonista y del CEN la candidatura, traicionando a la militancia de aquella entidad y posteriormente entorpeciendo las nominaciones de alcaldías y del propio candidato a gobernador.
El grupo de la LVII Legislatura tuvo un encuentro con el Grande el miércoles 8. Ahí se pusieron sobre la mesa análisis, diagnósticos y propuestas; hubo coincidencias de fondo pero surgieron diferencias, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad –y las cuentas a rendir– de Calderón y su intromisión en el partido, y del propio Gustavo Madero y el CEN.
“Nosotros sostenemos que igual responsabilidad tienen el gobierno federal y los estatales y municipales en el descrédito del partido y en no haber logrado ‘prestigiar la marca’ para permanecer más tiempo en la Presidencia de la República, que la deficiente conducción del partido y de la campaña”, expresó uno de los participantes del grupo de la LVII Legislatura.
“Todo el mundo cree que su visión es la que tiene más adhesiones –y ciertamente nosotros no somos convocados a los debates de los grupos de Calderón o de Madero–, pero nos mantenemos en este proceso de acercamientos para fortalecer una tercera vía a corto plazo. Creemos que es la más sensata para una verdadera reestructuración”, dice a Proceso otro de los integrantes de la LVII Legislatura.
En este tenor, la convocatoria de este grupo en particular se ha ampliado a un encuentro con un mayor número de panistas de diversos puntos del país, quienes se reunirán esta semana con miras a formalizar una interlocución con la comisión designada por el CEN, en principio a través de cinco de sus miembros, a quienes se considera “independientes” o sin compromisos con los grupos dominantes: Fernando Canales, Elena Álvarez, Carlos Medina Plascencia, Jorge Zermeño y Santiago Creel.
Aunque posteriormente pretenden reunirse con la coordinadora de la comisión, Cecilia Romero, para saber cuál será la ruta, cuándo y cómo podrán presentar sus propuestas ante el pleno de la misma.
Para el grupo de exlegisladores hay un peligro inminente: “Hay que evitar que los calderonistas y los yunquistas, grupúsculos de interés –y más destacadamente este último, representado por el exgobernador Juan Manuel Oliva– se aferren a las posiciones que tienen y que toda esa mediocridad e ineptitud venga a refugiarse al partido después del 1 de diciembre”.
