Hace cuatro años el gobierno de Emilio González Márquez se comprometió a trasladar a trabajadores de la Junta Local de Conciliación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –que hoy laboran en diversos inmuebles rentados– a un edificio propio en la avenida de Las Palmas número 96. Pero no sólo no cumplió, sino que ahora, según Rodolfo Arturo Salinas, dirigente del sindicato de la secretaría que encabeza Ernesto Espinoza Guarro, este funcionario pretende rentar un bodegón en la avenida R. Michel presuntamente para ubicar ahí a la Junta.
Reina la incertidumbre entre los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por el cambio de oficinas que prepara el gobierno del estado. Un grupo de empleados y su líder Rodolfo Arturo Salinas Escobar dicen que las cosas se están haciendo en total hermetismo y arguyen que el propósito de esa mudanza es favorecer a un personaje presuntamente ligado con el gobierno panista, pues sería el arrendador del inmueble.
Y aunque el secretario del Trabajo y Previsión Social local, Ernesto Espinoza Guarro, lo niega, los más de 370 empleados de la junta y un centenar de personas más adscritos a la dependencia encabezada por él –que despacha en un edificio rentado–, determinaron no agendar audiencias durante la primera quincena de diciembre, fecha en que presuntamente se hará el traslado.
El lunes 6 y el martes 7 el presidente de la JLCA, Alfonso Gutiérrez Santillán, también informó a los presidentes especiales de las ocho juntas de Guadalajara –el organismo cuenta con otras cinco juntas foráneas– que se prepara el cambio de sede, por lo que les solicitó no programar diligencias.
A su vez, líder del Sindicato de la Secretaría del Trabajo y de la Junta, Rodolfo Arturo Salinas Escobar, habla de los presuntos compromisos que tienen las autoridades con el dueño de una bodega ubicada en avenida Doctor R. Michel número 579 que, arguye, en octubre de 2011 fue “prestada” al gobierno estatal durante los Juegos Panamericanos para la concentración de personal de seguridad y en julio pasado para actividades propagandísticas del PAN.
Salinas Escobar sostiene que el propio Espinoza Guarro le confirmó el traslado de las oficinas de calzada de Las Palmas número 30 –domicilio de la actual STPS– y de Independencia 100 –donde opera la JLCA– al predio de Doctor R. Michel 579. Eso preocupa a los trabajadores, ya que, dice, el lugar no reúne las características de seguridad ni de movilidad, por lo cual se oponen a la reubicación, e incluso amagan con realizar un paro.
Salinas Escobar insiste en que Espinoza Guarro le habló del cambio de sede de la junta en un restaurante donde estaba Juan Pelayo Ruelas, líder de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado y sus Municipios, el sindicato blanco.
La semana antepasada, cuando el reportero gráfico Rafael del Río acudió al domicilio de R. Michel 579 a tomar unas placas para ilustrar este trabajo, fue increpado por Adrián Chávez, quien funge como vigilante en el bodegón y quien presuntamente trabaja para Urbi Soluciones.
Entrevistado sobre la mudanza, el titular de STPS niega la versión, aunque admitie que el inmueble mencionado es una de las dos o tres opciones “que se revisan” para el traslado de la dependencia. Aunque reitera: No existe algún compromiso formal o algún sitio definido.
Proceso Jalisco obtuvo copia de un documento de siete hojas con las firmas de 114 trabajadores de la STPS y de la JLCA fechado el 13 de julio último, en cual manifiestan sus inconformidades:
“No estamos de acuerdo (con el traslado) y no es nuestro deseo que nuestras instalaciones sean cambiadas a las bodegas que ocupaba la empresa antes conocida como Gigante, toda vez que dicho lugar es un espacio insalubre puesto que cercano a él se encuentra un lienzo charro con ganado.”
Además, suscriben, “dicha finca no cuenta con las condiciones necesarias para trabajar”.
Alfonso Ugarte Nava, fundador de la Asociación de Abogados y Profesionistas en Materia Laboral y del Trabajo en el estado y expresidente de la JLCA, se encargó de recabar las firmas. Dice que muchos compañeros se negaron a rubricar el escrito por temor a represalias, dado el clima que prevalece en la junta.
Además, expone, empleados cercanos a los funcionarios “que toman decisiones”, aseguran que el cambio a R. Michel 579 es conveniente porque se trata de un bodegón de dos hectáreas, suficientes “para cubrir las necesidades de espacio”. Incluso comentan entre ellos que las autoridades pagarían una renta mensual cercana a 1.5 millones de pesos durante 10 años, asegura Ugarte Nava.
Puras pifias
Durante el actual sexenio, Alfonso Ugarte Nava ha criticado el dispendio de los recursos económicos asignados a las autoridades laborales, en particular los destinados a oficinas y adquisición de inmuebles.
Salinas Escobar relata que hace cuatro años la JLCA compró al líder croquista Antonio Lara Nuño un inmueble en calzada de Las Palmas número 96, colonia La Aurora, precisamente en la manzana donde está actualmente la secretaría, para dotar a los trabajadores y a quienes demandan los servicios de justicia laboral de un edificio funcional y moderno
En ese proyecto, comenta, se pretenden invertir cerca de 500 millones de pesos para erigir varios edificios: el A, que se destinará a la junta; el B, para el Servicio Nacional de Empleo, y el C, para el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la coordinación administrativa y el despacho del secretario. Este último albergaría también la guardería y el estacionamiento.
No obstante, según el líder sindical, el terreno no es apto para la construcción del complejo de oficinas por la presencia de mantos freáticos en ese entorno.
“Allí había un lago y tenemos fotografías. Era el Lago Azul y por allí se dotaba de agua a Guadalajara, bajándola por el río San Juan de Dios. Se puede construir, pero saldría carísimo, por eso no hicieron nada”, dice.
Con respecto al traslado de las oficinas de la junta a la calle R. Michel 579, Espinoza Guarro reitera que será la administración de Aristóteles Sandoval la que determine dónde se erigirá el complejo de oficinas, sin descartar el terreno de Las Palmas número 96.
Y aclara que ya no hay tiempo para llevar el asunto al Congreso y solicitar formalmente un esquema de inversión público privado, a través de los denominados Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).
No obstante niega que haya problemas de suelo que dificulten la construcción en el predio adquirido, incluso adelanta que el estudio de mecánica de suelos y el proyecto ejecutivo serán entregados al equipo del gobernador electo para que concrete la obra.
Espinoza Guarro insiste: “A mí no me ha llegado ningún documento ni ningún comentario (sobre el traslado al predio de R. Michel 579); al día de hoy no hay ningún contrato firmado. Tenemos alternativas, pero no tenemos nada cerrado (…) Lo que sí es muy claro, y quiero dejarlo claro, es la necesidad real de la junta de contar con un espacio para trabajar con dignidad, porque está saturada y la carga de trabajo obliga a un crecimiento que el inmueble actual –ubicada en la avenida Independencia número 100– no lo permite”.
Y mientras el representante de los empleados de base puntualiza que “tampoco el personal de confianza está de acuerdo con el traslado”, por lo que amenazan con recurrir al gobernador (González Márquez) para que intervenga y evite el paro laboral, un grupo de 32 trabajadores asegura que demandará a Espinoza Guarro por descuentos ilegales en su nómina.
Arturo Salinas indica que hay inconformidad por el nuevo modelo de reparto del bono anual, una conquista sindical que tradicionalmente se distribuía sólo entre el personal de base. Sin embargo, dice, por gestiones del secretario con los diputados para modificar el decreto correspondiente”, esa gratificación se hizo extensiva a empleados de confianza, con la excepción de los jefes, lo que merma el ingreso de los que ganan menos.
Espinoza Guarro informó que se entregarán 2.3 millones de pesos la primera quincena de este agosto, y refrendó su posición de apertura y entendimiento con los trabajadores.
Hechos y dichos
Emilio González Márquez concluirá su gestión sin terminar la construcción de las instalaciones propias de la JLCA, como se comprometió hace cuatro años, aun cuando se invirtieron 30 millones de pesos para la adquisición del terreno de Las Palmas número 96.
Hoy, el Ejecutivo se encuentra maniatado, pues no sabe cómo ubicar al centenar de empleados de la STPS que desde enero de 2009 se encuentran en un inmueble rentado en Las Palmas 30 y cuyo contrato vence el 28 de febrero de 2013, un día antes de que Aristóteles Sandoval Díaz tome el poder.
Proceso Jalisco tiene copia del contrato de arrendamiento que expira el 28 de febrero del año venidero. Según el documento, la renta incluye equipamiento y el arrendatario aporta una cantidad extra por concepto de mantenimiento. En total, el gobierno paga 126 mil 787 pesos mensuales a Alberto Romo Chávez Delgado, propietario de los mil 259 metros cuadrados, sin incluir el consumo de energía eléctrica y agua.
En junio pasado comenzó a correr la versión de que el gobierno del estado pretende reubicar a los 100 trabajadores de la secretaría, a 500 de la junta, e incluso a los del Tribunal de Escalafón y Arbitraje antes de que termine el año.
El 19 de febrero de 2010, durante su comparecencia en el Congreso local para la glosa del tercer informe del gobernador González Márquez, Espinoza Guarro anunció que ese año se realizaría el cambio de sede; habló incluso de la compra de un terreno de 13 mil metros cuadrados en Las Palmas número 96.
El plan original era reunir en una sola sede a los trabajadores de la secretaría, de la junta y de la Procuraduría del Trabajo, pues en la actualidad laboran en varios edificios arrendados en Las Palmas y en Independencia número100.
De acuerdo con el titular de la STPS, el gobierno entrante tendrá que definir la situación.
