A sólo dos años de asumir su mandato, el colombiano Juan Manuel Santos enfrenta problemas que parecían erradicados en su país. Luego de un auspicioso comienzo, con índices de popularidad al alza y golpes espectaculares contra las FARC, la situación se le volteó: la guerrilla resurgió con fuerza inusitada, la economía se atascó y la seguridad se le salió de las manos. Hoy, sus niveles de popularidad están por los suelos.
BOGOTÁ.- Por primera vez desde que asumió el poder hace 24 meses, la imagen desfavorable del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es más alta que la favorable. Esa medición, en un país donde las encuestas suelen registrar con fidelidad el sentir de la ciudadanía, tiene un fuerte sabor a crisis.
Las cifras son contundentes: en julio de 2011, Santos tenía 71% de opiniones positivas frente a 25% de las negativas. Un año después los índices cambiaron: la buena imagen bajó a 47% y la mala subió a 48%.
Una gran nube negra cubre la gestión de Santos, a quien desde hace varios meses nada parece salirle bien en varios rubros, entre ellos la seguridad, economía, salud y corrupción. Hoy, 68% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino.
La encuesta Colombia Opina, encargada por RCN radio, RCN televisión, la FM y la revista Semana a la firma Ipsos Napoleón Franco, confirmó los resultados del Gallup Poll de finales de junio, que ya mostraban un franco deterioro en varios de los principales indicadores de la actual administración.
En agosto de 2010, Santos asumió la presidencia de Colombia, luego de ganar con 69% de los votos a su contrincante, el académico Antanas Mockus, quien sólo obtuvo 27.5% de los sufragios.
La abultada victoria fue posible porque Santos convenció al electorado de que él era el elegido por el presidente saliente, Álvaro Uribe Vélez, y que proseguiría su Política de Seguridad Democrática, con énfasis en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como ministro de Defensa de Uribe durante tres años, Santos dirigió los primeros golpes certeros contra la cúpula de las FARC que hasta entonces parecía intocable. El 1 de septiembre de 2007 fue abatido Tomás Medina, El Negro Acacio, comandante del poderoso frente 16, y el 25 de octubre siguiente cayó Gustavo Rueda, Martín Caballero, comandante de la guerrilla en la Costa Caribe.
En 2008 las tropas consolidaron la ofensiva encabezada por Santos. El 1 de marzo de ese año falleció Luis Édgar Devia, Raúl Reyes, segundo al mando del grupo insurgente, en un bombardeo; una semana después, un guerrillero asesinó a Manuel Muñoz, Iván Ríos, integrante del Alto Mando Central, y el 25 de mayo las FARC anunciaron la muerte por causas naturales de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda o Tirofijo, jefe máximo del grupo rebelde.
Por si fuera poco, el 2 de julio de siguiente, en una acción en la que no dispararon un solo tiro, las fuerzas armadas realizaron la Operación Jaque y rescataron a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres estadunidenses y a 11 integrantes de la fuerza pública secuestrados por la guerrilla entre seis y 10 años atrás.
Con esas credenciales, con una bien ganada fama de tecnócrata –fue ministro de Comercio Exterior y de Hacienda–, con el respaldo de poderosos sectores empresariales y políticos del país y con el aval de Uribe, Santos se posicionó con un discurso conciliador.
“Soy el presidente de la unidad nacional. Demos la vuelta a la página de los odios, de las divisiones. A Colombia le llegó la hora y esa hora es la hora de la unidad”, dijo el 7 de agosto de 2010.
Esas palabras produjeron resultados muy pronto. Los partidos Conservador y Cambio Radical, así como un sector mayoritario del liberalismo, se aliaron en torno a la nueva figura presidencial que rápidamente se dio a la tarea de resolver los problemas que heredaba de su antecesor.
De manera expedita, Santos tendió puentes con los altos órganos de la justicia, en especial con la Corte Suprema, con la que Uribe sostuvo agrios enfrentamientos públicos durante buena parte de sus ocho años de mandato.
Uribe acusó a ese tribunal de perseguir judicialmente a sus colaboradores más cercanos, a su familia y a sus hijos. A su vez, los magistrados acusaron al mandatario de ordenar seguimientos y amenazas e interceptar sus comunicaciones privadas.
Conciliación
Los acercamientos de Santos con la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura no sólo parecieron restablecer la confianza entre los poderes Ejecutivo y Judicial. A finales de agosto éstos se comprometieron a tramitar una profunda reforma a la justicia en el Congreso, encaminada a combatir el alto índice de impunidad, cercano al 98%, y a resolver los elevados índices de saturación en los despachos judiciales, estimados en aquella época en cerca de un millón y medio de expedientes en espera de trámite.
En forma paralela al nuevo ambiente con las cortes, el gobierno se propuso aliviar las tensiones con sus vecinos. De manera discreta, la canciller María Holguín adelantó contactos privados con Venezuela y Ecuador, países con los cuales Colombia prácticamente rompió relaciones. Con Caracas, por el refugio que según Uribe les daba a las guerrillas, y con Quito, por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes.
La luna de miel del país con el nuevo gobierno pareció prolongarse cuando el 23 de septiembre de 2010, 46 días después de llegar a la Casa de Nariño, se produjo la Operación Sodoma, que culminó con la muerte de Jorge Briceño Suárez, Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. Este rebelde fue localizado por la policía y las fuerzas militares en un escarpado refugio en la Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta, distante 350 kilómetros al sur de Bogotá, mismo que fue sometido a un intenso bombardeo.
En las siguientes semanas, gobierno, analistas y medios de comunicación anunciaron el fin de las FARC, cuyos principales comandantes estaban en retirada y otros fuera del país, según reportes de los organismos de inteligencia del Estado.
Mientras tanto, Santos redondeó su faena en el exterior con dos anuncios inesperados. El primero, el 7 de noviembre de ese año, calificó a Chávez como “mi nuevo mejor amigo” durante una rueda de prensa en Mérida, México, después de participar en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Estábamos en la peor posición del mundo –explicó Santos–. Dos países con una frontera tan larga, sin relaciones diplomáticas, sin diálogo, sin comercio y con el peor peligro del mundo, una guerra, palabra que no existe en mi diccionario”.
El segundo, el 26 de noviembre, en Georgetown, Guyana, cuando Santos y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciaron el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas. El conflicto entró en vía de solución cuando Santos, electo presidente a mediados de junio de 2010, le hizo llegar a Correa el contenido de dos computadoras portátiles decomisadas a Reyes. Correa respondió al gesto al asistir a la toma de posesión de Santos. Finalmente, en diciembre, Bogotá y Quito nombraron a sus respectivos embajadores.
En los primeros meses de 2011, Santos concentró sus energías en sacar adelante la ambiciosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una de sus promesas de campaña, presentada al Congreso el año anterior y cuyo trámite legislativo debía terminar a mediados de ese año. Sin bajar la guardia, el 1 de junio el gobierno logró que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran los 208 artículos de ese ordenamiento.
La luz verde al proyecto le dio un nuevo aire al gobierno, que enarboló una ley que prevé la reparación económica a más de un millón de victimas que sufrieron algún daño desde enero de 1985 por cuenta del conflicto interno, y les devuelve 2 millones de hectáreas a quienes las perdieron a partir de 1991.
Todo iba bien. La economía crecería 6% a final de año, según previsiones del Banco de la República. Además, Colombia mantenía una presencia activa en el exterior, a donde Santos viajaba con inusitada frecuencia. Lo mejor de todo es que las encuestas lo favorecían ampliamente.
Renace la guerrilla
A finales de 2011, Santos redondeó un año exitoso al dar otro contundente golpe a las FARC: el 4 de noviembre, tras un enorme despliegue militar, fue abatido Guillermo León Sáenz, Alfonso Cano, el sucesor de Tirofijo en las FARC. Fue localizado en una humilde casa del municipio de Suárez, departamento del Cauca, 700 kilómetros al sur de la capital colombiana.
No obstante, las cosas empezaron a cambiar para Santos en 2012. Al punto de que ahora muy pocos se acuerdan de los golpes contra las FARC y de los logros en economía. El jefe del Estado se ha encontrado con una ciudadanía hostil que incluso lo ha abucheado en algunos eventos públicos.
La seguridad es hoy la principal debilidad del mandatario, que se vio sorprendido por la inesperada reacción de las FARC, que recompusieron sus estrategias y regresaron a las viejas tácticas del pasado de golpear a la fuerza pública en pequeños grupos.
Mediante ataques continuos a las tropas, retenes en las carreteras, secuestros, voladura de oleoductos y acometidas en poblaciones rurales y algunos centros urbanos, las FARC lograron convencer a la opinión pública de que están más vivas que nunca y de que el conflicto armado en Colombia está lejos de terminar. Un reciente estudio del reconocido Centro de Seguridad y Democracia, reveló la creciente actividad de la guerrilla en medio centenar de nuevos municipios en ocho departamentos del país.
Aun cuando el gobierno sostiene que la confrontación sólo está concentrada en 80 de los más de mil municipios del país, donde escasamente vive 5% de la población, unos 2s millones de habitantes, lo cierto es que la gente tiene la percepción de que la confrontación armada regresó a épocas que parecían superadas.
Las FARC han concentrado su estrategia en el departamento del Cauca, donde atacan en forma sistemática al ejército y a la policía. Poblaciones como Miranda, Toribío, Suárez, Caloto y Argelia, entre otras, viven sitiadas por guerrilleros que durante buena parte del día lanzan bombas de poca potencia y hostigan con disparos a los uniformados.
Lo que ocurre en Cauca se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno, impotente para detener a los alzados en armas que aprovechan las quejas de las comunidades indígenas por la falta de presencia del Estado con obras, centros de salud y colegios.
La falta de habilidad para manejar la grave situación que prevalece en Cauca quedó demostrada el pasado 11 de julio, cuando el gobierno programó un Consejo de Ministros en Toribío, para resolver las inquietudes de los indígenas. El encuentro empezó tarde porque las autoridades hallaron cargas explosivas en el lugar donde aterrizaría el helicóptero presidencial. Finalmente la cumbre ministerial se desarrolló en medio de gran tensión porque a lo lejos se escuchaban algunas explosiones y ráfagas de fusil, y a pocos kilómetros del caserío varios guerrilleros habían instalado un retén.
Por lo que toca al rubro de seguridad, Santos se topó con un rival inesperado: el expresidente Uribe, quien ha radicalizado sus quejas contra el actual gobierno por la aparente desatención en ese tema y mediante twitts continuos da a conocer casos de secuestro, muertes, ataques guerrilleros y hasta de retenes ilegales.
El asunto se ha tornado tan complejo entre expresidente y presidente, que el pasado 4 de julio la cancillería dio a conocer un estudio contratado con la firma GNI Latinoamérica, según el cual 40% de las noticias negativas sobre Colombia en el exterior son producidas por declaraciones públicas y señalamientos del exmandatario en torno al conflicto interno.
“Me parece muy triste que seamos los colombianos los que mostremos una mala imagen del país en el exterior; más cuando la gente lee las noticias de una persona que tiene tanta credibilidad como el expresidente Uribe”, sostuvo la ministra María Ángela Holguín.
Aun cuando su mandato tiene un largo trecho por delante, es claro que Santos deberá esforzarse mucho más para acercarse a su electorado, que lo ve distante y sin una hoja de ruta concreta para resolver los problemas. El auspicioso comienzo de 2010 quedó atrás y hoy Santos tiene un enorme reto: devolver la confianza en seguridad, evitar un previsible bajón en la economía, entre otros muchos temas que según las encuestas le están pasando factura.
Pese a que no lo reconoce en público, todo indica que Santos ya entendió el problema. Desde la tercera semana de julio último empezó a viajar por todo el país para difundir los resultados de su administración en diferentes campos, pues considera que sus colaboradores no han cumplido bien con esta tarea. La denominada vuelta a Colombia por 12 ciudades y una decena de municipios durante 15 días ha estado concurrida, pero no exenta de dificultades.
En la tarde del pasado 27 de julio, durante la cuarta etapa de su periplo, Santos asistió a la clausura del X Congreso de Concejales en Bucaramanga, departamento de Santander, al oriente del país, donde se congregaron 3 mil políticos procedentes de los lugares más remotos del país.
Sin embargo, ocurrió algo que el mandatario no pudo prever: 50 minutos después de que inició su discurso y cuando avanzaba en la lectura de los logros de su gobierno, muchos concejales se salieron del recinto, molestos porque Santos no ofreció soluciones a los problemas de sus regiones.
El presidente continuó su disertación, pero a los funcionarios que lo acompañaban desde Bogotá no les quedó duda de que algo anda mal, y que deberán esforzarse mucho por revertir la imagen negativa del gobierno que aumenta cada día.
