Activistas de Canadá y mexicanos avecindados en ese país critican al gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper por endurecer su política hacia los inmigrantes mexicanos que en los últimos años se han internado allá en busca de refugio. Según ellos, la recién aprobada Ley C-31, que restringe de manera severa las expectativas de quienes buscan acogerse a las leyes canadienses, tiene efectos perniciosos. Pero lo que más les molesta es el doble discurso de las autoridades migratorias, según las cuales México “no vive una situación de violencia extrema”.
GUANAJUATO, GTO.– Desde su refugio en Montreal, una madre de familia originaria de Villa Isla, Veracruz, suena desesperada: “Los Zetas fueron a ver al papá de mi esposo para preguntarle dónde estábamos. No podemos regresar al pueblo; no podemos volver. Cuando fui a denunciar, me preguntaron: ¿cómo se atreve a venir aquí a hacer la denuncia? ¿No ve que los de aquí también los pueden matar?”.
Ella, su esposo y sus dos hijas tuvieron que huir hacia Canadá a causa del acoso de una organización criminal y de la policía corrupta. Hoy forman parte de una larga lista de familias que padecen el doble discurso del gobierno conservador de ese país que, en aras de preservar los beneficios de tratados comerciales, como el de América del Norte (TLCAN) –firmado con México y Estados Unidos–, ha optado por endurecer su política hacia mexicanos que se internan en su territorio mediante una serie de reformas migratorias y la polémica Ley C-31.
La sociedad canadiense está dividida en torno a esa ley recién aprobada en junio, que corta de tajo las expectativas de quienes buscan el estatus de refugiado, al modificar los criterios de atención y reducir de manera drástica los plazos de audiencias y sentencias.
Antes, por ejemplo, cada solicitante contaba hasta con mil días para reunir pruebas y documentar su situación de riesgo. Con la nueva norma, sólo tienen un par de meses. El asunto ha provocado ásperas discusiones y movilizaciones en las principales urbes canadienses, como Montreal.
En los últimos años, los jueces migratorios que se niegan a otorgar asilo a refugiados procedentes de México arguyen que acá se vive “una creciente democracia”; que el Estado “es capaz de brindar la protección y la seguridad que requieren sus ciudadanos”, y aseguran que cada vez hay más pruebas de que “se está combatiendo la corrupción y a los malos elementos policiacos” en los distintos niveles.
No obstante, las autoridades canadienses suelen advertir a sus ciudadanos que se proponen visitar México sobre la inseguridad prevaleciente en el territorio mexicano. En la página electrónica de la Oficina de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, por ejemplo, aparece una frase en letras rojas con la leyenda: “El nivel de advertencia de viaje en este informe no ha cambiado”.
Y viene la advertencia:
“Los canadienses deben ejercer un alto grado de precaución, especialmente en aquellas partes del país (México) que experimentan un deterioro de la seguridad… Es muy recomendable viajar a México por vía aérea a fin de evitar los cruces fronterizos terrestres a través de regiones potencialmente peligrosas…
“Evite viajar por carretera durante la noche por las ciudades de todo el país. Los altos niveles de actividad delictiva, así como las protestas y manifestaciones ocasionales, siguen siendo una preocupación en todo el país…”
En el último lustro se ha intensificado la migración hacia Canadá debido a la inseguridad creciente, aseguran los defensores de las personas que buscan el estatus de refugiados en aquel país. Ellos esgrimen con frecuencia la información que el gobierno canadiense proporciona a sus ciudadanos sobre los riesgos de ingresar al territorio mexicano.
No obstante, los jueces de migración desestiman los argumentos de los abogados, pues los consideran “exagerados” y “carentes de sustento”. E insisten en su doble discurso: México “no vive una situación de violencia extrema”.
Los defensores de los migrantes que buscan refugio en Canadá dicen que lo peor está por venir, pues de acuerdo con la Ley C-31 se publicará una lista de “países seguros” cuyo propósito es negar los beneficios migratorios a los que provengan de esas naciones.
Según ellos, Canadá quiere poner a su socio comercial mexicano en esa lista.
Solidaridad
El movimiento Mexicanos Unidos por la Regularización (MUR), fundada por el refugiado Óscar Urrutia y la activista Annie LaPalme hace seis años, es uno de los férreos defensores de la otrora política migratoria abierta e incluyente de Canadá.
En su portal electrónico www.mexregularizacion.org lanzan sus críticas al gobierno conservador, encabezado por el premier Stephen Harper, y al ministro de Inmigración, Jason Kenney, y les reiteran que no son “falsos refugiados”:
“Consideramos que esa manera de representación es deshonesta e hipócrita. No es cuestión de generosidad, sino más bien responsabilidad de Canadá de recibir a refugiados mexicanos, pues con políticas imperialistas de integración neoliberal –TLCAN y ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte)–, es en parte responsable de la miseria, de la escalada de criminalidad y violencia, de desplazamientos forzados y de la desintegración social por la que atraviesa México actualmente.
“El gobierno canadiense afirma que México es un país democrático, pero las políticas neoliberales que sacan provecho para sus intereses económicos han provocado un regreso al autoritarismo y a la violación de los derechos humanos de la mayoría de la población mexicana.
“Por todas estas razones, consideramos como criminal la repatriación por parte de las autoridades canadienses de l@s mexican@s hacia esta violencia sin precedentes que se vive en nuestro país de origen y que nos hizo huir. Por lo tanto, tenemos el derecho a permanecer aquí y que se nos conceda lo antes posible el estatus de residente permanente. ¡Estamos aquí y no nos vamos!”
Entrevistada vía telefónica, LaPalme asegura que el MUR surgió a partir del trabajo de Solidaridad sin Fronteras, una agrupación que desde hace más de ocho años brinda apoyo a indocumentados.
“En el otoño pasado –comenta– ellos organizaron un taller al que asistieron 30 mexicanos; al mes siguiente llegaron otros tantos. Vimos que era necesario formar un grupo porque la gente iba a ser deportada y venía a pedir ayuda. Nos reunimos, escogimos un nombre y definimos los objetivos.”
Ella asegura que el boom del ingreso de mexicanos a su país por la ausencia de la visa causó alarma al gobierno conservador. Y expone:
“Nunca un grupo nacional había presentado un número tan grande (de inmigrantes mexicanos). Esto pasó por la apertura de la frontera, porque no había visa, para favorecer las relaciones económicas. Fue un récord. Canadá nunca había dejado la frontera abierta con un país como México, con el que tiene una relación de desigualdad, aunque sí pide visa a inmigrantes de otros países en desarrollo.”
Hoy, aclara la activista canadiense, 99% de la migración de México todavía va a Estados Unidos.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta 2004 México se ubicó debajo de Pakistán, Sri Lanka o China en el número de solicitudes de asilo presentadas al gobierno canadiense –alrededor de 3 mil–, de las cuales sólo se admitía una cuarta parte.
Pero a partir de 2005 la situación cambió de manera drástica. Entre ese año y 2009, México se colocó a la cabeza, con cifras muy por encima del promedio. En 2005 superó a China y Colombia, con 3 mil 550 solicitudes; al año siguiente se elevaron a 4 mil 961; en 2007 fueron 7 mil 82, y para 2008 aumentaron a 8 mil 125, y en 2009 sumaron 9 mil 322.
A mitad de ese año, el gobierno canadiense determinó imponer la visa a los ciudadanos mexicanos. Al mismo tiempo comenzó a restringir el número de otorgamientos del estatus de refugiados a los solicitantes originarios de México. Al final admitió sólo 10% de las solicitudes.
Este desenfrenado ingreso de mexicanos no sólo obedeció al factor de la violencia, las desapariciones, el reclutamiento de los jóvenes por el narco, señala la entrevistada:
“Creo que la inseguridad ha tenido un papel importante. Pero lo que estaba pasando con Estados Unidos también es un factor que influye bastante. Muchos mexicanos avecindados en Estados Unidos y que tenían orden de deportación se vinieron a Canadá en busca de refugio”. Ella los llama “errantes trasnacionales”.
Y agrega: “He estado muy cerca de ellos. Conozco a una familia que llegó a Estados Unidos, donde se quedó 35 años, aunque sus integrantes no tenían papeles migratorios. Pero los deportaron a México, donde ya no tenían familia. Llegaron a Tijuana y en abril de 2009 se vinieron para acá por la violencia, con esperanza de tener una vida digna. Llegaron sin nada. Hoy todos están trabajando aquí, y cuando empiezan a integrarse, ahora los vuelven a correr”.
Obsoletos, los instrumentos legales
Los refugiados mexicanos en Canadá también enfrentan dificultades legales respecto a la Convención de Ginebra, pues ese instrumento jurídico que regula el asilo no ha sido actualizado.
En la actualidad, las víctimas del narcotráfico, la violencia y la militarización no caben en la definición de ese organismo, según el cual el refugiado debe ser una persona perseguida por motivos concretos. Pero si la violencia no está dirigida hacia una persona determinada, entonces no tiene la calidad de refugiado, sostiene LaPalme.
Lo peor de todo es que no existe el menor interés de los gobiernos de países desarrollados por actualizarla porque, dice, “no quieren admitir a los refugiados, sino frenar este tipo de migración”.
De ahí que en los últimos años los jueces de Migración canadienses opten por emitir sentencias en las cuales rechazan la petición de refugio, sobre todo ante la oleada de mexicanos, muchos de los cuales –aclara LaPalme–, en realidad no están en un verdadero peligro y se escudan en el tema de la violencia en su afán por convertirse en residentes y ciudadanos de ese país.
En 2009 un juez rechazó la petición de asilo de un mexicano perseguido, cuyo nombre se omite a petición expresa del interesado, en cuya sentencia expuso:
“México no está en un estado de colapso, y además ha hecho y sigue haciendo verdaderos esfuerzos para combatir la delincuencia y la corrupción… El Ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene responsabilidades importantes en la seguridad nacional, particularmente en la lucha contra el tráfico de drogas y en mantener el orden, un papel que se ha incrementado significativamente en los años debido a la formación militar y a la percepción de que es relativamente libre de corrupción.”
En una de las “conclusiones”, el magistrado manifestó:
“La evidencia documental… indica que México es una democracia y hay elecciones libres e imparciales. Hay un Poder Judicial relativamente independiente e imparcial… encuentro que México está en una situación de control de su territorio y tiene una fuerza de seguridad que funciona en hacer respetar las leyes y la Constitución del país…”
En otra parte de la misma sentencia, copia de la cual obtuvo Proceso, el impartidor de justicia arguyó:
“Existen evidencias documentales de que los policías que incurren en mala conducta, ineficiencia o actos de corrupción” pueden ser denunciados ante la Secretaría de la Función Pública, el programa contra la impunidad o la Procuraduría General de la República y ser investigados.
Por último, el juez escribió:
“La preponderancia de la evidencia objetiva sobre las condiciones actuales del país sugiere que, aunque no es perfecta, existe una protección adecuada del Estado en México para las víctimas del delito; que México está haciendo esfuerzos serios y genuinos para abordar el problema de la criminalidad, y que la policía está dispuesta y es capaz para proteger a las víctimas (…). En conjunto, los problemas de corrupción e ineficiencia están siendo abordados por el Estado en México…”
Para LaPalme, resulta curioso que los comisarios de Migración sugieran a los solicitantes que pueden ir a protegerse “a Cancún, Acapulco o Puerto Vallarta, porque es lo que conocen de México. Ese es el grado de conocimiento que tienen; los he escuchado hablar en las audiencias…”.
Dice que el interés de los gobiernos de México y Canadá es económico. Según la activista canadiense, actúan así para mantener sus relaciones diplomáticas. Dice que le sorprende que, pese a lo que ha pasado en México en los últimos años, se mantenga un discurso de ese tipo.
E insiste en que el propósito de la Ley C-31 es ése: frenar la ola de refugiados mexicanos para, en un mediano plazo, eliminar nuevamente la visa de ingreso, como lo anunció el ministro de Inmigración, Jason Kenney, en febrero último, tras efectuar un viaje a México.
Otras historias
Annie LaPalme comparte con Proceso otras historias, como la de Verónica Castro, de 41 años y madre de un adolescente de 16 años, quien desde el centro de detención de Vernier y a punto de ser deportada le escribió a un amigo una carta en la cual le manifestaba sus temores de regresar a México: “Estoy temblando y aterrorizada cada vez que pienso en mi deportación. Estoy muy asustada”.
Ella se fue a Canadá en busca de asilo, donde expuso a las autoridades migratorias de ese país que era víctima de violencia doméstica de una familia con presuntos vínculos con el narcotráfico. Su petición fue rechazada y ella deportada a México.
El 12 de enero pasado fue asaltada y golpeada. Cinco semanas después de su arribo a México murió a causa de la golpiza.
Otro caso es el de la veracruzana Rosa Martínez, quien llegó a Montreal a principios de noviembre de 2008. Había pagado mil 300 dólares a una supuesta oficina de gestión, cuyo personal la dejó en la primera oficina del aeropuerto de Montreal y le aconsejó identificarse como turista y luego hacer su solicitud para adquirir el estatus de refugiada.
Ocho meses después la alcanzaron su esposo y sus dos hijas, de 15 y 18 años. La familia decidió abandonar el país luego de que presuntos sicarios de Los Zetas se presentaron a la casa de Rosa para pedirle a sus hijas, a quienes, le dijeron, iban a “reclutar”.
Los familiares de Rosa llegaron a Canadá justo antes de que el gobierno de ese país impusiera la visa de ingreso a los ciudadanos mexicanos –lo hizo a mediados de julio de 2009–, alarmado por el abrumador récord de solicitudes de refugiados, quienes abandonaron sus comunidades a causa de la guerra desatada por los grupos del crimen organizado y las fuerzas federales.
En 2011, luego de haber hecho todo tipo de trabajos agrícolas, Rosa y su familia se enteraron de que la oficina de Migración canadiense había rechazado su solicitud. Hoy están en espera de un examen de revisión de riesgo, aunque saben que serán deportados.
La familia, oriunda de Villa Isla, Veracruz, asegura en una entrevista, cuya grabación tiene Proceso, que no entiende por qué fue rechazada su petición en una primera audiencia: “Nos dijeron que no calificábamos porque no habíamos vivido una agresión. Pero querían llevarse a nuestras hijas; comenzaron a pedirnos dinero. Mi suegro les está pagando, otro cuñado también”, dice Rosa.
Las autoridades canadienses no tomaron en cuenta que organizaciones canadienses contra la violencia a las mujeres exigieron una alerta de género para la comunidad de Villa Isla entre 2008 y 2009, cuando comenzaron a aparecer los cadáveres de jóvenes asesinadas, luego de que el crimen organizado se asentó en la región.
“Algunos consideran que aun cuando su vida no esté en peligro, no es digna y prefieren salir de sus comunidades; hay muchos que definitivamente no pueden volver, por lo que prefieren vivir acá, en Canadá, aunque sea sin papeles”, sostiene la activista canadiense.
