La inoperante Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito se convirtió en la coartada de Felipe Calderón para bloquear la ley general en la materia aprobada por el Congreso, que abría una ventana de oportunidades para los afectados por la guerra contra el narcotráfico. Mientras la Suprema Corte de Justicia decide en torno a la validez o invalidez de dicha ley, miles de personas se encuentran en el abandono y en el desamparo por la falta de apoyo institucional.
En el documento de observaciones que paralizó la ya aprobada Ley General de Víctimas, Felipe Calderón argumentó que varios artículos no son “pertinentes” y que su gobierno ya atiende a las víctimas a través de Províctima. Lo cierto es que 10 meses después de su creación este organismo sigue siendo el pariente pobre de las instituciones federales: usa ropa prestada, se “cuelga” de otros para dar servicios, no tiene dinero ni atribuciones más allá de las asistencialistas.
Prestados de otras dependencias son, por ejemplo, la mayoría de funcionarios que ahí laboran. Usa las instalaciones de los 16 antiguos Centros de Atención a Víctimas de la PGR y, por falta de dinero, no opera en la mitad del país, ni en estados tan necesitados como Tamaulipas. Tiene presupuesto para salarios, no para apoyos. La investigación no está entre sus atribuciones. Remendando programas sociales para pobres atiende a víctimas de la violencia, aunque sus necesidades son distintas.
Este semanario recorrió las áreas de servicio de la llamada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (o Províctima); entrevistó a beneficiarios, a empleados y a su directora, Sara Irene Herrerías, así como a integrantes de organizaciones de derechos humanos, para conocer sus experiencias. Las opiniones son variadas.
En la sala de espera de las oficinas centrales ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, el jueves 26 por la mañana una decena de personas esperaban a ser atendidas. Una abuela explicó que su nieta recibe terapia psicológica desde que presenció el asesinato de su mamá. Un joven mexiquense dijo que lo citaron apenas ese día, aunque seis meses atrás acudió a pedir ayuda porque su esposa fue secuestrada. Una mujer violada por policías esperaba un turno con un abogado que le ayudó a hacer gestiones de manera tan eficiente que uno de sus agresores ya fue encarcelado.
Un grupo de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) tramitan apoyo para otras víctimas. Recién ingresó a terapia grupal una docena de mujeres que sufren violencia intrafamiliar; problemática que afecta a 25% de quienes solicitan ayuda en este lugar.
Un 54% de las personas atendidas vienen por delitos como violencia familiar, abuso sexual, lesiones, amenazas, robos, negligencia médica, sustracción de menores y responsabilidad profesional, aunque para estos no fue diseñada esta dependencia. Se creó el 6 de septiembre pasado por un sorpresivo decreto presidencial, en respuesta a las movilizaciones de las víctimas de la narcoguerra aglutinadas en el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia, que exigían un sistema nacional de atención.
El resto de población atendida –según las estadísticas institucionales– sufrió “delitos de alto impacto”, como extorsión, trata de personas, privación ilegal de la libertad, violación, secuestro, homicidio y desapariciones (este último rubro ocupa 17% de los casos, que se traduce en mil 373 personas).
Dos días antes del recorrido se inauguró el segundo piso de este edificio de nueve niveles. De estacionamiento pasó a ser una planta llena de cubículos, donde abogados, psicólogos y trabajadores sociales esperan a que se desocupen cubículos para trabajar. El quinto piso aún no cuenta con ventilación y apenas se discute las funciones de cada subdirección. Esta dependencia recién nacida (tiene 450 empleados, la mayoría pertenecientes a otras dependencias) obtuvo presupuesto para sueldos y operación limitada en marzo; sin embargo, se le atravesó la veda electoral, por lo que suspendió tres meses la campaña promocional para difundir su existencia.
Según cifras oficiales, 8 mil 993 personas fueron atendidas físicamente los primeros nueve meses. No obstante, la tercera parte de la atención se concentra en las oficinas del Distrito Federal. En cambio, estados como Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa o Baja California, golpeadísimos por la narcoviolencia, atienden cada uno a menos de 6% de las víctimas y, a través de la línea de atención 01-800-Victima, han generado un promedio de escasas 13 citas para atención.
En el documento con las observaciones hacia la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso, el presidente usó una “encuesta fantasma” para afirmar que ya atiende a los que, al inicio del sexenio, llamó “daños colaterales”. Cita una investigación del despacho Moctezuma & Asociados cuyo resultado fue el siguiente: “86% de los ciudadanos perciben que Províctima es una institución seria; 83, necesaria; 81, con personal especializado; 80, que ‘trabajan duro’, ‘te tratan como persona’ y ‘te escuchan’; 78, institución honesta; 77, cuenta con personal confiable, y 72 que los acompaña y ‘trabaja duro’”.
Sin embargo, la encuesta titulada Medición del impacto de la campaña publicitaria de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Resultados. Abril 2012 –de la que Proceso tiene copia–, como su nombre lo indica fue realizada para medir si los anuncios de radio y de televisión tuvieron impacto en la audiencia, y sólo 8% de los encuestados por teléfono dijeron conocer la existencia de Províctima. No todos atinaron a describir para qué sirve. Luis Moctezuma, director de la empresa, confirmó que en eso se basó el estudio para el que fue contratado.
Dependencia de ornato
La señora Guadalupe Baeza truena cuando se le pregunta por su experiencia en esta institución: “Ha sido la peor, tremenda tremenda, es una falta de respeto porque somos personas, su trato deja mucho que desear en lo profesional”.
Esta defeña ha sido enlace de las siete familias campesinas de Undameo, Michoacán, que buscan a familiares desaparecidos y que desde el 10 de noviembre recibieron promesas de ayuda de la funcionaria Lilia Valdez.
“El 20 de diciembre acudí para ver qué pasaba con lo prometido y Lilia Valdez me dice que se le cayó la computadora donde tenía toda la información y la perdió, ¡y otra vez a recabarla! La traje en enero, y no pasó nada. Entre febrero y marzo molestaron otra vez a las señoras, haciéndolas ir a Morelia, para pedirles otra vez la información. Esa vez iba la subprocuradora Patricia Bugarín y, otra vez, a pedirles que relaten su historia y removerles la herida. A la fecha no ha habido nada. Están muy tristes y muy desgastadas, Províctima ni volvió”, señala decepcionada.
Una historia similar es la que relatan dos mujeres, esposa y madre de miembros del grupo de 22 jornaleros de San Luis de la Paz desaparecidos el 21 de marzo de 2011, en Coahuila. Relatan que en una reunión a la que las funcionarias convocaron para ofrecerles diversos cursos –en otros lugares ofrecen carpintería o cría de ganado–, algunas del grupo comenzaron a reclamar porque lo que querían era justicia, ya que la PGR nunca les había dejado conocer su expediente.
“Ella (Valdez) nos gritoneó fuerte: ‘Miren, señoras, si alguien hizo algo por ustedes fue el presidente Calderón y mejor pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo, porque ellos ya no van a regresar’. Nos quedamos calladas”, relata Ramírez, madre del joven Alejandro Castillo, desaparecido de 18 años.
Valdez llamó a la PGR frente a las señoras para solicitar –según les dijo– que alguien acudiera a explicarles los avances en los casos, pero personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) les informó que en realidad llamó para pedir policías, argumentando que la tenían secuestrada.
“No sabemos por qué dijo eso. El 20 de junio estuvimos esperando y ya nunca llegaron. No nos explicamos por qué. Ahí es donde empezamos a perder más la confianza y pues nos promete ayudarnos y pues no nos ha ayudado en nada. Entonces no sé para qué existe Províctima. La mera mera que se llama Irene (Herrerías) quedó de hacernos una reunión y hasta ahorita estamos esperando”, explica una de las mujeres que ahora es cabeza de una familia con cuatro hijos pequeños.
Según el informe Desaparición forzada también es tortura, suscrito por nueve organizaciones de derechos humanos y presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT), algunos de los defectos de origen de la procuraduría social son: “(no tiene) facultades para investigar, ni para coadyuvar en la investigación del delito (…) no otorga derechos a las víctimas, por lo que hace difícil su exigibilidad; su competencia es únicamente para víctimas del fuero federal, no atiende a las del fuero local ni tiene competencia explícita para atender a víctimas de violaciones de los derechos humanos (…) la atención no se realiza desde un enfoque de derechos. No tiene un programa especial para víctimas sino que utiliza los programas con que cuentan las dependencias y a través de ellos trata de brindar apoyo”.
Sin presupuesto
Ana Lorena Delgadillo, presidenta de Fundación para la Justicia, señala en entrevista: “Hemos acompañado a las familias de San Luis de la Paz y de Michoacán a llenar sus fichas de estudios socioeconómicos y papelería y no han hecho nada. El gran problema es que están acomodando programas de pobres para víctimas, no entienden que requieren apoyo especializado, agarran un cachito de Oportunidades, otro de Sagarpa, otros de la SEP, con las mismas reglas para todos, y sin pensar que las familias están enfermas, que las mujeres no sólo tienen que encargarse de la manutención de todos sus chiquillos sino también de la búsqueda”.
Por su parte, Araceli Rodríguez, una de las líderes visibles del Movimiento por la Paz y madre de Luis Ángel, un policía federal desaparecido en Michoacán, narra que su experiencia y la de los casos que ella y otras compañeras han acompañado ha sido diametralmente distinta.
“A mí me han brindado apoyo al 100%, en cuanto a papelería jurídica, gestiones ante instituciones o apoyo que he pedido para personas hospitalizadas o que necesitan cita urgente en el Seguro Social y en el caso de una joven desaparecida que localizaron. Si no hacen más la culpa no es de Províctima, sino del gobierno que no le dio presupuesto.”
Aunque la Ley General de Víctimas, aprobada en abril por unanimidad en ambas cámaras, no considera la supervivencia de Províctima y plantea la creación de otro sistema de atención, Rodríguez opina que no importan si se mantiene o se crea otra instancia si trata dignamente a las víctimas y resarce daños.
La controvertida ley fue diseñada durante nueve meses por expertos de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del movimiento, junto a legisladores. Esta plantea una reingeniería al sistema de justicia y apoyos monetarios, indemnizaciones de hasta 1 millón de pesos y servicios especializados para víctimas de la delincuencia, de la delincuencia organizada o de funcionarios públicos. El 1 de julio, dos meses después de haber sido aprobada, el Poder Ejecutivo señaló que no debía ser aprobada porque no especifica las obligaciones de los gobiernos estatales y municipales hacia las víctimas, y porque se desconoce lo que costaría. Por esta discusión inició una controversia constitucional.
Justificación
En entrevista, la procuradora Sara Irene Herrerías manifiesta que un error de la ley aprobada es que desaparece Províctima, con lo que volverá la revictimización, ya que la gente tendría que acudir a distintas ventanillas para cualquier trámite.
Entre los logros que menciona está el hallazgo de 79 personas consideradas desaparecidas, de las cuáles 17 fueron encontradas sin vida. Lo consiguió la Subprocuraduría para Desaparecidos haciendo lo que el Ministerio Público no hace (o sugiriéndole lo que debe hacer): mandando oficios a hospitales, reclusorios, morgues; buscando en redes sociales o internet; siguiendo las pistas que las familias aportan y suplican que se investiguen.
Otro de los avances que indica es que creó un protocolo para todas las procuradurías, que indica los pasos a seguir los tres primeros meses de una desaparición y cómo rastrear pistas. Sin embargo, no tiene facultades para obligar a los estados a cumplirla.
Aunque una de las promesas iniciales de la dependencia fue crear un registro nacional de desaparecidos, eso lo asumió el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ahora están por comenzar un registro de huérfanos de la violencia.
Al preguntársele por qué los programas que ofrecen son remiendos hechos para gente pobre, dice: “no dudo que no tengamos errores”. Plantea que sí se necesitan fondos y políticas diseñadas para víctimas.
Y añade que mientras los MP se dedican a buscar a los culpables de los delitos, Províctima ve por los ofendidos. Lo que omite es que la ley en disputa plantea en su esquema la creación de una dependencia –equivalente al MP– de abogados victimales, y todo un sistema integral de atención, apoyo monetario e indemnización de hasta 1 millón de pesos.
La funcionaria menciona que 80% de la gente atendida no tiene acompañamiento jurídico, y a lo mucho 20% integra alguna organización. Dice que estos últimos son los más renuentes a recibir terapia, llegan con “discursos hechos” y no siempre quieren recibir atención individual. Sobre esto dijo: “somos abogados de las víctimas, no abogados de los abogados”.
Ahora que se discute el futuro de la ley entrampada, y que la Secretaría de Gobernación pide un rediseño y el Movimiento por la Paz exige su publicación inmediata, Herrerías señaló que la figura que quede requerirá fondos especiales.
“Se podría perder toda la atención a toda la gente. No es por defender intereses políticos o de ningún tipo. Espero que el 1 de diciembre, quien llegue encuentre una procuraduría con ese fondo (económico) que se necesita. Porque esa gente, más la de pobreza extrema, necesita apoyo para el primer empleo, para proyectos productivos, para sus medicinas.”
El 24 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo que congela la Ley General de Víctimas hasta que resuelva quién tiene la razón, si el Legislativo, que le exige promulgarla, o éste, que argumenta que son válidas sus observaciones para ser devuelta a comisiones para ser modificada. Mientras no se resuelva, las víctimas siguen al garete de su propio destino.
