Desde la cárcel del Campo Militar Número Uno el coronel José Guadalupe Arias –acusado de ordenar el entierro clandestino de Jethro Sánchez, torturado en instalaciones castrenses– se dice inocente del cargo que le imputan. Si bien insiste en que los soldados sólo cumplen órdenes, se niega a implicar a sus superiores. De paso analiza la guerra calderonista, a la que ve condenada al fracaso porque “no hay una planeación real”, y afirma: “Ya es hora de que la policía haga su trabajo”.
La guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006 “nunca se va a ganar” porque “no hay una planeación real para atacar ese mal” y al meter al Ejército como punta de lanza “se ha ensuciado” a la institución, opina el coronel José Guadalupe Arias Agredano, excomandante del 21 Batallón de Infantería e implicado en el homicidio y entierro clandestino de Jethro Sánchez Santana en mayo de 2011.
El militar responde a un cuestionario enviado por Proceso a su lugar de confinamiento, la prisión del Campo Militar Número Uno.
Arias acepta hacer un balance de la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado durante el sexenio de Calderón, quien, dice, “malamente” utilizó la palabra “guerra”.
Quien afirma haber encabezado el operativo que dio con los presuntos autores del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, señala: “Hoy se viven tiempos difíciles. El nombre de nuestro instituto armado es motivo de crítica y polémica, de desprestigio y degradación. ¿Cuál es mi balance? Precisamente que el Ejército mexicano ha sido ensuciado”.
Y agrega: “La suciedad viene por el resultado de las operaciones. Es una guerra que nunca se va a ganar porque la del narcotráfico es una economía grandísima”.
El militar –quien presume un historial de más de 100 detenciones– reconoce que el papel que ha jugado el Ejército durante este sexenio no fue clarificado antes de que más de 40 mil soldados fueran enviados a las calles a hacerse cargo de la seguridad interior.
“Desde un principio no hubo planeación exacta para la actuación de nosotros. ¿Cuál era la indicación? Échenle ganas y todo lo que vean, asegúrenlo. A la fecha no hay una estrategia de seguridad”, apunta.
–En materia de respeto a los derechos humanos, ¿hubo alguna advertencia para evitar abusos? –se le pregunta al militar, a quien se le recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 6 mil 799 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional desde el inicio de la gestión de Calderón hasta el pasado lunes 11.
–Somos la institución que tiene una Dirección de Derechos Humanos. Sin embargo, la formación de un militar sigue teniendo la misma mística: Vas sobre un enemigo y lo tienes que vencer. Realmente no tenemos la cultura de los derechos humanos, porque tenga por seguro que si así fuera, no estaríamos en la calle. Obviamente nuestras exigencias para salir a la calle serían otras.
Asegura que entre la población cambió la percepción que se tenía acerca de las Fuerzas Amadas. “Donde quiera que nos parábamos, sabían que íbamos a ayudar. Ahora todos nos ven con temor, no se sabe qué es lo que va a pasar. Los enfrentamientos se dan en plena calle, a pleno día. La población ya nos ve con cierto recelo”.
Y lo único que ha ocurrido, dice, es que “si bien no estamos perdiendo el combate, estamos ganando que ellos (los grupos de la delincuencia organizada) se organicen mejor, crezca la delincuencia (…) En los aseguramientos vemos armamento más sofisticado que antes y tienen tácticas de asalto, de guerrillas y, me atrevo a decir, hasta de terrorismo; ejemplo de ello: los cuerpos mutilados. Son una táctica para infundir terror en la población y en las dependencias de seguridad pública”.
Peor aún, explica, las tropas se vieron expuestas a la corrupción y están siendo utilizadas “como instrumento político”.
Al referirse a las detenciones de los generales presuntamente vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva, como Felipe Ángeles Dauahare, dice: “Yo venero al Ejército, pero quienes han escrito su historia… véalos cómo están siendo señalados, están en la boca de todo el público. Y decimos: ‘Cómo es posible que este señor, que era el segundo (en el rango de importancia en la Sedena) se vea en esas circunstancias’.
“Ellos entregaron su vida y la misma institución los entrega. Es lo más triste. Todavía no se sabe si son delincuentes y son tratados como lo peor (…) pero no defiendo a nadie; hay que reconocer que la política y la corrupción nos han alcanzado a todos y no sabemos hasta qué grado.”
Asegura que la incertidumbre jurídica a la que han sido sometidos los militares, reflejada en los procesos penales contra algunos de sus integrantes, ha provocado “miedo” entre la tropa para actuar, sobre todo porque la mayor parte de las órdenes para el combate al narcotráfico son verbales.
Si ocurre una desgracia producto del cumplimiento de órdenes, “cómo justificamos. Es la palabra de una persona contra otra”. Cuando hay llamadas anónimas “a veces vamos, y otras vamos cuando ya no hay nada; sigue habiendo enfrentamientos, pero muchos de ellos son fortuitos (…) nosotros realmente no podemos llevar a cabo investigaciones; sin embargo a nosotros nos exigen resultados, si no es que soy flojo o estoy coludido. Se tienen que buscar resultados de una forma u otra”.
El caso Jethro
Proceso (número 1852) narró la tragedia de Jethro Sánchez Santana. El 1 de mayo de 2011, en la feria de Cuernavaca, el joven morelense fue detenido por agentes municipales que lo entregaron a policías federales y éstos a militares; fue torturado en instalaciones del 21 Batallón de Infantería y enterrado vivo en un paraje de Atlixco, Puebla.
Sólo cuatro personas están siendo procesadas por estos hechos, pese a que en la detención ilegal participaron ocho policías municipales de Cuernavaca, 10 agentes federales y por lo menos 20 militares, sin contar al comandante de la XXIV Zona Militar, el general Leopoldo Díaz López, quien durante dos meses negó que el muchacho hubiera pisado instalaciones castrenses.
Entre los procesados están el policía local Manrique González, acusado de falsedad de declaraciones y libre bajo caución, así como tres oficiales: el coronel Arias Agredano, el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero.
Orizaga y Aguilar eran integrantes de la Fuerza de Reacción del 21 Batallón de Infantería. Fueron detenidos en julio de 2011 y llevados ante el Juzgado V Militar bajo los cargos de tortura y homicidio calificado, mientras que Arias fue acusado de encubrimiento de primera clase en los delitos de lesiones y homicidio e inhumación clandestina, además de que se le sigue otro proceso en el II Juzgado Militar por deserción y abandono del servicio.
Los expedientes de los tres militares forman parte de un paquete de 28 casos remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen que ver con el fuero militar y que están siendo analizados por los ministros Olga Sánchez Cordero y Salvador Aguirre Anguiano.
En el expediente militar SC/180/2011 –del que este semanario tiene copia– Orizaga es quien implica al coronel. Según refirió ante el Ministerio Público Militar, la noche del 1 de mayo, luego de que efectivos del Servicio Médico Militar declararon muerto a Jethro tras ser torturado, Orizaga le comunicó a Arias Agredano lo que ocurría.
“Tíralo”, dijo Orizaga que le ordenó el coronel, lo que motivó que el teniente organizara un operativo para deshacerse del cuerpo.
El 13 de noviembre de 2011 fue arrestado Arias Agredano, quien había estado prófugo desde el 20 de julio. El juzgado V Militar le abrió la causa 523/2011, le decretó el auto de formal prisión el 18 de noviembre por el delito de encubrimiento y un día después se declaró incompetente para seguir su juicio y lo envió al V Juzgado de Distrito de Cuernavaca, Morelos.
Después de siete meses de reclusión, la situación jurídica de Arias está en el limbo.
De entrada el juzgado militar se negó a llevar su caso porque el 1 de mayo de 2011 el coronel “no se encontraba en servicio”, de ahí que el juez “declinó la competencia al fuero federal”, pero decidió mantenerlo en la prisión militar “hasta en tanto la autoridad judicial federal acepte la competencia planteada y determine el Centro Penitenciario al cual deberá ser trasladado”, según se lee en el sobreseimiento del juicio de amparo 1261/2011 que interpuso Arias contra la declinatoria de competencia.
El Juzgado V de Distrito de Cuernavaca reenvió el caso al V Juzgado Militar, que inició un juicio de competencia en la SCJN. El juicio fue atraído en enero de 2012 a la primera sala, a cargo de la ministra Sánchez Cordero, con el número 0038/2012.
De forma paralela el Duodécimo Juzgado de Distrito concedió un amparo a Arias contra el auto de formal prisión del 18 de noviembre de 2011 emitido por el juzgado militar, por considerar que el caso debió ser seguido por la justicia ordinaria por tratarse de violaciones a derechos humanos cometido contra un civil.
Del resolutivo destaca que el juzgado tomó como fundamentos legales las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011, así como el resolutivo Varios 912/2010 de la SCJN referente al análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Rosendo Radilla vs México.
La sentencia –de la que este semanario tiene copia– ordena al juez militar que “determine que los hechos materia de consignación no corresponden al fuero militar a que se refiere el artículo 13 constitucional”; que acredite los elementos imputados contra Arias “conforme a la legislación ordinaria que a su juicio resulte aplicable (…) siempre que con ello no se alteren los hechos materia de consignación”, para por último “plantear competencia legal al juez de Distrito que corresponda, teniendo en cuenta para ello el lugar donde se cometió el delito”, por lo que el caso podría radicarse en un Juzgado del Fuero Común.
Contra esa resolución, la defensa de Arias interpuso un recurso de revisión. Insiste en que sean militares quienes lo juzguen.
Argumenta: “Entré al Ejército a los 15 años y tengo 36 de carrera; es lo único que conozco, me ha dado satisfacciones como no tiene idea (…) No pido que me solapen (…) Si en algo hay culpa, que sea juzgado como corresponde, pero que sean ellos (los militares). Es lo que a mí me enseñaron: obedecer órdenes y cumplir órdenes. Nos dan una patada y no sabemos qué hacer”.
Reconoce que su temor a ser sometido a un juicio ordinario es que al ser recluido en una prisión civil su vida se pondría en riesgo, porque se le expondría a delincuentes que posiblemente él haya arrestado: “Aquí (la cárcel militar) estamos en la gloria; nuestro temor es que nos avienten a la jauría”.
Sobre la intención de la familia de Jethro Sánchez de que el caso sea llevado a instancias civiles para que se esclarezcan las responsabilidades de los servidores públicos que tuvieron que ver en el crimen, según la línea de mando, Arias se resiste a señalar a sus superiores como corresponsables de lo ocurrido: “Qué caso tendría involucrar a más gente. Nadie espera que por un acto se juzgue a todas las personas. (…) Para qué quiero un castigo para otra persona”.
Arias, quien se dice inocente, se asume como damnificado de la estrategia de implicar al Ejército en tareas de seguridad pública: “Mi orgullo por mi carrera, mis años de servicio, mi familia, todo se me vino abajo… es pérdida total”.
