BRUSELAS.- Las iniciativas del G-20 en materia de “crecimiento económico verde” –como la que promueve actualmente México en su calidad de presidente de este foro– no aportan nada nuevo en el fondo y sólo “buscan perpetuar la situación actual disfrazándola de transformación”, sostiene un informe de la fundación alemana Heinrich Böll fechado en junio pasado.
Elaborado por sus expertos Peter Riggs y Nancy Alexander, el informe de 50 páginas –cuya copia obtuvo Proceso–, explica que desde la Cumbre de la Tierra de 1992 ha tenido lugar una evolución paralela: por un lado, el reforzamiento de la leyes internacionales de protección a los inversionistas y, por otro lado, la proliferación de estándares voluntarios o códigos de conducta para proteger a las poblaciones y el medio ambiente.
Esa tendencia –prosiguen los autores– “se aleja del tipo de compromisos vinculantes como la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica” y, en contraste, “disminuye el poder de los foros globales para obligar a los actores públicos y privados a rendir cuentas de los ‘bienes globales’ o por la protección de los derechos humanos”.
En ese sentido, el reporte de la fundación alemana sostiene que “el G-20 está acelerando esta tendencia al utilizar los recursos públicos para afianzar montos masivos de inversiones privadas y redoblando las ‘asociaciones de capital público y privado’”.
La visión del G-20 para impulsar la “economía verde” es cosmética: los países se comprometen voluntariamente a adoptar ciertas medidas y con miras a revisarlos en el futuro, lo cual favorece a las empresas trasnacionales. Y eso no es todo: esa manera de impulsar las políticas verdes de crecimiento “profundizan y extienden los ‘mecanismos de mercado’, expanden el mercado de las materias primas y alientan la necesidad de que exista un financiamiento para los recursos naturales”.
“Este es el camino preferido del G-20 –ironiza el análisis alemán– para alcanzar el ‘crecimiento verde’”. Y asegura: “La cumbre del G-20 en México acelerará el uso de esos mecanismos”.
Exponen: “Será interesante ver cómo la presidencia mexicana del G-20 aterriza su declarado interés en el ‘crecimiento verde’. Un fuerte liderazgo político es requerido para llevar a cabo un cambio paradigmático hacia la economía verde, la cual provocará incuestionablemente serios trastornos, así como nuevos ganadores y nuevos perdedores”.
Los autores explican que, en la práctica, no hay una definición universal de lo que significa “crecimiento verde” o “economía verde”. Los Estados han tenido que establecer cada uno la suya, lo cual ha llevado a una gran discusión sobre el significado y la motivación para emplear el término, comentan.
Desde esa perspectiva, separan la aplicación de la economía verde en dos sentidos. Uno, “positivo pero incompleto”, reconoce que hace falta recortar seriamente los gases de efecto invernadero, aunque no se toma en cuenta de manera suficiente la dimensión social. Cita el mapa de ruta de la UE para alcanzar en 2050 una economía baja en carbono. Este plan busca reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector energético de 93% a 99% para 2050 y adoptar medidas en eficiencia energética y en transporte.
Refiere también una manera “negativa” de considerar el crecimiento verde. El informe señala que en los altos círculos gubernamentales existe la creencia que el concepto de “crecimiento verde” esconde una “siniestra conspiración” que lo único que generará es proteccionismo, pérdida de empleos, pobreza y abusos a los derechos humanos.
Y la controversia tiende a ser más intensa cuando se abordan las medidas comerciales ligadas a la economía verde: comercio de emisiones, impuestos medioambientales, recortes de subsidios que dañan los ecosistemas, y compensaciones a actividades que favorecen la preservación natural.
El reporte compara el manejo del tema en relación con la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20, que se llevará a cabo del 20 al 22 de junio, dos días después del G-20 en Los Cabos.
“El enfoque muy apretado del G-20 relativo a la agenda de financiamiento del desarrollo contrasta ampliamente con el que han divulgado sobre la ‘economía verde’ diferentes actores en la mesa de discusión del que es un foro más democrático: la Conferencia de Río+20”, concluye el texto.
