REYNOSA, TAMPS.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador priista de Tamaulipas, fue señalado por sus presuntos nexos con criminales desde hace 12 años.
Su acusador es Luis Gerardo Higareda Adam, exalcalde de Reynosa por el mismo partido, quien dijo que un año antes fue obligado a renunciar a la presidencia municipal por desvío de recursos y tuvo que huir a Estados Unidos para evitar la prisión.
Al solicitar asilo político, lo que hizo dos veces sin éxito, Higareda dijo ante autoridades de ese país que asumió su cargo el 1 de enero de 1999 y desde entonces emprendió acciones “a las que se opuso Yarrington, incluido un programa de combate al tráfico de narcóticos”. En esa versión, cuando Yarrington tomó posesión como gobernador, el mes siguiente, le dijo a Higareda que lo iba a “fregar”.
En apoyo a la causa del depuesto funcionario, un periodista mexicano testificó ante el juez de inmigración estadunidense que Yarrington y el sucesor de Higareda estaban involucrados en narcotráfico y que Higareda estaba en peligro de ser asesinado si lo encarcelaban en el país. En el documento no aparece el nombre del sucesor sospechoso.
En la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2005 Higareda Adam reiteró que si regresaba a México corría el riesgo de ser arrestado, de sufrir tortura física y sicológica o de morir.
Después de Higareda, ocuparon la presidencia municipal de Reynosa Rigoberto Garza Faz, que ocupó el despacho sólo unos cuantos días; Humberto Valdez Richaud, exsecretario particular del antecesor de Yarrington en la gubernatura y quien gobernó la mayor parte del trienio; y Ernesto Cantú Reséndez, que terminó el periodo.
En mayo de 2005, Javier Pérez García, entonces dirigente del PAN reynosense, pidió que Valdez Richaud fuera investigado debido a que en su fallida campaña por la alcaldía utilizó una plataforma de tráiler que después fue descubierta en una narcobodega.
El caso de Higareda fue sobreseído y actualmente está libre.
Trama peligrosa
Luis Gerardo Higareda Adam tuvo un ascenso centelleante en la política local y una caída igual de estrepitosa.
A principios de los noventa presidía la Cámara Nacional de Comercio de Reynosa.
Bajo la protección de Manuel Cavazos Lerma, gobernador de l993 a 1999 y actual candidato a senador del PRI por Tamaulipas, Higareda Adam se preparó para gobernar el municipio fronterizo con Texas.
Con ese rumbo, el joven político fue designado primero director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), organismo descentralizado que en ese tiempo servía de trampolín para quienes ambicionaban la alcaldía de Reynosa.
Aunque Higareda ganó la elección de 1998 y tomó posesión del cargo el 1 de enero de 1999, de inmediato resintió el distanciamiento de la gubernatura, donde Tomás Yarrington Ruvalcaba sucedió a Cavazos Lerma.
Higareda se negaba a admitir el notorio desdén público que le manifestaba Yarrington, quien a su vez había sido alcalde de Matamoros a principios de los noventa. A veces llegaban a las actividades en el mismo auto, pero el gobernador ni volteaba a mirarlo.
En marzo del primer año de su administración, cuando Higareda Adam comenzaba a asentarse, se ordenó una auditoría a la Comapa y se detectó un desvío de 8.2 millones de pesos.
El 13 de julio Higareda fue indiciado en el expediente 277/99 por la procuraduría estatal, cuyo titular era el polémico abogado Jorge Max Castillo. Acorralado, el alcalde desapareció de la escena política varios días.
Sorpresivamente, llegó el 28 de ese mes a la presidencia municipal y se atrincheró en ella. La noche del 29, un grupo de policías judiciales de Tamaulipas entró a arrestarlo, pero en la puerta de la oficina de Higareda su abogado exhibió un amparo que impidió su detención.
El 30 de julio, al mediodía, Higareda huyó hacia McAllen, Texas, por el puente internacional, que está a unos 300 metros del palacio municipal. En su lugar se quedó Rigoberto Garza Faz, quien el 3 de agosto le entregó el despacho al presidente municipal sustituto Valdez Richaud.
Desde ese momento, Higareda Adam se convirtió en un cadáver político. En su solicitud de asilo número 04-60080, promovida ante el gobierno de Estados Unidos, alegó que era objeto de persecución política. Su petición fue denegada.
Pero él persistió. En la apelación A78355868, ante el juez Charles R. Fulburge III, Higareda relató que fue elegido alcalde de Reynosa en 1998 y que era aliado de un senador cuyo nombre se omite y del gobernador de Tamaulipas (se supone que es Cavazos Lerma).
Prosigue: “Los dos eran oponentes políticos del gobernador electo Thomas (sic) Yarrington”. Dice que a principios de 1999 Higareda realizó diversas acciones opuestas a Yarrington, incluido un programa de combate al tráfico de narcóticos. Después de asumir como gobernador en febrero de 1999, Yarrington le dijo a Higareda que lo iba a “fregar” –el texto utiliza entrecomillado la palabra screw– en represalia por la insumisión de Higareda.
Según el alegato, “en marzo de 1999 Yarrington ordenó una ilegal auditoría del estado sobre la oficina pública –no se menciona a la Comapa por su nombre ni por su acrónimo– de la que Higareda fue director general. Como resultado de la auditoría fueron presentados contra él cargos criminales de abuso de confianza, abuso de autoridad y falsificación de documentos”.
Posteriormente, en el documento se explica que “Higareda fue removido como alcalde de Reynosa y reemplazado por un amigo de Yarrington (se supone que es Valdez Richaud). Programas de seguridad empezados por Higareda, que se oponían a Yarrington, fueron cancelados”.
En octubre de 2000 Higareda fue admitido en Estadios Unidos mediante una visa temporal que expiró en octubre siguiente. Cuando comenzó el juicio para deportarlo, el reynosense admitió que había permanecido en el país sin autorización, pero solicitó asilo y que su deportación fuera suspendida, al amparo de la Convención Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).
El juez explicó la argumentación que le fue presentada: “él es inocente de los cargos que se le imputan en México; sus derechos fueron violados en la auditoría y su persecución criminal; sus rivales políticos siguen en el poder; y está en riesgo de ser arrestado, torturado psicológicamente y de muerte si regresa a México. Pese a que Higareda reconoce que ha presentado recursos legales en México, expresó miedo por su seguridad si ingresa a prisión”.
Dice el documento: “Además del testimonio de Higareda en la audiencia con el juez de inmigración, un reportero de periódico y televisión de México testificó que: al igual que Yarrington, el alcalde que reemplazó a Higareda tenía fama de estar involucrado en tráfico de drogas; e Higareda sería asesinado si regresaba a México y era encarcelado.
“De igual manera, un defensor de los derechos humanos testificó que: los derechos de Higareda no serían respetados si retornaba a México, y que estaba en riesgo de tortura física y mental, y asesinato.”
Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mexicana expuso en una carta dirigida al juez estadunidense que Higareda fue acusado erróneamente y que sus derechos humanos habían sido violados “por el procurador de justicia del estado, un juez de una Corte de Distrito, el cabildo de Reynosa y el Congreso tamaulipeco”.
Después de la audiencia, el juez de inmigración negó la solicitud al señalar que si bien los argumentos de Higareda y su testigo eran creíbles, el inculpado deseaba evitar la persecución criminal de la que era objeto, no una persecución política.
Higareda se inconformó con la decisión y acudió a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), que confirmó la negativa. Durante la administración de Yarrington, Raúl Mack Moncada, fiscal estatal para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dijo que el gobierno solicitó la extradición de Higareda, pero en realidad el trámite nunca fue iniciado.
Poco después de refugiarse en Estados Unidos, Higareda declaró al periódico The Monitor, de McAllen, que había promovido una denuncia contra Yarrington Ruvalcaba y otros funcionarios tamaulipecos ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violar sus derechos y los de 50 mil personas que votaron por él.
Al ventilarse el caso del alcalde depuesto, se dieron a conocer los vínculos del procurador que lo persiguió con presuntos delincuentes.
Jorge Max Castillo Treviño fue secretario del ayuntamiento cuando Yarrington era alcalde de Matamoros. Según datos confirmados por Proceso, el funcionario fue defensor del hijo de Raúl Valladares del Ángel, lugarteniente de Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.
Castillo renunció al cargo a los seis meses de gobierno y se convirtió en asesor jurídico de Yarrington. Cabe mencionar que en ese tiempo también era socio de Mario Zolezzi, hermano del entonces subsecretario de Gobierno, Humberto Zolezzi, en un bufete de Matamoros donde llevaban casos de narcotráfico (Proceso 1368).
Actualmente, Tomás Yarrington es investigado por lavado de dinero en Estados Unidos y en México.
El empresario Napoleón Rodríguez de la Garza, recientemente detenido, declaró que una de las propiedades que tiene registrada a su nombre en la Isla del Padre, Texas, en realidad es propiedad del priista.
El gobierno estadunidense investiga al exgobernador tamaulipeco por nexos con el Cártel del Golfo (Proceso 1856).
