San Cristóbal de la Barranca es una población de 4 mil habitantes que desde 2010 ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas de narcos y de éstas con militares y fuerzas policiacas. Sin embargo, desde el año pasado los delincuentes han incrementado su presencia e incluso, en días recientes, hicieron alarde de poder e impunidad al ametrallar las indefensas presidencias de los municipios colindantes con Zacatecas y sus débiles comandancias.
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA.- En este municipio, el Santiago pierde su apariencia de río y se convierte en una serpiente negra y verduzca, se retuerce entre las faldas de la Sierra Madre Occidental, en los límites con Zacatecas.
Colinda con los municipios jaliscienses de Ixtlahuacán del Río, Tequila y Zapopan, con los que constituye una franja de territorio disputado desde hace más de tres años por cárteles del narcotráfico como Los Zetas y Los Chapos o el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que no dejan pasar oportunidad para intimidar a sus enemigos o aterrorizar a la población, en una zona olvidada por las autoridades.
El domingo 27 de mayo una treintena de pistoleros descargaron más de 500 impactos de rifles de asalto AK-47 y AR-15 contra la comandancia de policía y la alcaldía de San Cristóbal. Aunque la autoridad local dice que el pueblo tiene 4 mil habitantes, después del ataque la cabecera municipal parece desierta.
Por supuesto, esa semana colapsaron las labores de vigilancia en San Cristóbal. La Dirección de Seguridad Pública ya sólo contaba con una patrulla, pero se ocupó para bloquear el ingreso principal a la plaza por temor a otro ataque.
Las otras unidades, SC 01 y SC 02, quedaron inservibles frente a la alcaldía, en la calle Hidalgo número 5. Un auto particular color vino fue acribillado, y destrozadas las líneas telefónicas del ayuntamiento.
La mañana del 28 Proceso Jalisco hizo un recorrido para comprobar los daños. Varios pobladores advirtieron que mediante llamadas telefónicas sujetos desconocidos les advertían que habría otro atentado y levantarían a personas inocentes.
Funcionarios del ayuntamiento reconocieron que al inicio de la semana las extorsiones surtieron efecto entre algunos de los pobladores. Los delincuentes exigían a quien recibía la llamada que comprara tiempo aire para ciertos números telefónicos a cambio de no atacar a sus familiares.
Una queja al respecto entró al celular de una autoridad municipal justo cuando atendía a este semanario. “La gente está muy preocupada porque quedamos aislados y todavía no vemos ninguna respuesta de las autoridades federales ni de las estatales; la gente quiere la presencia del Ejército”.
Hacia el mediodía del lunes, las cortinas de algunos negocios estaban abiertas a medias y sus dueños se mantenían alerta a cualquier indicio de alarma, listos para cerrar de inmediato con candados y correr a sus casas.
En un local que está en un costado de la plaza, el dueño recibió un mensaje. Era un aviso de su familia: “Oye, que cierres la tienda porque vienen camionetas con gente armada”. Instantes después llegó otro: “Me dicen que son militares que vienen a San Cristóbal”. A final de cuentas nadie llegó a la plaza.
Al filo de las 14:00 horas, 30 horas después de la balacera, una partida de policías estatales llegó al municipio por la carretera Guadalajara-Colotlán.
Al respecto, el funcionario municipal que recibió las quejas por extorsión lamentó a su vez que no hubiera vigilancia de militares o de la Policía Federal, pues la única autoridad que se hizo presente tras el ataque fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Dice que las instancias de la Procuraduría General de Justicia de la entidad tienen alcance limitado, por lo que se comparten con municipios distantes: “El Ministerio Público asignado a la zona tiene que atender una extensión muy grande, que va de Tequila a San Cristóbal, Ixtlahuacán del Río o Cuquio; no se da abasto cuando hay una emergencia en la región”.
Sin resistencia
Alrededor de las 5:10 de la mañana de ese domingo, entre 25 y 30 sujetos armados con fusiles de asalto llegaron a la plaza de San Cristóbal en una docena de camionetas de lujo. Se bajaron y a gritos exigieron que salieran los policías municipales. Sólo había uno, que atendía el radio transmisor, y por supuesto que no salió. Entonces los sicarios dispararon contra la fachada de la presidencia.
“Les gritaban que salieran, que dieran la cara. Pero era imposible que se les pudiera hacer frente: tenemos 14 elementos para labores de vigilancia en todo el pueblo, y hay sólo siete guardias por cada turno. Ellos superaban a nuestro personal en número y tipo de armas”, dice un testigo.
El lunes aún olía a pólvora. Las balas penetraron canceles de hierro, puertas de metal y los viejos muros de la alcaldía “como un cuchillo que corta mantequilla”, en palabras de un vecino.
El funcionario que atendió a este semanario dice que esto nunca había ocurrido aquí, por lo que, si bien no hubo muertes, debe tomarse en serio la advertencia del narco a las autoridades civiles de todos los niveles.
“Yo estaba en mi casa cuando empezamos a escuchar las descargas; supe que el asunto era muy grave y por eso agarré a mi mujer y a mis niños para escondernos, entendí que el riesgo era muy alto para todos”, admite.
Según él, no había motivo aparente para el atentado: “El reporte que teníamos era de la detención de una persona, al parecer por asuntos de orden administrativo, pero nada grave y no creemos que eso haya provocado esa reacción”.
Los delincuentes lanzaron las primeras descargas contra la comandancia de policía, ubicada a un costado de la entrada principal de la presidencia municipal. Después balearon todo el inmueble y en especial el despacho del alcalde. “Lanzaron varias ráfagas por más de cinco minutos y después los agresores se fueron así como llegaron”, comenta otro poblador.
Ya por la tarde los regidores convocaron a una sesión extraordinaria del cabildo para tomar medidas emergentes ante la agresión, y ahí acordaron acudir el lunes a Guadalajara para pedir apoyo militar y de la SSP estatal. Acordaron que el ayuntamiento no suspendería sus actividades en ninguna circunstancia.
Pero los regidores fueron los primeros en incumplir su decisión. De los nueve que forman el cabildo, sólo el alcalde Isauro Sánchez, se presentó a trabajar el lunes por la mañana. Poco después del mediodía, una representación de los 100 empleados de la comuna le hizo sentir su molestia al secretario general “por obligarlos a trabajar en condiciones de riesgo”.
Algunos empleados municipales aprovecharon para declarar a Proceso Jalisco: “Nos obligan a trabajar cuando saben que el asunto no está tranquilo y que no hay garantías. Ellos son los primeros en correr, no vienen, seguramente porque tienen miedo”.
Los enfrentamientos
Desde hace dos años el municipio es conocido por los frecuentes encontronazos entre bandas que se disputan el control de caminos y territorios para el trasiego y la venta de drogas. Aquí han sido detenidos miembros de Los Zetas, del Cártel del Golfo, del Milenio y del CJNG.
En mayo de 2010 la comunidad La Lobera se dio a conocer internacionalmente cuando más de 400 efectivos de la fuerza pública –entre militares, agentes de la SSP estatal y de la Policía Federal– se enfrentaron durante varias horas con 60 sujetos armados en un área de más de 10 kilómetros, en los límites de Jalisco y Zacatecas.
Los delincuentes se movían en camionetas blindadas y contaban con un teléfono satelital; atacaron con granadas de fragmentación y fusiles de alta capacidad bélica, como Barrett calibre .50. Después del combate las autoridades aseguraron seis vehículos, entre ellos una camioneta Jeep Commander que meses antes le habían robado al coordinador de los diputados locales del PRD, Raúl Vargas.
Cayeron presos ese día 18 presuntos delincuentes, pero la mayoría de los pistoleros consiguieron perderse en territorios de Zacatecas y de Nayarit.
En junio de 2011, otro enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas policiacas en las inmediaciones de La Lobera dejó seis muertos y 10 presuntos zetas detenidos, entre ellos tres menores de 16 años.
En septiembre del mismo año un contingente militar le decomisó a un grupo de delincuentes vehículos y armamento que incluyó un lanzagranadas calibre 40, cuatro granadas de fragmentación, 153 cartuchos de diferente calibre y un fusil AR-15.
En ese mes, elementos de la SSP detuvieron a siete supuestos integrantes del Cártel de Golfo, en tanto que personal militar informó del descubrimiento de una antena de radiocomunicación clandestina para el uso de los delincuentes en San Cristóbal de la Barranca.
En diciembre de 2011, también en La Lobera, elementos de la SSP del estado dieron muerte a seis presuntos integrantes de Los Zetas. La balacera empezó en la mencionada comunidad jalisciense y terminó en Zacatecas.
“Quizá piensan que San Cristóbal de la Barranca está muy lejos de la zona metropolitana de Guadalajara –dice el funcionario municipal entrevistado–, pero yo les recuerdo que eso no es tan cierto: estamos a menos de 35 kilómetros de la presidencia municipal de Zapopan, uno de los edificios más importantes de la mancha urbana y del estado. En cualquier momento pueden suceder cosas muy lamentables para cualquier municipio, como ahora nos pasa a nosotros.”
Milenio Jalisco difundió que el 28 de mayo la delincuencia organizada realizó un ataque similar al de San Cristóbal en Ixtlahuacán del Río, también en los límites de Jalisco y Zacatecas, pero hacia el oriente. Ahí, según el diario, 10 pistoleros dispararon más de 500 tiros contra la alcaldía y la comandancia de policía.
Aunque el rotativo no ofreció información sobre posibles heridos ni estimó el monto de las pérdidas materiales, mencionó sin más detalle otra agresión de esas características en Ayotlán, municipio que colinda con Michoacán.
