Entre la impunidad y el éxodo de periodistas del estado, el próximo jueves 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, se cumplirán casi seis semanas del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz.
Ese día el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciará la integración de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el estado, pero estará lejos del esclarecimiento de los crímenes de ocho comunicadores ocurridos en su gestión de apenas año y medio.
El caso de Regina Martínez es el más avanzado por la intervención de la propia revista y de la Procuraduría General de la República (PGR), que actúan como coadyuvantes en la investigación.
En la averiguación previa 19/2012/PC, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado ha centrado las investigaciones del crimen en el entorno vecinal de la reportera y no en su trabajo periodístico, a pesar de que los autores del asesinato se llevaron su computadora y sus dos teléfonos celulares.
La PGJ anda tras la pista del autor material. Pero está lejos de conocer los motivos del asesinato ocurrido la madrugada del 28 de abril en la casa de la periodista en Xalapa, la capital del estado.
El gobierno de Duarte está interesado en que el caso se mantenga en su jurisdicción y que no sea atraído por la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
A pesar de que Duarte aceptó la coadyuvancia de Proceso y pidió la de la PGR desde el momento en que se conoció el asesinato, la PGJ dilató la entrega de la información y hasta la semana pasada lo había hecho sólo de forma parcial.
Apenas el lunes 28 de mayo, a un mes del asesinato, la PGJ entregó completa la información a la fiscal especial Laura Angelina Borbolla para que la PGR avance en sus propias pesquisas.
Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador federal de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, fue ese día a Xalapa para pedirle la información personalmente al titular de la PGJ del estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Entre la información pendiente había datos del dictamen de criminalística de campo donde se señalan indicios de cómo encontró la PGJ el lugar de los hechos y la posición del cuerpo. Asimismo faltaba información sobre las huellas dactilares. Sólo entonces la procuraduría estatal pidió el apoyo de la PGR para algunas indagatorias.
A pesar de que desde el principio la necropsia estableció que el asesinato ocurrió por asfixia, después de cinco semanas, hasta el cierre de esta edición, la procuraduría estatal aún tenía pendientes peritajes para identificar al o a los responsables.
El 24 de mayo la vocera del gobierno de Duarte, Gina Domínguez, informó a la prensa local que “había avances en la investigación”. Pero durante la reunión con funcionarios de la PGR, en la que Proceso le pidió información sobre esos “avances”, el procurador aseguró que se trató de una “mala interpretación” de los periodistas.
Dijo que la única encargada de informar sobre el caso es la directora general de Investigaciones Ministeriales, Consuelo Lagunas Jiménez, quien hasta ahora no se ha referido públicamente al caso.
Además de la dilación, la PGJ ha dicho que no puede entregar toda la información a la PGR por diferencias en los protocolos de las actuaciones. El Código de Procedimientos Penales del estado, por ejemplo, impide la realización de algunas diligencias que ha solicitado la fiscalía especial de la PGR, dijo en la reunión Lagunas Jiménez.
El éxodo del miedo
Ante la falta de seguridad, periodistas de distintos medios han salido del estado (Proceso 1854). Incluso, uno de ellos solicitó asilo político en Estados Unidos: El reportero y fotógrafo Miguel Ángel López Solana, quien hizo pública su solicitud el pasado 22 de mayo en Austin, Texas.
López Solana salió del estado tras el asesinato de su papá, Miguel Ángel López Velasco, jefe de redacción y columnista del periódico Notiver, del puerto de Veracruz. López Velasco, Milo Vela, fue ejecutado hace un año en su casa, la madrugada del 20 de junio de 2011, junto con su esposa y su hijo Misael, también fotógrafo de ese periódico.
Después de esos crímenes fue asesinada la periodista Yolanda Ordaz, también de Notiver. A los pocos días del asesinato de Regina Martínez, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron encontrados los cuerpos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, quienes estaban amenazados y habían sido secuestrados un día antes.
El nombre de Huge estaba en una lista negra de periodistas que fue confirmada por la Presidencia de la República a Televisa. El entonces corresponsal de la televisora también estaba en esa lista, por lo que su empresa le pidió que saliera durante un tiempo del estado… y después de cuatro meses lo despidió.
La PGJ le pidió a la PGR atraer el caso de esos periodistas asesinados por presumir la participación de la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha sido descartado en el caso de Regina Martínez.
