MONTERREY, NL.- “Estamos todos acalambrados”, dice un vecino que toma el fresco en la plaza principal de Cadereyta Jiménez, municipio nuevoleonés donde la madrugada del domingo 13 fueron abandonados los cuerpos de 49 personas.
Es mediodía y está rodeado de un grupo de señoras que descansan frente al Palacio Municipal, convertido en una fortaleza y resguardado por cinco policías encapuchados que empuñan armas largas, mientras otros uniformados vigilan los pasillos del interior.
“Esto se puso feo desde hace unos cinco, seis años”, lamenta el lugareño. Dice sentirse más tranquilo por el hecho de que en la esquina del ayuntamiento haya una granadera de la policía estatal Fuerza Civil acompañada por seis elementos armados con fusiles.
Con Benito Juárez y Apodaca, Cadereyta es uno de los municipios del nororiente de esta capital donde han ocurrido algunos de los hechos más violentos registrados en la República. Con todo, los lugareños no renuncian a sus rutinas.
En la base de taxis de la esquina de la presidencia de Cadereyta, un conductor suspira por el remanso de paz perdido. “Estamos tranquilos, entre comillas; no hay más que aguantar callado. Los malandros andan sueltos, nomás los que se creen muy machitos andan de noche en la calle. La gente ya se mete a las 10”.
A la vista de todos, bajo el balcón donde el alcalde toca la campana los días de celebración, hay una gran manta de la Secretaría de la Defensa Nacional con la leyenda: “No te dejes intimidar. Denúncialos. septimo-seguro7@hotmail.com Cel. 0448118108167”.
La propietaria de una mercería cercana es lacónica cuando el reportero le pregunta cómo es la vida en territorio jimenense: “A mí no me haga esas preguntas”, responde, al tiempo que cierra la puerta del local.
En esta ciudad se encuentra la sección 49 del sindicato petrolero, del cual desaparecieron hace un lustro 36 trabajadores, entre ellos el secretario de la sección, Hilario Vega Zamarripa, y su hermano David. Algunos dicen que fueron 40. Nadie sabe nada de ellos. Los reclamos se desvanecieron en el tiempo y en la inacción de las autoridades.
Por eso la población ve con entusiasmo la colocación de retenes en las entradas al municipio de la Policía Federal a partir del tiradero de cuerpos mutilados. En cada punto hay unos 20 hombres armados vestidos de azul que revisan a los conductores y por la noche detienen al que se topa con ellos.
Todas las corporaciones refuerzan Cadereyta: fuerza civil, agentes federales, tropas del Ejército, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Paz precaria
El ayuntamiento de esta localidad de 150 mil habitantes, encabezado por el priista Eduardo Javier de la Garza Leal, no cuenta con agentes de tránsito ni policía municipal. El general César Niño tomó el puesto de secretario de seguridad para reclutar agentes, pero la convocatoria no ha prendido. Nadie quiere ser policía en esta ciudad, ubicada a 30 kilómetros al oriente de la capital del estado.
El vecino municipio metropolitano de Guadalupe prestó a varios de sus elementos, exmilitares todos, para que respalden a Cadereyta y, al lado de los uniformados ferales y estatales, hagan rondines en las colonias jimenenses.
El alcalde tiene prohibido hacer declaraciones. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se lo ordenó. Toda la información acerca de los descuartizados la proporciona el gobierno del estado a través de Luis Samuel de la Cruz, director de Comunicación Social.
Aquí, cada día entran y salen alrededor de 50 mil personas, la mayoría de ellas hacia Monterrey.
La plaza Hidalgo luce atestada al mediodiodía. En la periferia del casco municipal la gente lleva una vida apresurada. De día no hay temor. Por la noche todos están en alerta, aun cuando la vigilancia es nutrida.
Cuando oscurece, pocos se atreven a transitar la carretera que conduce a Allende y recorre la poco conocida parte trasera del Cerro de la Silla, en su cara sur. En esa área son frecuentes los choques de las fuerzas federales con delincuentes. En el municipio también hay un penal estatal que alberga a policías estatales y municipales.
La carretera libre Monterrey-Reynosa parte en dos a Cadereyta. Hacia el poniente la comunica con el municipio suburbano de Benito Juárez, ubicado a 20 kilómetros de la capital del estado, donde todas las tardes hay gran actividad.
La autopista se reduce a dos carriles en el tramo cercano al centro de Benito Juárez, donde la flanquean restaurantes, refresquerías y expendios de tamales, uno de los productos que más se elaboran en esta localidad de 250 mil habitantes.
La policía juarense también está en proceso de recomposición. Al frente de la Secretaría de Seguridad, el alcalde Luis García Garza nombró al mayor retirado Pablo Padrón Sanabria. El municipio tiene sólo 31 policías, pero las autoridades buscan reclutar por lo menos a otros 300.
El plan de Padrón es incorporar a exmilitares de trayectoria probada, con baja honorable y cartas de recomendación. Por lo pronto, el ayuntamiento de Guadalupe les aporta algunos elementos.
El miércoles 16 por la tarde, el jefe de la policía llegó al ayuntamiento en una vagoneta Chevrolet blindada. Lo acompañaban cinco uniformados de aspecto militar, mientras él vestía de civil. Los guardias presidenciales no traen uniforme, pero sí un chaleco beige.
En la plaza principal, un vecino dice que desde hace meses la población vive en paz. Antes, había rayones de llantas de autos en fuga y balazos en la carretera a Reynosa. La gente vivía crispada; los incidentes disminuyeron, asegura.
En entrevista, el alcalde García Garza dice que su administración procura dar paz a los ciudadanos; incluso considera que lo está consiguiendo con respaldo del estado y la federación.
Municipios emproblemados
Los habitantes de la región aún recuerdan que hace 13 meses, el 28 de abril de 2011, desapareció el director de la policía de Apodaca, Milton Alvarado, y 10 escoltas. No se ha sabido nada de ellos. Se presume que fueron levantados por un comando. Asegura que ese es uno de los momentos de más tensión de su mandato, que concluye el próximo 31 de octubre. No obstante, considera que a partir de noviembre la gente regresó a sus actividades cotidianas.
“El año pasado tuvimos incidentes muy fuertes, como están enterados. Teníamos que depurar la policía y en noviembre del año pasado quedamos únicamente con ocho policías operativos y a los demás los dimos de baja. Y luego nos ayudó el estado y la federación, lo cual agradecemos muchísimo. Desde entonces ha habido detenciones importantes”, dice al reportero.
García niega categóricamente que los alcaldes de los municipios en problemas, como Benito Juárez, despachen desde Monterrey. Y aunque admite ser juarense por adopción, afirma que ahí se quedará a vivir cuando termine su gestión.
Más hacia el oriente, pegado con Juárez, está Apodaca, al frente del cual está el priista sustituto Eliud Edilberto Elizondo Treviño. El alcalde pide ayuda para que no se relacione al ayuntamiento con la masacre de 44 reos y la fuga de otros 37 el 19 de febrero pasado.
Hasta el año pasado eran frecuentes las balaceras y allanamientos de policías y soldados en las colonias del oriente de esta localidad de medio millón de habitantes. Pero el frenesí de ejecuciones disminuyó. Con todo, por la tarde las colonias bullen de actividad. l
