El gobierno de Javier Duarte de Ochoa enfocó la investigación del homicidio de Regina Martínez Pérez en sus vecinos y no en su actividad como periodista.
Dos semanas después del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido la madrugada del sábado 28 de abril en el domicilio de la reportera, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado sólo ha buscado los testimonios de vecinos y personas que trabajaban para la periodista en el mantenimiento de su casa.
“Se trata de un barrio bravo”, dice el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa para explicar la insistencia de la PGJ en buscar al responsable entre los vecinos. También ha interrogado a un mandadero, un ebanista, una trabajadora doméstica y un albañil.
Según la Procuraduría sus diligencias se proponen “establecer líneas de investigación derivadas de los testimonios de los vecinos”.
La pretensión de considerar el homicidio como resultado de un robo desestima la posición de la revista, expresadas al gobernador Javier Duarte de Ochoa, para que se consideren las condiciones adversas en que trabajaba Regina Martínez, como la negativa de información oficial y la desaparición de la revista en el estado cada vez que escribía sobre la situación en la entidad (Proceso 1853).
El fundamento de la PGJ para concentrarse en el robo es la desaparición de un televisor de plasma, sin darle importancia al hecho de que también fueron robados una computadora y los dos teléfonos celulares con los que trabajaba la periodista.
Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el asesinato tampoco puede ser considerado un simple robo sino un feminicidio, por lo que intervendrá para que se realicen peritajes desde la perspectiva de género.
Dilcya García Espinoza de los Monteros, titular de la Conavim, señala que la mitad de los feminicidios en Veracruz han ocurrido por estrangulamiento, pero en el caso de la reportera significa también el silenciamiento de su actividad profesional.
En la averiguación previa 19/2012/PC, la PGJ sólo tiene la declaración ministerial de un trabajador de la prensa local que hace años tuvo una relación sentimental con Regina. “Por alguna parte hay que empezar”, dice el funcionario en relación con la demanda de la revista para que las investigaciones no desestimen su actividad periodística.
En el protocolo internacional para la investigación de casos de ataques contra el ejercicio periodístico, las autoridades deben considerar y documentar la cobertura profesional y los posibles intereses de grupos o individuos afectados, tanto oficiales como no gubernamentales.
También deben considerar los vínculos o similitud entre el modus operandi de la agresión y de hechos noticiosos reportados por la periodista. De acuerdo con las actuaciones de la procuraduría, no hay ninguna indagatoria en relación con la última nota enviada por Regina Martínez a la agencia Apro, servicio noticioso de Proceso.
En ese despacho la corresponsal informó sobre el asesinato de un exdirigente del PRD en el puerto de Veracruz, en condiciones similares a las de su propia muerte: en su domicilio y por asfixia, sin que se registrara un ingreso violento a la vivienda.
La PGJ tampoco ha investigado sobre el robo en el domicilio de la periodista en diciembre pasado, cuando se llevaron su computadora, y que fue consignado por la revista al inicio de la averiguación previa.
El protocolo internacional señala que la autoridad debe investigar “a la brevedad posible” a colegas del medio y de los lugares desde donde hacía su cobertura informativa para saber si había amenazas en su contra y si había tomado medidas de prevención.
La PGJ tampoco había entregado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República –en su calidad de coadyuvante–, todos los dictámenes que ha realizado. Hasta la semana pasada aún faltaba el dictamen en materia criminalística de campo en el que se indica cómo encontró la PGJ el lugar de los hechos.
La FEADLE busca contrastar ese dictamen con la reconstrucción de hechos que peritos de la PGR hicieron el miércoles 2 de mayo.
