Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero y quien huyó del país hace seis años, está a punto de volver a México… y lo hará libre de acusaciones. El Poder Judicial desestimó los cargos en su contra y lo restituyó al frente del gremio de la minería, en lo que se ha interpretado como un revés a las políticas antisindicales de los últimos años. En entrevista con Proceso, Napito despotrica contra el gobierno y los empresarios del sector, el PAN y hasta contra el PRI…
El conflicto entre el gremio minero y el gobierno panista dio un giro inesperado: un tribunal otorgó el amparo con el que se desestimó el último cargo que pesaba sobre Napoleón Gómez Urrutia y días después la Suprema Corte de Justicia de la Nación le restituyó los derechos como líder sindical.
Exiliado desde hace seis años, luego de que el gobierno de Vicente Fox, primero, y el de Felipe Calderón, después, lo acusaron de diferentes delitos, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) podría regresar a México en unos días.
Gómez Urrutia jamás ha sido minero. Estudió economía en la UNAM y posgrados en las universidades de Oxford y Berlín. Según los disidentes, los estatutos sindicales indican que debía al menos tener cinco años como trabajador de minas, por lo que era inelegible. Aun así heredó la dirigencia gremial de su padre, Napoleón Gómez Sada, durante cuatro décadas representante del estilo corporativo priista.
La falta de reconocimiento de su liderazgo se inició desde su designación en 2000, cuando disidentes, como Elías Morales, Armando Martínez y Fidel Hernández, lo acusaron de falsificar la firma de su padre para quedarse en la dirigencia sindical (Proceso 1259).
El liderazgo de Gómez Urrutia –de vestimenta lujosa y siempre acompañado de un numeroso séquito– está marcado además por contubernios con mineras extranjeras. Un ejemplo es que, salvo la mina El Cubo, en Guanajuato, propiedad de Gammon Gold, las mineras canadienses que se han expandido en el país en la última década no han tenido conflictos.
Canadá fue el lugar donde Gómez Urrutia decidió pasar su exilio, sin que hasta ahora sea transparente la forma en que se mantuvo allá durante seis años, con las cuentas del sindicato congeladas por el gobierno mexicano.
Aunque su abogado, Marco del Toro, afirma que los 55 millones mencionados en la acusación están íntegros en los fondos sindicales, disidentes como Carlos Pavón sostienen que ese dinero sigue perdido y acusan a Napito –como lo llaman– de haberlo robado.
“Todo el poder del Estado”
Diciéndose víctima de una persecución política que además de la vía judicial utilizó “todo el aparato del Estado” en su contra, hace responsables del caos en el sector minero a los dos presidentes surgidos del PAN, a la empresa Grupo México y a su presidente, Germán Larrea Mota Velasco.
“Este fallo resuelve mi situación en la última acusación que quedaba, y es muy importante. No interesa lo que haga ahora el gobierno, porque la razón y la justicia se tienen que imponer. Fue una persecución política terrible que se ha resuelto”, dice en entrevista telefónica con Proceso.
El pasado 24 de abril la defensa de Gómez Urrutia fue notificada de la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por un delito bancario que le fincó la Procuraduría General de la República (PGR). El magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, resolvió concederle el amparo 10/2012, que sin embargo aún puede ser apelado.
Ya sin riesgo de ser encarcelado, Gómez Urrutia puede regresar de Canadá, donde vive desde que en febrero de 2006 se le acusó de haber malversado fondos por 55 millones de dólares y perdió la toma de nota como dirigente sindical.
Año fatídico
El 20 de febrero de 2006 el dirigente sindical fue a la región carbonífera de Coahuila, donde 65 hombres estaban atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México. Aunque aún no se les declaraba muertos, Gómez Urrutia advirtió que si no salían con vida, se habría cometido un “homicidio industrial”. Días después se dieron a conocer las acusaciones en su contra.
Pero los problemas del líder sindical habían empezado antes. El 17 de febrero de 2006 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había otorgado la toma de nota –el reconocimiento a la dirigencia sindical– a Elías Morales.
A partir de que se dieron a conocer las acusaciones, el 23 de febrero de 2006 Gómez Urrutia fue visto por última vez en México. Tras la tragedia de Pasta de Conchos los conflictos arreciaron, dando inicio a uno de los años más convulsos de la historia reciente del sindicato minero.
En marzo de ese año hubo algunos paros de labores en protesta por la injerencia del gobierno de Fox en la vida sindical y el 2 de abril los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, se fueron a la huelga. Los reprimieron el 20 de abril con el uso de policías federales, militares, marinos y cuerpos locales; el saldo fue de dos trabajadores muertos y decenas de heridos. El conflicto se prolongó hasta agosto de ese año.
Hoy Gómez Urrutia insiste en que la persecución y los ataques al sindicato fueron orquestados por los empresarios Germán Larrea, de Grupo México, y Julio César Villarreal, de Villacero, por entonces controladora de Sicartsa. A ellos se sumaron tiempo después Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte (GAN), y Alberto Bailleres, de Grupo Peñoles.
Gómez Urrutia lo resume así: “Pasta de Conchos vino a agravar, acelerar y abrir completamente esa agresión que el gobierno de Vicente Fox planeó para afectar al sindicato y a mí en lo personal, operando al servicio de Grupo México y de los otros empresarios miserables”.
Los argumentos
Tras haber enfrentado y ganado 10 acusaciones por fraude, fraude bancario y lavado de dinero, entre otros cargos, Gómez Urrutia no se mueve un ápice de su versión sobre lo ocurrido. A pregunta expresa sobre lo que motivó el conflicto con Grupo México, insiste en lo mismo que ha dicho en los últimos años.
Que al privatizarse Mexicana de Cobre, al sindicato le correspondía 5% de las acciones, que Grupo México se negó a pagar. A lo largo de 15 años de litigios y desa-venencias, la empresa pagó el equivalente –55 millones de dólares– pues no quiso entregar acciones.
“Larrea juró venganza”, asegura Gómez Urrutia, quien atribuye a eso el movimiento que pretendía que el dinero se repartiera entre los trabajadores y no fuera a parar a un fondo sindical.
Afirma que en todos los juicios que le encausaron demostró que tenía la razón, y añade: “El gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón no han querido respetar la ley por servir a Germán Larrea. Violaron la Constitución, me quisieron juzgar por los mismos hechos hasta cuatro veces. Ellos deberían ser destituidos de sus cargos, ir a la cárcel por su corrupción y por servir a intereses privados”.
Para Gómez Urrutia, Fox y Calderón fueron serviles ante el poderoso empresariado minero. “Se dejaron manipular por empresarios mezquinos”, que impusieron a “lacayos perversos”, como los hoy exsecretarios del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, y los extitulares de Gobernación Carlos Abascal Carranza y Fernando Gómez Mont, quien era abogado de Grupo México antes de asumir el cargo.
Respecto a la toma de nota, recuerda que las convenciones mineras lo han elegido cinco veces con observadores nacionales e internacionales que avalan la legalidad de cada elección, pero que no era reconocida por la STPS, hasta que el pasado miércoles la segunda sala de la SCJN la convalidó con tres votos a favor y uno en contra.
El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar y privilegió el criterio de libertad sindical, asentando que la STPS no puede erigirse en autoridad en procesos electivos sindicales.
El sindicato hoy
A lo largo de seis años los conflictos sindicales arreciaron durante las negociaciones relativas a los contratos colectivos de trabajo en diferentes empresas. El 30 de julio de 2007 la Sección 65 del SNTMMSRM –emblema del sindicalismo mexicano desde 1906– estalló la huelga en Mexicana de Cananea.
Lo mismo ocurrió en las secciones 7 y 201, correspondientes a las minas de Grupo México en Taxco y Sombrerete. La empresa y la STPS aseguraron que Gómez Urrutia utilizaba a los trabajadores para presionar políticamente al gobierno federal. Lo mismo dijo un año antes sobre el movimiento de Sicartsa el entonces vocero presidencial Rubén Aguilar.
En medio del periodo de mayor bonanza en la historia reciente para el sector minero –en especial para Grupo México, por los elevados precios del cobre y otras proyecciones alentadoras–, la STPS intentó en repetidas ocasiones calificar la huelga de ilegal, pero cada vez los mineros ganaron en tribunales, hasta que finalmente en junio de 2010 unos 4 mil policías federales desalojaron a los huelguistas con el argumento de la empresa, avalado por la STPS: debía cerrar la mina por causas de fuerza mayor. A partir de entonces han llevado contratistas para operar en el tajo de Cananea.
En tanto, empezaban a surgir conflictos en las negociaciones con empresas que hasta entonces habían permanecido en aparente neutralidad, como el GAN –controladora de Altos Hornos de México (AHMSA)– y Grupo Peñoles.
En mayo de 2008, la sección 288, una de las dos correspondientes a AHMSA, tuvo una asamblea que fue reventada por un contingente opositor. Según Gómez Urrutia, los agresores fueron pagados por el presidente del GAN, Alonso Ancira Elizondo, quien a su vez acusó al líder minero de intentar chantajearlo con 15 millones de pesos.
Por esos días otro conflicto sindical se generaba en Chihuahua, ahora con Grupo Peñoles. En Naica, la sección 30 no logró un incremento salarial y se fue a la huelga, haciendo que Grupo Peñoles descalificara también a Gómez Urrutia.
En diciembre del mismo año el entonces secretario de Asuntos Políticos del SNTMMSRM, Carlos Pavón, fue detenido en Azcapotzalco y mantenido preso en el penal de Monclova. Días después quedó en libertad y organizó su propio sindicato en sus zonas de influencia: las minas de Grupo Peñoles en Fresnillo y en Naica. Se deslindó de Gómez Urrutia.
A pesar del conflicto con las grandes corporaciones mineros del país y de las escisiones, Gómez Urrutia sostiene que su sindicato está fuerte y sólido. Menciona que sólo en 2011 se incorporaron 6 mil nuevos miembros, que logra incrementos salariales de 14% como ningún otro sindicato en México y mantiene la membresía de 70 secciones sindicales, con 14 fracciones y presencia en 24 estados del país.
“Las organizaciones espurias que han creado son sindicatos ratas, son la basura del sindicalismo. Eso representan Elías Morales y Carlos Pavón. Son sirvientes de las empresas. Atrás de ellos están el terror y la presión que ejercen las empresas contra los trabajadores. Fue la depuración del sindicato, los que salieron son las ratas y se quedaron los trabajadores”, dice.
A Alonso Ancira lo tilda de traidor. Rechaza haber recibido apoyo del empresario en el inicio del conflicto, pues “sólo cumplía las obligaciones patronales que le correspondían”, y dice que, por el contrario, el SNTMMSRM sí lo apoyó cuando “él sí, prófugo de la justicia por fraude fiscal”, huyó del país, mientras el sindicato hizo lo posible por apoyar sus empresas a fin de conservar la fuente de trabajo.
Luego, afirma, Ancira empezó a atacar al sindicato con acciones legales “abusando de las conexiones con el gobierno de Humberto Moreira y en el gobierno federal”.
Agrega: “En estos seis años de crecimiento de la minería, con los precios más elevados de la historia y la mayor demanda en el mercado, estos empresarios quieren pagar salarios de miseria y no repartir los beneficios entre los trabajadores”.
Ejemplifica: un minero de Peñoles o de Grupo México tiene por salario base diario 12 dólares en promedio. Un trabajador que cumple las mismas funciones con menos riesgos gana 40 dólares al día en Estados Unidos o Canadá.
Entre sus consideraciones apunta la riqueza acumulada en años recientes por Germán Larrea y Alberto Bailleres, que de encontrarse fuera del ranking de los 10 multimillonarios mexicanos, pasaron al segundo y tercer lugar respectivamente, “gracias a la explotación de la mano de obra y a la protección de los gobiernos del PAN”. En tanto, comunidades como Cananea, Taxco y Sombrerete se empobrecieron por los conflictos.
La agenda de Napoleón
Ante lo que parece su inminente regreso a México, Gómez Urrutia dice que a los empresarios y al gobierno les provoca terror su presencia aquí. Inclusive menciona la apelación que hará la PGR de su amparo, aunque no tiene bases, pues se propuso retrasar su regreso y su asistencia a la Convención Nacional Minera, que se celebró el 3 de mayo y donde fue reelegido.
–¿Buscará venganza?
–Yo no tengo una actitud vengativa, pero vamos a luchar por que se haga justicia. Hay cuatro muertos, más de 100 heridos de bala, han arrestado y torturado a familias. Les han causado daño moral… eso no puede quedar impune.
El abogado del sindicato, Marco del Toro, anunció una serie de denuncias y demandas contra el gobierno federal, tanto por congelar cuentas bancarias del organismo como por homicidio y recursos por inejecución de sentencias de amparos obtenidos con anterioridad.
A pregunta expresa, Gómez Urrutia responde que no coincide con la necesidad de una reforma laboral, mucho menos como la ha planteado el gobierno de Felipe Calderón ya que implicaría mayor explotación laboral y pérdida de empleos, como ocurre en Cananea, donde sostiene, han muerto 20 esquiroles por la inseguridad laboral, no tienen derechos y laboran como en un campo de concentración.
A su juicio, lo que se necesita es que se cumpla la Ley Federal del Trabajo vigente.
–¿Mantiene filiación partidista?
–Tenemos simpatías por quienes representan un cambio para el país y lo expresaremos mediante el voto. Pero esto no es cuestión de partidos sino de la democracia, del futuro y de que México necesita recuperar la posición que tuvo. Ha sido un retroceso terrible de 12 años que debemos empezar a recuperar y buscar mayor justicia y equidad.
–¿Conserva su proximidad al PRI?
–Los trabajadores son libres de votar por quien sea. Pero el PRI abandonó al sindicato, como lo hizo el Congreso del Trabajo, del que salimos hace más de tres años.
“Aun con la libertad de votar por quien quisieran, había una tendencia mayoritaria al PRI y éste no respondió ni estuvo a la altura, en una situación evidente de persecución política del movimiento obrero.”
–¿Simpatiza con algún candidato?
–Tengo mis preferencias pero en este momento no las voy a externar.
El jueves, en la transmisión de su mensaje ante la convención, donde estuvo presente el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Gómez Urrutia se resistió a mencionar nombres pero pidió a sus agremiados cerrar filas y votar por candidatos progresistas.
