“Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”, dijo Regina Martínez en septiembre del año pasado al rendir un testimonio sobre la situación de los periodistas en la entidad gobernada por Javier Duarte. Poco más de medio año después, ella también cayó bajo la guadaña de la violencia. Ciertamente Veracruz se ha convertido en el peor estado para practicar el periodismo: al menos 13 profesionales de la información han sido asesinados –algunos con una saña inexplicable– desde el año 2000… pese a que las autoridades sabían que muchos de ellos habían sido amenazados y corrían un riesgo real.
“La situación ahora es bien difícil, es la peor que he vivido en los últimos 10 años. Cuando empecé como periodista fue en el gobierno de Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes; había mucha represión, persecuciones, amenazas de desalojo a periódicos, presiones a los reporteros. Algo parecido fue con el gobierno de Fidel Herrera, quien controlaba a la prensa con regalos: camionetas de lujo, casas, dinero, pago de colegiaturas de los hijos de los reporteros o columnistas. Pero no se vivía como hoy, con miedo, con terror (…) La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura.”
Así comienza el testimonio que Regina Martínez dio el 27 de septiembre de 2011 cuando una organización de periodistas le pidió que describiera la situación de la prensa en Veracruz. En ese momento Javier Duarte llevaba menos de un año en la gubernatura y cargaba sobre sus hombros el saldo de tres periodistas asesinados en un mes.
Siete meses después ella se convertiría en la quinta víctima de la administración duartista; cinco días después la seguirían tres más.
Con un récord de 13 periodistas asesinados y dos desaparecidos desde el año 2000 (ocho de ellos en el periodo de Duarte, estrenado apenas en diciembre de 2010), Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el segundo país más mortífero para los comunicadores.
Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso en esa entidad, expresó aquella vez para el reporte: “Ahora la situación es completamente represiva con el gobierno de Javier Duarte, es directa contra toda la prensa, contra directivos y reporteros. Antes los gobernadores daban dádivas y así controlaban; ahora este gobernador vino con actitud represiva, incluso contra los reporteros y articulistas que estaban alineados con el gobierno. Como no tiene dinero, está censurando a periódicos, páginas de internet, columnistas y periodistas”.
La periodista recordada por integrantes de organizaciones sociales, políticos y sus colegas como una mujer honesta, valiente, independiente y combativa, mencionaba en su testimonio que el terror llegó a su máximo entre junio y agosto de 2011, cuando fueron asesinados Miguel López Velasco (subdirector de Notiver, acribillado con su esposa e hijo), Yolanda Ordaz (reportera de Notiver, degollada) y Noé López Olguín (del diario Noticias, hallado en una fosa común).
Manifestó que tras esos hechos hubo renuncias masivas de reporteros que cubrían la nota policiaca y que algunos, incluso, huyeron del estado o del país con toda su familia. Otros más vivían con amenazas de secuestro.
“El clima de terror se siente en todo Veracruz, no sólo en Xalapa o el puerto. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas o la misma policía les ordena desaparecer imágenes”, dijo a la Red de Periodistas de a Pie, bajo anonimato por el riesgo que su testimonio implicaba.
Concluyó con las siguientes palabras: “Es el peor clima de terror donde el gobierno y los malosos están actuando de manera conjunta. El ejemplo son los tuiteros; el gobierno de Duarte es el más prepotente y represor. Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”.
Así, adentro de la casa que había convertido en su refugio y trinchera, el 28 de abril de 2012 fue encontrada asesinada la corresponsal de este semanario. El diagnóstico que dejó sobre la situación de la prensa fue certero.
La organización Reporteros Sin Fronteras registró que en 2011 huyeron del estado 16 periodistas en una estampida por mantenerse a salvo que estos días se repite. Los fotoperiodistas Guillermo Luna y Gabriel Huge (exempleados de Notiver y colaboradores de varios medios) y Esteban Rodríguez (excamarógrafo de TV-Azteca), cuyos cuerpos fueron encontrados mutilados, en bolsas de plástico, en Boca del Río el pasado jueves 3, pertenecían a ese grupo de desplazados por miedo que acababan de regresar a la entidad. Con ellos también estaba el cadáver de Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen, de Veracruz.
Los gobiernos federal y estatal sabían que las vidas de los tres fotorreporteros corrían peligro, pero no actuaron.
“En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2011, Artículo 19 entregó un informe al subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, que contenía los nombres de 13 desplazados por cuestiones de seguridad; entre ellos estaban los de los tres periodistas que asesinaron ayer. Así que aunque Gobernación y las autoridades de Veracruz sabían que estaban amenazadazos no tomaron medidas para protegerlos”, dijo Juan Carlos Romero, del Programa de Libertad de Expresión de Artículo19.
Largo historial
Reporteros Sin Fronteras registra en la entidad el asesinato de 15 periodistas: José Miranda Virgen (calcinado en 2002), Raúl Gibb Guerrero (ametrallado en 2005), Hugo Barragán Ortiz (apuñalado en 2005), Roberto Marcos García y Adolfo Sánchez Guzmán (acribillados en 2006), Raúl Martínez López (apuñalado en 2008) y Luis Daniel Méndez Hernández (acribillado en 2009).
Los del duartismo son: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz (en 2011) y Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez (en 2012).
En el caso de López Velasco el principal responsable es un policía municipal; en el de Ordaz el gobierno estatal, a las cuatro horas de haber encontrado el cuerpo y sin realizar ninguna investigación, la acusó de colaborar con un grupo criminal.
Además se tiene el registro de que los periodistas desaparecidos son: Jesús Mejía Lechuga (desde 2003), Evaristo Ortega Zárate (2010) y Gabriel Manuel Fonseca (en 2011).
Romero, de Artículo19, refiere que sólo tres casos (los de Méndez Hernández, Miranda Virgen y López Olguín) la procuraduría estatal los dio por concluidos porque supuestamente agotó las investigaciones. Sin embargo, las conclusiones en dos de ellos no cuadran con los hechos y no son aceptadas por los periodistas locales.
A las agresiones se suma el ataque, a finales del año pasado, al diario Buen Tono, de Córdoba, por un grupo armado que se metió a las instalaciones cuando la redacción estaba llena, roció gasolina y prendió fuego. Los periodistas apenas pudieron salvarse mientras veían cómo el edificio se consumía.
Sólo después del escándalo internacional desatado esta semana por el asesinato de la corresponsal de Proceso y de los tres fotógrafos, el gobernador respondió con acciones: anunció la creación de un organismo para la protección de periodistas a fin de, según dijo, garantizar el libre ejercicio del periodismo, dar certeza y tranquilidad a los periodistas.
“Regina era una periodista honorable y no vamos a regatearle ni a ella ni a su familia la justicia que merecen. Se están profundizando todas las hipótesis y hay un grupo especial de policías ministeriales y técnicos periciales trabajando en este caso que a todos nos indigna. Estamos determinados a resolver este crimen. En ese sentido he instruido al procurador general de Justicia del Estado y a las corporaciones de Seguridad Pública para identificar, detener y procesar al o los responsables, fuera de toda duda razonable y con base en la evidencia”, anunció el viernes 4, a una semana del asesinato.
Corrupción y narcopolítica
La prensa veracruzana es considerada por las organizaciones internacionales como débil, poco profesionalizada, mal pagada, vigilada y monitoreada por el gobierno local, sometida a través de los convenios publicitarios, doblegada por una clase política corrupta y, a partir del sexenio calderonista, atrapada entre la violencia de los cárteles del narcotráfico que se disputan el estado (Los Zetas y el del Golfo) y las fuerzas de seguridad estatal enviadas para combatirlos (Marina y Ejército).
“Esto no empezó ayer sino años atrás. En Veracruz se ha enquistado la impunidad desde los primeros casos que registramos, que ninguno ha sido resuelto, quedaron en el olvido aunque en los primeros sí hubo indicios suficientes para que las autoridades pudieran investigar. La violencia se vino agudizando los últimos años y en 2011 Reporteros Sin Fronteras clasificó a Veracruz como el estado más peligroso, y lo que pasó con Regina vino a confirmar esa realidad”, dice Balbina Flores, la corresponsal de esa organización en México.
Para Alberto J. Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana, la hegemonía del PRI en esta entidad, que no ha vivido una transición, ha logrado doblegar a los medios locales.
“El gobierno actual asumió una política de control total. Fidel Herrera lo había hecho pero no había alcanzado la magnitud y sistematicidad del actual. Ahora el control es absoluto: muy pocos espacios, muy poca gente puede decir algo, a los columnistas se les indican las reglas, la libertad de prensa quedó casi anulada y palideció más en la época de mayor violencia el año pasado, porque periódicos regionales fueron amenazados por el crimen organizado o tampoco quedó claro quién los amenazaba”, dice a Proceso.
Por su parte Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad de Artículo19, señala: “El reacomodo de los gastos publicitarios por el nuevo gobierno coincide con el fin del arreglo de los grupos criminales que se habían dividido el estado. Vimos cómo la situación se descompuso gravemente de 2010 a 2011, cuando las agresiones a periodistas se incrementaron casi 200%, agresiones que van desde cachetadas de policías municipales a reporteros hasta amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos”.
Aunque esa organización solicitó, a través de la Ley de Transparencia, el gasto total ejercido por el gobierno de 2005 a 2010 en comunicación social y publicidad y los medios a los que fueron destinados los recursos, la información fue clasificada reservada. El caso ya fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si ordena la apertura de la información, permitiría conocer en detalle la discrecionalidad con la que han actuado los gobiernos de Herrera y Duarte y sus mecanismos de presión sobre los medios.
En el reportaje publicado el 2 de octubre de 2011 (edición 1822) en este semanario, con el título Veracruz: el alto riesgo de informar, Regina Martínez denunció la impunidad en la que permanecían los crímenes de sus colegas y la cerrazón del gobierno de Duarte para informar, el control de la información, la persecución a los tuiteros y el ocultamiento del gasto publicitario.
En ese entonces el gobernador había presentado al Congreso una iniciativa de reforma al Código Penal que le permitía encarcelar a reporteros, tuiteros y cualquier persona que, a juicio del gobierno, divulgara información considerada inconveniente, como dónde ocurren las balaceras en una ciudad.
“La falta de una efectiva política de comunicación social ha hecho del de Javier Duarte uno de los gobiernos más opacos, además de que la ‘reserva’ de información en temas relacionados con la seguridad ha dado pie a rumores, alarma y psicosis entre la población (…) A juicio de diversos actores sociales y políticos de la entidad, Duarte ha seguido los pasos de su antecesor Fidel Herrera en torno al control de la información institucional en Veracruz y el ocultamiento del gasto destinado a difundir su imagen”, escribió la reportera.
A decir de Balbina Flores, las primeras señales de la descomposición surgieron en 2006; sin embargo Fidel Herrera controló los medios para ocultar la violencia y cuando Duarte asumió el poder, al parecer existió una ruptura entre criminales que se manifestó en enfrentamientos. Muchos periodistas quedaron en la línea de fuego porque los bandos son difusos.
“El hilo entre criminales y políticos en Veracruz es muy delgado y en cualquier momento se rompe. Ahí existe, como en otros estados, esa convivencia entre criminales y políticos y policías. Los periodistas están en territorio minado: si caminan para un lado pueden agredirlos y para otro, igual”, explica la corresponsal de RSF.
Lo que le llama la atención es que “ante lo negro del panorama” el gobierno de Duarte no ha lanzado ninguna propuesta para aminorar los riesgos de los periodistas y garantizarles la seguridad, “sólo hemos escuchado promesas de que va a investigar”.
A decir de Mike O’Connor, corresponsal en México del Comité para Protección de Periodistas, Veracruz es el peor estado para ejercer el periodismo y los reporteros viven en pánico porque no confían en el gobierno estatal: “Están convencidos de que está metido en todo esto, sienten que el crimen organizado y el Estado es la misma cosa, pero no pueden investigar para probarlo y menos publicar”.
Por esa situación el periodista estadunidense reconoce la postura de los directivos de este semanario en relación con el homicidio de Regina Martínez: “Es importante que Proceso tome esta posición tan fuerte, tan feroz frente al gobierno, porque las otras publicaciones no lo hacen, tiran a sus periodistas a la calle o niegan que trabajaban para ellos. Proceso es el extremo opuesto porque enfrentó al gobernador y le dijo que no le creían. Ojalá eso ayude a esclarecer”.
Laura Salas, relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dice que a partir del asesinato de Martínez varios periodistas de la entidad han entrado en contacto con la relatoría para pedir orientación, algunos quieren salir de la entidad por miedo, otros requieren apoyo psicológico o medidas de seguridad.
“Esto refuerza lo que ya sabíamos: una fundada desconfianza en la actuación de las autoridades. Esto da cuenta del clima de riesgo para ejercer la libertad de expresión, la descomposición social y política y la ineficiencia para proteger la labor de informar”, manifiesta.
Con todos estos malos antecedentes que carga el gobierno veracruzano que contrastaba con la línea crítica y profesional que realizaba Regina Martínez, todas las organizaciones entrevistadas coincidieron en que la primera línea de investigación que la procuraduría local debe agotar es la relacionada con su trabajo periodístico.
Como lo señala el oficial de seguridad de Artículo 19: “Regina era muy seria, muy valiente, muy crítica y trabajaba investigaciones muy sensibles para grupos económicos y políticos, por lo que hay suficientes elementos para que se tome como base esa línea de investigación. Si a esto se suma el proceso de descomposición de la libertad de expresión en el estado, el patrón ya documentado de violencia contra los periodistas, la información que investigaba y el medio crítico en el que trabajaba no debe quedar duda. Un fotógrafo local me decía: ‘Si mataron a Regina, que era tan seria, ¿qué nos va a pasar a nosotros?’. Ese crimen desalienta a quien quiere hacer un periodismo independiente, crítico, profesional”.
