Señor director:
El 16 de octubre del 2011 denunciamos (Palabra de Lector de Proceso 1824) que el 1 de septiembre del 2011 se presentó en nuestro domicilio de Bucareli 53, colonia Juárez, el licenciado Luis Flores Castillo, quien se dijo “apoderado del dueño del inmueble” y con documentos apócrifos amenazó con lanzarnos.
Resulta que el 9 de agosto del 2011 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) modificó datos de la cuenta 21-4465508201000-4, cambiando el nombre del propietario al de Víctor Martínez Rosas (cuyo apoderado es el citado Luis Flores Castillo), pues según el personal del SACM y de la concesionaria del servicio Proactiva, Medio Ambiente SAPSA (ubicada en Tomás Alva Edison 176, colonia San Rafael) Martínez presentó documentación que lo acredita como propietario.
Sin embargo, de acuerdo con el oficio RPPyC/DJ/2529/2011, firmado por el maestro en derecho José Aarón Gómez Orduña, director jurídico del Registro Público de la Propiedad, de fecha 29 de septiembre del 2011, no hay cambio en la partida de la propiedad.
Ante la corrupción nos quedamos cortos ya que, sumado a lo anterior, varios vecinos que se oponen a la legalidad, liderados por Armando Martínez –militante del Partido del Trabajo y reconocido en el INVI como invasor de predios que, a su vez, se dice asesor del diputado asambleísta del PT José Arturo López Cándido–, así como por el licenciado Julio César Ortiz Zenón, quien se ostenta como asesor legal de la diputada federal del PRD Leticia Quezada, han amenazado, insultado, amedrentado, agredido física y verbalmente a los que buscamos la regularización de la propiedad y el pago del predial y del agua; cinco de los nuestros han sido despojados de sus viviendas y oficinas, y les han robado sus pertenencias.
Hoy, esos espacios están ocupados por personas muy violentas, agresivas, carentes de escrúpulos y sin higiene, pues defecan y orinan en los pasillos. La más agresiva es la señora Irma Guadalupe Hernández Rodríguez, quien, pródiga en insultos, agresiones físicas y verbales, ha llegado a las amenazas de muerte ya que se dice protegida de un magistrado y del “comandante Solís”, de la policía capitalina.
Ella presentó en el 2005 a los mencionados Armando y Julio para asesorarnos. Las agresiones siguen pese a las denuncias FCH/AE/CUH-5/T1/2218/11-10, FCH/AE/CUH-5/T1/2355/11-11, FCH/AE/CUH-5/T1/2817/11-11, FCH/AP/CUH-5/T1/2816/11-11, FCH/AH/CUH-5/T2/2497/11-11, FCH/CUH/-5/T2/234/12-01, FCH/CUH-5/T1/00311/12-02 y FCH/CUH-5/T20227/12-01.
Ante esto, el pasado 1 de marzo enviamos al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, un escrito solicitando su intervención a fin de que nuestras demandas fueran atendidas. La respuesta fue dada en dos oficios firmados por Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana: el número CGAC-009047-12, de fecha 12 de marzo, dirigido al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, en cuya oficina una secretaria de la licenciada María Guadalupe Vázquez Cisneros, asesora del procurador, nos dio otro oficio, el PGJDF/CAP-5/046/2012, firmado por el licenciado Rodolfo F. Ríos Garza, coordinador de asesores del procurador y dirigido al licenciado José Luis González Mendoza, fiscal desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc.
En la oficina de este último, la licenciada Patricia Martínez Fernández, muy enojada, nos dijo que sólo daría seguimiento a tres de las demandas enlistadas, pues las otras sólo eran constancias de hechos. Expresó textualmente: “No es posible perseguir el delito de amenazas, y el de despojo es más complicado, pero busque a legisladores o funcionarios para que lo ayuden”.
El segundo oficio tiene el número CGAC-009047-12, y es del 7 de marzo, dirigido al director general del SACM, Ramón Aguirre Díaz. De allí nos mandaron a la Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios, con el licenciado Ernesto Blanco Sandoval, de donde enseguida nos turnaron al departamento de Cobranzas. Aquí, el 27 de marzo del 2012, nos informaron que la licenciada Jaqueline Santoyo nos atendería y que llamáramos el próximo 7 de mayo para saber si ya tenían alguna respuesta.
Finalmente, señor director, le informo que nuestra asociación civil está debidamente constituida y protocolizada ante notario, con la escritura 23494, y registrada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Servicio de Administración Tributaria.
Atentamente
Raúl Antonio Hernández Rivera
Presidente de “Bucareli 53 Un Proyecto de Comunidad Constructiva ‘Leona Vicario’, A. C.”
