“Es la política. Son los políticos”, expresaron algunos voceadores luego de que la edición 388 de Proceso Jalisco se vendiera como pan caliente en los Sanborns, los supermercados y todo tipo de expendios cerrados. El ejemplar cuya portadilla decía: DIF Guadalajara, búnker de la impunidad –la edición nacional, la 1850, tenía como título La traición de Fox– simplemente desapareció. “Tantas revistas tienes –decían los clientes–, tantas me llevo”. En los puestos de periódicos de la zona metropolitana también volaron los ejemplares. Por fortuna la publicación no circuló tan mal porque a tan compulsivos compradores les cayó el veinte un poco tarde.
Más temprano que tarde, las malas jugadas se pagan. Y más cuando se hacen de manera burda y avariciosa, como en las tres últimas legislaturas locales, incluida la actual. Nunca nadie creyó que habría una peor que la anterior. Pero la LIX ha superado a todas. El hambre, la ambición desmedida de poder y dinero que tienen casi todos los diputados de las distintas fracciones (PAN, PRI, PRD y Verde Ecologista) no conocen límites. En sus dos años se han dado un festín de reparto de cuotas en el mismo Poder Legislativo al aumentar la burocracia a la medida de los intereses de cada partido y de cada diputado. Lo mismo han hecho en organismos clave como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y no se diga en el Poder Judicial, que fue la gota que derramó el vaso cuando todos los legisladores aprobaron al unísono y de manera descarada la designación de 12 funcionarios judiciales, entre consejeros y magistrados, pese a la existencia de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra. Nada les importó. Al cabo, dijeron, le respondemos que no hay desacato a la suspensión, pues ésta llegó tarde. Por esas maniobras y aun cuando todos los legisladores son culpables, empezando por la mesa directiva de agosto de 2011, el pagano es el panista Gustavo Macías, quien la semana pasada fue desaforado.
Y hablando de conseguir puestos a cargo del erario a como dé lugar, el perredista José Antonio Orozco Guzmán, avecindado desde hace años en el municipio de Villa Corona, presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco “por amenazas y daños en las cosas”. La demanda está dirigida contra el expresidente del PRD en Jalisco, Roberto López González, quien habría amagado al querellante durante un pleno de ese partido celebrado a las 10 de la mañana del 30 de marzo pasado en el hotel Fénix de Guadalajara para definir las candidaturas. De acuerdo con la copia obtenida por este semanario, López González, exdirigente del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, le dijo: “Tú no vas a ser candidato, y si te quieres arriesgar, tú verás las consecuencias de lo que soy capaz yo y mi gente de Villa Corona y lo que te puede pasar si sigues insistiendo en la candidatura”, según refiere Orozco en su denuncia. Dice que al día siguiente del evento, el 31 de marzo, a eso de las 10 de la noche fue tiroteada una construcción de su propiedad en Atotonilco El Bajo, municipio de Villa Corona, desde una camioneta pick up. Por fortuna el velador Adrián Andrade resultó ileso. Al día siguiente reportó los hechos a su patrón, quien a su vez presentó su denuncia formal contra quienes resulten responsables.
Para los amantes de la historia, el próximo jueves 26 habrá un taller sobre el impacto de la Constitución de Cádiz en la Nueva España (1812). El evento se realizará en la casa ITESO-Clavijero y será coordinado por el doctor Jaime Olveda. Entre los expositores estarán Luz María Castellanos, María del Pilar Gutiérrez Lorenzo y José Guadalupe Miranda Martínez. Lo patrocinan el Departamento de Estudios Históricos del Arzobispado de Guadalajara y la Universidad Jesuita ITESO. l
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