“El nuevo Cancún pero bien hecho” que pregonó Emilio González, y luego financió con las pensiones de los burócratas del estado, todavía no se construye y ya le quitó su medio de vida a pescadores de Chalacatepec y otros municipios, afectó el libre tránsito y está causando problemas de posesión y propiedad.
Desde hace 35 años Adán Magaña Elisea ha pescado en las lagunas de Chalacatepec y de Paramán, igual que en el mar que las une en la Costalegre, pero su fuente de trabajo está a punto de desaparecer porque la empresa Rasaland, en sociedad con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) pretende construir en esta zona el megaproyecto Chacalatepe, más conocido como “el nuevo Cancún”.
Magaña no es el único afectado; también lo son sus 45 compañeros de la Cooperativa de Pescadores de la Laguna de Paramán, los ejidatarios de las comunidades José María Morelos y Campo Acosta, así como habitantes de Tomatlán, Puerto Vallarta y hasta de Colima.
Hace dos años el gobernador Emilio González anunció que reviviría el proyecto soñado hace 20 años por el exmandatario priista Guillermo Cosío Vidarurri para erigir otro Cancún, “pero bien hecho” –dijo González–, en un predio de mil 200 hectáreas con más de siete kilómetros de playa, en las inmediaciones de los esteros de Chalacatepec y Xoloparam (Proceso Jalisco 274).
Los terrenos de Costalegre, municipio de Tomatán, están en litigio desde entonces; aún así, González Márquez apoyó el proyecto turístico con fondos de los burócratas al invertir en la primera etapa 89 millones de dólares.
En 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos expropió 36 mil 656 hectáreas de la exhacienda La Nancy, en el municipio de Tomatlán, ni el dueño de entonces, el general Roberto Fierro Villalobos, ni sus sucesores fueron indemnizados por la Secretaría de la Reforma Agraria.
La citada hacienda, que se vendió a varios compradores privados, originalmente abarcaba 53 mil hectáreas, en 36 mil 656 de las cuales se conformaron los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, pero el gobierno federal tampoco cubrió la suma convenida. En esta zona están Chalacatepec y las mil 200 hectáreas del “nuevo Cancún”, proyecto cuyo nombre oficial será Chalacatepe.
El bloqueo
Jesús Castillo Mendoza, quien fue representante legal de Fierro Villalobos, asegura que cualquier construcción que ahí se levante está en riesgo porque se trata de terrenos ilegalmente poseídos en tanto no se haga el pago correspondiente, que calcula en 16 mil millones de pesos (Proceso Jalisco 300).
Castillo Mendoza también es dueño de 12 mil 600 hectáreas de la hacienda La Nancy, donde se pretende construir el megaproyecto. El 15 de agosto de 1984, ante el notario público 46, Javier Herrera Anaya, acudieron Fierro Villalobos y Castillo Mendoza para certificar el contrato de compraventa de la mencionada fracción de La Nancy.
Ante la injusticia que viven los pescadores, Castillo Mendoza se comprometió por escrito a regalar dos hectáreas de playa. “No es correcto que una gente que tiene 32 años o más años pescando, de repente llegue Rasaland y la saque. No son dueños Rasaland ni el gobierno del estado; sólo han abusado del poder que tienen”.
Reitera Castillo Mendoza que “lo justo es que ellos tengan su modus vivendi para mantener a sus familias. También, en el escrito me comprometo a darles en comodato la vigilancia de 4 mil hectáreas”.
Al respecto, Adán Magaña recuerda que en 2010, cuando “fuimos a pescar nos prohibieron el paso (empleados de Rasaland) y yo les dije: pero si este camino lo hicimos los ejidatarios hace 28 años… No es posible que lo cierres”.
Esto originó no sólo la molestia de la cooperativa de Pescadores de la Laguna de Paramán, sino también de los ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta. Los inconformes comenzaron a negociar con Ignacio Moreno, quien se identificó como representante legal de la empresa de Rasaland.
Prosigue Magaña: “Nos prometió Moreno que iba a hacer un camino alterno y un pueblo de pescadores, lo cual no ha cumplido. Y nosotros quedamos en presentarle un proyecto para limpiar y desazolvar la laguna de Chalacatepec para que tenga buen uso el agua.
“Ellos no han cumplido para ayudarnos. Lo que buscamos es que el pueblo tenga acceso a la playa para bañarse el tiempo que sea, y que cualquier persona que venga se coma un pescado del agua a la cazuela, y que así nos venga a ver más gente”.
El hijo del pescador, Adán Magaña Martínez, comenta: “No puede ser posible. Mi padre antes no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer sus labores y llevarnos de comer. En la actualidad tenemos que pedir permiso para entrar a la zona federal, que es la laguna (de Paramán), donde nosotros nos desempeñamos”.
Agrega que él se dedicó a la pesca desde los 13 años, pero culpa a Rasaland de truncar su sueño: “Tengo cinco hijos, es injusto que se me dificulte llevarles de comer porque no me dejan pasar. Rasaland nos dice que ellos tienen el derecho de decidir si nos dejan o no pasar. No puede ser posible que tengamos que pedir permiso para entrar a zonas federales. Yo ganaba hasta 5 mil pesos por semana, y ahora no, porque no nos dejan pasar”, insiste.
El también pescador Delfino Ruiz se queja de que Rasaland les prohíba la entrada a la Laguna desde que instaló una caseta en La Higuerita, dentro del predio La Nancy. “Eso de cerrar con la pluma no va. Por eso hemos estamos peleando unidos con el ejido de José María Morelos para que se abra la pluma y parece que sí se va haciendo. Afecta a todo el pueblo. A la laguna (de Paramán) van de todo el municipio (de Tomatlán), de Puerto Vallarta y hasta de Colima, cuando hay camarón”.
Ruiz insiste en que es necesario que la empresa construya un camino alterno, porque “los de Rasaland no quieren ver a nadie cuando tienen visita. Ni siquiera es de ellos el camino ni la propiedad. Además, no han construido nada, más que la pura caseta”.
Por su parte, el lanchero Sabino Velásquez Miranda, El Chómpiras, menciona que “Rasaland nos quiere correr. Tenemos muchos problemas los que vivimos en la enramada (…) En el camino que te lleva al mar ves muchos letreros de que es propiedad privada cuando el camino siempre ha existido. Antes la gente podía ir a comer a la laguna y había hasta 100 personas que sacaban pescado para comer y no había ningún problema”.
Coincide en que los problemas empezaron cuando Rasaland instaló la caseta: “Primero no nos querían dejar pasar, luego hablamos con Nacho Moreno y se acordó que para pasar teníamos que dejar la credencial para votar. Otra vez se dialogó y ahora nada más nos apuntamos para que ellos sepan quién entra y sale. Parece que trabajamos para ellos”.
Confirma que si la empresa tiene alguna actividad, no deja ingresar a nadie, “cuando antes teníamos libertad”.
El presidente de la cooperativa de pescadores de laguna de Paramán, José Luis Murillo, afirma que cuando llegó a trabajar ahí, hace casi 20 años, “no había ninguna empresa. Entraba y salía uno sin ningún problema, no había nada de intereses; los ejidatarios tenían la posesión”.
Añade que después del tiempo de lluvias entran en la laguna especies como camarón, jaiba, pargo y robalo. “De octubre a enero se sacan hasta mil toneladas, y no nada más vamos los de la cooperativa, sino que vienen de otros pueblos… de José María Morelos, Tomatlán, de Campo Acosta, de Agua Caliente y de Puerto Vallarta. La laguna es como de mil hectáreas, así que pescamos todos”.
Subsidio a Rasaland
Hace dos años se estimó que el megaproyecto absorbería una inversión de 183 millones de dólares, de los cuales 94 serían aportados por Rasaland y el resto por el Ipejal.
Hace un año diputado perredista Raúl Vargas López denunció que existe un fraude al erario, pues el pago a Rasaland fue de 1.65 dólares por metro cuadrado, aun cuando Ipejal lo compró en más de 13 dólares por metro cuadrado. Es decir que la dependencia estatal subsidia a Rasaland, propiedad de inversionistas mexicanos y extranjeros, con dinero de los burócratas jaliscienses.
En el apartado “quiénes somos” del sitio web de Rasaland aparecen como parte del comité de inversión: Emilio Novela, vicepresidente del Banco Banif, la unidad de banca privada del grupo Santander; Manuel Herrando, presidente de Sotogrande, el resort más reconocido de España, y vicepresidente de NH Hoteles; Allen Sanginés-Krause, integrante de la banca de inversión en Goldman Sachs.
En el mismo comité se incluye a Juan Bremer, fundador de Rasaland e hijo del diplomático y político priista Juan José Bremer; Gordon Viberg, presidente y CEO de Hoteles Presidente Intercontinental en México; Javier Olascoaga, analista financiero de Goldman Sachs; Peter Yesawich, presidente del consejo y CEO de Y Partnership; y Alberto Eduardo Comenge Barreiros, Analista en Morgan Stanley.
Dentro del consejo de administración están Sanginés-Krause, Bremen y Olascoaga. Y en el equipo directivo aparecen: Juan y Jerónimo Bremen; Jorge Santiago, exdirector de finanzas de la división de bienes raíces de Banamex; Ricardo Santa Cruz, presidente del consejo de administración de American Healthcare Products; Olascoaga; Alejandra Kuri, exdelegada regional de Fonatur en Nayarit; Gabriel del Valle, exjefe del departamento en la Administración Central Jurídico Internacional del SAT; Diego Laresgoiti, analista financiero en Citigroup y Santander; así como Miguel Lebrija y Patxi Borbolla.
