Organismo considerado ejemplar y que está sujeto a la más avanzada legislación en su materia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal fue escenario de un proceso de renovación –que concluyó el pasado 29 de marzo– opaco, irregular y con visos de ilegitimidad. En la Asamblea Legislativa acabaron imponiéndose los intereses políticos de grupos para colocar consejeros a modo en esa institución… y la ciudadanía se quedó, como siempre, sin voz ni voto.
El pasado jueves 29 de marzo, con un retraso de tres horas y luego de que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, asistió al último informe de actividades de los comisionados salientes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Infodf), en la Asamblea Legislativa bastaron 10 minutos para seleccionar –sin justificación ni exposición de motivos– a los cinco nuevos comisionados del Infodf para los próximos seis años.
Ese día, ante la inconformidad de organismos ciudadanos y aun de legisladores locales, como la expanista Lía Limón, que preside la Comisión de Transparencia en la ALDF, se eligió a Luis Sánchez Nava, Alejandro Torres, Israel Mucio, David Mondragón y se reeligió a Óscar Guerra Ford.
“En la reunión (de elección en la
ALDF) no hubo rendición de cuentas de ningún tipo. Fue un proceso que registró anomalías durante los dos meses que duró y que terminó con una reunión sin debate, sin diálogo, sin explicación sobre los criterios, las consideraciones, las deliberaciones.
“Tampoco se dijo por qué son ellos los idóneos para ejercer el cargo en detrimento de los otros 33 registrados. Todo el proceso fue lamentable”, dice Haydeé Pérez, especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Apenas concluida la reunión del 29 de marzo, Limón –quien recientemente renunció al PAN por las irregularidades en su proceso de selección de candidatos– señaló que en la renovación del Infodf ganaron los intereses de los grupos parlamentarios y se privilegiaron las cuotas partidistas.
Reparto
Además de responder a grupos partidistas, los comisionados del Infodf que asumieron el 30 de marzo tienen trayectorias contrarias a la razón de ser del organismo. Por principio de cuentas no se respetó el enfoque de género estipulado en la ley, pues los nuevos comisionados son hombres.
Por ejemplo el panista Luis Fernando Sánchez Nava es operador de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala; fue diputado federal a la LVIII Legislatura –en la que estuvo Felipe Calderón– y director jurídico del PAN del DF. De 2003 a 2009 fue gerente metropolitano de Liconsa.
En el sitio electrónico de la Secretaría de la Función Pública, Sánchez Nava aparece con tres sanciones por diferentes irregularidades cometidas en Liconsa: dos amonestaciones públicas por violar procedimientos de contratación (expediente P.A. 001/2005) y por violar leyes y normatividad presupuestal (P.A. 016/2005). Por esta última fue sancionado con 12 mil 266 pesos.
Otro de los favorecidos es Alejandro Torres, de quien se desconoce la trayectoria pero se sabe que ha sido colaborador cercano de la perredista Alejandra Barrales.
Los asambleístas bejaranistas Aleida Alavez, Leonel Luna y Lisbeth Rosas impulsaron a Israel Mucio Hernández, quien hasta hace poco fue colaborador de la primera.
Y naturalmente el grupo de Ebrard logró colocar a dos comisionados cuya independencia queda en entredicho: David Mondragón y el reelecto Óscar Guerra Ford, quien ya fue presidente del Infodf.
Vicios de la renovación
El pasado 6 de enero la ALDF emitió la convocatoria para renovar el Infodf, organismo en el que los comisionados son designados por el Poder Legislativo y no a propuesta del Ejecutivo, lo que supondría un ejercicio democrático.
De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México –elaborado por Fundar y Artículo 19, organismos especializados en materia de transparencia– los indicadores más altos son para la capital del país, muy lejos de Chihuahua y Nuevo León, que le siguen en el ranking.
Sin embargo lo que por definición debería ser un proceso transparente se convirtió en un trámite opaco en el que ni siquiera fue posible conocer formalmente la trayectoria y los perfiles de los aspirantes a comisionados.
Entre el 6 y el 26 de enero 38 personas se registraron para buscar uno de los cinco lugares en el pleno del Infodf. Entre los aspirantes estuvieron los anteriores comisionados Óscar Guerra, Jorge Bustillos, Areli Cano, Salvador Guerrero y Agustín Millán.
Durante febrero la ALDF debió dar a conocer una lista de aspirantes seleccionados y entrevistarlos, pues en marzo se dictaminaría quiénes serían los comisionados.
Pero los tiempos se les fueron de las manos. La agenda de las comisiones de Administración Pública y de Transparencia en la Gestión no se cumplió por falta de quórum. No hicieron la selección y el 28 de febrero los integrantes de esas comisiones decidieron pasar a los 38 aspirantes a la ronda de entrevistas, la que debió realizarse en febrero. Los entrevistaron entre el 5 y el 14 de marzo.
Además la ALDF se negó a proporcionar los datos curriculares de quienes aspiraban a ocupar un sitio en el Infodf, impidiendo saber a quien lo deseara si éstos cumplían los requisitos del artículo 67 de la ley en la materia, que entre otros son: ser ciudadano mexicano, residir en el Distrito Federal y no ser ni haber sido dirigente de algún partido o asociación política cinco años antes de la designación.
Ante la opacidad del proceso, 11 organizaciones civiles integradas en el Colectivo por la Transparencia lanzaron la iniciativa Abran Paso, mediante la cual siguieron de cerca el atropellado proceso de renovación del Infodf. Sus primeros señalamientos tuvieron que ver con la falta de revisión de los requisitos que deben cumplir los aspirantes y con la ausencia de instrumentos técnicos para desarrollar el proceso.
En entrevista con Proceso, Haydeé Pérez, responsable del área de transparencia en Fundar –uno de los organismos integrantes del Colectivo– explica que las propuestas que se hicieron a la ALDF consistían en la generación de un instrumento técnico para evaluar y calificar objetivamente a los aspirantes, la elaboración de dictámenes fundados y motivados de las decisiones intermedias de las comisiones legislativas y de la decisión final de la Asamblea.
Además plantearon un mecanismo de participación ciudadana presencial o mediante comunicación formal escrita, para la etapa de evaluación y nombramiento de los comisionados. También solicitaron que se publicara y difundiera la información generada en cada etapa del proceso.
La respuesta de la ALDF fue que estarían atentos a sus propuestas pero no asumieron ningún compromiso, explica Haydeé Pérez, quien señala a la diputada panista Lía Limón y al perredista José Luis Muñoz Soria como los responsables de la incertidumbre en el proceso. Pero acota que el principal obstáculo estuvo en la bancada perredista, que es mayoritaria.
Derechos contrapuestos
Al oponerse a transparentar los currículos y las cartas-intención de los aspirantes, la ALDF dio un argumento: que la información correspondía al ámbito de los datos personales. Ante ello el Colectivo por la Transparencia explicó que podían proporcionarse versiones públicas.
Pero la Asamblea insistió, invocando la ley de transparencia local, que estipula que las personas deben dar su consentimiento. Cuando el Colectivo buscó a varios de los aspirantes se comprobó que jamás les preguntaron si deseaban hacer pública su información personal y en cambio aceptaron gustosos que ésta se difundiera a través de Abran Paso.
Una vez más los asambleístas se negaron a transparentar los datos de los registrados y esgrimieron otro argumento: que se trata de un proceso deliberativo y por lo tanto no puede hacerse público.
El argumento del “proceso deliberativo” fue el más dañino para la transparencia del proceso de renovación del Infodf, pues con él se pudo mantener la reserva en todo lo que ocurrió entre curules cuando se decidió quiénes integrarían el nuevo pleno.
Haydeé Pérez señala que los argumentos de la ALDF fueron absurdos, muestran la ignorancia que en la materia tienen los diputados y carecen de la motivación y el fundamento legal que les corresponde.
Para contrarrestar la opacidad oficial, en el sitio www.infodf2012.colectivoporlatransparencia.org se dieron los datos curriculares de la mayoría de los participantes, aportados por los interesados o localizados en internet. Varios de ellos aceptaron entrevistarse con el Colectivo.
Tribus versus ciudadanos
Haydeé Pérez prefiere no opinar sobre los intereses que podría haber detrás del manoseo al proceso de renovación del Infodf pero apunta a que hay hechos concretos que se pueden observar, por ejemplo la falta de quórum para abordar el tema que retrasó el proceso y que podría explicarse en los acuerdos entre partidos y tribus en lo oscurito.
Con diferentes posicionamientos, los impulsores de Abran Paso hicieron una observación: con un mínimo de voluntad democrática se podía designar a un ciudadano profesional y autónomo que abonara a la confianza en el organismo. Pero precisamente el proceso de renovación evitó la participación ciudadana, que debiera ser una de sus características relevantes.
“Los nuevos comisionados arrancan con déficit de confianza. Necesitan ser investidos de legitimidad, de confianza ciudadana y de los partidos, pero desafortunadamente no es así. Eso va a dificultar que lleven a cabo su tarea.
“Legitimidad y confianza son fundamentales; para ello debe haber profesionalismo, autonomía, independencia. Es grave que se haya privilegiado el criterio político y no los criterios técnicos y de especialización”, señala Pérez y advierte que el Colectivo mantendrá un seguimiento al desempeño de los nuevos comisionados, de sus resoluciones y argumentaciones, a fin de que su elección no vaya en detrimento del derecho a la información de los habitantes del Distrito Federal, que por lo pronto, salió perdiendo.
