Alberto Barranco Chavarría
Identificado con bola negra por la Secretaría de Hacienda como el autor de las propuestas fiscales más “peligrosas” para el país, entre ellas la de implantar un impuesto a las operaciones financieras y la de multiplicar la derrama recaudatoria hacia los estados con mayor participación en la producción petrolera, el activismo del gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, tiene una razón de peso…
Su entidad federativa alcanza el mayor boquete en materia de reservas para atender el pago de pensiones de los trabajadores públicos.
Estamos hablando de un faltante inmediato que hasta hace seis años ascendía a 45 mil 805 millones de pesos, cuyo monto equivaldría a la tercera parte de la recaudación de un año de elevarse a 15% la tasa del Impuesto al Valor Agregado en materias de alimentos y medicinas.
De acuerdo con una encuesta realizada por un despacho especializado en 1999, cuyos datos, empero, estaban actualizados hasta 1995, los focos rojos están encendidos en 10 estados y en la propia capital de país, ante la urgencia de atender al siguiente en la fila de pensiones, en tanto siete más estarían en opción de llenar el casillero hasta el 2010.
El cálculo primario del déficit actuarial alcanzaría 107 mil millones de pesos, equivalentes a 5.2% del Producto Interno Bruto de las entidades afectadas.
Más allá de Veracruz el caso más dramático es el de Chihuahua, con un faltante de 18 mil 602 millones de pesos, seguido por Baja California con 11 mil 987 y el Distrito Federal con 11 mil 663.
En un plano menos apremiante se ubicarían Sinaloa y Sonora, cuyos déficit alcanzaran 5 mil 483 millones y 3 mil 35 millones de pesos, respectivamente.
En la lista, sin conocimiento exacto de la magnitud del problema, están también Durango, Guerrero, Colima y Guanajuato.
A su vez, la bomba de tiempo que estallaría en el año 2010 está ubicada en los estados de Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, México, Tabasco y Aguascalientes.
Ahora que no existe información suficiente para evaluar con objetividad a otras siete entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur y Quintana Roo.
Lo cierto es que para entender la magnitud del problema es importante señalar que en promedio los estados tienen un jubilado por cada 10 trabajadores en activo, media que contrasta con la de Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, donde se alcanzan 5.4 y 4.3.
La avalancha, pues, está latente.
Soslayado una y otra vez por los diferentes gobernadores tantito por temor de abrir una descomunal cloaca en la búsqueda de la bolita, es decir el destino de los descuentos para el efecto en la nómina de los servidores públicos, y tantito por la indiferencia del gobierno federal, el alud ha ido creciendo y creciendo…
Lo triste del caso es la diligencia con que el régimen zedillista avaló en su momento, es decir en 1995, en reflejo automático a la protesta de los acreedores, las deudas contraídas ante la banca comercial por entidades federativas y municipios, cuyo monto al 30 de septiembre del año pasado, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, alcanzaba 83 mil 700 millones de pesos, equivalentes a 1.6 del Producto Bruto Nacional, o si lo prefiere a 97% del total de las participaciones durante un año.
El plazo promedio de amortización de los débitos reestructurados originalmente en 1994, al primer alerta del escándalo en puerta, es de 13 años.
Ahora que también en el centro hace aire: De acuerdo con una auditoría actuarial realizada el año pasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrenta un faltante en idéntico capitulo, por 150 mil millones de pesos.
Del tamaño de la urgencia habla en hecho de que para enfrentar las solicitudes de retiro de los derechohabientes de la instancia para este año, faltarían 22 mil millones de pesos, frente a una perspectiva de entero de cuotas para el fondo correspondiente, que se estima en 8 mil millones.
De acuerdo con las reglas del organismo, la posibilidad de jubilación de los servidores públicos federales se alcanza a los 30 años de servicio; a los 55 años de edad cuando se demuestra haber cotizado 15 en forma ininterrumpida , o bien al cumplir 60, en este caso al margen del lapso de pago de cuotas.
En la primera eventualidad, el monto de la pensión se calcula sobre el promedio de percepciones durante el último año de servicio; en la segunda y la tercera se otorga la mitad del último salario.
Tres…dos…uno…
