Para Cristina Pacheco, Premio Rosario Castellanos.
Mujer de letras y de convicciones.
Los Budas de Bamiyan pertenecían al arte greco-budista, que proviene de la región de la antigua Gandhara (que corresponde ahora a Kandahar), el sitio de mayor relevancia cultural de Afganistán. El nombre de Bamiyan irónicamente significa “el sitio de la luz resplandeciente”, y los Budas terminaron por ser las víctimas prominentes del jolgorio iconoclasta talibán. En 2001 el Mullah Omar ordenó su destrucción ante la estupefacción de Occidente.
Esta orden incomprensible había sido precedida en 1998 de un decreto del propio Mullah Omar que ordenaba su protección en beneficio de la comunidad internacional budista, lo que evidenciaba por sí solo un reconocimiento y un compromiso con la preservación cultural universal.
De la intolerancia religiosa…
Pocos días después de la demolición de los Budas de Bamiyan, el portavoz del Mullah Omar comentó a la prensa internacional occidental: “Los talibanes queremos ser conocidos como destructores de ídolos, y no como mercaderes de ídolos”. La prensa occidental y las organizaciones internacionales no entendieron la profundidad de este mensaje. La frase, que pasó desapercibida, resulta ser una de las claves para descifrar este suicidio cultural. El portavoz invocaba verbatim a Mahmud de Ghazni, quien en 1025 saqueó y devastó el templo de Shiva en Somnath, provincia de Gujarat. Fue este gobernante afgano quien respondió de la misma manera a los brahmanes cuando intentaron detenerlo para impedir que destruyera el ícono de su templo. En 1296 el sultán Allauddin Khilji volvería a repetir el saqueo. Estas fueron las últimas confrontaciones del medioevo entre musulmanes e hinduistas, que perviven hasta nuestra época.
A diferencia de otras religiones, el Islam prohíbe el uso de imágenes y con ello intenta evitar el comercio de íconos. La destrucción de los templos ha acendrado las tensiones religiosas ancestrales y parece no encontrar fin.
La mezquita Babri en Ayodhya, en el estado indio de Uttar Pradesh, cerca de la actual frontera con Afganistán, fue construida por el Sultanato de Delhi y era una de las expresiones más interesantes del arte mogol. En 1990 se organizó una Rath Yatra, como se denomina a una peregrinación político-religiosa que partió de la misma Somnath, escenario medieval de la confrontación entre hinduistas y musulmanes, y no tardó en convertirse en el inicio de una convulsión religiosa. Dos años después de esta peregrinación, en 1992, la mezquita fue destruida por fundamentalistas hindúes, y el conflicto religioso se esparció por todo el subcontinente indio.
Estos dos episodios, íntimamente vinculados, evidencian el complejo trasfondo de la destrucción de los Budas de Bamiyan en Afganistán, en el cual subyacen tensiones religiosas ancestrales, difícilmente comprensibles para Occidente e incompatibles con su sistema de valores.
Las simplificaciones abundan y resultan insuficientes para explicar este drama religioso. Al régimen opresivo y drástico de los talibanes habría que añadir su aislamiento internacional, la ausencia de ayuda humanitaria y un territorio sujeto constantemente a rivalidades territoriales, que se remontan al siglo XIX y eran protagonizadas por las regiones zaristas y la India británica. He aquí la encrucijada de un sinnúmero de civilizaciones, provistas todas ellas de una gran riqueza cultural.
…al fundamentalismo iconoclasta
Los movimientos iconoclastas han sido recurrentes y la historia es generosa en darnos múltiples ejemplos. El emperador Teodosio ordenó destruir la Biblioteca de Alejandría, por segunda ocasión, y arrasar el templo de Serapis, último refugio de los paganos. A este episodio le sucedieron diversos movimientos iconoclastas bizantinos. La Reforma religiosa en Europa fue igualmente convulsiva: las iglesias de ese continente sufrieron destrucciones de imágenes jamás vistas.
Eisenhower, en plena Segunda Guerra Mundial, ante simples indicios de que los alemanes se habían refugiado en la abadía benedictina de Montecassino, erigida en 524, ordenó su destrucción. El veredicto de la historia le es totalmente adverso: en la abadía no solamente no se encontraba un solo elemento del ejército alemán, que incluso había trasladado el valioso acervo de la abadía al Vaticano, sino que se privó a la humanidad de una de las joyas medievales.
La destrucción de los Budas de Bamiyan podría ser analizada como un episodio más en la perpetración de crímenes culturales. En Afganistán, sin embargo, el debate en lo que respecta a la destrucción de bienes culturales en tiempos de conflicto armado en la región es distinto. (El caso de Irak fue profusamente discutido con anterioridad en Proceso [edición 1842] y obedece a otras particularidades.) También se separa conceptualmente de la guerra en la antigua Yugoslavia; en este último caso había un ejército regular, el de las fuerzas armadas populares de Yugoslavia, y el derecho de la guerra (jus belli) era totalmente aplicable.
Con apoyo en la legalidad vigente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instaló el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés), lo que permitió que los generales Blastic, Jokic y Strugar fueran juzgados y condenados por el ataque a la antigua ciudad de Dubrovnik, patrimonio cultural de la humanidad, y por la destrucción del puente medieval Mostar en Bosnia-Herzegovina.
No obstante que los militares habían alegado en su favor la excluyente de responsabilidad de lo que en términos del fuero castrense se conoce como “estado de necesidad militar”, la sentencia les fue adversa con fundamento en la responsabilidad del mando que les asistía.
Empero, el cuestionamiento en Afganistán respecto de los crímenes culturales es mucho más profundo: ¿cómo proteger de la destrucción los monumentos que se encuentran dentro del territorio de un Estado que atenta contra ellos? Los hechos en presencia son: la ausencia de un ejército regular y la inactivida religiosa de los Budas de Bamiyan. En este caso, el jus belli carece de respuestas, toda vez que la destrucción de los Budas por el Emirato Islámico de Afganistán no se dio en un contexto bélico, no constituyó un acto de guerra, no era un objetivo militar, ni la acción corrió a cargo de una fuerza militar de ocupación, ni tampoco los Budas eran un templo activo.
La destrucción de los Budas de Bamiyan tuvo por objeto la eliminación de una manifestación cultural que era contraria a las creencias religiosas islámicas. El acto no fue producto de bombardeos, sino totalmente premeditado y publicitado, y documentado tanto en su planeación como en su ejecución sistemática. La estrategia era clara: un genocidio cultural contra las imágenes blasfemas que se convirtió muy pronto en el símbolo de la intolerancia religiosa.
Los talibanes desoyeron las misiones de paz, tanto de las Naciones Unidas como de la Unesco, que tenían como propósito que aquéllos desistieran de su propósito. Debe puntualizarse que la destrucción de los Budas no fue un acto bélico, sino una acción perpetrada por un Estado en contra de su propio legado cultural.
El cambio abrupto de actitud del talibán Mullah Omar –destruir los Budas tras haber decretado su protección– únicamente puede ser entendido en un contexto religioso: su aversión fundamentalista por las imágenes y la actitud mesiánica de reafirmar su poder frente a la comunidad internacional. Occidente no logró descifrar con anticipación el contexto en el que se actuaba y su parálisis lo inculpa por omisión.
El estado de indefensión de la cultura
Ante esta circunstancia, la reacción de la Unesco fue la elaboración, en 2003, de la Declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural. Esta normativa intenta dar respuesta a la destrucción de bienes culturales en tiempos de paz, de guerra y de ocupación militar, y la hace vinculante tanto para Estados-parte de la Convención de La Haya, que regula el derecho de guerra en caso de conflictos armados (jus belli) que sucedan dentro de su territorio, como para aquellos Estados que no sean parte de ella.
Esta declaración intenta determinar una responsabilidad penal para los Estados y los individuos que incurran en la destrucción intencional y premeditada de la herencia cultural, o en la omisión en cuanto a la adopción de medidas preventivas de salvaguarda del patrimonio cultural, con base en dos premisas básicas: la específica, que es la transgresión del derecho internacional, o bien, la clausula generalis, que consiste en una ofensa injustificable contra los principios de la humanidad o los dictados de la conciencia pública.
Las premisas de legalidad para juzgar y condenar a los talibanes propuestas por la academia han resultado inadecuadas, puesto que suponen juzgarlos con base en la costumbre internacional. Esto obliga a cambiar la narrativa actual en torno a la protección del legado cultural, así como a introducir nuevos e imaginativos argumentos. Por ejemplo, debe recurrirse a una distinción, por demás obvia, entre legado cultural nacional y legado cultural estatal –lo que, por el contrario, parece soslayarse–, o bien propiciarse la creación de cielos seguros, entre otros muchos.
A lo anterior habría que agregar que los organismos internacionales se encuentran atrapados por sus propias limitaciones. La Unesco es una instancia intergubernamental que está obligada a respetar la legislación nacional de los Estados y que carece de un mandato para proseguir indagatorias penales, proveer la custodia de bienes culturales o imponer sanciones contra actos delictivos culturales de las autoridades nacionales. Su función se reduce a mediar y persuadir entre Estados y ofrecer su experiencia en la protección del legado cultural en tiempos de crisis.
Epílogo
Poco tiempo después de este suicidio cultural –la destrucción de los Budas de Bamiyan– la Unesco organizó una reunión en Doha, Qatar, con el organismo correspondiente de la liga árabe, que congregó a especialistas de diferentes escuelas del pensamiento islámico. La conclusión fue terminante: en la tradición jurídica islámica, conforme al Corán, la Sharia, el Hadith y la jurisprudencia islámica, existe una aceptación de la diversidad cultural.
Los talibanes de ninguna manera representan la cultura de Afganistán, ni menos del Islam; son una distorsión perversa, lo que no debe llamarse a sorpresa, pues las últimas décadas han sido prolíficas en falsificaciones religiosas realizadas por fundamentalistas de toda índole para legitimar sus objetivos políticos.
El devenir del Valle de Bamiyan no resulta sencillo. ¿Deben los Budas ser restaurados en función del interés general?, ¿o deben permanecer como un símbolo de la intolerancia religiosa? (Los nichos vacíos resultan ser más elocuentes que el bálsamo de la restauración. Los escrúpulos budistas irían en este último sentido.) En caso de que se opte por la restauración, ¿ésta deberá ser realizada por los propios afganos o en consulta con la comunidad internacional? ¿Cómo hacer la restauración? Se podría sugerir que ésta fuera mediante anastilosis, proceso de restauración donde se puede distinguir cuáles son las piezas originales y cuáles las recientes.
Para su estabilidad, una sociedad requiere de un legado cultural nacional en el que se erradiquen las falsificaciones del pasado o las transposiciones culturales simplistas. Afganistán demuestra lo que ha sido hasta ahora una prédica en el desierto. La educación y el compromiso informado de las comunidades locales son una condición suficiente para la efectividad de la legislación protectora del legado cultural.
Afganistán merece que sea la sabiduría de los arqueólogos profesionales la que decida, y no los intereses militares o religiosos; que se privilegie el cincel sobre los bulldozers. Afganistán hoy se confronta con una imaginación, memoria e historia colectiva inventadas por extraños. Esa es su verdadera tragedia.
*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.
