La Junta Consultiva para asuntos de desarme del Secretario General de la ONU, a la que pertenezco, decidió destinar su primera sesión de este año al tema de las armas convencionales. La sugerencia para hacerlo provino de algunos miembros de la Junta, entre ellos mi colega brasileña y yo, motivadas por venir de países sacudidos por la violencia propiciada, entre otros, por el tráfico de armas. La sesión permitió acceder a información que acentuó nuestro temor por la dimensión tan avasalladora que alcanza la producción, comercio y tráfico de tales armas; asimismo, abrió la puerta a un optimismo moderado por la posibilidad de avanzar en la construcción de normas internacionales que permitirán adquirir, al menos, cierto control sobre un comercio cuyos efectos pueden ser devastadores.
La posesión de armas convencionales –desde tanques, helicópteros y artillería pesada hasta armas más ligeras como fusiles de asalto o rifles– se asocia, tradicionalmente, con la capacidad de un Estado para defender su integridad territorial. Dicha posesión se considera legítima porque responde a la necesidad de estar listos para defender la seguridad nacional y cumplir responsabilidades internacionales, como mandar ejércitos bien equipados a Afganistán. Por ello, las armas se exhiben con orgullo en los desfiles militares y se fabrican como juguetes para los niños, a quienes les gusta imaginar que las tienen y las disparan. Al festejar la posesión de armas convencionales poco se toma en cuenta el hecho de que, al derredor del mundo, diariamente mueren 2 mil personas por el uso de las mismas.
Detrás de la imagen patriótica de armas para la defensa nacional hay otras situaciones que no permiten sentirse orgullosos. La producción de armas para venderlas a través del mundo, principalmente a países en desarrollo, es uno de los negocios más lucrativos existentes en la actualidad. La industria militar, asociada con diversas corporaciones, algunas de corte muy distinto como puede ser la industria del entretenimiento o la producción literaria, es una de las actividades que ofrece más ganancias a los países que la albergan.
Solamente en el año 2009, el valor de los acuerdos para la venta de armas alcanzó la cifra de 57.5 mil millones de dólares. Estados Unidos fue el principal proveedor, obteniendo 22 .6 mil millones de dólares (39.3% del total). En segundo lugar estuvo Rusia y en tercer lugar Francia; les siguen de cerca China y el Reino Unido. Son los cinco países que poseen armas nucleares y que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
En términos generales, el comercio internacional es una actividad regulada por normas que fijan cómo y cuándo se llevan a cabo ciertas transacciones. Esto se aplica para la mayoría de productos que participan en dicho comercio, desde bienes agrícolas hasta derechos de propiedad intelectual pasando por innumerables productos manufacturados. Sin embargo, cuando se trata de las armas no hay normas jurídicamente vinculantes. Desde hace mucho se habla de controlar su venta, de evitar armamentismos innecesarios, de impedir que lleguen a manos criminales. La verdad es que son muy pocos los aspectos relacionados con la venta de armas que están reglamentados internacionalmente. Existen algunos acuerdos sobre aspectos particulares, cómo informar sobre gastos militares o sobre las ventas llevadas a cabo. Pero no hay una reglamentación integral que norme el comercio de armas y aún menos existe la voluntad de que sea de aplicación universal y respetada por los principales productores.
Nos encontramos, pues, en un mundo donde las armas fluyen con total libertad desde los grandes complejos militares de Estados Unidos, Rusia o Reino Unido hasta comunidades empobrecidas de África o Asia en donde escasean la comida y, en general, los satisfactores de necesidades básicas pero niños de apenas 12 años se pasean con un fusil AK-17 entre los brazos.
Con ese telón de fondo, resultó particularmente atractiva la discusión sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para la firma de un Tratado sobre Comercio de Armas (ATT por sus siglas en inglés). Interesante advertir que las presiones para elaborar dicho tratado surgieron de grupos de la sociedad civil, empeñados en concientizar sobre los efectos tan perniciosos de la venta de armas sobre problemas humanitarios, violaciones a los derechos humanos y programas de desarrollo.
Existen grandes expectativas sobre los elementos que se deben incluir en el tratado. Algunos esperan que contenga medidas para que los Estados se obliguen a no transferir armas a lugares donde propiciarán la violación de los derechos humanos, actos de genocidio, actividades de grupos terroristas, o de miembros del crimen organizado. Otros esperan que incluya todo tipo de armas convencionales, incluyendo equipamiento, municiones y entrenamiento, así como todo tipo de transacciones, incluyendo las de traficantes y proveedores de asistencia técnica. Finalmente, se espera que el tratado obligue a proporcionar información periódica sobre lo que ocurre en el comercio de armas, así como a establecer un mecanismo efectivo de verificación y seguimiento.
Tomando en cuenta los grandes intereses que están involucrados en el comercio de armas, es posible que algunos de esos objetivos no se logren. Sin embargo, la negociación de un tratado que tiene su origen en movilizaciones a favor de los derechos humanos es una señal esperanzadora. Da matices positivos a un panorama desalentador, del que emergen como los actores más poderosos aquellos que alientan un comercio destinado a sembrar muerte y destrucción.
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