Estamos en veda electoral. Pusieron a los candidatos de la próxima farsa en situación de silencio, a ver si calladitos se ven más bonitos. Quienes les seguimos la pista con el fin de reportar sus actividades, aunque lo que más salga a flote de ellos sean embustes e impertinencias, tenemos que lanzar la tarraya a otros charcos para pescar tilapias. No es que sólo estos figurines merezcan la atención. De ser posible fuera mejor ni voltearlos a ver. Pero le cuestan mucho a las partidas públicas para no supervisarlos. Aparte, se les autoriza manejar el dinero colectivo. Casi sin excepción, nos han salido inescrupulosos y cleptómanos. Hay pues doble o triple motivo para ponerlos bajo la lupa, no sólo a los activos sino también a los suspirantes al relevo.
Ellos manejan el dinero público pero éste nos pertenece a todos. El gobierno ha de destinarlo a obras de beneficio público o a grupos de conveniencia social. Esto dice la teoría política, y a tal consigna debería atenerse quien lo administra. Pero la experiencia nos enseña que no es así. Y, para muestra, unos botones. Los diputados de la legislatura anterior son acusados de sustraer 280 millones de pesos, cuya erogación no respaldaron correctamente. Los van a tener que regresar. Nadie habla de instaurar algún proceso de corrección punitiva en su contra. Al monaguillo de la Casa Jalisco se le estuvo señalando, a lo largo del sexenio, que ya casi concluye, de manirroto y despilfarrado. Le soltó la cartera al clero para gastos suntuarios. Igual se comportó con las empresas de los medios electrónicos, Televisa y TV Azteca. Los escándalos por erogaciones burdas y mal hechas en el trance de los Juegos Panamericanos son de todos conocidos. No es capítulo aún cerrado, sino que sigue vivo en la atención popular. Tal vez vaya a ser archivado sin mayor seguimiento para que luego el olvido haga su parte, como suele ser la norma no escrita en estos desfalcos. Y con éstos baste.
Hay por ahí, en estos forcejeos por dinero, un capítulo muy vergonzoso tanto para los diputados como para el titular del Ejecutivo del estado. Se trata de un dinero que han estado buscando nuestros ancianos que les llegue como cuota segura. Viendo el ejemplo que dio el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, muchos de nuestros adultos mayores se organizaron para obtener de los recursos públicos una pensión mensual similar a la de los de la capital de la República. Sin embargo, se les han escamoteado y regateado persistentemente tales recursos. Han tenido que recurrir a movilizaciones para recibir el respaldo del público, porque para los hombres del gobierno nuestros adultos mayores, los más pobres de nuestros pobres, son meras alhajas para el menosprecio. Va una breve cronología de su presente viacrucis.
En Estados Unidos el gobierno hace a los trabajadores un recorte impositivo que luego, en caso de haber diferencia a favor del operario, se lo retorna en la partida anual correspondiente. Como hubo hace más de 50 años un acuerdo entre aquel gobierno y el nuestro para que fuerza de trabajo de aquí se enganchara a trabajar allá como bracera en los campos gringos, aquel gobierno les recortó la partida impositiva. Luego entregó tales remesas al gobierno mexicano que, como en los cuentos del mago Merlín, lo desapareció como por encanto. Décadas después, estos trabajadores reclamaron su entrega. El PRI siempre fue sordo con ellos. La esperanza de que a la llegada del PAN al gobierno pudieran recuperarlo los movilizó. Pero la respuesta de los panistas ha estado a la misma tesitura que la del viejo priismo: regateo y mentiras.
Al movimiento de estos adultos mayores se le conoció como Braceroproa. Aquí en Jalisco se organizó como Centro Jalisciense del Migrante (Cjam). Este centro buscó vincular la demanda con la obtención de una pensión vitalicia. Desde septiembre de 2004 se movilizaron para que se registrara una iniciativa ciudadana de ley con este fin. En octubre de ese año el Consejo Electoral del Estado de Jalisco (CEEJ) resolvió que era procedente. Por sus normas se establecía que, para elevarla al Congreso, debía ser respaldada por al menos el 0.5% de ciudadanos jaliscienses registrados en el padrón electoral local. La cifra correspondía a 25 mil firmas. Nuestros adultos mayores se movilizaron en una campaña de recolección de firmas y presentaron, a principios de 2006, 75 mil de ellas. Una campaña llevada a cabo sin recursos para propaganda, sin el apoyo del clero ni de los empresarios y mucho menos de los políticos, a quienes se dirige la petición. La realizaron los mismos interesados, instalando mesas los fines de semana en las plazas públicas.
En mayo de 2006 el Instituto Electoral del Estado de Jalisco validó las firmas y declaró procedente turnar como iniciativa popular este derecho a una pensión alimenticia para los adultos mayores de 70 años residentes en la entidad. La oficialía de partes del Congreso estatal la recibió el 16 de mayo de dicho año. Una semana antes, el acólito mayor del estado, Emilio González Márquez, en plena campaña, firmó una carta en la que se comprometió a que dicha iniciativa fuera aprobada. A pesar de esta promesa, la iniciativa estuvo en la congeladora del Congreso por más de cinco años. Pasaron tres legislaturas. Todas hicieron oídos sordos de la demanda, elevada a la más alta tribuna del estado mediante el esfuerzo de los más humildes de nuestros ciudadanos.
Cansados de la espera, el 5 de septiembre de 2011 los peticionarios decidieron instalarse en plantón ante la Casa Jalisco para hacerse oír. El plantón duró 40 días en dicho lugar, día y noche, sin que hubiera respuesta por parte del gobierno estatal. La única muestra que les dieron de que los oían y veían fue que de la noche a la mañana les desaparecieron 20 lonas del plantón. A mediados de octubre se trasladó el plantón al quiosco de la plaza de armas y el 4 de noviembre se cambió al interior de las instalaciones del Congreso estatal.
La historia de los desaires, del ninguneo y la marginación sufrida por los impulsores de esta iniciativa es extensa y es una página vergonzosa no sólo para el gobierno del estado, sino para todos nosotros. Finalmente, su empecinamiento vio una luz. El 1 de diciembre de 2011 la aprobaron nuestros inefables diputados y el 20 de enero de este 2012 Emilio González publicó en el diario oficial el decreto que reforma al artículo 33 de la constitución política de Jalisco para que incluya la azarosa iniciativa popular a favor de los más pobres de nuestros pobres.
Sólo es un paso. Falta que su cumplimiento sea adecuado a los requerimientos de los solicitantes, que tampoco es mucho pedir. En esas andan.
